Fuentes a las que accedió el diario HOY Digital confirmaron que Torres Laconich fue destituida por negarse a firmar el manual de funciones que están preparando raudamente para justificar la defensa contra la demanda presentada por los propios funcionarios de la entidad contra el contralor que ahora enfrentará un juicio político.

La ahora exdirectora fue removida pese a ser una de las funcionarias de mayor preparación y trayectoria dentro de la Contraloría General de la República.

La resolución 147 que data de ayer 13 de marzo de 2018 designa a Herminio Javier Ferreira Rojas como director de Planificación Institucional, dependiente de la Dirección General de Planificación e Informe, en reemplazo de Torres Laconich. La misma fue firmada por José Enrique García, en un momento en el que todas las miradas están encima de la entidad.

Las fuentes proveyeron documentos que revelan que Ferreira fue notificado hoy del cambio pero que en febrero, según la planilla de salarios, ya cobró en calidad de director sus G. 13.000.000, a los que se les restan los descuentos correspondientes. Antes de asumir el cargo, no desempeñaba función alguna por lo que el mes de febrero percibió su sueldo sin prestar servicios.

En contacto con nuestro diario, Torres Laconich expresó que esa no es su área y que su responsabilidad no era la de firmar el manual de funciones. Sostuvo que el área encargada de la elaboración del manual de funciones de la Contraloría es la Dirección de Desarrollo Organizacional, cuya titular es María Isabel Fretes y de la cual depende la Dirección General de Planificación de Informes, que está a cargo de Zulma Coronel.

“En la resolución en la que me destituyen expresa eso. Tengo 23 años en la institución y sé lo que tengo que hacer. No me compete (el manual de funciones) en el ámbito en el que me desenvolvía. Tengo que encargarme del plan operativo anual. Me encargo de la rendición de cuentas de informes y no tengo nada que ver con el manual de organización de funciones”, sostuvo.

EL MOTIVO

Un grupo de funcionarios presentó una denuncia ante la Fiscalía contra García en la que sostienen que se autorizó la contratación de la Consultora CAE, representada por Norma María Martínez Irigoitia y Marcelo Scappini Ricciardi, para la elaboración del manual de funciones del ente.

Ambos cobraron G. 108 millones cuando finalizó el contrato, en noviembre del 2017. Sin embargo, en la Contraloría no existe un documento que avale la realización del trabajo. Pese a este antecedente, Martínez Irigoitia fue nombrada en el mismo mes de noviembre como directora general de Gabinete del contralor.

La Dirección General de Planificación de Informes es la responsable de elaborar la estructura orgánica y funcional del manual de funciones de la Contraloría. Esta dependencia, que está a cargo de Zulma Coronel de Hellman, está realizando el trabajo que tuvo que haber sido llevado a cabo por la consultora por lo que el pago de G. 108 millones no se justifica.

El informe debió ser firmado por Torres Laconich, según las fuentes, pero ella se habría negado y esto le supuso su remoción del cargo.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.