Según expresa el texto difundido, en esta ocasión no se tuvo en cuenta el protocolo de “Prevención del Suicidio: Un instrumento para Profesionales de los medios” de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), donde explica acerca del impacto de los medios al informar sobre el suicidio y como se debe informar al respecto.

“Solicitamos a los medios de comunicación tener en cuenta con seriedad las recomendaciones de la O.M.S con respecto a cómo los medios de comunicación deben informar sobre los suicidios. Este es un tema estudiado que tiene ya protocolos internacionales específicos de actuación que intentan resguardar la salud mental de aquellas personas más vulnerables”, indica el mensaje dado a conocer.

El ente estatal indicó que de no llevar a cabo las recomendaciones citadas, corremos el riesgo de aumentar el número de suicidios en la población afectada.

“Se ha encontrado que cuando se publica de una manera no aceptada hay un aumento de la ola de suicidios, lo descubrieron con Marylin Monroe y se reforzó en los 90 con el líder de Nirvana”, comentó por su parte el doctor Miguel Velázquez en entrevista con la 970 AM.

Resaltó que en el caso de Robin Williams, nadie tomó en cuenta que el actor padecía una enfermedad mental que alteraba su conducta, por lo que él no era dueño de sus actos.

No obstante aclaró que no se trata de guardar silencio e ignorar el problema, sino abordar el tema de forma respetuosa y asertiva, sin dar detalles gráficos en cuanto a los medios utilizados.

Al contrario, para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el hecho de informar de manera apropiada hasta puede prevenir una trágica pérdida de vidas.

De acuerdo con dicha organización, el suicidio proviene de una compleja interacción de muchos factores tales como enfermedad mental y física, conflictos familares e interpersonales, abuso de sustancias, entre otras cosas.

Además insta a no glorificar a las víctimas de suicidio como mártires, pues esto sugiere una honra al comportamiento y a la decisión tomada.

Los magistrados Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Darío Báez dieron lugar al pedido de la defensa del exlegislador y declararon la extinción de la acción.

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La decisión fue tomada teniendo en cuenta la devolución del monto por el cual el exlegislador de Ybycuí fue imputado y la reparación social.

Cabe recordar que Rivas fue procesado por estafa al Estado. Según las denuncias, colocó a tres de sus caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados desde junio del 2016 hasta febrero del 2017, por un monto de G. 45 millones.

Según informan, el exdiputado devolvió en total G 47.000.000, una suma superior por la cual fue procesado en cuanto a intereses.

En el marco de la causa, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, caseros del diputado Tomás Rivas, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de ejecución de la condena y deberán reparar los daños causados al Estado paraguayo.

Los primeros estruendos se oyeron alrededor de las 15:20 de este miércoles, y siguieron por varios minutos en un escenario de tensión. Autoridades del reclusorio pidieron refuerzos ante lo que inicialmente se tiene como conato de motín.

La población penal de la penitenciaria de Pedro Juan Caballero está confirmada por una variada gama de miembros de agrupaciones criminales locales y extranjeras, principalmente brasileñas.

Tras el operativo Veneratio que desarticuló al clan Rotela de la cárcel de Tacumbu, hubo menester de una redistribución de reos en distintas cárceles del país. Fue así que el penal de la capital amambaiense recibió a elementos del clan Rotela, lo cual no dejo de instalar el temor de que se generen choques entre esa banda y elementos del del Primer Comando Capital, con fuerte presencia en la frontera.

Este estado de tensión que se reporta ahora desde la cárcel de Pedro Juan Caballero,, surge tras un anuncio hecho está mañana por autoridades penitenciaria de que se aborto está madrugada una fuga masiva del penal de Ciudad del Este. Allí detectaron un túnel por el que, según estimaciones, pudieron haber huiro alrededor de 400 reos del PCC que están internados en el área donde se construía el “agujero de escape”.

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La fiscal Cinthia Leiva Cardozo imputó por los hechos punibles de robo agravado con resultado de muerte o lesión grave a Roy Deyby Castillo Sánchez, de 38 años.

El hombre se encuentra acusado por el homicidio de María Dalina Galeano Galeano (18), quien falleció luego de ser baleada durante un asalto domiciliario ocurrido el pasado 2 de abril en la zona del Km 9 Acaray - fracción San Isidro de Ciudad del Este.

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En aquella ocasión, Castillo y otros dos cómplices habrían ingresado a la vivienda de la víctima con fines de robo. Durante un forcejeo, María Dalila recibió un disparo a la altura del pecho que acabó provocándole la muerte.

Por su parte, su hermano Blas Fernando Noguera (21) sufrió una herida cortante en la cabeza y un impacto de bala en el muslo izquierdo, aunque logró salir con vida del atraco.

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La fiscal del caso solicitó la aplicación de la prisión preventiva para Roy Castillo, quien actualmente se encuentra detenido. El mismo había abandonado la cárcel apenas hace tres meses, donde permaneció preso durante 17 años.

Los demás integrantes de la banda criminal que perpetró el asalto, identificados como Arsenio Sotelo Galeano, Mateo Gabriel Melgarejo Marín, Wilfrido Damián Fariña Peralta y Fernando David Guerrero Guerrero, aún siguen prófugos.