Un domingo por la mañana, el 1 de agosto del 2004, cientos de familias acudían al supermercado Ycuá Bolaños, sucursal Botánico, para hacer sus compras.

Eran aproximadamente las 11:20 de la mañana, cuando se escuchó un extraño ruido en la cocina del patio de comidas, era el principio de una dantesca tragedia.

A partir de allí las llamas comenzaron a propagarse rápidamente, mientras cientos de clientes y empleados se encontraban en distintos sectores del local.

Las personas corrían desesperadamente hacia la salida principal, pero muchas de ellas iban quedando por el camino debido a la inhalación del denso humo que ya era visible en gran parte de la ciudad.

A esto se suma que los guardias del supermercado cerraron los portones supuestamente por orden del dueño, Juan Paiva, para evitar que los clientes salgan sin pagar, cuando en realidad lo único que querían todos era salvar sus vidas.

Bomberos voluntarios de diversas compañías llegaron para iniciar el rescate, un trabajo altamente demandante, pues además de la dificultad del tóxico ambiente, a su paso iban tropezando con una alfombra de cadáveres, entre los cuales había alguno que otro sobreviviente pidiendo auxilio.

La enorme tragedia dejó como saldo cerca de 400 fallecidos, unos 365 sobrevivientes y alrededor de 5.000 familias afectadas.

El propietario del Ykuá Bolaños, Juan Pío Paiva, fue sentenciado a 12 años de cárcel por homicidio doloso en grado eventual y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Sus abogados hoy piden la extinción de la causa.

El hijo, Juan Daniel Paiva, copropietario, recibió una pena de 10 años de prisión por homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa acabada. El hombre ya se encuentra libre.

El guardia de seguridad, Daniel Areco, fue sentenciado a cinco años de cárcel por homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa acabada.

También habían condenado al accionista, Humberto Casaccia a dos años y seis meses de cárcel por exposición de personas a lugares de trabajo peligroso y al arquitecto Bernardo Izmachoviez a dos años, por actividades peligrosas por fallas en la construcciones. Además habían sentenciado a tres funcionarios municipales.

Según información publicada por medios argentinos, el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo de la provincia de Río Negro, Federico Lutz, indicó en que, “el presidente de Paraguay llega con un grupo de funcionarios de incumbencia en la materia, para continuar con las conversaciones. Nosotros los invitamos, producto de una oferta de tecnología específica referida a radares”.

Cabe recordar que meses atrás, se llevó a cabo un encuentro bilateral entre el ministro de Defensa, Óscar González y su par argentino, Luis Petri, en el marco del plan de radarización del espacio aéreo paraguayo.

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En ese sentido, ambos ministros coinciden en el plan de “lucha transnacional contra el crimen organizado”.

La intención del gobierno paraguayo es adquirir nuevos radares 3D para la cobertura total del territorio nacional, más la modernización de la flota de intercepción con la compra de los Super Tucano.

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El presidente Peña, viajó a la ciudad argentina de Bariloche, para participar del Foro Empresarial Llao Llao, que contará además con la presencia de los mandatarios de la región.

El informe de la Presidencia de la República indica que primeramente el mandatario presenciará algunas de las disertaciones previstas en el marco del Foro, y luego asistirá a una recepción ofrecida por los organizadores.

La agente fiscal Vivian Coronel imputó a dos mujeres que presuntamente mantenían en régimen de servidumbre y de trabajo forzado a una adolescente de 15 años. Las mismas están identificadas como Olga Bogado Cubas (33) y Rufina Salinas Acuña (54), quienes enfrentan cargos por el hecho punible de trata de personas.

La primera se encuentra detenida con orden de prisión preventiva, mientras que la segunda está prófuga de la justicia con una orden de captura en su contra y requerimiento de rebeldía.

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Según la investigación fiscal, Rufina Salinas se hizo pasar por madre superiora de una falsa congregación denominada “Nuestra Señora de Caacupé” para presuntamente captar a una adolescente de 15 años que aspiraba a ser religiosa.

Inicialmente, Salinas llevó a la adolescente al lugar donde supuestamente operaba la congregación, ubicada en el kilómetro 14 de Acaray, a unos 2.000 metros de la Ruta PY02, en el distrito de Minga Guazú. Allí, la víctima permaneció durante ocho días antes de ser trasladada el a otro sitio llamado “Casa de la Reina de la Paz”, situado en las calles Florida y Laureles del barrio Molino de la ciudad de Luque, supuestamente para recibir formación como novicia religiosa.

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Sin embargo, en lugar de eso, la menor fue sometida a servidumbre y trabajo forzado por Olga Bogado Cubas, quien presuntamente la maltrataba física y psicológicamente. Presumiblemente le abofeteaba, le golpeaba en la nuca y le obligaba a besar el suelo hasta cien veces.

La fiscal Vivian Coronel solicitó además una reserva expresa para ampliar la imputación en caso de identificar nuevos participantes o cómplices.

Los técnicos verificaron aspectos financieros y bancabilidad del proyecto para ajustar el proceso de licitación a los lineamientos del nuevo Decreto Reglamentario N.º 1467/2024 “de la Ley de Participación Pública Privada (PPP)”.

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El análisis cuenta con el apoyo del consultor español Andrés Rebollo, reconocido experto en proyectos de Participación Público Privada con experiencia de más de 20 años en este campo, que también aportó sus ideas durante el encuentro.

El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento de la Ruta PY01, desde Cuatro Mojones hasta la ciudad de Quiindy.

Hasta el momento, cinco consorcios viales ya precalificaron para participar de la licitación: Desarrollo Vial al Sur (Sacyr Concesiones S.L. y Ocho A S.A.); Rutas del Mercosur (Tecnoedil S.A., Alya Constructora S.A., Construpar S.A. y Semisa Infraestructura S.A.); AG – Tocsa (AG Construções e Serviços S.A. y Tocsa S.A.); Rutas del Sur (Cointer Concesiones S.L., Azvi S.A.U. y Constructora Heiseke S.A.); y Rutas del Sur (Acciona Concesiones S.L., Rovella Carranza S.A. y Concret Mix S.A.), involucrando así a un total de 14 firmas, entre ellas de Brasil y España.