En conferencia de prensa, Leite expresó que recibieron todas las documentaciones del Frigorífico Concepción y que decidieron sumariar a la empresa porque el 100% de las importaciones no contaban con licencia previa del MIC. Dijo que la falta ha sido comprobada y que además incurrieron en esta falta las empresas Frigonorte, Old Foods y Frigorífico Guaraní.

Sostuvo que las instrucciones del Presidente de la República Horacio Cartes es que esto no quede en el opareí y que tras este caso Paraguay seguirá teniendo el sitial que se ganó en el mundo cárnico.

Sobre la eventual remoción del titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) Hugo Idoyaga, el ministro de Agricultura y Ganadería Luis Gneiting respondió que no se puede hablar del tema porque el presidente de la entidad se encuentra en París, Francia. Dijo que se llegó a la conclusión de que se hará respetar el decreto del 2006 en el que se autoriza al MIC a otorgar la licencia previa.

Consultado sobre si está detrás de la quiebra del Frigorífico Concepción porque está interesado en adquirirlo, el ministro Leite expresó que son declaraciones de las personas involucradas en el contrabando que quieren “embarrar la cancha”.

“Gustavo Leite ingresó con un patrimonio X, cuando se retire va a hacer su manifestación de bienes les advierto que mi patrimonio ha decrecido. No tengo fórmula de comprar el 1% de una producción de ese tamaño. Eso es totalmente falso. La gente se va a dar cuenta, con el tiempo”, respondió el ministro quien seguidamente se refirió en forma despectiva al periodista de la 650 AM Aníbal Coronel. “Yo puedo decir de vos que sos flaco y si vos seguís siendo gordo, yo no estaba en lo cierto y entonces es una mentira”, manifestó.

Por otro lado, el m,inistro del Interior Ariel Martínez destacó el trabajo de la Policía Nacional, especialmente del comisario Edgar Galeano, jefe del Departamento de Lucha contra el Abigeato, quien fue el que encabezó el operativo que detectó la carga de carne ingresada de contrabando.

En el caso, el juez Humberto Otazú procesó y fijó la fecha de imposición de medidas, el 6 de junio, para seis funcionarios de Aduanas y una despachante que están imputados por supuesto contrabando y producción de documentos no auténticos.

En total son 15 los procesados en el caso entre los que está el dueño del Frigorífico Concepción, Jair de Lima.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

Igualmente, se solicita un informe a las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente.

Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ellas y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el nis del centro comercial, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

La agente fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, junto con el agente fiscal Carlomagno Alvarenga, llevan adelante una investigación sobre pornografía relativa a niños y adolescentes.

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En el marco de la causa, el representante del Ministerio Público lideró un allanamiento en el barrio San Antonio de la ciudad de Vallemí. El operativo fue desarrollado tras un trabajo de inteligencia que derivó en la detención de un hombre, investigado por extorsionar a un menor.

Durante el procedimiento fueron incautados dos aparatos electrónicos, consistentes en un aparato celular y una tablet. El procesado será trasladado hasta la localidad de Concepción para posteriormente ser remitido a la ciudad de Asunción, donde obra la carpeta principal.

Conforme al antecedente de la causa, el victimario extorsionaba y amenazaba con asesinar a los familiares del menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

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En la sesión de ayer, la Cámara Alta trató el mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Decreto N° 870/23: Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 7.220 “Que modifica el artículo 172 de la Ley ° 1160/1997 ‘Código Penal’.

El pleno resolvió por mayoría el rechazo al veto presidencial y el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.

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La legislación ratificada establece que los hechos bagatelarios se configuren cuando la apropiación o el hurto se refiera a algo inferior a cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 515.455. En caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.

En cambio, actualmente, todavía sin la nueva ley vigente, un robo cuyo valor sea inferior a 10 jornales mínimos es considerado bagatelario. Con el salario mínimo vigente, esto equivale a G.1.030.910,

Hipotéticamente, si se comete un robo en un local comercial, donde el botín alcanza el valor 950.000 o hasta un millón de guaraníes, el hecho todavía es bagatelario.

En la exposición de motivos son mencionadas las “bolsoneras”, definidas como una agrupación delictiva causante del 50 % de pérdidas de las ganancias anuales de los integrantes de los negocios que integran la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

Según argumentan, el problema radica en que, los autores de robos bagatelarios no son procesados pese a sus reincidencias, con lo cual, el perjuicio es enorme al tratarse de seguidilla de casos.

En el 2020, la Policía registró 4.345 robos bagatelarios y en el 2021, 5.438, lo que evidencia el incremento de estos hechos, entre ellos, robos de carne en los supermercados, ropas en las tiendas, bebidas en las bodegas, etc.

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