Surgen más pruebas contra estudiante chileno

Patricio Javier Flores, llegó a mediados de julio a nuestro país, donde participó de campamentos estudiantiles en los que instruyó a los alumnos paraguayos sobre cómo tomar el MEC por la fuerza y movilizarse utilizando la violencia.

Según confirmaron a nuestra redacción fuentes de la Fiscalía, el universitario chileno Patricio Flores, llegó a Paraguay con la clara intención de influenciar a los estudiantes de nuestro país, acerca de actos vandálicos.

En imágenes recogidas por el Ministerio Público durante la investigación, se observa a Flores en un campamento con integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), dando cátedras de cómo amedrentar a las autoridades.

Esta información fue revelada por los propios alumnos que participaron de aquella actividad, pero por motivos de seguridad no se dan a conocer sus identidades.

Las fotografías fueron tomadas en el periodo de agosto a setiembre, teniendo en cuenta que el joven cuenta con visa de turista por 90 días desde el pasado 24 de julio.

Además del campamento, en la movilización en la que tomaron el MEC, se utilizaron piedras para romper las ventanillas de las patrulleras y clavos Miguelito con los que pincharon las ruedas.

Flores fue beneficiado con arresto domiciliario que lo cumplirá en el consulado de Chile. A esto se se suma una fianza personal de su abogado y la prohibición de comunicarse con las personas involucradas en la manifestación y toma realizada en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El Ministerio Público ordenó prisión porque el extranjero no cuenta con arraigo ni domicilio fijo, a diferencia de los demás estudiantes que participaron del incidente.

Senado pide criptoinformes: datos serán claves para ley de regulación

Tras descubrirse la existencia del criptoshopping de la familia Zuccolillo que presuntamente evadió 300.000 dólares de pago a la ANDE, desde el Senado solicitaron informes a instituciones como Ingresos Tributarios y a la propia ANDE acerca de los números de las criptominerías legalmente establecidas.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

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Igualmente, se solicita un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente.

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Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el Nis del centro comercial declarado para actividad coporativa, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

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Detienen a un hombre por pornografía infantil: extorsionaba a un menor

El detenido extorsionaba y amenazaba a un menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

La agente fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, junto con el agente fiscal Carlomagno Alvarenga, llevan adelante una investigación sobre pornografía relativa a niños y adolescentes.

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En el marco de la causa, el representante del Ministerio Público lideró un allanamiento en el barrio San Antonio de la ciudad de Vallemí. El operativo fue desarrollado tras un trabajo de inteligencia que derivó en la detención de un hombre, investigado por extorsionar a un menor.

Durante el procedimiento fueron incautados dos aparatos electrónicos, consistentes en un aparato celular y una tablet. El procesado será trasladado hasta la localidad de Concepción para posteriormente ser remitido a la ciudad de Asunción, donde obra la carpeta principal.

Conforme al antecedente de la causa, el victimario extorsionaba y amenazaba con asesinar a los familiares del menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

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Ratifican ley antibolsoneras: robos desde G. 515.000 ya no serán bagatelarios

La Cámara de Senadores rechazó el veto presidencial a la ley antibolsoneras, donde se establece que los robos batatelarios serán catalogados como tales por debajo de los 515.000 guaraníes. De superar este monto, ya no entrarán en esa categoría.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta trató el mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Decreto N° 870/23: Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 7.220 “Que modifica el artículo 172 de la Ley ° 1160/1997 ‘Código Penal’.

El pleno resolvió por mayoría el rechazo al veto presidencial y el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.

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La legislación ratificada establece que los hechos bagatelarios se configuren cuando la apropiación o el hurto se refiera a algo inferior a cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 515.455. En caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.

En cambio, actualmente, todavía sin la nueva ley vigente, un robo cuyo valor sea inferior a 10 jornales mínimos es considerado bagatelario. Con el salario mínimo vigente, esto equivale a G.1.030.910,

Hipotéticamente, si se comete un robo en un local comercial, donde el botín alcanza el valor 950.000 o hasta un millón de guaraníes, el hecho todavía es bagatelario.

En la exposición de motivos son mencionadas las “bolsoneras”, definidas como una agrupación delictiva causante del 50 % de pérdidas de las ganancias anuales de los integrantes de los negocios que integran la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

Según argumentan, el problema radica en que, los autores de robos bagatelarios no son procesados pese a sus reincidencias, con lo cual, el perjuicio es enorme al tratarse de seguidilla de casos.

En el 2020, la Policía registró 4.345 robos bagatelarios y en el 2021, 5.438, lo que evidencia el incremento de estos hechos, entre ellos, robos de carne en los supermercados, ropas en las tiendas, bebidas en las bodegas, etc.

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