Mediante la Resolución Nº 1.141, fueron suspendidos y enviados a otra dependencias: Gustavo Alejandro Bogarín Morel, Diego Fernando Zelaya Cabral y Nadia Espinoza Pintasilgo (la novia del senador Ramón Gómez Verlangieri), estos eran funcionarios de Recursos Humanos, informó la periodista de radio UNO, Mirian Solilán.

Además, corrieron la misma suerte: Hugo Secundino Caballero Medina, Tito Filemón Rolón Otazú, Mabel Ovelar Bazán, Patricia Concepción Salinas Mariño, Félix Alberto Giménez Ortega, Griselda Pilar Cañete Sosa, Andrés Guillermo Gill Frescura, Porfiria Petronila Noguera Saldívar, Fabio Octaciano Araujo Gómez, Oscar Manuel Garay Pereira, Elina Concepción Sosa y Rolando Núñez Escobar.

También, otros dos funcionarios quienes eran comisionados al Congreso, fueron enviados a sus respectivas dependencias. Dos funcionarios más que participaron del disturbio el pasado 1 de marzo eran contratados, a estos se les rescindió la contratación.

Todos los mencionados fueron imputados por coacción, perturbación de la paz pública y resistencia.

La imputación es por la supuesta comisión del hecho punible de coacción, perturbación de la paz pública y resistencia. Entre los procesados se encuentra la pareja del senador liberal Ramón Gómez Verlangieri, Nadia Espinoza Pintasilgo, y el sindicalista Hugo Caballero, quienes encabezaron la protesta días atrás.

Según el acta de imputación, en la manifestación las personas procesadas habrían procedido al bloqueo de la puerta de acceso al lugar de trabajo de la nueva directora de Recursos Humanos, Mirian Arroquia, formando una suerte de cadena humana y utilizando la fuerza para resistir el acceso a la oficina de la dependencia mencionada, de la directora designada.

Posteriormente, a las 10:55 horas, la licenciada Arroquia logró ingresar a la oficina con auxilio de agentes policiales, interín en que varios de los manifestantes se interpusieron y agredieron verbal y físicamente a dichos agentes del orden público, produciéndose forcejeos. Todas las personas imputadas de acuerdo a lo ocurrido, produjeron disturbios violentos, refiere el acta de imputación.

La fiscal Morys explicó que no se presentó en el sitio para impedir la manifestación ya que el Ministerio Público no tiene atribuciones del uso de la fuerza pública. Remarcó que se hizo presente en el sitio ante la denuncia recibida y que se abrió la carpeta fiscal para tratar de dilucidar si se perpetró algún ilícito.

Por Cinthia Mora

El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal, liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela, ubicada dentro mismo de la Seprelad.

En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio del 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.

La pesquisa del Ministerio Público afirma, en base a elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE.UU., fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farias Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.

Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo del 2022, dando instrucciones al funcionario, Francisco Pereira Cohene, para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE.UU.

Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.

El acta de imputación donde los fiscales Cantero y Grisetti afirman que dentro del informe de inteligencia se incorporaron hechos contra Cartes y sus empresas que son informaciones falsas y tergiversadas, como la compra de cigarrillos por Unicanal

El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo del 2022 a las 8:58 am, aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. (FinCen).

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En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual, el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

Los fiscales Cantero y Grissetti  sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE.UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.

En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene los siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARIA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO habrían incluido información sobre la firma Unicanal S.A. atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal S.A. no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por TABESA recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.

Esta fecha es clave, 1 de abril de 2022, tres meses antes de las designaciones, la Seprelad remite a FinCEN (oficina del Tesoro de EE. UU.) copia del “informe espontáneo” generado por la institución con informaciones parciales y fraguadas

PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES

La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados, a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta, es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.

El informe enviado a EE.UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.

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Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los infor­mes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdic­cionales dentro de un even­tual juicio o en cualquier otra etapa de un debido pro­ceso”. Este informe remitido a EE.UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.

El jefe de Prevención de Alto Paraná, Crio. Miguel Pérez, informó que, alrededor de las 18:30 de ayer martes, se recibió el llamado del jefe de seguridad, Gilberto Fariñas, quien informó sobre la apertura de un boquete en la pared del sanitario de damas, utilizado para las visitas de las mujeres.

“El baño se encuentra en un tinglado, en una pared de grosor que linda con la dirección policial. Ahí trataron de abrir un boquete”, explicó el jefe de Prevención, en una entrevista con radio Universo 970 AM- Nación Media.

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El área es ocupada por miembros del grupo criminal PCC (Primer Comando da Capital) y si bien no se llegó a avanzar en la construcción de un túnel, aparentemente ese era el objetivo.

“Ahí refaccionaron un baño y abrieron el boquete. Los internos manejan la llave, no es de uso para la población en general”, reconoció el jefe policial.

Se procedió a la apertura de un sumario administrativo, mediante el cual, las autoridades del penal serán las que resuelvan qué medidas implementar.

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Un allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Jardín del Este, a la altura del Km 8, Acaray, con base a información de inteligencia investigativa.

Los agentes de la Senad acompañaron al fiscal Manuel Rojas, quien dispuso la detención de Francisco Javier Martínez González, de 54 años, Kevin Fernández Britos, de 20 años y Blas Antonio Fernández Britos, de 44 años, todos oriundos de la zona.

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Del lugar se incautaron 2.076 kilogramos de marihuana prensada, valuada en 300.000 dólares americanos a nivel regional, es decir, dinero que perdieron los financistas y que pretendían en ‘exportar’ al mercado brasileño.

Los detenidos fueron derivados a la base de la Senad de Ciudad del Este junto con la droga y otras evidencias incautadas.

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