En la tarde de este martes, el secretario general de la Cámara de Senadores, Antonio Sánchez, y el asesor jurídico Juan Vera Godoy entregaron al Ministerio Público los documentos de presuntos nexos de parlamentarios con el narcotráfico y delitos conexos.

Esto se dio luego de la “plantada” protagonizada por los fiscales a los senadores, ya que estos últimos pidieron a los agentes de la Fiscalía que se apersonaran en el Congreso.

Federico Espinoza, el fiscal adjunto de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, sostuvo que el Ministerio Público cuenta con un protocolo de recepción de denuncias, canalizadas por la Dirección de Denuncias Penales, a nivel nacional.

“Somos los más interesados en participar y discutir este tema. No obstante, tenemos un protocolo de recepción de las denuncias, y por esa vía deben presentarse, a fin de preservar la legalidad de las mismas y la cadena de custodia. Pasa por una cuestión legal, a fin de preservar los elementos en un proceso penal”, aseveró.

Además de Espinoza, el equipo que investigará a los supuestos narcopolíticos (Marcial Lezcano, Bernardo Villalba, Freddy D’Ecclesiis, Concepción Cubas de Villaalta, Alicia González, Magdaleno Silva y el legislador suplente Carlos “Chicharô” Sánchez), está compuesto por Carlos Alcaráz, Elba Cáceres y Gilda Villalba, y coordinado por el fiscal adjunto Marco Alcaráz.

El último fiscal citado explicó que ahora “se analizarán las conductas para luego ir sumando a las personas en la investigación. La denuncia está lacrada, asimismo el CD presentado, que será analizado en el Laboratorio Forense del Ministerio Público”.

Alcaráz recalcó además la predisposición del Ministerio Público en investigar este caso. “Celebramos la decisión política del Senado en presentar la denuncia, pero aclaramos que nuestro margen de investigación es más técnico para sostener una acusación”, puntualizó.

Para Samudio recibió cuatro años de cárcel por lesión de confianza, y su marido, tres años y nueve meses de prisión, por lesión de confianza en carácter de cómplice, tal como había solicitado la Fiscalía en el juicio.

El perjuicio patrimonial fue de 346.600.000 monto adjudicado a la empresa Solu Medic que, a su vez, transfirió ese dinero a José Perdomo, quien utilizó el dinero para el pago de una deuda personal.

La licitación para la compra de agua tónica, como supuesto aliado contra el Covid-19 fue una de las excusas utilizadas para concretar este gran negociado mientras miles de familias estaban en zozobra por la pandemia.

Durante la lectura de la sentencia, la jueza Gloria González señaló que la pareja condenada no reconoció los hechos a pesar a las pruebas, no pidió perdón, y además por mucho tiempo estuvo en rebeldía.

“Está superprobado que fue desviado dinero público, porque se saldó una cuenta, un pagaré, del señor Perdomo. Es escandaloso, no es un caso más de corrupción, porque se dio en un contexto de la pandemia. Se murieron 19.800 paraguayos. Se jugó con la salud y economía. Mientras la gente se moría, se fraguó este hecho con el único fin de enriquecerse”, arremetió la magistrada.

#Móvil970 @AldoYnsfran | 🚨 Condenan a 4 años de cárcel a la extitular de Petropar, Patricia Samudio, por la causa relacionada a l compra de agua tónica durante la pandemia.

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 24, 2024

La ceremonia de egreso del “Curso en Operaciones Tácticas Motorizadas” se realizó este miércoles en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), con 507 nuevos agentes que desde este momento están disponibles para dar cobertura a las zonas necesarias.

“Voy a trabajar incansablemente para desplegar una red de protección social que permita a los paraguayos tener oportunidades”, anunció el presidente Santiago Peña, durante el acto en el que, además, expresó sus condolencias por el fallecimiento de las personas arrastradas por el raudal en Luque.

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Los flamantes efectivos capacitados para operaciones de alta peligrosidad serán distribuidos en Central y en otras cabeceras departamentales.

PLAN DE SEGURIDAD

La capacitación de estos policías para integrar el Grupo Lince forma parte del plan que tiene el Gobierno para reforzar la seguridad a nivel país, comenzando por las áreas más conflictivas.

Además de la formación de estos agentes, parte de este plan de seguridad son los operativos Veneratio, Dakovo, Ignis y otros que involucraron a las fuerzas del orden.

A esto se suma la instalación de una subbase de la Fuerza de Tarea Conjunta en Canindeyú, con la meta de contrarrestar a los grupos criminales organizados que operan en la zona.

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La inseguridad sigue acechando en el departamento de Alto Paraná, pese al último refuerzo de agentes dispuesto desde la Policía Nacional a raíz de la ola de asaltos en esta región del país.

En las últimas 24 horas, se registraron dos importantes asaltos perpetrados por delincuentes motorizados, los cuales generaron pérdidas millonarias a las respectivas víctimas.

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Uno de ellos se registró el día lunes sobre la avenida República de Chile de Ciudad del Este, teniendo como protagonista a una estudiante brasileña, identificada como Thaise Gabriele Araujo Borges, de 28 años.

La joven fue despojada de la suma de 6.000 reales (equivalente a G. 8.500.000, al cambio actual), dinero que iba a ser destinado a pagar sus cuotas en la universidad, siendo autores de este golpe dos motochorros.

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El segundo atraco se registró en la mañana de ayer a la altura del Km 51 de la Ruta PY07, en jurisdicción de la ciudad de Hernandarias, teniendo como víctimas a dos repartidores de la empresa Brumado S.A.

Los empleados de la firma, Jorge Ruben Ibarrola López (27) y Jorge Luis Benítez Rolón (44), fueron interceptados por tres sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. A punta de arma de fuego, los obligaron a entregar la suma de G. 5 millones, además de un cheque por valor G. 966.500 y un teléfono celular.