Aníbal Giménez, gerente del grupo El Pueblo, indicó a la 970 AM que la institución privada apunta fuertemente a la responsabilidad social, y es por ese motivo que ofrecieron puestos laborales a los sectores más discriminados: el compuesto por los exconvictos y los que estaban en situación de calle.

“Tuvimos dos grupos: los limpiavidrios y los que salieron de las cárceles. Se tuvo más suerte de los que salieron de las cárceles, muchos de ellos quedaron y están agradecidos por trabajar y tener la oportunidad. Con los limpiavidrios no se tuvo mucha suerte, ellos decían que ganaban más en las calles”, refirió.

Pese a que existe una ordenanza municipal en Asunción o San Lorenzo, son varios los ciudadanos que volvieron a limpiar los parabrisas de los rodados en los cruces semafóricos.

Por otra parte, el representante refirió que el Viernes Santos atenderán de 09:00 a 21:00 horas en los locales de Fernando de la Mora, Ruta Transchaco y en Lambaré. El ubicado en General Santos abrirá las 24 horas.

En otro momento, Giménez adelantó que existen varios proyectos para habilitar nuevas sedes. Es más ya se compraron predios donde posiblemente se construirán los supermercados. “Los dueños están con muchas ganas de dar trabajo a más personas”, añadió por último.

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Florentina “Ñeca” Chávez, de 53 años, es sospechosa del homicidio de su pareja Sergio Daniel Ledesma Urtado, de 25 años. El crimen se registró en la mañana del lunes, en el interior de una precaria vivienda de la Colonia Mbarigui kua Km 3, de la localidad itapuense de Hohenau.

El fiscal interviniente Reinaldo Castillo informó a radio Ñanduti que el hombre perdió la vida a causa de dos heridas de arma blanca a la altura del cuello, aunque indicó que la presunta autora también contaba con una lesión importante en el pecho, por lo que está internada en el Hospital Regional de Encarnación.

El agente del Ministerio Público señaló que, debe analizar si el ataque de la mujer al hombre consistió en un acto de defensa o fue un hecho premeditado para acabar con la vida del mismo.

De acuerdo con la versión de la hermana del fallecido, este estaba encerrado en la habilitación junto con su pareja y pedía auxilio para que lo rescaten del lugar. “Como la hermana no podía abrir la puerta, fue a buscar a un tío que vive a metros del lugar, pero su tío no se quiso meter porque la pareja siempre tenía discusiones. Luego la hermana salió a la calle y encontró a un primo suyo, quien sí accedió y destrabó la puerta, momento en que se encontró con la escena (del crimen)”, indicó el fiscal.

El interviniente resaltó que, según los familiares del ahora fallecido, la pareja ya tenía antecedentes de discusiones y peleas “porque la víctima quería separarse y ella no aceptaba”.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, ambos llevaban juntos más de 5 años y la mujer acostumbraba a ser celosa y agresiva.

Nota relacionada: Discusión de pareja acaba con un joven fallecido: mujer lo atacó a puñaladas

Tres son los departamentos afectados por inundaciones como consecuencia de las fuertes lluvias registradas el pasado fin de semana: Ñeembucú, Presidente Hayes y Cordillera, de acuerdo al reciente reporte del Centro Nacional de Información y Vigilancia de Salud.

A la fecha suman 2.360 las familias afectadas por las inundaciones, pertenecientes a 17 distritos de los tres departamentos mencionados.

De acuerdo al último reporte, unas 2.150 familias de once distritos del departamento de Ñeembucú fueron evacuadas y trasladadas a unos 6 albergues. Mientras que en Cordillera y en Presidente Hayes no se desplazaron las familias.

Una persona se encuentra desaparecida. Se trata de una joven madre, de 24 años, quien desde el pasado domingo desapareció en aguas del río Salado en zona de Piquete Cué, de la ciudad de Limpio realizando tareas de pesca. Se están realizando tareas de búsqueda en las aguas con apoyo de la Marina.

Hasta el momento no se reportan fallecidos.

• Por Cinthia Mora

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones pena­les en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

El Ministerio Público sos­tiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arre­gui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Finan­ciero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomo­daron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.

Para llevar adelante este obje­tivo, se montó una oficina paralela que funcionaba den­tro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución reali­zando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependen­cia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investi­gación Financiera de la Sepre­lad cuyos funcionarios reci­bieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.

Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fer­nández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contri­buido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redac­tar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.

En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registra­das los metadatos (huellas digi­tales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de impu­tación se precisa que el docu­mento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawet­ter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.

El “documento secreto” era un borrador del informe de inteli­gencia relacionado al expresi­dente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de inves­tigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.

El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina para­lela dentro de Seprelad se tra­dujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiver­sada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Car­tes y a sus empresas.

La acusada por los propios fun­cionarios de la institución como “cerebro” de la operación mon­taje y filtración, la viceminis­tra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el docu­mento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utili­zado como base para el informe de inteligencia que sería remi­tido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios aje­nos a la institución.

Si bien los personajes involu­crados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando activi­dades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.

PROCESO TRABADO POR CHICANAS

Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusa­ciones y una larga lista de chi­canas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa con­tra el exmandatario.

Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, espe­cíficamente en la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Can­dia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continui­dad al proceso.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Bení­tez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario pri­vado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.

Las acusaciones son por reve­lación de secretos de servicio, revelación de secretos priva­dos por funcionarios o per­sonas con obligación, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.