Arnaldo Decoud, presidente del consejo de administración de la Unasur, dijo que confía en que el ente interventor revertirá la medida porque cuentan con argumentos para convencer al pleno. El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) procedió a la clausura de 31 filiales de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), además de 14 carreras, por no contar con la habilitación correspondiente.

Las carreras inhabilitadas son: Enfermería, Radiología, Kinesiología y Fisioterapia, Nutrición, Farmacia, Química Analítica Industrial, Psicología, Medicina, Veterinaria, Obstetricia, Administración en Farmacia, Comercio Internacional, Diseño Gráfico, Hotelería y Turismo y Administración Agropecuaria.

“Seguimos creyendo en la institución, y creemos que se trata de un lamentable error del Cones, en cuanto a ciertas consideraciones que emitieron. En este caso, la clausura guarda relación a una cuestión aritmética de cuándo se habitó la universidad”, dijo en charla con radio Monumental.

El empresario comentó que acercaron la documentación (facturas y publicidad hasta en medios de prensa) para demostrar que desde el año 2008 estaban funcionando correctamente. Detalló que la casa de estudios primero fue un instituto privado que ascendió a instituto técnico superior en el 2004, luego en el 2006 pasó a ser instituto superior, para finalmente ser una universidad. “No somos improvisados, no es que de la noche a la mañana abrimos una universidad”, defendió Decoud.

Luego, según explicó, habilitaron mediante resoluciones internas varias carreras y filiales con la normativa de la época, denominada Ley Marco. Sin embargo, después con la creación del Cones dejó de regir dicha ley, porque este nuevo consejo debía emitir su visto bueno. “Pero eso no anula todos los actos cumplidos con anterioridad, sino que recién luego empezaba a regir. Caso contrario violaría la constitución al ser retroactivo”, argumentó.

Si las universidades creadas entre el 2006 y 2010 siguen funcionando, el hombre se preguntó cuál es el motivo de clausurarlos a ellos. Dijo además que desconocen cuál es la habilitación que no poseen, porque únicamente debían demostrar si funcionaban desde el 2008, cuando todavía seguía vigente la ley anterior al Cones.

El proceso inició por las carreras de Salud, entre las cuales colocaron además Medicina, según resaltó en otro momento. “Nosotros nunca tuvimos esa carrera, son desproligidades que desde el vamos existieron en el Cones”, acotó. Además, se resolvió cerrar otras carreras, sin tener la posibilidad de poder demostrar los documentos, de acuerdo a Decoud.

En el hipotético caso de que el órgano interviniente se reafirme en su decisión, los alumnos afectados ingresarán a un modo de reinserción, aseguró.

Mañana las autoridades de la Universidad Autónoma del Sur presentarán un recurso de reconsideración al Consejo Nacional de Educación Superior. Por su parte, los alumnos piden “compasión” al ente rector y el no cierre de las 14 carreras y 7 filiales.

Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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La Senad conformó un equipo destinado a la intervención de cultivos ilícitos de marihuana en un sector rural de Bella Vista Norte, en el cual se encontraban varios centros de producción de la droga compuestos por campamentos en los que se trabajaba el procesamiento de unas cuatro hectáreas de la hierba. En la acción fueron eliminadas alrededor de 15 toneladas del producto ilícito.

Los intervinientes fijaron la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural, para posteriormente destinar esfuerzos a la erradicación de cuatro hectáreas de la droga.

El operativo no solo le limitó a la anulación de la superficie plantada sino también a la eliminación de 1.500 kilos de la droga puesta al secado y 1.940 kilos listos para el empaquetado.

En total el operativo supervisado por el fiscal Celso Morales sacó de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez imputó a tres hombres que fueron detenidos con más de 2.000 kilos de marihuana prensada durante un allanamiento realizado este martes por la noche en la capital del Alto Paraná y a la vez requirió la prisión preventiva de todos ellos.

Los presuntos narcotraficantes están identificados como Francisco Javier Martínez González (54), Kevin Gabriel Fernández Britos (20) y Blas Antonio Fernández Britos (44), quienes enfrentan cargos por los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y se encuentran privados de libertad, a cargo de la Justicia.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Jardín del Este del kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este, a las 20:00 horas aproximadamente, y estuvo encabezado por el fiscal Rojas Rodríguez, quien contó con el acompañamiento de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Durante el operativo, los intervinientes incautaron 2.076,800 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 744 panes y 45 paquetes grandes. Asimismo, se requisaron un aparato celular y varios documentos, apareciendo los citados ciudadanos como los presuntos responsables de las sustancias incautadas, que estarían destinadas para su distribución y comercialización en la triple frontera.

Tanto los detenidos como el cargamento de drogas fueron remitidos hasta la base de la SENAD Regional, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

Basándose en los elementos de sospecha, el fiscal resolvió imputar a los tres hombres y solicitó al Juzgado la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar a fin de garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico solicitó tres meses de plazo para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.

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