Luis Alberto Lima Morra, presidente de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), indicó a HOY que dieron a conocer la nómina de investigadores categorizados como activos y asociados en el Programa Nacional de Incentivo a Investigadores (PRONII), establecida en la Resolución Nº 186/2017, como resultado de las Evaluaciones de Permanencia de Nivel Candidato a Investigador y Nivel I de la Convocatoria 2016; por la cual se asignan los incentivos mensuales y anuales por cada nivel de categorización.

En total fueron elegidos 153 para ser candidatos a investigador (con incentivo mensual de G. 1.824.000), 152 para el Nivel I (con G. 3.126.000) y 15 para el Nivel II (con un beneficio monetario de G. 6.250.000). El Nivel III es el más elevado; en la oportunidad ninguno fue elegido. Para acceder a la nómina ingresar a la Resolución Nº 186/2017.

El funcionario explicó que esto se realiza con el objetivo de fortalecer y expandir la comunidad científica del país, mediante la categorización, evaluación de su producción científica y tecnológica.

Sostuvo que para acceder a este incentivo, se realiza cada año un llamado y los investigadores presentan sus currículum. Luego, una comisión especial evalúa y ubica en una categoría al solicitante. Cada uno es clasificado en función de producción científica. “Acá se ve en cuántos congresos participó, en cuántos presentó ponencias, y cuántas publicaciones posee en revistas científicas especializadas”, detalló Lima Morra.

En total se tiene 12 millones de dólares a ser destinados a los científicos en el lapso de cinco años, según resaltó Lima. Aunque aseguró que se debe invertir más en el área, atendiendo que, según parámetros internacionales, el país debe tener 4.500 investigadores, siendo que las encuestas colocan al Paraguay con solo 1.500 ciudadanos que llevan a cabo sus investigaciones.

En otro momento, el entrevistado resaltó que desde que pusieron en práctica este programa (año 2011) aumentó la cantidad y calidad de las investigaciones. “Antes teníamos un acumulado en 10 años de 120 publicaciones, siendo que hoy en día tenemos ese monto cada año”, celebró.

Detalló que Paraguay registra dos áreas importantes de investigación: el agrícola y el médico. No obstante, otro sector que ahora crece es el medioambiental y los temas sociales.

En cuanto a cómo repercute esto en el ciudadano, dijo que “depende de lo que se investiga, para que impacte directamente en beneficio de la ciudadanía, como el tratamiento de agua, limpieza del lago Ypacaraí, la agricultura mejorando los procesos para mejorar la stevia, seguridad urbana, o indirecta mediante el uso de los conocimientos en el área productiva, agrícola, ganadera o industrial”.

Estas investigaciones además proceden un progreso social o económico, por lo que indefectiblemente impacta en el desarrollo del país, según sus palabras. “No hay que bajar la guardia y se debe invertir más”, puntualizó.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.