“Él tenía que venir a casa hoy, iba a tener un mes de vacaciones. Estuvo tres meses en la zona”, indicó la señora de Fernández. El atentado tuvo lugar el sábado en Arroyito, Concepción, cuando ocho miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realizaba una patrulla.

El grupo criminal neutralizó al pesado camión y sus ocupantes con una bomba casera, detonada desde una cierta distancia. Luego, rodearon al objetivo y empezaron a efectuar disparos. Algunos de los militares intentaron reaccionar, pero fue en vano.

Daniela Acosta comentó que la última vez que habló con el subteniente Félix Fernando Fernández fue el viernes. “Estuvimos hablando largo rato del cumpleaños de la nena, que falta un mes”, sostuvo la licenciada en Enfermería a la 730 AM.

Dijo que la mayor parte, la conversación se daba a través de WhatsApp. Acotó que nunca le confesó nada raro pero que en cada incursión al monte le avisaba y decía: “yo no sé si voy a volver”.

Refirió que una compañera de trabajo (cumple labores en IPS Central) le llamó a contar del ataque. Desde ahí intentó comunicarse con su marido pero nunca más contestó sus llamadas. Tras la masacre, el EPP robó los equipos que tenían los fallecidos (fusiles, chalecos, proyectiles y celulares).

“Hasta ayer seguía sonando su teléfono”, declaró la mujer al tiempo de pedir justicia para su marido. “Una nena quedó huérfana. Teníamos planes para el futuro. Dios mío, pedimos al Gobierno que haga algo, presidente haz algo por favor, señor presidente pido justicia”, lamentó.

En diciembre, Fernández debía ascender al rango de teniente. Su salario era poco más de 3.000.000 y cobraba un sobresueldo de 1.500.000 por ser de la FTC. Hace un año se mudo a su casa propia, en el departamento de Concepción. Su padre y hermano también son integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación (FF.AA.). Además estaba preparando el festejo de primer cumpleaños de su beba.

ATENTADO MÁS CRUEL DEL EPP

Ocho militares de la Fuerza de Tarea Conjunta fallecieron tras explotar un artefacto al paso de un vehículo que patrullaba en un camino rural de Arroyito, en Horqueta departamento de Concepción.

Las víctimas fueron identificadas como subteniente de Caballería Félix Fernando Fernández Duarte, vicesargento primero Genaro Dejesús Arias Palacios, sargento primero de Infantería Rober Fabián Cañete Pereira, Dejesús Torrasca Galván, sargento segundo Sergio Daniel López, sargento primero de Infantería Eder Arias, sargento primero Hugo Candia, vicesargento primero de Infantería Pablo Farias.

El informe del médico forense confirmó que de los 8 uniformados, 7 recibieron impactos de bala a la altura de cabeza, dos de ellos presentan heridas de arma blanca y el chofer murió por las heridas producidas por el estallido de la bomba.

Los disparos fueron efectuados a corta distancia y las armas utilizadas por los criminales corresponden a calibres 9 milímetros, 7,62 y 5,56. “Todos fueron ajusticiados”, expresó el fiscal adjunto Alejo vera.

El nuevo ataque de los criminales se dio en el momento en que están secuestrados el policía Edelio Morínigo (787 días) y los menonitas Abrahan Fehr (388 días) y Franz Wiebe (34 días).

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.