En entrevista con la 970 AM, Facetti refirió que ya había tomado una posición cuando se trató el caso de Óscar González Daher, siendo esa la primera vez que se usó la figura de la pérdida de investidura para un parlamentario.

El mismo considera que la forma en que se interpretó esa figura “a todos les tomó con la guardia baja”, refiriéndose a que nunca había sido analizada con detalle y había varios aspectos que analizar. Por ello, decidieron “sentarse a leer los comentarios de la Constitución Nacional” y, en base a eso, se presentó este proyecto de ley.

“La pérdida de investidura no es un reconocimiento o un premio, es una sanción, y las sanciones están establecidas en la Constitución en su Art. 190”, indicó el senador liberal. Sobre este punto, mencionó que ese artículo hace referencia a la pérdida de investidura por incapacidad física o mental y establece que para separar a un parlamentario se debe tener una constancia médica y jurídica.

El hecho de que sea la misma Corte Suprema de Justicia la que deba emitir un dictamen para separar a un legislador en los casos de incapacidad física o mental hace que exista una garantía altísima y “levanta la vara al tope”, a criterio de Silva Facetti, por ello afirmó que se necesita mayoría absoluta para hacer una separación definitiva del cargo en otros casos, como por ejemplo en tráfico de influencias.

“Es imposible entender que la sanción temporal tenga una exigencia mucho mayor que la separación definitiva que es enviarle a casa a un representante del pueblo”, mencionó, en referencia a que la pérdida de investidura establecía (antes de aprobarse esta propuesta) que solo era necesaria una mayoría simple para sacar a un senador o diputado, tal y como ocurrió en los casos de Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto (destituidos con 23 votos).

Con la aprobación de este proyecto de ley que reglamenta el Art. 201 de la Constitución Nacional, se modificó la cantidad necesaria de votos para lograr la pérdida de investidura: en el Senado, se pasa de la mayoría simple de 23 votos a una mayoría calificada de 30 votos, mientras que en Diputados se pasa de la mayoría simple de 41 votos a mayoría calificada de 53 votos, además de una sentencia judicial.

“Esto no es ningún autoblindaje, es lo que dice la Constitución porque los fueros son figuras constitucionales que tienen su razón de ser, para proteger y darle garantías a las personas que ejerza un cargo mientras el tiempo que lo ejerzan y que no sean sometidos a un tipo de presión, salvo los establecidos en la Constitución”, puntualizó finalmente el senador.

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Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, Irún comentó que rechazó la propuesta “indecente” planteada por Amarilla por lo que, esta fue a golpear las puertas de otras intendencias. Sin dar mayores referencias sobre el supuesto negocio ilícito, todo indica que la acusación gira alrededor de la merienda escolar, considerando los antecedentes de la senadora liberal en ese rubro.

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A la legisladora se le atribuyen millonarios contratos con el Estado en nombre del almuerzo y la merienda de los niños. Según las denuncias, a través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década.

“Vos te fuiste junto a mi en la intendencia municipal en una oportunidad y qué me propusiste. Vamos a dejarnos de joder. Por qué no quise hacer negocios contigo, porque me propusiste negocios ilegales”, expresó el senador Zacarías Irún.

La llamativa revelación del legislador colorado se dio luego de que Amarilla, en su alocución, mencionara que el hijo de Javier Zacarías Irún fue “beneficiado” como funcionario de la embajada paraguaya en Reino Unido.

Ante esta acusación, el senador esteño desmintió y negó que su hijo sea funcionario diplomático en ese país y aseguró que es empleado de una empresa internacional en Londres.

“No voy permitir que una senadora que todos sabemos a qué se dedicó toda la vida, qué comercios hizo con el Estado. Ella toda la vida fue funcionaria pública. La primera funcionaria pública que tiene este Senado”, expresó para referirse hacia su colega.

De acuerdo a las declaraciones de Zacarías Irún, Celeste Amarilla durante toda su vida hizo plata gracias a las compras públicas y todo lo que hoy tiene es producto del dinero que acumuló con sus negocios irregulares.

“La que cobró siempre del Estado, de las gobernaciones, de las intendencias, de las binacionales. Quién le pagaba la merienda escolar, nosotros le pagábamos. Y el dinero y la plata que ella tiene hoy es producto de eso y de muchas irregularidades”, indicó.

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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