Alegre, líder del partido y candidato presidencial por la alianza Ganar, recibió 1.110.464 votos (42,74 %) frente a Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, que ganó las elecciones con 1.206.067 votos (46,42 %), según los resultados definitivos divulgados este lunes.

El 22 de abril, cuando la Justicia electoral dio la victoria provisional a Abdo Benítez, Alegre dijo que se pronunciaría al respecto en cuanto se conocieran los datos oficiales.

Días después denunció casos de fraude en el recuento, demandas a las que sumaron dirigentes del Frente Guasu, la concertación de izquierda que acompañó al Partido Liberal en la dupla presidencial bajo la alianza Ganar.

Tras un mes de las elecciones y días después de que la Justicia Electoral difundiera los datos definitivos, Alegre sigue callado sobre el triunfo de Abdo Benítez, quien asumirá la Presidencia el 15 de agosto.

En cuanto a las denuncias de fraude, el Partido Liberal, tras la reunión de su Directorio este martes, rebajó el listón para mencionar que se habían producido “falencias” en el proceso electoral que “ponen en peligro inminente la vigencia del Estado de Derecho”.

En esa resolución, se señalan irregularidades en la conformación de las Juntas Cívicas y de las mesas electorales, manipulaciones en el recuento provisional de la Justicia Electoral y en las encuestas que se publicaron antes, que dieron hasta 30 puntos de ventaja a Abdo Benítez sobre Alegre.

El directorio concluyó instando a una modificación de las leyes electorales y apostando por cambios que garanticen la transparencia.

Pero sin ninguna referencia al triunfo de Abdo Benítez o reconocimiento de una derrota que por otra parte fue por la mínima.

De hecho, el directorio, con una mayoría favorable a Alegre, tuvo como primer orden del día la posible renuncia del presidente Horacio Cartes, y su eventual juramento como senador, tras obtener un escaño en las elecciones.

Los integrantes del Directorio acordaron recomendar a todos sus parlamentarios oponerse a aceptar la renuncia de Cartes, en caso de darse, y a su juramento como senador activo al considerarlo anticonstitucional.

No obstante, ese punto tardó en ser tratado ante la exigencia del sector del senador Blas Llano, opuesto a Alegre, de que se debatiera primero sobre el uso de los fondos que se utilizaron en la pasada campaña electoral y se explicara cómo fueron utilizados.

En medio de gritos y empujones entre los dos sectores, Alegre trasladó la reunión de los 55 miembros del directorio a una sala a puerta cerrada, mientras que cientos de militantes se quedaron en el patio y en la calle a escuchar la sesión por los megáfonos.

Pese a la posterior resolución del directorio, las espadas siguen en alto.

Llano ya ha declarado que votará a favor de la renuncia de Cartes si el mandatario da ese paso, que debe ser rechazado o aprobado por el Congreso.

Otros dirigentes han pedido la dimisión de Alegre por la derrota electoral, su segunda consecutiva como candidato presidencial, y por condenar de nuevo al partido a transitar otros cinco años en la “llanura” política.

Un capítulo más dentro de una división que se evidenció el pasado año, cuando legisladores afines a Llano apoyaron al Partido Colorado en su pretensión de habilitar un segundo mandato presidencial, prohibido por la Constitución.

El sector conducido por Alegre lideró las protestas contra la reelección presidencial, que habría permitido que Cartes se presentara a un nuevo mandato.

Ello devino en la quema de parte del edificio del Congreso por parte de manifestantes opuestos a la reelección, y el posterior asalto policial a la sede del Partido Liberal, con la muerte de un joven militante por el disparo de un agente.

Y en acusaciones de traidor a Llano y los suyos por parte de los partidarios de Alegre que todavía perduran en el día a día del partido.

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, Irún comentó que rechazó la propuesta “indecente” planteada por Amarilla por lo que, esta fue a golpear las puertas de otras intendencias. Sin dar mayores referencias sobre el supuesto negocio ilícito, todo indica que la acusación gira alrededor de la merienda escolar, considerando los antecedentes de la senadora liberal en ese rubro.

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A la legisladora se le atribuyen millonarios contratos con el Estado en nombre del almuerzo y la merienda de los niños. Según las denuncias, a través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década.

“Vos te fuiste junto a mi en la intendencia municipal en una oportunidad y qué me propusiste. Vamos a dejarnos de joder. Por qué no quise hacer negocios contigo, porque me propusiste negocios ilegales”, expresó el senador Zacarías Irún.

La llamativa revelación del legislador colorado se dio luego de que Amarilla, en su alocución, mencionara que el hijo de Javier Zacarías Irún fue “beneficiado” como funcionario de la embajada paraguaya en Reino Unido.

Ante esta acusación, el senador esteño desmintió y negó que su hijo sea funcionario diplomático en ese país y aseguró que es empleado de una empresa internacional en Londres.

“No voy permitir que una senadora que todos sabemos a qué se dedicó toda la vida, qué comercios hizo con el Estado. Ella toda la vida fue funcionaria pública. La primera funcionaria pública que tiene este Senado”, expresó para referirse hacia su colega.

De acuerdo a las declaraciones de Zacarías Irún, Celeste Amarilla durante toda su vida hizo plata gracias a las compras públicas y todo lo que hoy tiene es producto del dinero que acumuló con sus negocios irregulares.

“La que cobró siempre del Estado, de las gobernaciones, de las intendencias, de las binacionales. Quién le pagaba la merienda escolar, nosotros le pagábamos. Y el dinero y la plata que ella tiene hoy es producto de eso y de muchas irregularidades”, indicó.

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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