Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República y senador electo, dijo que si bien no llegó a escuchar al parlasuriano Neri Olmedo, quien fue criticado por no hilar las palabras, está de su lado porque es un líder que está ocupando un espacio de representación política y no se encuentra en la burocracia, donde sí se requiere de un conocimiento científico.

“Yo no coincido con la gente que quiere menoscabar a un líder campesino por no saber hablar español. Creo que la lengua oficial paraguaya es el español y el guaraní. Lo que pasa es que cierta élite asuncena siempre subalterniza la lengua nativa y cree que es inferior. Yo no impugno a un parlamentario porque no habla bien el español o no articula bien sus ideas”, esgrimió.

Además dijo a la 970 AM que ser conocedor tampoco es sinónimo de buena persona porque “entre el grupo de intelectuales hay muchos sinvergüenzas”. Lamentó también que se percibe que “hay una soberbia intelectual”.

Duarte Frutos aseveró que hay algunos que en el Parlamento hablan bien español e inglés, pero que en contrapartida no sienten realmente lo que está sufriendo el pueblo. No obstante, argumentó que al escuchar los debates en el Senado y Diputados, percibe que en su mayoría manejan el mismo lenguaje del pueblo o incluso menor. “En nuestro país, más que una clase política, existen personas que se dedican a la política para el control de los espacios públicos. No tenemos una elite política en Paraguay que por su ilustración puede dirigir a las masas hacia un proceso emancipatorio“, añadió.

En cuanto al desconocimiento del parlasuriano sobre el rol que le tocará desempeñar en el bloque regional como representante paraguayo, Nicanor resaltó que con eso se deja en claro que existen limitaciones en la formación de la dirigencia política y que por lo tanto los partidos políticos deben preparar mejor a sus elegidos.

La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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