La diputada Cristina Villalba sostuvo a la 970 AM que la principal prioridad de la bancada de Honor Colorado es el juramento del mandatario Horacio Cartes. “Hubo conversaciones y diálogo. Hubo el abrazo republicano. Salimos a hacer campaña y hablar de un partido unido. La recomendación del presidente Cartes fue la de no poner palos a la rueda y contribuir con el gobierno de Marito”, recordó.

La legisladora indicó que el actual mandatario recibió el voto popular para ser senador activo y por lo tanto se preguntó: “¿Quiénes somos nosotros para impedir la voluntad del pueblo?”.

Y además la congresista Villalba reconoció que existió una palabra empeñada, que ahora no se está cumpliendo.

Consideró que actualmente existen intereses particulares de los que están en contra, pero dijo que los mismos deben priorizar el bienestar del país. “(Cartes) vendrá a construir el desarrollo de la República. No es saludable que se instale un Senado con figuras”, acotó.

Por otra parte, Villalba comentó que en su actual bancada se apuesta por el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, para que logre el rekutu en el cargo. Añadió que seguirán las negociaciones con las demás bancadas.

La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benitez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria màs cuestionada a la hora de hablar de corrupciòn.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales, la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benitez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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