ABC amenaza estabilidad del sistema financiero

La “guerra” desatada por el grupo ABC Color contra el Banco Basa puede analizarse desde distintos ángulos, como el resentimiento manifiesto hacia Horacio Cartes, o sus inocultables fines de rapiñarle (a favor de su banco Atlas) un segmento muy apetecible de sus operaciones financieras; en este caso, de la exportación de reales al Brasil, regladas y autorizadas por el Banco Central. Sin embargo, el mayor de los problemas, que trasciende ampliamente los marcos de una disputa político-comercial y se convierte en un tema de suma importancia para el país, es que, con su desleal proceder, ABC AMENAZA LA ESTABILIDAD FINANCIERA, uno de los pilares fundamentales en el cual se sostiene la economía.

Este diario, propiedad de la familia Zuccolillo, pretende instalar que “el banco de Cartes está vinculado al Lava Jato”, el mayor escándalo de corrupción de toda América Latina, destapado en Brasil hace unos años. Pero miente. La realidad es que en las investigaciones oficiales del sonado caso, Paraguay y Basa no son mencionados ni siquiera de paso. Las únicas referencias al respecto, utilizadas hasta el hartazgo por ABC color, son las aparecidas en una publicación brasilera, aunque no formula acusaciones, sino plantea interrogantes y desliza dudas, más por ignorancia del periodista que por otra cosa.

A esta campaña se sumó en la víspera otro componente, tan o más grave que el anterior. Las redes sociales fueron utilizadas, desde cuentas falsas, como instrumentos para instar a los clientes de Basa a que retiren “con urgencia” sus depósitos, obviamente con el objetivo de provocar una corrida bancaria que le represente la pérdida de una parte importante de su cartera, además de un costo muy elevado.

Los perjuicios que ABC puede producir son incalculables, no solo para Basa, sino para todo el sistema financiero, cuya buena salud depende en primer término de su credibilidad, contra la cual está disparando a diario, sin ningún argumento o indicios medianamente serios. Lo único que aparece a la vista es que un banco paraguayo estaría metido en la red de corrupción del Brasil y en el lavado de dinero, con la anuencia del BCP, que autorizó y auditó las operaciones, por cierto, idénticas a las realizadas por Atlas y también Continental, a los que el diario y sus periodistas jamás mencionan.

Aún está fresca en la memoria de muchísimos paraguayos lo que significó la crisis financiera del año 95, que se produjo en otras circunstancias, dejando a miles y miles de familias en la calle, y a la economía paraguaya desangrada, en estado calamitoso.

Con su “guerra”, su fobia política y su voracidad por el dinero, ABC representa hoy ese mismo peligro, letal para los intereses de todos los paraguayos.

 

Disparen contra… ¿Benigno?

El veto del Poder Ejecutivo a la ley de jubilaciones para los médicos desató una lluvia de críticas, en su mayoría, dirigidas al ministro de Hacienda, Benigno López. Es “el malo de la película”, el blanco de los cuestionamientos de “propios” y “extraños”, como si de él dependiese este tipo de decisiones. Pero no es así. Quien firma el decreto, el dueño de la lapicera, es el presidente de la república, en tanto que el Congreso tiene la última palabra, la facultad de aceptar o rechazar lo dispuesto por Abdo Benítez en esta materia.

López realiza una labor técnica, no política. A él la corresponde la tarea de dictaminar sobre la viabilidad de la normativa, cómo afectará a la salud de las cajas fiscales, algunas claramente deficitarias y, en consecuencia, a la economía y a todos los paraguayos. Su dictamen puede ser simpático o antipático, generalmente es lo último, como en el caso en cuestión, pero no es el responsable de la determinación, que recae pura y exclusivamente en los políticos.

Marito refrendó dicho dictamen y sobrevino el veto. Es cierto, “se tomó su tiempo”, agotó los plazos y finalmente se pronunció por la objeción, a contramano de lo que había sostenido cuando era senador, lo que aportó una alta dosis de confusión y otra de crispación en el gremio de los médicos. Ocurre que no es lo mismo propiciar determinados proyectos desde la oposición, sobre todo cuando ésta tiene como tarea prioritaria hacerle fracasar al gobierno, que estar del otro lado del mostrador, como ya le sucedió en otros varios casos.

En este escenario, seguir tiroteando contra el secretario de Estado es un acto de torpeza o, lo más probable, un intento desesperado por desviar la atención y no asumir, desde la llamada clase política, sus propias responsabilidades.

En esto debemos ser absolutamente claros. Ahora está en manos de los congresistas, de nadie más, darle la razón al presidente, aceptando el veto, o decirle “no” y ratificar la ley de jubilación para los médicos.

Un capítulo especial será, desde luego, el que escriban los legisladores del oficialismo y los aliados del gobierno en el Parlamento que, juntos, son amplia mayoría. Habrá que ver si Mario Abdo ejerce su liderazgo sobre los senadores y diputados de Colorado Añetete, y si mantiene las fluidas relaciones con sectores del liberalismo y grupos menores, como el partido de la familia Filizzola-Masi y otros.

Esta será la clave, dado que, aunque resulte paradójico, los parlamentarios de Honor Colorado seguramente acompañarán el veto, como lo vienen haciendo con una serie de determinaciones de carácter económico. En consecuencia, si a ellos se sumaran los votos del bloque añetete, serían suficientes para que el veto del Ejecutivo quede firme.

Los legisladores tienen la pelota en su cancha. Por lo general, actúan y levantan sus manos en función a cuán fuerte les griten desde la gradería que, en este caso, probablemente sea intenso. Habrá medidas gremiales, ya comenzaron “sentatas” y otras manifestaciones de protesta, y se prepara una huelga general que se iniciará el próximo 3 de junio.

Veremos por tanto lo que finalmente resuelvan sobre este tema de singular importancia, cuyas consecuencias, buenas o malas, les endilgaremos a ellos.

 

Rapiñeros, torpes y peligrosos

ABC color lanzó “la” noticia, en su publicación de ayer: “Investigan a banco de HC por supuesto lavado”. Le siguió el turno de su versión digital, a lo que se sumó Ultima Hora, devenido en una especie de sucursal del diario “con fe en la patria”. Cualquier podía esperar que, en el relato, apareciera quiénes son los investigadores, si corresponde a órganos judiciales o policiales y, sobre todo, las evidencias del caso. Sin embargo, el que se haya tomado el tiempo de buscar tales datos, habrá comprobado que se trata de un nuevo “bluf”, “carne podida” o “fake news”, o sea, una falsa noticia que tiene por objetivo desinformar a la opinión pública.

Según ABC, en donde se elabora el libreto de trama “fantástica”, en Brasil incluyeron al banco Basa en una investigación de presunto lavado de dinero, en el marco del “operativo Lava Jato”.Y le pone números a las remesas enviadas por dicha entidad al vecino país, 1,7 “billones” de dólares, que son sencillamente ridículos.

Como resultado de las compras que se realizan diariamente en los comercios de Ciudad del Este, Saltos del Guairá y Pedro Juan Caballero, que suman 5.100 millones de dólares al año, 1.700 pasaron por Basa en los últimos tres, a razón de 570 millones anuales, en reales. Lo demás se canalizó a través de otros organismos financieros, incluyendo al Banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

Ahora bien, ¿estas operaciones tienen, acaso, algún viso de ilegalidad?. No. Es igual a las que se realizan de manera harto frecuente en todas partes del planeta. Prueba de ello es que son autorizadas, auditadas y controladas por el Banco Central del Paraguay (BCP), así como por el Banco Central del Brasil. Y algo más, ¿acaso Moody´s, la prestigiosa calificadora internacional, le hubiera elevado la calificación a Basa hace apenas un mes, si hubiera alguna mínima sospecha de sus manejos ilícitos?

Si la investigación a Basa es puro cuento y sus operaciones de remesa de divisas al Brasil se encuadran en los marcos de la ley, la pregunta es por demás obvia: ¿Por qué miente ABC color?.

Las únicas respuestas lógicas las encontraremos en el odio enfermizo hacia Cartes de parte de quienes promueven la campaña en cuestión, quienes ya fracasaron en sus intentos de vincularlo al lavado de dinero, conclusión a la que no logró siquiera acercarse la denominada Comisión Bicameral del “caso Messer”, creada por ellos a ese solo efecto.

El móvil político, que manifiestan constantemente al culpar de todo al ex mandatario, desde las sequías e inundaciones, hasta la caída de la soja y la suba del petróleo, se combina con otro de carácter pecuniario, con el dinero y los negocios, en este caso, del envío de remesas al Brasil, que dejan un margen de utilidades a las instituciones que las ejecutar y quieren rapiñarlas para sí.

Claro, la obsesión con HC y el objetivo de quedarse con parte de la cartera de clientes de Basa son tan grandes, ciega tanto, que ABC incurre en un fenomenal acto de torpeza, pues denuncia a esta empresa del grupo Cartes por lo mismo que hace Atlas, su banco.

El problema es que, como siempre, los disparos que efectúa pueden terminar lastimando severamente al sistema financiero, arrojando consecuencias desastrosas.

En manos del Banco Central está impedir que esto ocurra, realizando las aclaraciones pertinentes para terminar de raíz con esta nueva campaña de un sector de la prensa cuyas irresponsables se tornan cada vez más peligrosas.

 

Mario Ferreiro bajo un manto de dudas

La gestión del intendente Mario Ferreiro es blanco de innumerables críticas, que subieron de tono en los últimos días a partir de denuncias sobre malos manejos administrativos del ejecutivo comunal, léase, posibles actos de corrupción. No se cuantificaron los montos, pero afectarían a rubros a los que fueron asignados sumas millonarias en el presupuesto 2018, como el desagüe pluvial de Asunción (alrededor de G. 30.000 millones) y la construcción o reparación de escuelas (más de G. 53.000 millones del Fonacide); programas que en la actualidad están cubiertos por un enorme manto de dudas.

El director financiero de la Municipalidad, Rolando Alvarenga, admitió a la 970 la excesiva demora para dar inicio a las obras del desagüe, que recién ayer, después de 3 años, un oferente fue adjudicado para ejecutar los trabajos en 2 de las 7 cuencas que comprende el proyecto. Y lógicamente, rechazó la existencia de irregularidades en la administración de los millonarios fondos, aunque sin aclarar suficientemente el uso que se le dio al dinero.

Los 30.000 millones de guaraníes, que según el alto funcionario tenían por finalidad el pago al contratista, una vez finalizado el trabajo, se emplearon en la limpieza de alcantarillas y adquisición de maquinarias relacionadas a dichas labores, como retroexcavadoras, camiones tumba, etcétera. Y aquí surgen las primeras interrogantes, aún sin respuestas. ¿Puede acaso la intendencia adquirir algún bien que no esté expresamente establecido en el presupuesto? ¿Si los fondos en cuestión debían utilizarse como “contraprestación”, por qué tuvieron otro destino? ¿Por qué no se reprogramó el presupuesto? ¿Hubo licitación o se hicieron compras directas?

En contraposición a la versión de Alvarenga, el presidente de la Junta Municipal, Oscar Rodríguez, políticamente afín a Ferreiro, había afirmado públicamente que sí hubo reprogramación presupuestaria, mientras que sus colegas Álvaro Grau (PPQ) y Orlando Fiorotto (ANR), aseguraron que el Ejecutivo nunca solicitó a los concejales redireccionar fondos para ese objetivo, aportando mayores sospechas sobre lo sucedido.

Con respecto al elevado monto que debía aplicarse el año pasado a la construcción de aulas o refacción de escuelas, los 53.000 millones, pero nada se hizo, el director atribuyó el hecho a los excesivos trámites burocráticos, que culminan recién con la aprobación de los procesos licitatorios en ámbitos del Ministerio de Educación. Pero, ¿en verdad puede llevar 12, 14 o 16 meses construir un par de aulas, algunos baños o, aunque más no sea, reparar goteras? Poco creíble.

Alvarenga se apresuró en decir que si bien dicho capital está en un banco de plaza y que por ley eso no genera intereses, pues tiene que estar como depósito a la vista, la denuncia apunta a que se habría celebrado un acuerdo con instituciones financieras, de no tocar el dinero durante un año, para recibir la comisión (¿coima?) como si estuviera colocado a plazo fijo.

Demás está decir que su demostración es casi imposible. Ni el banquero admitiría que coimea para captar tan apetecible depósito, ni un funcionario que acepta coimas a cambio de hacer el depósito. Pero si el objetivo es disipar las dudas, basta con seguir el procedimiento empleado para la ejecución de este rubro y así determinar si el alarmante retraso tiene o no alguna justificación.

¿Qué queda de lo expuesto?. Muy poco, excepto que Alvarenga reconoció una alta cuota de ineficiencia por parte de la administración municipal y formuló “aclaraciones” que solo despertaron más sospechas.