Recapitulemos, para entender la gravedad del problema. Los compradores provenientes del Brasil, que en el 2018 fueron 16 millones y en años anteriores llegaron a 21, realizan sus operaciones en reales, equivalentes a más de U$S 3.000 millones. Los comerciantes depositan esos reales en bancos privados, los cambian por dólares para renovar su stock en el exterior y esos bancos remiten los reales a su origen, es decir al Brasil, en donde los convierten nuevamente a dólares. En consecuencia, si se corta esta cadena, si no se puede reenviar más reales al Brasil, adiós comercio.

Son operaciones normales, rutinarias, que se realizan todos los días entre Inglaterra y la Comunidad Económica Europea, entre EE.UU y China, entre México y EE.UU, y… en el mundo entero. A nadie se le ocurrió nunca ponerlas en entredicho o menos denunciarlas, hasta que a Abc se le ocurrió la “genial” idea.

El pasado 19 de mayo, en grandes titulares, Abc publicó “investigan a banco de HC por supuesto lavado”, refiriéndose a Basa, que es uno de los tres bancos paraguayos privados que opera en este segmento, junto a Continental y… Atlas, del grupo Zuccolillo, nunca mencionados por dicho diario. La investigación, según el relato, se estaría llevando a cabo en Brasil, en el marco del “Lava Jato”.

Después hubo otras tapas y más artículos referidos al tema, con el objetivo de siempre: “pegarle” a Cartes y, “de paso”, quedarse con la cartera de clientes de Basa, a lo que tanto aspira Atlas.

El cretinismo cada vez más notorio de los Zuccolillo no reparó en un “pequeño detalle”. Fueron artífices del anhelado pretexto que precisaban “os irmáos brasileiros” para ahogar el comercio fronterizo paraguayo. Y entonces el Banco Centra del Brasil no dejó pasar la oportunidad y “sugirió” a la entidad bancaria de su país que recibía reales de Paraguay que suspendiera las operaciones. Y así lo hizo.

Después, la misma autoridad financiera brasileña, desmintió que Basa o cualquier otra entidad bancaria paraguaya fuera investigada en el vecino país, ni por lavado, ni en el “Lava Jato”, ni en nada. No hubo una pizca de cierto en todo lo dicho por Abc color, pero los resultados del terrorismo financiero que practica están a la vista: Decenas de empresas están en terapia intensiva y, sólo en CDE, 15.000 puestos de trabajo están a punto de perderse.

Criminal desde todo punto de vista. Antinacional por donde se le mire. E impune, por la cobardía de una dirigencia nacional complaciente, que vive arrodillada ante el poder de los medios, tal vez, por tener el techo de vidrio.

Ahora la “pelota tatá” está en manos del gobierno que, felizmente, reaccionó de manera positiva. El BCP y Hacienda están abocados a terciar en un problema inventado por unos irresponsables a los que no importa el país, ni la gente, ni nada, salvo saciar sus enfermizos odios políticos y su avidez por acumular riquezas, en forma ilícita.

Hacemos votos para que lo logren y para que, de una vez por todas, seamos capaces de ponerle freno a quienes, en nombre de la libertad de prensa, ejercen la libertad de delinquir.

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.