Ausencia de balances es todo un balance

Se fue el 2019 y los tradicionales balances brillaron por su ausencia. Ni los partidos políticos, ni el gobierno, ni los gremios empresarios, ni las organizaciones sociales, ni las Iglesias, ni la prensa dijeron una sola palabra al respecto. Llama la atención, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que el año que despedimos estuvo cargado de hechos significativos, de gran relevancia para la vida de todos los paraguayos.

Después de 17 años de aquella caída profunda del Producto Interno Bruto (PIB) a -2.2% y casi 15 de crecimiento sostenido en el orden del 4%, el país volvió a entrar en recesión, ese concepto que hace rechinar los dientes a los economistas y tiene consecuencias prácticas, altamente nocivas, en las condiciones de vida de la población, de por sí nada buenas.

En el ámbito político institucional, la crisis alcanzó nuevamente dimensiones sumamente peligrosas, al extremo de que estuvimos a un paso de presenciar un juicio político y la posible destitución del presidente, que hubiera sido el tercero en la etapa democrática, luego de Fernando Lugo (2012) y Raúl Cubas (1999).

En Asunción, su hasta hace pocas semanas intendente, Mario Ferreiro, se ganó el triste “galardón” de ser el primero en no culminar su mandato desde el advenimiento de la democracia. Pero la misma rosca de corruptos e ineptos sigue manejando las riendas del municipio.

Para completar, la región está que arde. Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, aún con matices diferentes, revelan el nuevo escenario que vive el subcontinente, en el que aumentaron en forma superlativa el descontento hacia las antiguas direcciones políticas y los cuestionamientos hacia un modelo económico incapaz de ir corrigiendo satisfactoriamente las profundas desigualdades sociales.

¿Y no hay hechos positivos?, preguntará el lector. Seguro que sí, pero no de la magnitud suficiente para ubicarse por encima de lo antedicho, que a pesar de su gravedad no fue motivo de reflexión y debate.

Pareciera que existe terror a reconocer la realidad -cuando esta se muestra adversa- y que todo el esfuerzo gira en torno a proyectar la idea de que el futuro será mejor, algo por todos anhelado, pero que si no se traduce en planes y acciones, es marketing sin resultados.

El problema es que si no asumimos lo que pasó y, sobre todo, por qué pasó, mal podríamos evitar que hechos similares se repitan en el futuro, ni tomar las medidas adecuadas para que el país retome la senda del crecimiento, con el eje puesto en la generación de empleo genuino, en la salud y la educación púbicas y, en términos más generales, en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo.

En eso radica la importancia de realizar un balance serio, cuya inexistencia es, de por sí, todo un balance.

 

“Ya pasó lo peor”… ¿para quiénes?

En los últimos días del año, economistas del sector público y privado, exultantes ellos, anunciaron el fin de la recesión y pronosticaron un mejor 2020. La noticia es buena, sin ninguna duda, porque cuando la economía arroja números negativos disminuye la capacidad de consumo de la población, se pierden puestos de trabajo y, en general, caen todos los indicadores sociales, de por sí muy malos. Pero el hecho de que la mayoría de los paraguayos siga igual, en vez de empeorar, ¿es suficiente motivo de celebración? ¿Seguir como hasta ahora o caer aún más bajo, son acaso las únicas alternativas? ¿Mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, nunca será opción?

El anunciado fin de la recesión, en la que poco o nada han tenido que ver las autoridades nacionales, no es tomado siquiera como punto de partida para impulsar políticas destinadas a reducir de manera efectiva los índices de pobreza e indigencia, ni el estado de calamidad en que se encuentran la salud y la educación públicas o el hacinamiento en el que viven cientos de miles de connacionales, sin chances de acceder a una vivienda. Esto, sencillamente, no existe en el vocabulario de quienes tienen a su cargo diseñar los planes económicos.

Nuestros especialistas en economía, en general muy apegados a la “ortodoxia” que promueven los organismos financieros multilaterales, definen la situación según datos “macro” como Producto Interno Bruto, inflación, déficit fiscal y otras categorías por el estilo, incluyendo algunas que nada indican, como “ingreso per cápita”, como si este se dividiera por igual entre los 7 millones de habitantes.

Nunca se detienen en cuestiones claves, como la falta de cobertura social que sufre la mitad de los asalariados, el analfabetismo funcional que castiga a una amplia franja de ciudadanos, el desempleo y sus consecuencias, la ruina en la que se encuentran los hospitales, ni la incapacidad estatal a la hora de proporcionar servicios ultra básicos, como energía eléctrica y agua. Y mucho menos destinan parte de sus esfuerzos a la búsqueda de mecanismos para aliviar el drama social, cambiando su histórica dinámica de negativa a positiva.

El pensamiento de los economistas se desarrolla en los estrechos márgenes de los datos macro antedichos, del “debe” y el “haber”, o del “se gasta lo que se tiene”, pero no son capaces de formular ideas al servicio del desarrollo con inclusión social. Esto sería “muy heterodoxo”, para la escuela liberal en la cual se formaron y un reconocimiento implícito de que el problema de fondo es “el modelo” que sostuvieron desde el gobierno de Wasmosy en adelante.

Volvamos al comienzo. El pronóstico de crecimiento económico para el 2020 resulta alentador, pero no así la forma en que se distribuirán los beneficios que genere. Estos se concentrarán en la cima de la pirámide social, es decir en los agronegocios, las instituciones financieras y empresas viales. Para estos y solo para estos, “lo peor ya pasó”.

 

“Espíritu navideño”… por 15 días

En esta época del año es común que nos pongamos “sensibles” y recordemos, por ejemplo, que el aguinaldo es obligatorio, que bajo ningún punto de vista puede ser objeto de embargo, que los que trabajan en estos días feriados deben percibir doble remuneración, etcétera. Es casi un “ritual navideño”, que dura aproximadamente dos semanas, no más que eso. Las otras 46 semanas del año, los derechos laborales de un amplio segmento de trabajadores no son objeto de recordación ni por quienes ahora pronuncian discursos al respecto, repletos de cinismo, como la ministra del Trabajo y sus principales colaboradores.

En Paraguay, el 50% o más de los asalariados no perciben el sueldo mínimo, trabajan más de 8 horas, carecen de seguridad social, no tiene vacaciones y, en caso de despido injustificado, no perciben la indemnización que establece el Código del Trabajo. No son decenas, sino cientos de miles.

El Instituto de Previsión Social (IPS) maneja datos de muchas empresas que no aseguran a sus empleados, pero “negocia” con los dueños para no hacer nada al respecto. Y el Ministerio del Trabajo y sus dependencias, que deberían fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, no llegan a 50 funcionarios para cubrir todo el territorio nacional, retratando así el desinterés más absoluto del Estado en la materia.

Desde el punto de vista moral o cristiano, en el caso de los creyentes, esta realidad lacerante es intolerable. Y desde el punto de vista liberal- burgués, estrictamente capitalista, representa un ancla al pasado, una valla insalvable para el desarrollo y un chaleco de fuerza para una sociedad incapaz de generar trabajo digno, así como todo lo que de ello se deriva, sea educación o salud, entre otras cuestiones que miden el progreso real de los pueblos y en las que estamos aplazados.

A propósito del Estado, esa entelequia que nunca sabemos muy bien de qué se trata, pero que no se reduce al aparato burocrático de los ministerios, ni menos a los planilleros que lo cohabitan, es su obligación bregar por el cumplimiento de la ley, de todas las leyes, empezando por las que son ignoradas en perjuicio de tantísimos paraguayos, y crear las condiciones adecuadas para que las Pymes puedan operar normalmente en el terreno de la formalidad.

Pero no lo hace, y al resultado social que está a la vista, debemos sumarle todo lo que significa para el propio fisco que una parte tan grande de la economía se maneje en negro o en gris, evadiendo total o parcialmente sus compromisos tributarios.

Dejemos, pues, de lado tanto cinismo y abordemos como sociedad este problema estructural que nos castiga desde tiempos remotos, en lugar de recordarlos solo como parte del “espíritu navideño”.

 

Lo público, en público, y más si es sobre Itaipú

Sorprende la rara “habilidad” que tienen nuestras autoridades de repetir los errores, aunque hacemos votos para que, en este caso, no representen la totalidad de los cometidos anteriormente. Por lo pronto, la falta de información concerniente a l preacuerdo con Brasil, sobre la contratación de potencia de Itaipú, es un hecho inexplicable que genera preocupación y alimenta la usina de rumores, tal vez innecesariamente.

El ingeniero Luis Villordo, presidente de la Ande, afirmó a distintos medios de prensa que “es un acuerdo justo y beneficioso”, avalado por cinco concejeros de la binacional que “vieron su viabilidad técnica”. Puede que sí, puede que no. Es algo que no sabemos, porque al mismo tiempo de formular dichas afirmaciones dijo que el contenido del acuerdo, asentado en un documento a ser suscrito entre las partes, se dará a conocer recién el próximo jueves, después de que se expidan las asesorías jurídicas de ambos países y de la Binacional.

La política de “sigilo”, por un lado, y de “hechos consumados” por el otro, ha sido altamente perniciosa para el gobierno, al menos en esta materia, al extremo de casi costarle el puesto al presidente de la república, en julio pasado, cuando estuvo a un paso de ser sometido a juicio político.

En aquella ocasión, además del “secretismo” de las negociaciones, se cuestionó airadamente el hecho de que los negociadores resignaron ante sus pares brasileños derechos que habían sido adquiridos en el 2007, por el cual nuestro país podía adquirir “energía excedente” (que tiene un costo menor al de la potencia contratada), a cambio de poner en funcionamiento dos nuevas turbinas que precisaba Brasil, financiadas lógicamente por ambas partes.

Ahora se repite el mismo esquema, en lo que refiere a mantener en reserva de lo que se está negociando, mientras divulgaciones periodísticas dan cuenta de un posible aumento en el costo de la energía contratada en el orden de los 100 millones de dólares, lo cual no fue confirmado ni desmentido por la ANDE.

Tomando en consideración los antecedentes de esta cuestión tan sensible, sería inconcebible que el gobierno formalice un acuerdo con el Brasil sin antes dar a conocer lo que contiene, con claridad meridiana, así como sus eventuales consecuencias, cualquieras sean estas. Eso sería abrir las puertas a nuevos conflictos, que el país y el Ejecutivo no pueden darse el lujo de enfrentar nuevamente en tan corto plazo.

Villordo tal vez tenga razón y se trate de “un acuerdo justo y beneficioso”. Eso veremos. Lo que no admite discusión es la necesidad perentoria de dar conocer el documento ya mismo, sin más demoras, antes de su firma.

La transparencia de los actos del gobierno es un requisito básico que debe cumplir para reconstruir legitimidad. No hay otro camino. Lo público en público y, lo que es de gran interés nacional, como es este caso, con más razón.