Benigno define el estado de la economía del siguiente modo: “Paraguay experimenta una combinación de eventos adversos, externos e internos, que afectan la actividad económica, que de resultar en una variación negativa para el cierre de este año, ameritaría tomar medidas extraordinarias para asegurar el despegue en el 2020”.

Un discurso muy floreado, que suena rimbombante, pero “elíptico”, en definitiva mentiroso, pues omite deliberadamente toda referencia puntual a la crisis y, en su reemplazo, decir poco o nada. Peor aún, de sus palabras podría deducirse que todavía no enfrentamos problemas serios, los cuales en todo caso se plantearían a fin de año y, recién entonces, habría que tomar medidas para mitigarlos, no para “despegar”, al decir suyo.

¿Por qué Benigno no dice algo de la brutal caída del PIB, de 4% a 1%, o menos?. ¿O de la disminución de las importaciones?. ¿O del menor consumo de los paraguayos? ¿O de las recaudaciones en Aduanas y en concepto de Impuesto al Valor Agregado?

En otra parte, el ministro nos informa que “la discusión fue mantener la ejecución de las políticas públicas, de los planes de inversión, avanzar en otras medidas (no dijo cuáles) e implantar las reformas necesarias (presumimos del sistema jubilatorio). La posibilidad de excepción al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal no fue la discusión de fondo”, resaltó.

Esto significa que, en el marco de no afectar las políticas públicas -de muy débil repercusión por cierto- sí se habló de elevar el déficit fiscal, como de hecho prevé la misma norma para momentos de crisis.

A primera vista, no habría porqué hacer alertas ante dicha eventualidad. Sin embargo, primero hay que informar que el tope del 1,5%, ya se elevó en la práctica en 150 millones de dólares más, porque cuando se aprobó la norma era sobre un PIB de US$ 30.000 millones (lo que equivalía a 450 millones de déficit) y ahora el tamaño de nuestra economía es de 40.000 millones (600 millones de déficit). Y si el techo se elevara 1% o hasta 1,5% más, como autoriza la legislación, significarían otros 400 o 600 millones de dólares. En concreto, el techo de US$ 450 millones de antes, podría transformarse en… 1.200 millones!!.

Segundo, si de elevar el déficit para impulsar obras se trata, el Ejecutivo debería reconocer que hasta junio fue un desastre en materia de ejecución (por debajo del 20% del presupuesto) y anunciar qué cambios hará para utilizar el dinero existente e impulsar las obras.

Tercero, y suponiendo que el tema anterior se resuelve satisfactoriamente, el gobierno debe precisar cuáles son las obras que pretende llevar a cabo. Y, finalmente, cómo vamos a pagar, tomando en consideración la caída de las recaudaciones.

Como puede notarse, son muchas preguntas sin respuestas.

Para que éstas lleguen, el ministro de Hacienda no nos debe seguir hablando como lo hacen los ministros de la Corte para evitar preopinar en un caso que después podrían juzgar, o como los obispos, siempre “elípticos”, quienes extraen de sus declaraciones todo aquello que les incomoda.

Benigno debe hablarnos con la verdad. En caso contrario, la desconfianza existente seguirá en aumento y eso golpeará aún más fuerte a la ya maltrecha economía paraguaya.

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.