Domésticas, versión “moderna” de los mensú

La Cámara de Diputados sancionó ayer la ley que establece el salario mínimo del 100% para las trabajadoras domésticas y, como si se tratara de la peor noticia económica, de inmediato ardió Troya. La tradicional “solidaridad” de muchos paraguayos se transformó en su opuesto, cediendo paso a un sinfín de advertencias sobre el colapso social que se avecina, y no son pocos los supuestos defensores de la Constitución que se sumaron a la histeria colectiva, con la insana pretensión de mantener un sistema semi esclavista, como el que sometía hace 100 años a los mensú para beneficio de las grandes compañías yerbateras y tanineras. Y encima lo hacen en tono “doctoral”, en nombre de la “racionalidad” y la “gradualidad”, que en el plano teórico evitarían presuntos males mayores, pero en la práctica significaría postergar, sine díe, derechos ultra básicos de 232.000 paraguayas, las más pobres entre los pobres.

Los cuestionamientos a la norma giran en torno a tres aspectos fundamentales: Que muchas familias no pueden pagar el mínimo, que eso supondrá el despido de numerosas trabajadoras y que su puesta en vigencia aumentará la informalidad.

En cuanto a lo primero, resulta sencillamente vergonzoso que alguien se atreva siquiera a exponerlo como argumento. Es inadmisible que para garantizar el bienestar de una familia, se justifique pisotear con vileza la dignidad de otras, y más aún que se persevere en darle rango legal a la desigualdad entre ciudadanos que tienen derecho al mínimo y otros que no, violando expresas garantías constitucionales, como las establecidas en el artículo 46, que dice: “Todo los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. NO SE ADMITEN DISCRIMIANCIONES. El Estado removerá obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.

Más claro, imposible, salvo para políticos inescrupulosos que defendieron un salario inferior, “discriminativo”, para las empleadas del hogar (70% del mínimo), demostrando con ello su nulo apego al Estado de Derecho y su notoria insensibilidad social, como en los casos de Patria Querida y otras agrupaciones.

Dicho esto, no puede desconocerse que la vigencia efectiva de la ley, que llevará su tiempo y no pocos conflictos, implicará nuevos problemas. Personas que para ir a trabajar dejan a sus hijos con una trabajadora doméstica, de medio sueldo y una jornada de 12 horas, ya no lo podrán hacer. Eso es así. Pero la solución, repetimos, no puede ser someter a otra persona al inhumano régimen de servidumbre, heredado del feudalismo, sino estableciendo mecanismos alternativos, como guarderías públicas y en las empresas privadas con más de 50 funcionarios, como prevé la legislación laboral.

Respecto a la “ola de despidos” que se preanuncia, no existe ningún estudio serio que avale esa teoría. Lo único que se sabe es que tal cosa no ocurrió en Brasil, ni Argentina, ni en Uruguay, ni en ningún otro país, donde se decía lo mismo para tratar de abortar el justo reclamo.

Y de la mayor informalidad, solo podemos decir que es un absurdo gigantesco. En primer lugar, porque solo el 5% del sector doméstico es formal, según datos del IPS, lo que implica que ya percibe el mínimo. Y en segundo término, porque su vigencia es justamente para formalizar lo que está en negro.

Parece mentira que tengamos que hacer estas puntualizaciones, al filo de completar la segunda década del siglo XXI.

Hay que dejar de lado tanta hipocresía y desterrar, de una vez por todas, la “cultura” del mensú.

 

Responsabilidad política de la crisis penitenciaria

A la matanza que se registró el domingo en la cárcel de San Pedro siguieron las justificaciones de siempre: el hacinamiento de reclusos y la insuficiencia de guardias que, sumado a la peligrosidad de muchos de los internos, se convierte en una bomba de tiempo. Nada nuevo, como tampoco la decisión de cambiar un par de directores para “calmar las aguas” y que un ministro, en este caso J. J. Ríos, eluda sus responsabilidades políticas.

Por supuesto, a la brutalidad de lo ocurrido, media docena de decapitaciones y tres quemados vivos, había que responder con cierta “espectacularidad”, con frases fuertes, de alto impacto mediático, como por ejemplo, “expulsaremos del país a todos los presos del PCC” o “urge declarar emergencia carcelaria”, que ya las escuchamos en varias ocasiones, pero nunca vimos sus resultados.

El discurso sobre las expulsiones se inició inmediatamente después del horroroso crimen cometido por el narcotraficante Marcelo Pinheiro, alias “Piloto”, en las narices de sus guardias en la Agrupación Especializada. Pero solo él y unos pocos más fueron puestos del otro lado de la frontera, mientras la inmensa mayoría está repartida en las diversas penitenciarías.

Y sobre la “emergencia…”, solo cabe mencionar que ésta se declaró en el último tramo del anterior gobierno y se iniciaron los procesos licitatorios para construir nuevos reclusorios, pero sin embargo, todo eso quedó en la nada cuando asumieron las nuevas autoridades. Éstas volvieron a declarar la emergencia en setiembre del 2018 y anunciaron la construcción de 5 nuevas cárceles, que hasta ahora, 9 meses después, no pasaron de simples proyectos.

El ministro Ríos es el responsable directo de tanta inacción, que impide resolver el hacinamiento en las cárceles -haciéndolas ingobernables- y debe rendir cuentas por ello.

Pero no solo por este motivo. Ahora también se sabe que el director recientemente destituido del Penal, Wilfrido Quintana, había remitido a la Dirección de Institutos Penales un pedido para que sean transferidos de urgencia a otras cárceles alrededor de 14 internos pertenecientes al PCC y al “clan Rotela”, protagonistas de la masacre. Eso fue hace un mes…

Ante tales circunstancias, y aunque más no fuera por “decoro”, el ministro de justicia debería dar un paso al costado, cuanto antes, o en su defecto ser destituido.

Es hora de dejar de lado los diagnósticos archi sabidos y los discursitos “rimbombantes” sobre “lo que hay que hacer”. Y en lugar de eso, de una vez por todas, HAGAN.

 

El infortunio liberal

“El mejor amigo de un liberal es cualquiera, menos… otro liberal”, decía un dirigente del PLRA, ya retirado de la actividad política. Y no está muy lejos de la verdad. El canibalismo que se practica en este centenario partido es mayor al de la ANR, lo cual es mucho decir. Pero ahora pareciera vislumbrarse algo todavía más grave, como sería su división, a la que el brazo derecho de Efraín Alegre y apoderado general de la organización, Rubén Ocampo, llama equivocadamente “purga”.

Según el político, “es tiempo de decidir PURGAR EL P.L.R.A. y CONSTRUIR UN NUEVO ESPACIO INCLUYENTE”. Luego endilga una serie de hechos a un sector de dicho partido, el llanismo, al que califica de “importante”, destacando la presencia de corruptos en sus filas, su alianza con el cartismo y su actuación al servicio de la ANR. Y como remate, llama a expulsarlos “de la política y de todos los ámbitos” (¿?).

La contradicción, así como las incoherencias, saltan a la vista. Ocampo propone excluir a la mitad del PLRA, para así dar vida a un espacio…incluyente; un razonamiento tan “dialéctico” que escaparía a la comprensión de los mismísimos Marx o Hegel, y que insulta la inteligencia de quienes, sin tantas aspiraciones teóricas, van por lo seguro y se basan en la lógica de Aristóteles. Excluir, como método fundamental para incluir, algo así como proclamarse pacifista y declarar la guerra. Vaya paradója!.

En el campo de la política, Ocampo ataca a los llanistas por aplicar una línea que, en definitiva, es la ejecutada por el PLRA desde el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, hasta la fecha, desde el pacto de gobernabilidad hasta el flirteo permanente con Mario Abdo Benítez, desde Laíno, hasta… Efraín Alegre. Y la vez que no lo hicieron, fue para actuar como furgón de cola de un obispo, ubicado en el extremo opuesto al espacio ideológico que ocupa el liberalismo.

Ésta línea es la que, en todo caso, debe ser revisada por los liberales, cuyo fracaso, expresado a lo largo de la etapa democrática, es responsabilidad de la dirigencia de las principales corrientes internas, tanto oficialista como disidente.

Por otro lado, la “purga” de la cual habla, muy propia de las vertientes políticas totalitarias (como el estalinismo) para perseguir a la disidencia, es ruptura liza y llana. Es partir el PLRA en dos y desplazarlo del segundo lugar a un cómodo tercer puesto.

Muchos habrán esperado que, de inmediato, el presidente del radicalismo auténtico saliera a descartar la expulsión del llanismo o, al menos, que pusiera paños tibios, restara trascendencia a las manifestaciones de Ocampo, etcétera. Pero nada de eso sucedió, lo cual aumenta la validez de preguntarnos si no estamos a las puertas de una nueva división del liberalismo paraguayo, de las muchas que sufrió a lo largo de su historia.

Infortunios del Paraguay, fue aquella obra tan importante del Dr. Teodosio González. La escribió en el año 1931 y fue la crítica más profunda de un liberal al liberalismo. Si reviviera, muy probablemente la repetiría en sus trazos generales, solo reemplazando a aquellos grandes protagonistas, como Eligio Ayala, por personajes de opereta, como Ocampo o el propio Alegre.

 

ABC es el “artífice” de la peor crisis en la frontera

Ciudad del Este atraviesa la peor situación que haya enfrentado en toda su historia. A la prolongada crisis del Brasil, que impacta directamente sobre el comercio de frontera, se sumó en las últimas semanas la prohibición del vecino país al envío de los reales que sus “compristas” gastan en el nuestro. Una medida que, de no revertirse en el corto plazo, liquidará la principal actividad económica no solo en la capital del Alto Paraná, sino también en Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. Paradójicamente, a esto no se llegó por obra de la “creatividad brasileña”, sino de la campaña infame impulsada por Abc color, cuyas fobias políticas y su voracidad por el dinero no tienen límites.

Recapitulemos, para entender la gravedad del problema. Los compradores provenientes del Brasil, que en el 2018 fueron 16 millones y en años anteriores llegaron a 21, realizan sus operaciones en reales, equivalentes a más de U$S 3.000 millones. Los comerciantes depositan esos reales en bancos privados, los cambian por dólares para renovar su stock en el exterior y esos bancos remiten los reales a su origen, es decir al Brasil, en donde los convierten nuevamente a dólares. En consecuencia, si se corta esta cadena, si no se puede reenviar más reales al Brasil, adiós comercio.

Son operaciones normales, rutinarias, que se realizan todos los días entre Inglaterra y la Comunidad Económica Europea, entre EE.UU y China, entre México y EE.UU, y… en el mundo entero. A nadie se le ocurrió nunca ponerlas en entredicho o menos denunciarlas, hasta que a Abc se le ocurrió la “genial” idea.

El pasado 19 de mayo, en grandes titulares, Abc publicó “investigan a banco de HC por supuesto lavado”, refiriéndose a Basa, que es uno de los tres bancos paraguayos privados que opera en este segmento, junto a Continental y… Atlas, del grupo Zuccolillo, nunca mencionados por dicho diario. La investigación, según el relato, se estaría llevando a cabo en Brasil, en el marco del “Lava Jato”.

Después hubo otras tapas y más artículos referidos al tema, con el objetivo de siempre: “pegarle” a Cartes y, “de paso”, quedarse con la cartera de clientes de Basa, a lo que tanto aspira Atlas.

El cretinismo cada vez más notorio de los Zuccolillo no reparó en un “pequeño detalle”. Fueron artífices del anhelado pretexto que precisaban “os irmáos brasileiros” para ahogar el comercio fronterizo paraguayo. Y entonces el Banco Centra del Brasil no dejó pasar la oportunidad y “sugirió” a la entidad bancaria de su país que recibía reales de Paraguay que suspendiera las operaciones. Y así lo hizo.

Después, la misma autoridad financiera brasileña, desmintió que Basa o cualquier otra entidad bancaria paraguaya fuera investigada en el vecino país, ni por lavado, ni en el “Lava Jato”, ni en nada. No hubo una pizca de cierto en todo lo dicho por Abc color, pero los resultados del terrorismo financiero que practica están a la vista: Decenas de empresas están en terapia intensiva y, sólo en CDE, 15.000 puestos de trabajo están a punto de perderse.

Criminal desde todo punto de vista. Antinacional por donde se le mire. E impune, por la cobardía de una dirigencia nacional complaciente, que vive arrodillada ante el poder de los medios, tal vez, por tener el techo de vidrio.

Ahora la “pelota tatá” está en manos del gobierno que, felizmente, reaccionó de manera positiva. El BCP y Hacienda están abocados a terciar en un problema inventado por unos irresponsables a los que no importa el país, ni la gente, ni nada, salvo saciar sus enfermizos odios políticos y su avidez por acumular riquezas, en forma ilícita.

Hacemos votos para que lo logren y para que, de una vez por todas, seamos capaces de ponerle freno a quienes, en nombre de la libertad de prensa, ejercen la libertad de delinquir.