El asesor político de la presidencia, Daniel Centurión, declaró a la 970 que el factor determinante fue la profunda división en filas republicanas, provocada con la destitución de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías. Esto no pudo superarse durante la corta campaña electoral, dijo, admitiendo que se trata de un tema capital a resolver, como requisito para que no se produzcan hechos similares en futuros compromisos electorales, como los comicios municipales del próximo año.

La pregunta es por qué se llegó a la interrupción del mandato de su propia correligionaria, impulsada en aquel momento por los diputados del oficialismo -y celebrada por Abdo Benítez- quienes inclusive rechazaron la renuncia presentada por McLeod antes de ser juzgada, al solo efecto de humillarla con la destitución.

El problema es político. Desde la victoria de Marito, en abril del 2018, se puso fin a la breve “primavera unitaria” que vivieron los colorados durante la campaña presidencial, sin la cual los números no le hubieran alcanzado para llegar al Palacio de los López. Los vencedores primero tomaron distancia de sus aliados cartistas y después comenzaron a perseguirlos. Incumplieron el acuerdo para que el presidente de la ANR, Pedro Alliana, sea electo titular de la cámara baja, sabotearon la sesión del Congreso para impedir que se trate la renuncia de HC y después le birlaron su banca en el Senado, a pesar de haber sido habilitado por la Corte Suprema, proclamado por el TSJE y ser el candidato más votados en las generales.

Luego se produjo la pérdida de investidura de los senadores González Daher y Oviedo Matto, como parte de una campaña selectiva, presentada bajo el ropaje del combate a la corrupción, pero que nunca salpicó siquiera a los allegados al poder y sus aliados. Y en ese marco, se ejecutó el proyecto para echarle a la intendenta de CDE.

Los ejemplos bastan para ir al fondo de la cuestión. Desde el 23 de abril del año pasado, la estrategia política del nuevo oficialismo fue, por un lado, desprenderse de sus aliados y reducirlos a una fuerza sin ninguna gravitación, de la que se puede prescindir, y por otro lado, retomar las fluidas relaciones que mantuvo antes con sectores de la oposición, para garantizar su sustento político.

Pues bien, esa estrategia, que en los primeros meses pareció darle buenos resultados al oficialismo, es la que está haciendo aguas por todas partes y la que, en Ciudad del Este, fracasó estrepitosamente.

Abdo tiene ahora la necesidad de reorientar la nave, para mantener la gobernabilidad que nunca le garantizarán Efraín, Desirée u otros, y si no quiere seguir asumiendo la culpa por nuevas derrotas electorales. Y para ello tendrá que mirar hacia adentro, aplicando mecanismos que le permitan dirimir las diferencias con sus adversarios en forma democrática, civilizada, sin pretender destruirlos.

Lo acontecido en la capital del Alto Paraná es una señal de alarma que a los colorados, especialmente al sector oficialista, debería retumbar en sus oídos. La disyuntiva que tienen por delante es muy clara: O desandan el camino por el cual hasta ahora transitaron o recibirán nuevas “palizas” en el 2020 y también en el 2023, a manos de otros Miguel Prieto, un joven con muy poca experiencia política y sin ninguna estructura, que les desbancó del poder en uno de sus históricos bastiones.

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.