El ocaso del “anticartismo”

Un hecho casi insignificante, sin trascendencia política, de quinto orden, como es a quién le corresponde ocupar por solo 60 días la banca de Paraguayo Cubas, suspendido por sus inconductas, pretendió ser utilizado para inventar una crisis y dio lugar a un nuevo bochorno en la Cámara de Senadores. El presidente del PLRA, Efraín Alegre, denunció que el reemplazo del legislador significaría la consumación de “un golpe de Estado”, llamando a salir a las calles si eso ocurría, mientras que dos legisladores de su partido, casi llegan a los puños por tal motivo en la última sesión del Senado. Y por supuesto, según los propiciadores de la delirante teoría, “el cartismo”, nuevamente, estaría detrás de todo esto.

A decir verdad, lo que pase con la banca de Cubas, quién la ocupa o si queda sin ser cubierta por dos meses, es algo que a la inmensa mayoría de los paraguayos le tiene absolutamente sin cuidado. Solo un puñado de políticos irresponsables y sus “troles” en las redes sociales están dispuestos a perder tanto tiempo en estas nimiedades, en el afán de generar turbulencias y así ganar cierto protagonismo, tal como lo hicieron en los últimos tiempos.

El supuesto “plan golpista” del cual habla Efraín, así como la tragicomedia protagonizada por senadores liberales en el Senado, no son más que la expresión de una línea política no solo destructiva, que nada aporta al país, sino también torpe, desfasada en el tiempo y en el espacio, que tiene como columna vertebral al “anticartismo”.

Sus promotores deberían comprender, de una vez por todas, que dicha “estrategia” pudo haberles servido para unir en el pasado a todos los molestos con el gobierno de HC, por las más variadas razones, en casos inclusive opuestas, pero en el presente es como luchar contra molinos de viento, contra un enemigo que no es el que toma las decisiones, las cuales están a cargo de quien tuvieron hasta el presente como principal aliado, léase Mario Abdo Benítez.

Ahora bien, que Efraín haga lo que hace y diga lo que dice, no tiene mayor repercusión, o si la tiene, sus efectos se limitan principalmente a su partido, al que ya condujo a dos derrotas consecutivas. Preocupa más lo que sucede en el Senado, siguiendo muchas veces esa “lógica” anticartista, al compás de la cual vino degradándose cada vez más hasta los niveles alarmantes del presente. Si no es Payo, es Friedmman, o Desirée o Buzarquis. Pueden cambiar los nombres de los protagonistas, pero los escándalos están siempre a la orden del día.

A la luz del último de los hechos, la pregunta que cualquier ciudadano se formula, es: Si no son capaces de resolver una cuestión casi trivial, como quién cubre temporalmente una vacancia, ¿qué podemos esperar de ellos cuando tengan entre sus manos temas de capital importancia para el país, como la renegociación del Tratado de Itaipú, o las reformas constitucional, judicial, tributaria, electoral, etcétera, etcétera?

La respuesta es… muy poco o nada, al menos si no se produce un brusco giro de timón, que tenga como punto de partida extirpar el “chip” del “anti” y comenzar a respetar el Estado de Derecho, por el que un vasto sector nuestra dirigencia política muestra muy poco apego, al extremo de que se arroga, desde ambas cámaras del Congreso, el derecho a “interpretar” y “hacer respetar” la Constitución y las leyes, en lugar de la Corte Suprema y los órganos jurisdiccionales.

Hay que propiciar ese brusco giro, desde la sociedad, demandando a senadores y diputados que cumplan con sus funciones e involucrarnos en aquellos temas que son de interés ciudadano, como algunos de los mencionados más arriba, hasta convertirlos en un “clamor popular”.

Ese es proceso que se siguió en el caso del desbloqueo de listas, que probablemente se apruebe en los próximos días, muy a pesar de muchos de los que ahora voten a favor de su implementación, pues, de otra forma, hubiera sido impensable.

¿Qué clase de médicos estamos lanzando al mercado?

El reciente escandaloso caso que involucra a la Universidad María Serrana, donde un grupo de estudiantes logró culminar sus carreras de Medicina de manera meteórica mediante certificados truchos, nos hace cuestionar el nivel de enseñanza de los futuros profesionales de un ámbito sumamente sensible como lo es la salud.  

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

 

Casi, casi, venden “La Patria”

No hay margen para la menor distracción. De no ser por alguien que alertó en las redes sociales lo que el Fondo Ganadero y no sabemos quiénes más estaban tramando, a las 11:00 horas de hoy, viernes, la “Estancia La Patria”, fundad por el coronel Rafael Franco a poco de finalizar la guerra del Chaco, hubiera dejado de ser de… la Patria, perdiéndose con ello todo el valor histórico y cultural que representa para el Paraguay y los paraguayos.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

¡Sanos y salvos!

Vivimos días oscuros, a nadie ya le cabe la menor duda. Una epidemia que se expande sin cesar, al igual que el desempleo y la pobreza, más escándalos de corrupción no resueltos, ya eran detonantes suficientes para desencadenar una crisis aguda, a los que ahora se incorporó otro factor que nunca nos abandonó pero que se hallaba en estado latente: La violencia.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.