Esta vez, ABC no pudo

El próximo juramento de Alberto Martínez Simón como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, a realizarse el martes que viene en la sala Bicameral del Congreso, estuvo precedida por una intensa campaña de calumnias emprendida, cuando no, por un diario que dice tener “fe en la patria”, pero que no duda en recurrir al método del “vale todo” con tal de imponer lo que conviene a sus bastardos intereses corporativos.

Intentó hasta lo inimaginable. Mintió una y otra vez, al extremo ridículo de pretender presentarlo como un “acosador”. Buscó instalar la idea de que su elección representaría una tragedia para la república, la liquidación del Estado de Derecho y el imperio de la oscuridad. Y cuando se percató que tamaños delirios no eran acompañados ni por los legisladores más afines, salvo Paraguayo Cubas, optó por tirotear la terna de candidatos y presionar para que sea devuelta al Consejo de la Magistratura, de manera a que integre otra a su medida. Pero fracasó nuevamente.

Ésta vez, nadie acató lo dispuesto por la “Sala Constitucional” que funciona en la redacción de ABC color.

Ocurre que el curriculum de Martínez Simón, desde que se recibió de abogado con el mejor promedio (4.85), en adelante, incluyendo su carrera como magistrado judicial, no ofrecía flancos débiles, por lo que la historia relatada por el medio nunca alcanzó dicha categoría, reduciéndose a la de una vulgar historieta.

Los senadores, nobleza obliga reconocer, obraron en este caso de manera correcta, con autonomía y no según el libreto preparado de acuerdo a los deseos de Natalia Zuccolillo, quien tiene la misma voracidad que el padre, pero no sus uñas de guitarrero.

Con 33 votos del pleno, el Senado pidió el acuerdo del presidente, este respondió afirmativamente y firmó el decreto correspondiente en menos de 24 horas, y el nuevo ministro de la Corte asumirá el cargo el próximo martes, después de jurar ante ambas cámaras reunidas en Congreso. Fin de la historia o, como señalamos, de la historieta.

En otros casos, desgraciadamente, ABC se salió con la suya. En muchos. Un ejemplo reciente fue el bombardeo feroz al que sometió a la Dra. Elodia Almirón, con todo tipo de falsedades, hasta conseguir cerrarle las puertas del máximo tribunal, en donde hubiera sido un lujo tenerla, considerando, entre otras cosas, que es una de las pocas especialistas en Derechos Humanos, si no la única.

¿Por qué logró con Almirón lo que no pudo con Martínez? Los colorados, que parecen dar los primeros pasos hacia un nuevo rumbo en materia de relacionamiento interno, comenzaron a actuar en bloque, y eso les permite negociar de manera más efectiva con las otras fuerzas políticas. Y este, precisamente, es el segundo motivo de la bronca indisimulada de dicho grupo mediático, pues, a mayor estabilidad política, tiene menores chances de desarrollar su política de sistemático chantaje.

ABC se quedó con las ganas. Ni siquiera pudo escribir las últimas líneas del capítulo de su patética telenovela, que consistía en presionar a Mario Abdo para que no de su acuerdo, pues éste suscribió rápidamente el decreto de aceptación.

Claro, habrá otras y otras campañas en el futuro, antes las que corresponderá que los políticos actúen con el mismo coraje mostrado en el caso de Martínez Simón, y que la prensa no descompuesta las desarticule las veces que sea necesario, haciendo solo lo que nos corresponde: Prensa.

 

“Payo” y sus juzgadores

¿Paraguayo Cubas debe ser sancionado por sus reiteradas inconductas? Sin ninguna duda, son inaceptables en cualquier ser humano, sea senador o zapatero. ¿Tienen sus colegas la autoridad moral y política para imponerle un castigo? La mayoría, definitivamente no, además de haber sido cómplice de su actuar “patotero” durante casi 10 meses. ¿Es la expresión de la decadencia del Senado, como dice Galaverna? La más grotesca, sí, a lo lejos, pero no la más grave. Esta podemos observar en las violaciones periódicas a la Constitución Nacional en las que incurre el Senado, al extremo de contar entre sus miembros a dos personas (Rodolfo Friedmann y Mirtha Gusinky) que no fueron electas y proclamadas, y una tercera (Fernando Lugo), que debería estar en prisión por haberlas digitado, arrogándose facultades que no tenía, en detrimento de la voluntad popular y del Estado de Derecho.

Con respecto a la primera de las interrogantes, solo alguien cegado por el fanatismo, o por sus broncas, puede justificar el proceder de “Payo”, salvo que se lo declare inimputable, en cuyo caso correspondería brindarle la asistencia clínica de rigor, por el bien de quienes le rodean y el suyo propio.

No es normal que alguien “ande por la vida” amenazando a todo el mundo con un cinto en la mano, o que defeque en la sala de audiencias de un juzgado, o que destruya vehículos de la patrulla caminera y del ministerio público (que pagamos todos) o, mucho más graves, que integre el grupo de quienes atropellaron la sede del Congreso y le prendió fuego.

No es normal que alguien obstruya el funcionamiento de un órgano del Estado, que pierda los estribos en casi todas las sesiones y las convierta en capítulos de una telenovela de bajo presupuesto, acusando a sus colegas mujeres de lesbianas y a las funcionarias del Poder Legislativo de prostitutas.

Y no es normal que la mayoría de los 42 senadores (los otros dos que usurpan bancas no cuentan) hayan dejado pasar por alto todo esto, a veces tomando los episodios de demencia como una broma, sonriendo y hasta dándole palmadas al hombro para tranquilizar al iracundo personaje.

Ocurre que al comienzo fue considerado un aliado del nuevo grupo de poder y un enemigo del que había abandonado el Palacio de López, por lo cual, en el cálculo perverso de no pocos legisladores, era mejor hacerse los sonsos y dejar pasar sus comportamientos vandálicos. Les convenía. El blanco era el enemigo cartista. Hasta que un buen día, ellos también pasaron a integrar la lista de los “elegidos” para ser atacados, con la agresividad que caracteriza a Cubas, por todos conocida.

Y entonces se escandalizaron. “¿Corrupto yo?”, se ofendió alguien que antes compró votos. Sus compañeros también se molestaron y, recién ahí, “comprendieron” que el descontrol de “Payo” también podía afectarlos, solicitando se le impongan las sanciones del caso. Habían alimentado al “monstruito” que ahora también a ellos muerde la mano.

Reconociendo que la repentina exigencia de respeto y de comportamiento civilizado está impregnado de hipocresía, eso no obsta que Paraguayo Cubas sea sancionado, ni que, si en verdad algunos le aprecian, lo sometan a un control médico de urgencia. Él es, efectivamente, la expresión más grosera de la decadencia del Senado. Pero acto seguido, se impone que sus juzgadores aborden las expresiones más graves del tremendo deterioro institucional que sufre la Cámara y de la cual ellos son corresponsables, al recurrir frecuentemente al famoso art. 23, que les da la mayoría necesaria para imponer su voluntad, muchas veces al margen de la Constitución y las leyes.

Mientras no encaren esa tarea de fondo, mientras Friedmann y Gusinky sean considerados “interpares” y, sobre todo, mientras no ajusten sus acciones al Estado de Derecho, esta u otras medidas contra “Payo” y quienes sigan su camino no tendrían otra finalidad más que protegerse a sí mismo, con el agravante de que no servirán para apaciguar a la fiera, ni acabar con sus “shows” recurrentes.

 

Sumisión del poder civil al poder militar

El “arresto disciplinario” de la Tte. de Fragata Carmen Quinteros, resuelto por la Justicia Militar y confirmado por la Corte Suprema, nos retrotrae a épocas oscuras en las cuales las mujeres y sus hijos recién nacidos no tenían derechos básicos, consagrados universalmente, como el de amamantar y ser amamantados. Ella reclamó su aplicación y, al no encontrar el eco favorable de sus superiores, encomendó a un abogado que formalizara la petición, en uno de cuyos párrafos fue considerado “un acto de rebeldía”, convirtiéndose éste en la justificación de la arbitraria sanción.

Lo resuelto por el tribunal militar, aunque aberrante desde todo punto de vista, es perfectamente coherente con una institución que nunca se caracterizó por respetar los DD.HH, ni ninguna norma que no sea una derivación de sus propios reglamentos internos, de ese pequeño Estado, dentro del Estado, en el que nadie puede meter siquiera un dedo y para el cual no rigen la Constitución y las leyes a las que debemos someternos “los comunes”, al decir del diputado Portillo.

Hasta ahí no hubo “nada nuevo bajo el sol”, solo un resabio más del autoritarismo típico del viejo y decadente militarismo que en nuestro país data de hace casi 80 años. Sin embargo, la posición del poder civil frente a este es francamente preocupante, empezando por la Corte Suprema de Justicia y siguiendo por la que asumió el presidente de la república.

La máxima instancia judicial de nuestro país, la última a la que podemos apelar los ciudadanos para pedir la restauración de nuestros derechos, en lugar de restaurar los que le fueron vulnerados a Quinteros, optó por agachar la cabeza a la cúpula de las Fuerzas Armas. Lo hizo de la peor manera posible, eludiendo referirse al tema de fondo, que es el atropello cometido por el tribunal militar a la ley 5.508 “De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”.

Esta norma, en su artículo 4, establece que: “El Estado promoverá, protegerá y apoyará la maternidad y la Lactancia Materna Exclusiva hasta los 6 (seis) meses de edad y la Lactancia Materna Complementada hasta los 24 (veinticuatro) meses de edad, asegurando la atención y cuidado de a alimentación de los niños y niñas, y de la madre en periodo de gestación y lactancia. En ningún caso, la mujer será objeto de discriminación o vulneración de sus derechos por su condición de tal”.

Sin embargo, ni los superiores de Quinteros, ni la Corte Suprema hicieron caso alguno a dicha normativa. Al contrario, la pisotearon con total alevosía.

Entonces quedaba la opción de que el presidente corrigiera semejante mamarracho, pero el hombre se lavó las manos y dijo que ya nada podía hacer, porque había un fallo de la Corte y, en consecuencia, solo restaba acatar lo que mandan la ley y los organismos jurisdiccionales.

Peor argumento imposible. El presidente ratificó con ello su completa falta de liderazgo y evidenció también su desconocimiento de lo que significa ser comandante en jefe de las FF.AA, que lo faculta a levantar el teléfono en este instante y ordenar la revisión de la medida disciplinaria, que la Corte Suprema no le ordenó ejecutar, sino lo habilitó para aplicara.

Insistimos, lo preocupante, además del atropello a los derechos de Quintero y su hijo, es la sumisión del poder civil al militar, la agachada de cabeza de la Corte y la actitud al estilo de Pilatos del presidente, sea por ignorancia o, peor todavía, por convicción.

La lección es clara. La defensa y promoción de los DD.HH, de derechos civiles fundamentales, depende pura y exclusivamente de los ciudadanos. Las autoridades, en esta materia, demuestran a diario ser un perfecto fracaso.

 

Senadores “mau” llevan al fango a la democracia paraguaya

En democracia, el poder reside en el pueblo, a través de nuestro voto le otorgamos a los parlamentarios el poder de representarnos en el parlamento, esto como una forma legítima de participación popular para la toma de decisiones, la actuación de quienes nos representan debe sustentarse en lo que dictan las leyes vigentes. La presencia en el Senado de Rodolfo Friedmann, Mirtha Gusinky y Abel González, es un insulto para el soberano, que es el pueblo, y deja en entredicho la calidad de nuestra democracia, ellos ocupan de manera absolutamente irregular un curul en la Cámara Alta, fueron colocados a dedo y con la complicidad de la Justicia que una vez más muestra su desprecio a la ley.

Rodolfo Friedmann y Mirtha Gusinky, del Partido Colorado, son senadores “mau” (falso) porque no fueron electos por el voto popular, y por tanto tampoco fueron proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Sin embargo, por una decisión del presidente del Congreso en 2018, Fernando Lugo, fueron llamados a jurar como senadores en reemplazo de los electos y proclamados senadores Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. Este último fue “indemnizado” por el presidente Mario Abdo con la dirección paraguaya en la Entidad Binacional Yacyretá.

La actuación de Fernando Lugo fue parte de un pacto político de la oposición a Horacio Cartes, para frenar su presencia política en ese poder del Estado. La jugarreta fue denunciada al Ministerio Público en junio de 2018, la acusación contra Lugo fue por usurpación de funciones públicas y desacato, hasta la fecha la fiscalía mantiene adormecida la causa, la cual no solo reivindicaría a Cartes sino a la democracia paraguaya. Duarte Frutos también denunció a Lugo, pero terminó congelando la búsqueda de justicia a cambio de la “indemnización” recibida.

Horacio Cartes se candidató como senador número uno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), tras un veredicto de la Corte Suprema de Justicia que también favoreció al ex presidente Nicanor Duarte Frutos y al ex vicepresidente Juan Afara, quien sí asumió su curul en el Senado.

El otro senador “mau” es Abel González, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tampoco le correspondía la banca que asumió, esa pertenece al suplente Arnaldo Franco, del Partido Colorado, quien debía reemplazar al exsenador Jorge Oviedo Matto (Unace), quien renunció al cargo. El actual presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, llamó a una sesión extraordinaria urgente y sin mediar palabra convocaron a González para jurar, nuevamente se hizo “tabla rasa” de la ley y el mandato popular, en nombre de la componenda para minimizar la presencia del movimiento Honor Colorado en el parlamento.

Parafraseando a Luis María Argaña, hechos como los relatados, son el fango de la política, y a este estado trasladaron la democracia paraguaya aquellos con apetito voraz de poder. Además, habla de la baja calidad de nuestros políticos y de nuestra democracia, donde los votantes, que somos el supremo poder, votamos por alguien que gana pero que finalmente nunca asume el cargo en el debe representarnos.

La cacareada primavera judicial, de existir, debería restablecer la decisión popular, sacar del fango a la democracia paraguaya, y normalizar la institucionalidad en el país.