Galopante justicia selectiva

La venganza es tan vieja como el origen del hombre. En el último año, el país asiste casi a diario a acciones y discursos sustentados en la vendetta política, viene con sus efectos irracionales, aunque en este caso fue el ridículo. La justicia selectiva, como instrumento de punición política, volvió a actuar este jueves en las dos cámaras del Congreso Nacional, con la destitución del cargo a quien ya no lo tenía desde hace varios días atrás y con el desafuero a un senador sin que haya el respectivo pedido de un juez.

La ciudadanía asistió de nuevo al espectáculo de la falta de seriedad de un grupo de políticos paraguayos, que arrasaron a tambor batiente con la institucionalidad. Por un lado, una mayoría coyuntural en la Cámara de Diputados, en una sesión que no contaba con el cuórum correspondiente, procedió a destituir del cargo de intendenta de Ciudad del Este a Sandra McLeod.

El ridículo que hicieron los diputados en la destitución de McLeod radica en que la misma presentó su renuncia al cargo de intendenta la semana pasada, y este lunes concejales de la Junta Departamental de Ciudad del Este aceptaron su dimisión. Es decir, una mayoría coyuntural en la Cámara de Diputados, en una sesión ilegal -por falta de cuórum- destituyeron de su cargo a intendenta a quien hace varios días ya no lo era.

En otro evento la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de fueros del senador Javier Zacarias Irún, parapetada en una orgía mediática alimentada por el poder gubernamental, que viene empujando desde hace varios meses atrás tener en bandeja la cabeza de ciertos referentes del Movimiento Honor Colorado.

Lo suscitado en ambas cámaras del Congreso Nacional devalúan la democracia paraguaya, porque viola el estado de derecho y lesiona gravemente la institucionalidad de la República, por causa del actuar poco serio de mayorías coyunturales, que anteponen sus intereses revanchistas, por sobre el interés de la gente.

En los últimos meses vemos como la justicia no actúa bajo el principio de igualdad ante la ley, con descaro permiten acciones de sus partners, pero que en cabeza de sus enemigos se vuelven pecados capitales. Estos últimos eventos dejan nuevamente de manera diáfana la existencia de una justicia selectiva, que va erosionando peligrosamente la institucionalidad y la democracia en el país.

 

Senabico: más seguridad legal, rendición de cuentas y menos mediatización

En las últimas semanas sonaron varias alertas sobre el actuar de la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), dependiente de la Presidencia de la República, por su esmerado sensacionalismo y una cuestionada gestión en la administración de los bienes incautados y comisados provenientes de actividades ilícitas. Su proceder, alertan, conduce a un posible perjuicio patrimonial al Estado paraguayo, por la serie de demandas que pueden sobrevenir, y en caso de que estas prosperen ante la justicia habrá que pagar resarcimientos económicos a los demandantes y será con el dinero de los contribuyentes.

El primer escollo al funcionamiento de la Senabico se sustenta en la prelación de las leyes, la Constitución Nacional es la primera ley del Estado paraguayo, en su artículo 20, sobre el objeto de las penas, especifica de manera contundente y clara que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscritas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”. La Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados surge al amparo de la Ley N° 5.876 de administración de bienes incautados y comisados, y aquí empieza el argumento jurídico que impugna la existencia de la nueva secretaría de Estado, si la constitución está por encima de otras leyes la existencia de la Senabico es inconstitucional.

Se suma el incumplimiento constitucional de la presunción de inocencia. Puesto que muchos de los bienes de al menos dos procesados que están siendo investigados por presuntos ilícitos ya empezaron a ser vendidos, rematados, alquilados, sin que aún se haya probado por las instancias judiciales su culpabilidad.

A lo citado se adiciona el efecto bumerang de los golpes mediáticos que proporcionó esta Secretaría, dependiente de la Presidencia de la República, generando rechazo y suspicacia en la ciudadanía, por falta de rendición de cuentas de la venta de cientos de cabezas de ganado de un investigado por delitos ilícitos -entiéndase bien, es un procesado y no un sentenciado-, el intento de venta de autos de alta gama de otro investigado, entre otras acciones.

En las próximas horas, los procesados a través de sus abogados defensores iniciarán una serie de denuncias en contra del Estado impugnado la inconstitucionalidad de la Senabico, y la existencia de un permanente incumplimiento de sus garantías procesales.

La Senabico con sus acciones “graciosas”, genera un posible perjuicio patrimonial al Estado paraguayo, al disponer de los bienes de los investigados, sin control judicial. Pensemos en el escenario de ¿qué puede ocurrir? si los investigados terminan siendo sobreseídos, todos sus bienes deben ser restituidos, y si estos ya no existen porque fueron vendidos por debajo de su costo comercial, etc., pueden originar posibles perjuicios al Estado por la demanda que se pueden venir, finalmente será la gente la que debe responder con el pago de sus impuestos, para restituir el daño producido a los sobreseídos.

Corresponde a las autoridades de la Senabico bajarse de la nube mediática, apegarse al derecho, brindar certeza jurídica en sus acciones y sobre todo empezar a rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre el manejo de los bienes a su cargo, el efecto será el fortalecimiento institucional, que mucha falta le hace al país.

 

Discursos vs verdades

La educación es una prioridad reiteran en todo momento el presidente de la República, Mario Abdo y el ministro de Educación, Eduardo Petta. Pero a días del inicio de las clases escolares, de las 7.200 instituciones educativas del país unas 3.136 (44%) se encuentra en mal estado, y 1.541 (21%) están condiciones regulares, pero requieren arreglos. Las cifras del reporte sobre la infraestructura del Ministerio de Educación (MEC) desmienten los discursos oficiales y sacan a la luz la evidente ausencia de gestión en estos seis meses de Gobierno.

Las mallas curriculares, los educadores capacitados, las estrategias de educativas, etc. marcan los resultados educativos de niños y jóvenes. Pero la calidad de los logros académicos de los educandos también tiene estrecha relación con la infraestructura en la cual se desenvuelven. Para el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos esperados. En otras palabras, el estado de las escuelas y colegios incide directamente en el desempeño de los alumnos.

“Una buena infraestructura escolar, con espacios renovados, posibilita que niños y jóvenes que viven en sitios remotos puedan estudiar y, además, tiende a mejorar la asistencia e interés de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Por esta misma razón, las inversiones en infraestructura escolar tienen un papel fundamental para solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema escolar y para mejorar su rendimiento”, afirma el organismo multilateral.

El ministro Petta en sus seis meses de gestión, se enfocó en la auditoría panfletaria al MEC, fiel a su estilo de ex fiscal, puso todos los huevos en la canasta de los réditos políticos y propagandísticos para beneficio propio. A días de iniciar el año lectivo 2019 los estudiantes pagan las apetencias egoístas del ministro, así docentes y administradores no cuentan, como recomendaría la CAF, con las condiciones de comodidad y espacios: temperatura adecuada, ventilación e iluminación adecuadas, con servicio de agua, electricidad e Internet, así como sanitarios y sus respectivos drenajes de aguas negras.

Tampoco podrán desarrollar sus estudios en espacios adecuados para el desarrollo de ensayos y prácticas como bibliotecas, laboratorios de ciencias naturales, de informática, física y química. Mucho menos tendrán espacios para el desarrollo del talento y del entretenimiento, del deporte y la cultura. El desarrollo no se construye con discursos sino con gobernanza, con hechos, en este caso con infraestructura adecuada, como complemento de los demás elementos necesarios para obtener el mayor aprovechamiento por parte de los educandos y educadores.

Al ministro Petta, tan cercano a la lectura bíblica, le recordamos que el camino al infierno este empedrado de buenas intenciones. Los chicos no solo necesitan que el Gobierno y el ministro de Educación tengan buenos propósitos, sobre todo requieren gestión adecuada y oportuna, que se traduzca en el mejoramiento de la calidad educativa, uno de esos elementos tiene que ver con la infraestructura. No nos cansaremos de señalar que es el momento que el Gobierno y el gabinete dejen de mirar el retrovisor y enfocarnos en lo que tenemos adelante, el futuro, y en este caso el futuro de nuestro niños y jóvenes.

 

Justicia selectiva

Pasaron siete meses de “investigación” por parte del Ministerio Público, pero aún no se tiene idea del resultado o al menos de algún avance sobre las denuncias penales en contra del: senador Fernando Lugo, por usurpación de funciones; presidente de la Cámara de Diputados Miguel Cuevas, por enriquecimiento ilícito; presidenta de Petropar, Patricia Samudio, por lesión de confianza; ex gobernador de Guairá Roberto Friedmann, por enriquecimiento ilícito. Existe un hilo conductor en casi todos estos casos, los denunciados de una u otra manera están ligados al oficialismo, este es un indicio claro, casi un hecho, de que la aplicación de la justicia en Paraguay es selectiva, es decir, si estas bajo el paraguas del tendota de turno el largo brazo de la Ley jamás te alcanzará.

Cuelga de una flaca hilacha la afirmación de la fiscal General de la República, Sandra Quiñónez, quien aseguró que las investigaciones de los agentes fiscales a su cargo se aplican sin mirar el color partidario. Porque, en los casos citados la impunidad campea sobre ellos, los agentes fiscales aplican chicanas -trampas legales- para incumplir con su misión de aplicar justicia a todos por igual, y surge la pregunta, ¿pecan por orden superior?

Refresquemos la memoria. El viernes 6 de julio del 2018 Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos acusaron al senador del Frente Guasu de usurpar funciones al no haberles permitido jurar como senadores electos en la Cámara Alta el pasado sábado 30 de junio. Las denuncias sostienen que el ex obispo usurpó funciones de otros poderes, salto sobre la Constitución y se erige como Justicia Electoral y Corte Suprema. El resultado en este caso, es que a la fecha se realizará el sexto urgimiento al Ministerio Público, para que actúe con relación a la conducta de Fernando, que hizo jurar a Mirta Gusinky y Rodolfo Friedmann, como senadores a pesar de no haber sido electos ni proclamados como tales, favoreciendo directamente al Movimiento Añetete.

La última denuncia a Miguel Cuevas y por la que aún está “investigado” fue realizada el pasado lunes 10 de septiembre de 2018, por el edil de Ybycuí Esequiel Cáceres, por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito fraguado cuando administró la Gobernación de Cordillera, también acusó a la esposa del parlamentario, por cobro indebido de honorarios. A cinco meses de investigación la agente del Ministerio Público, Josefina Aghemo, dio lugar a ser recusada por no haber permitido a la defensa técnica el acceso a la carpeta fiscal. Es decir, Aghemo permitió que la inhabiliten a seguir investigando, favoreciendo de esa manera al retraso de la pesquisa y al esclarecimiento de verdad.

El miércoles 17 de octubre de 2018 la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, fue denunciada penalmente por lesión de confianza y tráfico de influencias, porque su gestión en la empresa estatal generó un daño patrimonial, tanto a la petrolera estatal como al Estado paraguayo. Dos meses le tomó al Ministerio Público designar un fiscal para que inicie la investigación. A la fecha el silencio es la respuesta a los avances de la pesquisa.

Otro caso que goza de la “incolora” inactividad fiscal es la del ex gobernador de Guairá Rodolfo Friedmann. El jueves 1 de noviembre de 2018, cerca de un centenar de ciudadanos autoconvocados de Villarrica denunciaron ante el Ministerio Público a Friedman, por la supuesta comisión de una serie de hechos punibles contra el Patrimonio Público. Recién el 17 de diciembre la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, confirmó que ya tiene en su poder la carpeta de la denuncia penal, de esa fecha al día de hoy el silencio se imponen sobre la investigación.

Cómo puede verse, los citados casos penales gozan de la inacción de la justicia, sin embargo, los casos de los referentes que no están ligados al poder gubernamental tienen una peculiar agilidad, sobre todo a la hora de poner en firme las imputaciones.

Entonces “basta unir con flecha” para darse cuenta que los cercanos al oficialismo y que sobrellevan denuncias penales gozan de la impunidad y de su protección. Por tanto, hay una vergonzosa aplicación de la justicia selectiva, el decir lo contrario es faltar a la verdad. Estos hechos tiran por tierra el discurso hipócrita del afianzamiento de las instituciones y de las rectas actitudes apegadas al derecho. Así no se construye patria.