“Gasten, gasten”, pero, ¡por Dios!, háganlo bien

Gastan poco y parte de lo poco que gastan, gastan mal. Esta es la única conclusión a la que puede arribarse, tras el informe que brindó el Poder Ejecutivo y los ministros afectados a la aplicación de los recursos otorgados por la Ley de Emergencia Sanitaria. En consecuencia, cabe preguntarles y preguntarnos: Si ni siquiera utilizan los fondos de los que disponen, ¿qué expectativas medianamente serias podemos hacernos respecto al anunciado “plan de reactivación económica”, cuyo contenido hasta ahora sigue siendo un misterio?

Los datos expuestos por el ministro de Hacienda, de manera confusa y desordenada, indican que de los 1.600 millones de dólares, que estableció dicha normativa como tope del endeudamiento para los “gastos Covid”, se emplearon 1.205 millones. “¡Un 75%!”, exclamaron algunos, casi en tono triunfalista. Sin embargo, el secretario de Estado se refirió a los montos “transferidos”, pero los ejecutados no alcanzan ni el 50%. Y un dato más que revelador; el Ministerio de Salud, de 100 millones de dólares, solo empleó 4, lo que en el marco de la pandemia que nos acecha, resulta verdaderamente escandaloso.

En resumidas cuentas, parte del dinero se destinó a los programas Ñangareko y Pytyvô, lo que está muy bien, otro tanto a al subsidio otorgado por el Instituto de Previsión Social a los asalariados cuyos contratos laborales fueron suspendidos y una cantidad significativa a cubrir los sueldos públicos, dada la menor recaudación y los problemas que el Estado ya venía arrastrando con antelación a la crisis sanitaria. Y aún “sobran” más de 600 millones…

En una situación de profunda crisis, como la que vivimos, estos números son algo así como una bofetada, que contradice principios básicos de la lógica. La propia directora del FMI, Kristalina Georgieva, hizo un llamado a los gobiernos y Bancos Centrales a que “gasten cuanto puedan… pero guarden los recibos”. Una forma elegante de decirles que gasten bien y no se queden con los “vueltos”.

Quién hubiera dicho que desde el Fondo Monetario Internacional, un organismo conocido por implantar “recetas de austeridad”, se promovería el gasto público, el subsidio al desempleo o la urgente adopción de medidas “anti-cíclicas” para hacer frente a la demoledora recesión que afecta a todo el planeta. Pero es así. Uno de los raros efectos que trajo aparejada la pandemia y el gran susto que genera un panorama que, por ahora, tiene a la incertidumbre como única certeza.

El panorama económico y social es francamente desolador. Según el Banco Mundial, la economía paraguaya caería este año -2,8%, Brasil -8%, Argentina -7,3%, Chile -4%, México -7,5%, Perú -12%. América Latina sufrirá la peor recesión de su historia, con -7,2%. Y el impacto social será tremendo, arrojando a la pobreza o pobreza extrema a decenas de millones de personas.

Sin embargo, en nuestro país, ese susto parece no haber calado aún en nuestra clase dirigente, que no reacciona acorde a la magnitud del problema o lo hace de la peor manera, como Salud pública, que tras el estrepitoso fracaso en la adquisición de insumos (escándalos de corrupción mediante) y a 85 días de aprobada la ley de emergencia , hora anuncia que buscará concretar operaciones a través de organismos internacionales de muy dudosa trayectoria, que escapan a los controles y cobran elevadas “comisiones”.

Hay que rectificar rumbos con suma urgencia. Y aunque parezca una paradoja, en esta materia el gobierno y el equipo económico deberían cumplir al pie de la letra el llamamiento de Georgieva: “Gasten todo lo que puedan”, pero ¡por Dios!, háganlo bien, aunque más no sea por esta vez.

¿Qué clase de médicos estamos lanzando al mercado?

El reciente escandaloso caso que involucra a la Universidad María Serrana, donde un grupo de estudiantes logró culminar sus carreras de Medicina de manera meteórica mediante certificados truchos, nos hace cuestionar el nivel de enseñanza de los futuros profesionales de un ámbito sumamente sensible como lo es la salud.  

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

 

Casi, casi, venden “La Patria”

No hay margen para la menor distracción. De no ser por alguien que alertó en las redes sociales lo que el Fondo Ganadero y no sabemos quiénes más estaban tramando, a las 11:00 horas de hoy, viernes, la “Estancia La Patria”, fundad por el coronel Rafael Franco a poco de finalizar la guerra del Chaco, hubiera dejado de ser de… la Patria, perdiéndose con ello todo el valor histórico y cultural que representa para el Paraguay y los paraguayos.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

¡Sanos y salvos!

Vivimos días oscuros, a nadie ya le cabe la menor duda. Una epidemia que se expande sin cesar, al igual que el desempleo y la pobreza, más escándalos de corrupción no resueltos, ya eran detonantes suficientes para desencadenar una crisis aguda, a los que ahora se incorporó otro factor que nunca nos abandonó pero que se hallaba en estado latente: La violencia.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.