Inocultable proselitismo político del nuevo comandante de la Armada

Un nefasto precedente es el reintegro a las filas militares del hermano del vicepresidente de la República, quien pese a sus actividades político partidarias fue restituido y escogido y como el nuevo comandante de la Armada. Es evidente que su retorno, luego de haberse acogido a la jubilación voluntaria, es el fruto del pago de favores que continúa realizando el presidente de la República. Como si fuera una novela del realismo mágico, la “mala hora” parece acercarse a República del Paraguay, a través el retorno de las prácticas del stronismo en tiempos democráticos.

El nuevo comandante se acogió en su momento al retiro voluntario, sin embargo, parece que ese fue el montaje para volver después a un cargo superior de la mano de la política.

En varias fotografías y videos de la época de la campaña electoral interna del Partido Colorado, se ve al flamante nuevo comandante de la Armada, Carlos Velázquez, participando de actividades político partidarias junto con su hermano Hugo Velázquez, a favor del Movimiento Colorado Añetete, que lidera el propio presidente Mario Abdo Benítez. En un audiovisual, inclusive, el militar hace una arenga de tinte político a la gente en una concentración partidaria ante un grupo de gente, donde se encontraban excamaradas y exoficiales de las tres armas de las Fuerzas Armadas: “Había sido tenemos que meternos en la política para poder ayudarles a nuestros camaradas”.

En tiempos de Stroessner era una práctica común que los militares lanzaran arengas políticas a favor del régimen.

El retorno a las Fuerzas Armadas como elemento activo, de un vicealmirante en situación de retiro es mensaje nefasto, que dice a los miembros de las Fuerzas Armadas que para promoverse a los principales cargos solo deben apartarse por un rato, armar un show, hacer hurras a favor de un candidato político y luego serán recompensados retornando a la vida activa con los cargos más importantes.

Además, el retorno a la vida militar activa del hermano del vicepresidente de la República pisoteó el cuello de altos oficiales, que decidieron mantenerse al margen de la actividad proselitista y otros que fueron marginados en su carrera militar por el retorno del vicealmirante político. Esta es una lección difícil de superar tanto para militares como la gente civil.

Lo sucedido con el hermano del vicepresidente de la República, nos retrotrae a la época de Stroessner, es famosa la historia de los generales con el pañuelo colorado, lo sucedido es similar, el retorno del vicealmirante con el pañuelo de Colorado Añetete.

Corresponde al el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas evitar que regrese al país “La mala hora”, debe reflexionar sobre el paso dado y honrar el uniforme militar reviendo su decisión.

Asimismo, la Justicia Militar debe examinar los videos revelados por los medios de comunicación para determinar si la participación político partidaria del comandante de la Armada fue en tiempos en los que estaba acogido a su retiro o aún estaba activo, de ser esto último la gravedad de la situación sería aún más grave.

La gente en Paraguay no quiere regresar a la época triste de la alianza entre el poder político y militar, las autoridades del Gobierno deben recordar que la historia ya juzgo el triste desempeño del stronismo y a sus secretarios.

 

La paz en el campo no se engendra con violencia

No existen ganadores cuando la solución tiene como eje la violencia. Las reivindicaciones no tienen sentido, cuando la vida humana se afecta como fruto de la defensa de los intereses personales o gremiales. Tanto la amenaza de productores sojeros a los parlamentarios, así como la amenaza armada contra los productores a través de una Facebook, no construyen Patria, todo lo contrario, la violencia atrae más violencia, es una espiral ascendente donde todos pierden, donde todos perdemos. Corresponde al Gobierno abandonar su impavidez sobre la violencia en el campo y encontrar soluciones justas para todos los sectores.

La situación de violencia en el campo es un asunto de vieja data, no necesita la “ayuda mesiánica” de senadores como Paraguayo Cubas, que en cumplimiento de su agenda pretende sumarse como un actor más en el conflicto, su presencia el fin de semana en la zona del conflicto sólo sirvió para elevar el grave ambiente existente.

Es innegable la existencia de “civiles armados” en el campo, una fuerza “parapolicial” entre productores y campesinos. Lamentablemente esta es la solución encontrada por los dos sectores enfrentados, sus acciones no responden a protocolos o denuncias de violación a los Derechos Humanos.

El actual gobierno nacional debe continuar con la línea de la anterior administración, usando el diálogo como la principal herramienta para la solución del conflicto. Además,

mover los resortes institucionales correspondientes que ayuden a reducir o frenar las acciones de violencia.

Los colonos y productores paraguayos y brasileños deben comprender que no fue una solución amenazar con un “tractorazo” a los senadores de la República, durante la reunión de estos sectores en la sede parlamentaria. La respuesta no se hizo esperar, “Soy soldado paraguayo”, la fan Page en Facebook, en donde entre otros mensajes se lee; “guerra a los colonos brasileños que reprimen a indígenas y campesinos en el campo…guerra a los corruptos…el Ejército les otorgará (a los reclutados) una jerarquía y un regimiento para la guerra civil”.

La intransigencia y la intolerancia solo teñirán aún más de sangre el campo. El pueblo paraguayo está cansado de muertes en el agro, de campesinos presos, de productores inmovilizados o inversores en huida. El país vive un cambio de época, donde la violencia no es la salida a los conflictos, la ciudadanía demanda cambiar las banderas del choque por las del diálogo y la paz.

 

Transar con la comida de los niños es criminal

Todo hecho de corrupción es deleznable, pero el de intentar sacar tajadas en detrimento del almuerzo de los niños en edad escolar es hasta criminal. Para esos niños ese alimento, ese complemento nutricional no solo es determinante para su crecimiento y capacidad de aprendizaje, sino que en muchos de los casos representa una motivación para no abandonar las escuelas.

Es inadmisible que sigamos teniendo denuncias puntuales y escandalosas de autoridades regionales que se las ingenian para cerrar un beneficio económico con los fondos destinados al almuerzo escolar o a la merienda escolar.

El caso del ex gobernador de Guairá Rodolfo Friedmann y su amigo, el diputado Éver Aricio Noguera, son señalados de haber dejado nada más y nada menos que a 6.700 niños de 36 escuelas del departamento sin la mitad del almuerzo que les correspondía en el 2016.

La denuncia basada en un informe lapidario de la Contraloría General de la República, y que el diario La Nación viene publicando revela que en el 2016, Friedmann adjudicó un contrato de G. 15.452 millones a la empresa ESSA, propiedad de su amigo diputado Noguera, por 1.367.520 raciones de almuerzo escolar. La mitad de las raciones, es decir 683.760, debía ser distribuido en el citado periodo y el resto en el 2017.

Según la auditoría del ente contralor, solo entregaron 480.611 raciones del almuerzo escolar y quedó un faltante de 203.149 raciones por valor de G. 2.295 millones. Por el almuerzo escolar privilegió a Noguera con un anticipo de G. 1.843 millones en el 2016 y, a cambio, su proveedor le entregó “vales de almuerzo”. Pagaron en ese año por almuerzos no consumidos por los escolares del Guairá, cuando el contrato, como el pliego de bases y condiciones estipula que el pago debe ser en base a actas de entrega de los alimentos.

Esto es solo en relación al tema almuerzo escolar, ya que en el informe se menciona otras irregularidades que salpican a la gestión de Friedmann. Sencillamente, Friedmann para favorecer a su amigo, y quizás a cambio de algún beneficio también para él, sencillamente le robaron a los niños del departamento 203.149 platos de comida.Esto no tiene otro nombre más que el ser catalogado como un acto criminal.

Pero como si esto fuera poco, ahora Friedmann y su amigo diputado Noguera forman parte de una comisión para investigar hechos de corrupción, ambos pasaron a integrar la Comisión Bicameral de Lavado de Dinero y Delitos Conexos del Congreso Nacional, es la misma que tendrá a su cargo investigar el caso Darío Messer y asociados.

Friedmann nunca dio explicaciones al criminal acto denunciado de despojo de comida a los niños de su departamento, y solo se refugia en el trillado argumento de la "persecución política", cuando existen elementos contundentes e irrefutables de su conducta dudosa al frente de la gobernación del Guairá.

¿Cómo puede Friedmann encabezar una comisión que investigue algún hecho de corrupción? ¿Una persona sindicada de haber robado raciones de comida a los niños, tiene altura moral para investigarle a quien sea?

 

¿A la justicia no le calienta Petropar?

En el caso de las denuncias contra la presidenta de Petropar, Patria Samudio, por supuesto tráfico de influencias, mal desempeño, desvío o malversación de fondos del Estado, solo responde el silencio, y los trolls en las redes sociales. A casi 20 días de presentarse las acusaciones ante el Ministerio Público, la fiscal adjunta, Soledad Machuca, aún no designó a un agente fiscal para que inicie la investigación. La excesiva dilación en el Ministerio Público sobre un caso tan emblemático debe llamar la atención de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como mínimo podríamos estar ante un “presunto mal desempeño de funciones”.

Llama aún más la atención el excesivo silencio, porque en este caso posiblemente hubo un grave atentado contra el patrimonio público. Petropar como ente del Estado tiene una función social importantísima, hacer todo lo posible para que la población tenga el menor precio posible de combustible, lo cual redunda definitivamente en la calidad de vida de la ciudadanía, puesto que el costo del combustible atraviesa una serie de ítems relacionados con la canasta familiar y el salario de los trabajadores.

Luis Villamayor, asesor jurídico de la Asociación de Operadores de Estaciones de Servicio de Petropar, en declaraciones a los medios de comunicación manifiesta que hasta ahora hicieron “caso omiso” a la denuncia presentada, ante el Ministerio Público, junto con otros gremios. “Ya no tengo muchas esperanzas de que de ahí salga algo serio", lamenta el jurista.

El reclamo de Villamayor es preocupante, si no se mueve una denuncia tan grave como la que presentaron los gremios y el periodista Augusto Barreto, bien se puede pensar que el silencio apunta a un sugestivo plan de protección, no solo a Samudio sino a otros actores del sector privado y del entorno del presidente Mario Abdo, que podrían haberse beneficiado con las gestiones realizadas por la titular de Petropar en sus primeros 60 días de trabajo al frente del ente estatal.

Si bien existe un plazo para designar a un agente fiscal que investigue, en un caso tan marcado como el de las denuncias realizadas por varios gremios relacionados con el tema de los combustibles y por la propia ciudadanía, generalmente la asignación de un responsable de la pesquisa es ágil, no lleva más de 15 días.

Asimismo, es muy sugestivo que Patricia Samudio, que alega inocencia ante las denuncias, no haya sido la primera interesada en ponerse a disposición de la justicia y ella misma impulsar el caso para que se aclare con prontitud, así podría demostrar que no existió ningún hecho punible, pero esto tampoco sucedió hasta el momento.

A más del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados, que debe sospechar de la posible existencia de un presunto mal desempeño de funciones por parte de la fiscal adjunta, Soledad Machuca, la ciudadanía también debe estar muy atenta al desarrollo de los hechos en el caso de Petropar, porque el perjudicado es un ente público y porque tiene mucho peso en los componentes económicos del bolsillo ciudadano.