IPS: ¿Trabajar más años para percibir aún menos?

El tema de la seguridad social es uno de los más sensibles y vapuleados en el planeta. En los países de la región, Chile fue el primero en destruirla, vía privatización, con resultados que hoy están a la vista de todos, y algo similar sucedió a lo largo y ancho de América Latina. Es absolutamente comprensible, pues, que a todos se nos pongan “los pelos de punta” cuando escuchamos decir al presidente del IPS, Andrés Gubetich, que el gobierno pretende modificar la Carta Orgánica de la institución, a fin de elevar la edad jubilatoria de 60 años a 65 y aumentar de 3 años a 10 el periodo para determinar el promedio del monto a cobrar al cabo de 3 décadas de trabajo, lo que implicaría su disminución.

El argumento esgrimido por el funcionario es que si no se toman esas medidas la previsional colapsaría en el 2050, según un cálculo actuario. Sin embargo, no es razonable concluir que la única fórmula para evitar ese desenlace sea que la gente deba trabajar más tiempo para percibir menos.

El propio Gubetich reconoce que solo 4 de cada 10 trabajadores recibe cobertura del IPS, lo cual significa que el 60% restante es víctima de la evasión en la que incurren sus respectivas patronales, quedando fuera de los servicios de salud y a la espera de una vejez paupérrima.

El Estado y el Instituto cuentan con los instrumentos necesarios para combatir este flagelo y reducir progresivamente el altísimo porcentaje de evasores, fortaleciendo significativamente el fondo de jubilaciones y pensiones. Pero no lo hace.

La Caja de Aporte Obrero Patronal, históricamente hizo “la vista gorda” y “transó” con los infractores a cambio de “coimas” para seguir operando de manera informal, violando con total impunidad las leyes laborales. Y tanta es la falta de voluntad política para cambiar esta realidad que la propia entidad, acción judicial mediante, impide que se divulguen datos de las empresas que no cumplen con sus obligaciones en esta materia.

Otro dato revelador de esta indisposición oficial a la búsqueda de alternativas que no castiguen al trabajador es la deuda que tiene el Estado con la previsional, por valor de 420 millones de dólares, según lo declarado por el propio Mario Abdo Benítez. ¿Acaso no variaría drásticamente el aludido “cálculo actuarial”, de manera positiva, si se ejecuta un plan para honrar dicho compromiso?

Nada de esto significa rechazar la necesidad de reformar una Carta Orgánica que tiene 50 años, adecuándola a las necesidades del presente y que garantice la sustentabilidad de la entidad en el futuro.

Lo que significa es que cualquier cambio debe ser para un mayor bienestar del trabajador y no para seguir profundizando la desigualdad social imperante, que nuestras autoridades, aunque sea por un sentido de auto preservación, deberían percatarse de los peligros que conlleva, como ya” avisaron” varios países de Sudamérica.

 

Crimen organizado: El Estado pierde por goleada

Es verdad que el Gobierno ha dado golpes importantes al crimen organizado en relación a los 205 delincuentes expulsados, las incautaciones importantes de cocaína y marihuana llevadas a cabo por la Senad, pero, siguiendo la analogía gubernamental son pequeñas "guerritas" las ganadas hasta ahora, mientras que sólo en cuanto a los eventos protagonizados en las penitenciarías acontecidos en un año y medio, confirman que la delincuencia lleva la delantera y nos gana por goleada.

Desde el cruel y terrible asesinato de una joven de 18 años protagonizado por Marcelo “Piloto” en noviembre de 2018 en su celda de la Agrupación Especializada, con la pretensión de evitar su extradición, seguido por la inédita decapitación de 10 reclusos, en junio del año pasado, a raíz de un enfrentamiento entre el PCC y el clan Rotela en la penitenciaría del San Pedro. La toma de rehén de un guardiacárcel por parte de tres miembros del PCC en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) en Cambyreta, luego la fuga del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio González, alias “Samura” en setiembre último, en plena Asunción y que le costó la vida a un comisario y ahora la liberación de los 76 reclusos en Pedro Juan Caballero, ponen al descubierto lo que toda la sociedad reconoce como el rotundo fracaso de nuestra política penitenciaria.

Lo relatado son acontecimientos que no se pueden minimizar, de lo contrario, no se podría asumir con seriedad el problema. No se trata del cambio de hombres, se trata de definir el modelo o la estrategia que se debe implementar para hacer frente al crimen organizado que hoy utiliza las penitenciarías como centros de reclutamiento.

Hasta ahora las autoridades están en el juego de buscar culpables y tirarse la pelota entre instituciones. Nadie habla de un plan a largo plazo. Ya se reconoció el error cometido, fruto de una mezquindad política, la de dejar a foja cero el proyecto que pretendía la construcción de nuevas cárceles y que incluso tenía financiación propia.

Hoy al retomarse se perdió tiempo y la habilitación de nuevas cárceles de máxima seguridad llevará su tiempo y en dónde se pretende arrancar con una estrategia de dignificar el trabajo del personal penitenciario con formación integral enfocada a la labor que desempeñarán.

Pero mientras tanto, las instituciones antes que culparse mutuamente deberían articular la manera que trabajarán en forma coordinada más allá del oportunismo para sacar alguna ventaja de la coyuntura, de lo contrario se seguirá cumpliendo al pie de la letra el libre de la organización criminal que a toda costa pretende erosionar las instituciones y secuestrar al Estado.

 

Las “otras” epidemias de las que nadie habla

La sicosis está por las nubes. Todos corremos a las farmacias en busca de repelentes en sus más variados formatos. Gastamos lo que tenemos y no tenemos para alegría de los que producen y o representan dichos productos. Y como cuando las candidatas a miss universo concluyen sus presentaciones llamando a “la paz mundial”, nuestras autoridades terminan cualquier declaración, sobre el tema que fuere, instando a “eliminar los criaderos de mosquitos”. Este es el enemigo público número 1, el culpable de todos los males que, para colmo, revolotea impune a nuestro alrededor infectando a quien sea con el virus del dengue, sin respetar clases sociales, género, ideologías, ni religiones.

Declarada la epidemia, la reacción social es la misma de siempre, como también los discursos de los responsables de la salud pública. Histeria colectiva, por un lado, y catarata de recomendaciones idénticas a las que venimos escuchando desde hace 20 años, por el otro, incorporándose en esta oportunidad el ofrecimiento de vacunas “milagrosas”, listas para “desplumar” a los incautos.

Se habla de 10 fallecimientos atribuidos a esta enfermedad y existen3.000 notificaciones por semana, mayoritariamente en Asunción y Central, despejando cualquier duda sobre la importancia de combatirla

Ahora bien, las estadísticas demuestran que las defunciones asociadas al dengue están muy lejos, hacia abajo, de las que se producen por otras afecciones absolutamente prevenibles. Solo por gastroenteritis (diarrea) murieron 77 personas en el 2018, la mayoría de ellas criaturas, según registros oficiales. Otro dato, de cada 1.000 nacidos vivos, 18 no llegan al primer año. La mortandad materna sigue siendo alarmante, sobre todo entre las madres que forman parte de los sectores más “vulnerables”, como se denomina finamente a los miserables.

En efecto, la peor de las epidemias, “la madre” de todas ellas, se llama pobreza. Esa que castiga en forma dramática a 700.000 personas que sobreviven en condiciones inhumanas, con ingresos inferiores a 10.000 guaraníes por día (pobres extremos) y que también impacta sobre los pobres “a secas”, alrededor de 2.000.000, que perciben hasta G. 20.000.

Los niños que pertenecen al primer grupo, el de los indigentes, ya sufren las secuelas de la desnutrición desde el vientre materno y, los que tuvieron la “suerte” de no perecer de recién nacidos o en sus primeros años, padecerán de cretinismo hasta el fin de sus días.

Así, las enfermedades no se previenen ni se tratan una vez declaradas, y se “alimentan”, valga la ironía, de suprema ignorancia.

El problema no se limita a los pobres extremos. Los que están un escaloncito más arriba se inscriben en las generales de la ley, aunque disponen de algunas herramientas más que los anteriores, e incluso los que no son considerados pobres por el solo hecho de contar con ingresos superiores a los 100 dólares (¡ridículo!) y hasta tienen el privilegio de ser asegurados del IPS, pero no tiene para remedios, ni para estudios, que le son diferidos para 3 o 4 meses después, cuando el mal ya puede ser incluso irreversible.

Que no se mal interprete lo antedicho. No está mal que como sociedad nos escandalicemos, aunque tardíamente, por la epidemia del dengue, ni que las autoridades, con notorio retraso, ahora se pongan las pilas. Lo que está mal, muy mal, es que no lo hagamos por otras epidemias con las que convivimos todos los días, que están ahí, en nuestras narices, pero se hace poco o nada al respecto, a pesar de sus costos infinitamente más graves.

 

Ausencia de balances es todo un balance

Se fue el 2019 y los tradicionales balances brillaron por su ausencia. Ni los partidos políticos, ni el gobierno, ni los gremios empresarios, ni las organizaciones sociales, ni las Iglesias, ni la prensa dijeron una sola palabra al respecto. Llama la atención, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que el año que despedimos estuvo cargado de hechos significativos, de gran relevancia para la vida de todos los paraguayos.

Después de 17 años de aquella caída profunda del Producto Interno Bruto (PIB) a -2.2% y casi 15 de crecimiento sostenido en el orden del 4%, el país volvió a entrar en recesión, ese concepto que hace rechinar los dientes a los economistas y tiene consecuencias prácticas, altamente nocivas, en las condiciones de vida de la población, de por sí nada buenas.

En el ámbito político institucional, la crisis alcanzó nuevamente dimensiones sumamente peligrosas, al extremo de que estuvimos a un paso de presenciar un juicio político y la posible destitución del presidente, que hubiera sido el tercero en la etapa democrática, luego de Fernando Lugo (2012) y Raúl Cubas (1999).

En Asunción, su hasta hace pocas semanas intendente, Mario Ferreiro, se ganó el triste “galardón” de ser el primero en no culminar su mandato desde el advenimiento de la democracia. Pero la misma rosca de corruptos e ineptos sigue manejando las riendas del municipio.

Para completar, la región está que arde. Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, aún con matices diferentes, revelan el nuevo escenario que vive el subcontinente, en el que aumentaron en forma superlativa el descontento hacia las antiguas direcciones políticas y los cuestionamientos hacia un modelo económico incapaz de ir corrigiendo satisfactoriamente las profundas desigualdades sociales.

¿Y no hay hechos positivos?, preguntará el lector. Seguro que sí, pero no de la magnitud suficiente para ubicarse por encima de lo antedicho, que a pesar de su gravedad no fue motivo de reflexión y debate.

Pareciera que existe terror a reconocer la realidad -cuando esta se muestra adversa- y que todo el esfuerzo gira en torno a proyectar la idea de que el futuro será mejor, algo por todos anhelado, pero que si no se traduce en planes y acciones, es marketing sin resultados.

El problema es que si no asumimos lo que pasó y, sobre todo, por qué pasó, mal podríamos evitar que hechos similares se repitan en el futuro, ni tomar las medidas adecuadas para que el país retome la senda del crecimiento, con el eje puesto en la generación de empleo genuino, en la salud y la educación púbicas y, en términos más generales, en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo.

En eso radica la importancia de realizar un balance serio, cuya inexistencia es, de por sí, todo un balance.