ITAIPÚ: INJUSTIFICADO SECRETISMO Y FIN DE CONCESIONES DEL BRASIL

Cinco meses después de iniciarse las negociaciones y a dos meses de haber puesto la firma, el país recién ahora tomó conocimiento de la existencia de un “acta de entendimiento” entre Brasil y Paraguay, sobre el aumento de la potencia que debe contratar la ANDE de Itaipú. Fue en el marco de la sorpresiva renuncia de Pedro Ferreira a la presidencia de la estatal, a la que se sumó ésta mañana la de Fabián Cáceres, quien se desempeñaba como gerente técnico. Al “secretismo” que rodearon las negociaciones, se agregó en la mañana de hoy la rueda de prensa convocada por el gobierno, para que nuestro embajador en Brasilia, Hugo Saguier Caballero y el reemplazante de Ferreira, Alcides Jiménez, intentaran explicar los alcances del acuerdo. Pero esta resultó un verdadero fiasco.

Según los voceros oficiales, el “acuerdo” en cuestión, cuyas negociaciones arrancaron en el mes de marzo, sería “un gran logro para el Paraguay”, que garantiza previsibilidad en materia energética de cara al futuro, aseguraron que “no habrá aumento de las tarifas” e, incluso, adelantaron que como consecuencia de lo pactado hasta “podría registrarse una disminución”.

Sobre el secretismo de las negociaciones solo se refirieron al pasar, con la misma falta de convicción que caracterizaron sus anteriores aseveraciones. Y lo más importante, ni siquiera pudieron presentar una síntesis de lo suscrito por “las altas partes”, pues eso, de hecho, hubiese desmoronado todo lo antedicho.

Técnicos consultados en la materia coincidieron en desmentir lo expuesto durante conferencia, asegurando que lo dispuesto sí tendrá un impacto directo en los costos operativos de la ANDE y… en sus tarifas. Así lo hicieron el ex director de Yacyretá, Ángel Recalde, el ex presidente de la empresa, Víctor Romero y el ingeniero Guillermo López Flores; todos de vasta experiencia en el ámbito energético.

A modo de ejemplo, López señaló que nuestro país contrataba y pagaba por 100 megavatios, pero retiraba 150; los 50 de diferencia a menor precio. Esta habría sido una “concesión” de Brasil por consideraciones políticas, al margen de lo estipulado en el Tratado, para que la ANDE se capitalice o invierta. Pero después de ese largo periodo, en el que no se hizo ni lo uno ni lo otro, el gobierno de Bolsonaro resolvió poner término el beneficio que recibía nuestro país y, ajustar las operaciones a lo que estipula el Tratado: Contratar los 150 megavatios y pagar por ellos si ningún “descuento”.

La diferencia de costos, de aquí al 2022, sería de 250 millones de dólares; un vagón de dinero para la ANDE. ¿Cómo entonces, si aumentarán los desembolsos de la empresa, podrían mantenerse o disminuir las tarifas?

La respuesta, irónica, corrió por cuenta del ing. Recalde. “No hay forma de evitar que esto se traslade al consumidor final, salvo que la ANDE tenga una máquina de fabricar dólares o restrinja las inversiones”, aclarando que esto sería letal para la empresa.

El secretismo con el cual procedió el gobierno en esta materia, más las explicaciones de hoy (que nada explican), solo potencian las sospechas en torno a la polémica “negociación”, en la que una parte impuso su voluntad y la otra perdió un importante beneficio.

No sabemos si, como dice el gerente técnico renunciante, se podía frenar la pretensión brasilera u obtener algo positivo para nuestro país en caso de ser inevitable. Lo único concreto, por el momento, es que debemos prepararnos para recibir próximamente un “bolsillazo”, además del sabor amargo que nos deja la “confidencialidad” del arreglo, acentuado por el hecho de estar en pleno proceso para renegociar globalmente el Tratado.

 

Se les fue de las manos

No sabemos aún como va a “cerrar” el conflicto que protagonizan los taxistas de distintos puntos del país. “Sentatas” cerrando el tránsito en arterias claves de Asunción, como la avenida Mariscal López, cierre de todos los accesos al Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, y represiones son algunas de sus expresiones. Lo único que por ahora podemos afirmar es que a la Municipalidad de Asunción y al gobierno este tema se les fue completamente de las manos. La absoluta inacción de nuestras autoridades que ahora pareciera pretenden revertir, pero a un costo inevitablemente más elevado.

No se trata de impedir o restringir el derecho ciudadano a manifestarse, sea del sector que fuere, incluyendo desde luego a los taxistas. El problema se plantea cuando las autoridades, que tan poca autoridad proyectan con su actuar displicente, no son capaces de prever los problemas o abordarlos correctamente cuando estos comienzan a hacer eclosión. Recién lo hacen cuando ya tienen el agua a la atura de las narices. Y cuando la ciudadanía, o una buena parte de ella, expresa su hartazgo ante el atropello de su derecho a transitar libremente, algo de lo cual es despojada frecuentemente por cualquiera.

Hace una semana, cuando los trabajadores del volante realizaron una protesta, avisando lo que se venía, el ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, justificó la no intervención policial bajo el supuesto de que era “un problema de tránsito”, tirándole la pelota a la Municipalidad de la Capital, un disparate de antología.

La “administración Ferreiro”, por su parte, se demoró tanto en intervenir como lo hizo con la aplicación de los fondos para el desagüe pluvial o los del Fonacide o la reparación de las calles. Una eternidad. Y no le fue fácil, tomando en consideración la comunión de intereses que unió por años a la municipalidad con los taxistas.

Ahora acaba de desatarse la represión, en uno de los puntos neurálgicos de la protesta. Balines de goma, garrotazos y, seguramente, heridos que lamentar.

Los taxistas encararon muy mal el conflicto en curso, desde un comienzo. Las autoridades nacionales y municipales, igual o peor, pues son las encargadas de resolverlo, cosa que no hicieron cuando debieron.

Y esta historia, desgraciadamente, está lejos de finalizar.

 

Duele decirlo, pero… “Desastre ko Marito”

El país está semiparalizado y la gente, en sus bolsillos, lo sufre a diario. Este hecho, sumado a la ausencia de planes para hacer frente a los problemas y las desafortunadas declaraciones que realiza el presidente con frecuencia, dio vida a un slogan o “marca” casi tan popular como la chipa, la mandioca o el tereré: “Desastre ko Marito”. Pero he ahí que algunos “genios” de las comunicaciones dieron riendas sueltas a su vocación “trepadora” y convencieron al entorno presidencial de la necesidad de responder a tamaña afrenta. Hay que reivindicar al jefe, “pensaron”, y ahí salieron -presurosos- los escuderos del Rey, con Marly, Solcito y funcionarios de Petropar a la cabeza, a los que se sumaron unas docenas de perfiles falsos bajo el hashtag #OikoiteMarito, quienes, con toda justeza, se hicieron merecedores del premio mayor a la mediocridad y al disparate político, por lograr un resultado exactamente contrario al pretendido.

¿En qué podrá fundarse el “OikoiteMarito?.

En la penosa situación de la salud pública, evidentemente no. Así lo evidencian la falta de insumos básicos en el Hospital de Clínicas, uno de los motivos de la huelga actualmente en curso, y los sucesivos conflictos en el Hospital Nacional por causas similares, que son prácticamente las mismas en todos los establecimientos sanitarios del país.

En la que se registra en el campo de la educación, tampoco. Como ejemplo basta señalar que el gobierno y su ministro del área, Eduardo Petta, ni siquiera son capaces de cubrir las vacancias de docentes, a pesar de haber adelantado las vacaciones supuestamente para dicho fin.

¿Tal vez en el de la seguridad?. Menos que menos. El propio ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, admitió (sin querer) que el crimen organizado se expandió y es responsable del 47% de los homicidios. Y aunque no lo hubiera hecho, la “toma” de Ypejhú y Liberación por parte de bandas de narcotraficantes, que además convirtieron a las cárceles en sus puestos de comando, así como la ola de robos y asaltos que azotan a la población, son demostraciones de que, en este frente, también estamos peor.

¿En la eficiencia en materia de gestión?. Ni por casualidad. El gabinete, salvo contadas excepciones, está compuesto por una banda de inoperantes, tal como lo refleja la pobrísima ejecución presupuestaria en carteras claves como Obras Públicas y Urbanismo, entre otras.

¿Se referirá entonces a los logros en la economía?. Los principales indicadores muestran un claro retroceso. El crecimiento del PIB será este año, en el mejor de los casos, del 1%, frente al 4 o 4,5% de años anteriores, es decir, muy por debajo del aumento de la población. Cayeron las exportaciones y también las importaciones, éstas, porque disminuyó el consumo interno. Y en consecuencia, en este primer semestre, el fisco recaudó menos que durante el mismo período en el 2018.

Lo mismo puede decirse del supuesto combate a la corrupción y la consigna de “caiga quien caiga”. Los chanchullos en el MITIC, el escándalo en el IPS, el apoyo a Miguel Cuevas como presidente de Diputados durante un año y los festejos por la liberación del diputado Ulises Quintana, procesado por sus vínculos con el narcotráfico, son algunas muestras del doble discurso imperante.

Sorprendentemente, el presidente de la república cree estar haciendo bien las cosas (#OikoMarito), según declaró ahora a la prensa, a la cual también dijo no comprender por qué se califica su gestión como desastrosa. Y esto sí causa preocupación, pues implica una negación de la realidad a escala superlativa.

En suma, la “campaña de desagravio” que impulsan sus allegados y sus propias manifestaciones ante las críticas, refuerzan aún más lo que, sin imaginación alguna, pretenden desinstalar: “Desastre ko Marito”.

 

Inseguridad: Estamos peor y “Juancho” lo sabe

En charla con la 970, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo que en materia de inseguridad “estamos igual que antes”, atribuyendo la situación a la escases de recursos humanos y técnicos. Sin embargo, en el transcurso de la entrevista fue soltando otros datos, como por ejemplo, que se expandió la actividad del crimen organizado, responsable nada menos que del 47% de los homicidios, según datos de Naciones Unidas. La conclusión es obvia. No es verdad que estemos igual, sino peor, como lo percibe acertadamente el grueso de los ciudadanos, a la luz de los hechos que se suceden.

El ataque narco registrado en Ypejhú, la matanza en la cárcel regional de San Pedro y, más recientemente, el terrible suceso en la localidad de Liberación, son pruebas irrefutables de que el secretario de Estado y el gobierno de Abdo Benítez deben darse un baño de realismo y asumir, sin tapujos, la incapacidad de reacción del Estado paraguayo, ya ni hablemos de prevención.

En el primero de los casos, las autoridades nacionales se lavaron las manos, diciendo que se trataba de “una guerra entre narcotraficantes”. En el segundo, le adjudicaron al hacinamiento existente en las penitenciarías y anunciaron la construcción de más cárceles y, en el tercero, solo resaltaron la insuficiencia de personal policial en la zona.

Lo cierto es que tanto en Ypejhú, como en Liberación, los traficantes “se pasearon” por la ciudad por más de 30 minutos, atacando los blancos pre establecidos y sin recibir respuesta alguna de la Policía, ni durante el desarrollo de ambos operativos, ni después. Hicieron lo que quisieron y después se retiraron, como lo hace cualquiera al término de una fiesta.

Lo mismo pasó en San Pedro, que trasciende por completo los límites del ministerio de Justicia y del Poder Judicial, de indiscutida responsabilidad en la cuestión. Desde las cárceles, las bandas criminales como Primer Comando Capital y Comando Vermelho, hasta el Clan Rotela, actúan con total discrecionalidad, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional de primerísimo orden. Dos semanas antes, las autoridades del ramo fueron informadas de que podía suceder algo muy serio. Pero ni Justicia, ni el ministerio del Interior, tomaron nota o se enteraron de lo que se venía.

Si a esto sumamos los asesinatos que se registran con suma frecuencia en Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, etc; más los asaltos callejeros y los robos que a esta altura del campeonato son “nuestro pan de cada día”, sería cosa de necios desconocer que la inseguridad es un flagelo que nos castiga cada vez con más fuerza.

De todas formas, es probable que Villamayor, siguiendo el “ejemplo” del mismo Marito, no admita el fracaso del Ejecutivo en esta materia, pero en sus fueros íntimos sabe perfectamente que la seguridad del país, digan lo que digan, hace aguas por todas partes.