Juicio al contralor, fin de una parodia

Mañana se baja el telón del mal llamado juicio político al Contralor General de la República, Enrique García, acusado por la Cámara de Diputados en julio del 2018 y juzgado por el Senado recién desde marzo del corriente año, cual si fuera un juicio penal u ordinario. No sabemos si los senadores optaron por este camino para dilatar al máximo el procedimiento, con el objeto de “enfriarlo” y hacer aceptable su eximición o, en el mejor de los casos, si lo hicieron como consecuencia del “trauma” ocasionado por el proceso “sumarísimo” al que fuera sometido en su momento Fernando Lugo, para dar pie a su destitución. En cualquiera de los casos, el resultado, más allá del hecho puntual que afecta al titular de la Contraloría, es la perversión de un instrumento constitucional concebido pura y exclusivamente para separar del cargo a ciertos funcionarios, siguiendo los pasos previstos en la Constitución.

La acusación a García se produjo hace nueve meses y desde que la Cámara Alta inició el juicio, el 18 de marzo, ya transcurrieron casi 36 días. Primero le otorgaron un plazo de 8 días a Diputados, para que presente las acusaciones (pobres por cierto) preparadas hace una eternidad, y luego de cumplida formalidad, establecieron un período de 4 semanas más para que García “tenga tiempo” de preparar su defensa, garantizando así “el debido proceso”, según dijeron.

Estamos, pues, ante una autentica PARODIA, con mayúscula, que contradice lo que establece la norma constitucional y toda la doctrina en la materia. En efecto, el artículo 225 de la CN dice que “el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político… Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos…”

El Senado no impone una condena de carácter penal. No los manda presos, ni nada por el estilo. No cumple las funciones de los órganos jurisdiccionales. Se convierte en juzgador, con la capacidad de fijar el castigo al funcionario en cuestión, que se limita a su la destitución.

Los más influyentes abogados constitucionalistas del Paraguay y de diversas regiones del planeta se han referido una y otra vez al juicio político. Y todos ellos arrancan diferenciándolo con claridad de un juicio ordinario. Por eso, cuando escuchamos a senadores o al propio Presidente hablar del “derecho sacrosanto” al debido proceso, del respeto a los plazos procesales, como los previstos para cualquier motochorro o asesino, solo podemos sentir que pretenden embaucarnos como si fuéramos unos perfectos ignorantes.

A decir verdad, este es un tema que no genera confusión ni a estudiantes de Ciencias Jurídicas de los primeros años.

Se podrá estar a favor o en contra del mecanismo, pero tal como figura en nuestra Constitución, la Cámara de Diputados, si reúne mayoría calificada de dos tercios, puede iniciar juicio político a los funcionarios que ella enumera, y si en el Senado ocurre lo mismo, este cuenta con la facultad de resolver su restitución, sin más trámite, de un plumazo.

Por lo demás, si los senadores obran en consecuencia con lo que ahora sostiene, deberían asumir que en el pasado muchos de ellos lo hicieron en sentido opuesto, violando la Constitución y las leyes. Que procedieron de manera ilícita al remover a Fernando Lugo, así como a varios ministros de la Corte, a través de juicios de breve duración. Y, todos los que procedieron de esa manera, deben ser juzgados y condenados, en algunos casos, por golpistas.

Esto, sin embargo, no tendría nada que ver con la realidad. Más allá de los cambios que efectivamente requiere el art. 225, para restarle discrecionalidad a los senadores y otorgar al soberano la capacidad de incidir en un tema de su máximo interés, como en otros países, no fue antes cuando actuaron de manera incorrecta, sino ahora, después de este absurdo simulacro de juicio político.

En lo que respecta a Enrique García, solo cabe señalar una cuestión: Los mismos sectores políticos que le acusaron hace 9 meses, son los que ahora probablemente “lo absuelvan de culpa y pena”, lo que no puede producir otra cosa más que un fuerte olor a podrido.

 

ABC crea tormenta, donde ni siquiera sopla el viento

La semana se presenta “movida” desde el punto de vista político, mucho más que las razones que sirven de base para anunciarla de ese modo: El desbloqueo de las listas de candidatos a cargos pluripersonales. No es una discusión de principios, ni de cuestiones estratégicas que puedan alterar el curso del proceso. La novedad es que a partir de su aprobación los electores podrían escoger a uno (dos o tres) de los postulantes que figuran en una ubicación relegada de la nómina, para que ocupe un lugar más preponderante dentro de ella y así tenga mayores chances. Sin embargo, algunos lo presentan como “el sumum” de la vigencia y perfección de los derechos ciudadanos, así como garantía de la calidad en los cargos de presentación popular, y denuncian la supuesta oposición de sectores del coloradismo, tal vez en el afán de crear tormentas donde ni siquiera sopla el viento, pues tanto Cartes como Abdo Benítez se pronunciaron a favor de cambiar la legislación en lo que a esto concierne.

Se trata de un reclamo muy extendido en la ciudadanía, que se plantea desde hace 10 años, más en rechazo a la denominada “lista sábana” que a las virtudes del desbloqueo, cuyo real alcance manejan muy pocos. De hecho, en el Senado existen cinco proyectos, desconocidos para la mayoría de los que respaldan la iniciativa, creyendo que su aprobación permitiría erradicar del Congreso a los considerados “impresentables”.

Desgraciadamente no existe fórmula alguna que cierre las puertas a los catalogados de tal manera, salvo la necesaria autodepuración de todos los partidos, sin excepción alguna, lo que parece improbable al menos en el corto plazo. Ahí están los ejemplos de los países en donde existe el desbloqueo y hasta inclusive las listas abiertas, que provocaron un marcado debilitamiento del sistema de partidos, pero no impidieron a “los impresentables” seguir presentes en sus congresos, envueltos en grandes escándalos de corrupción, como en Brasil y Argentina.

El desbloqueo debe tomarse como lo que es. Un paso en sentido a la democratización de nuestro régimen electoral, no como el remedio a todos sus males.

Opacados por la cuestión de las “listas sábana”, hay otros temas de gran trascendencia que sí pueden incorporarse en la normativa electoral, como la representación directamente proporcional, en sustitución del sistema D´Hont, que perjudica sensiblemente a los partidos y movimientos minoritarios, o la gratuidad del transporte público el día de los comicios, para que los grandes aparatos electorales no tengan tantas ventajas sobre el resto, así como la efectiva obligatoriedad del voto, sanciones mediante para quienes no cumplan con el deber cívico, que le otorgará mayor legitimidad a las autoridades electas.

Por supuesto, ninguna buena razón servirá para que los eternos hacedores de inestabilidad e incertidumbres renuncien a sus fines. Medios de prensa, como ABC y Telefuturo, o políticos como Efraín y Payo, saben perfectamente que un debate político serio es para ellos el peor de los escenarios, pues no tendrían nada razonable que proponer a la sociedad. Por eso alimentan falsas expectativas sobre la supuesta “panacea” del desbloqueo y, prisioneros del enfermizo “anticartismo” que los caracteriza, denuncian las supuestas “dobles intenciones” de HC, sin decir cuáles serían y menos aún probarlas.

La experiencia de los últimos procesos electorales echa por tierra tales acusaciones. Honor Colorado, nobleza obliga a reconocerlo, siempre permitió la participación de todas las listas que quisieron representar a dicho movimiento y, en esa calidad, llegaron al Senado el actual presidente de la república, Mario Abdo Benítez, al igual que Juan Carlos Galaverna, Enrique Bacchetta y otros.

El próximo jueves 25, la mayoría de los senadores, con certeza, aprobarán el desbloqueo de las listas, sea para las internas y las generales, o solo para las primeras, lo que no cambia la esencia de la cuestión. A partir de ahí, lo fundamental será establecer la tecnología para llevarlo a la práctica, que no puede ser otra más que las urnas electrónicas y, sobre todo, abordar los otros temas cruciales para avanzar hacia una mayor democratización de nuestro sistema electoral.

 

El ocaso del “anticartismo”

Un hecho casi insignificante, sin trascendencia política, de quinto orden, como es a quién le corresponde ocupar por solo 60 días la banca de Paraguayo Cubas, suspendido por sus inconductas, pretendió ser utilizado para inventar una crisis y dio lugar a un nuevo bochorno en la Cámara de Senadores. El presidente del PLRA, Efraín Alegre, denunció que el reemplazo del legislador significaría la consumación de “un golpe de Estado”, llamando a salir a las calles si eso ocurría, mientras que dos legisladores de su partido, casi llegan a los puños por tal motivo en la última sesión del Senado. Y por supuesto, según los propiciadores de la delirante teoría, “el cartismo”, nuevamente, estaría detrás de todo esto.

A decir verdad, lo que pase con la banca de Cubas, quién la ocupa o si queda sin ser cubierta por dos meses, es algo que a la inmensa mayoría de los paraguayos le tiene absolutamente sin cuidado. Solo un puñado de políticos irresponsables y sus “troles” en las redes sociales están dispuestos a perder tanto tiempo en estas nimiedades, en el afán de generar turbulencias y así ganar cierto protagonismo, tal como lo hicieron en los últimos tiempos.

El supuesto “plan golpista” del cual habla Efraín, así como la tragicomedia protagonizada por senadores liberales en el Senado, no son más que la expresión de una línea política no solo destructiva, que nada aporta al país, sino también torpe, desfasada en el tiempo y en el espacio, que tiene como columna vertebral al “anticartismo”.

Sus promotores deberían comprender, de una vez por todas, que dicha “estrategia” pudo haberles servido para unir en el pasado a todos los molestos con el gobierno de HC, por las más variadas razones, en casos inclusive opuestas, pero en el presente es como luchar contra molinos de viento, contra un enemigo que no es el que toma las decisiones, las cuales están a cargo de quien tuvieron hasta el presente como principal aliado, léase Mario Abdo Benítez.

Ahora bien, que Efraín haga lo que hace y diga lo que dice, no tiene mayor repercusión, o si la tiene, sus efectos se limitan principalmente a su partido, al que ya condujo a dos derrotas consecutivas. Preocupa más lo que sucede en el Senado, siguiendo muchas veces esa “lógica” anticartista, al compás de la cual vino degradándose cada vez más hasta los niveles alarmantes del presente. Si no es Payo, es Friedmman, o Desirée o Buzarquis. Pueden cambiar los nombres de los protagonistas, pero los escándalos están siempre a la orden del día.

A la luz del último de los hechos, la pregunta que cualquier ciudadano se formula, es: Si no son capaces de resolver una cuestión casi trivial, como quién cubre temporalmente una vacancia, ¿qué podemos esperar de ellos cuando tengan entre sus manos temas de capital importancia para el país, como la renegociación del Tratado de Itaipú, o las reformas constitucional, judicial, tributaria, electoral, etcétera, etcétera?

La respuesta es… muy poco o nada, al menos si no se produce un brusco giro de timón, que tenga como punto de partida extirpar el “chip” del “anti” y comenzar a respetar el Estado de Derecho, por el que un vasto sector nuestra dirigencia política muestra muy poco apego, al extremo de que se arroga, desde ambas cámaras del Congreso, el derecho a “interpretar” y “hacer respetar” la Constitución y las leyes, en lugar de la Corte Suprema y los órganos jurisdiccionales.

Hay que propiciar ese brusco giro, desde la sociedad, demandando a senadores y diputados que cumplan con sus funciones e involucrarnos en aquellos temas que son de interés ciudadano, como algunos de los mencionados más arriba, hasta convertirlos en un “clamor popular”.

Ese es proceso que se siguió en el caso del desbloqueo de listas, que probablemente se apruebe en los próximos días, muy a pesar de muchos de los que ahora voten a favor de su implementación, pues, de otra forma, hubiera sido impensable.

 

FHC y el interés de EE.UU. en América Latina

Hace algunos años, el entonces presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardozo, fue consultado por un periodista acerca del desinterés de los Estados Unidos en América Latina. Más que una pregunta parecía un reclamo, ante el hecho de que la mayor potencia mundial centraba su atención en Medio Oriente, lo que parecía producirle cierta sensación de abandono. La respuesta de un “viejo lobo” de la política, como FHC, fue inmediata y no dejó espacios a la duda: -Mucho mejor. Las veces que miró hacia el sur, los resultados fueron desastrosos, y nuestros países fueron sometidos a terribles dictaduras-, le dijo, dejando sin palabras al entrevistador.

Esto cambió drásticamente en los últimos años, más precisamente desde el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. Un personaje tosco y sin ninguna trayectoria política, quien primero dio riendas sueltas al discurso contra los inmigrantes latinos, luego adoptó una serie de medidas para combatirlos, incluyendo la construcción del “muro de la vergüenza”, hasta que convirtió a Venezuela en uno de los ejes privilegiados de su política exterior, casi a niveles parecidos a los que impulsa en el marco de la guerra comercial que libra con China y de sus altercados con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, propia de pandilleros, aunque muy peligrosos, por los “maletines” que ambos portan.

BBC Mundo abordó el tema en sus últimas ediciones y destacó que la nación caribeña se afianzó como el principal foco de interés de Washington, desde que Trump, en enero pasado, fue el primer presidente en reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado, a lo que siguieron otros 53 mandatarios.

Estados Unidos ha buscado aislar económica y diplomáticamente al régimen chavista, con sanciones inéditas al vital sector petrolero de dicho país y promovió una coalición regional con la misma política. Sin embargo, pese a las fuertes sanciones y presión de la Casa Blanca, Nicolás Maduro se mantiene en el poder merced al apoyo de Rusia y China, así como del ejército venezolano, resalta el informe de la prestigiosa cadena internacional de noticias.

Y este es el gran telón de fondo que provocó la reorientación de la política exterior estadounidense. La presencia cada vez mayor en América Latina de la segunda potencia militar y de la segunda economía del planeta.

El gobierno de Putin le otorgó préstamos a Maduro por valor de 10.000 millones de dólares, a cambio de controlar, por ahora, una parte de la petrolera estatal PDVSA y, desde ahí, dirigir sus acciones hacia la cuenca del Orinoco, una de las más grandes reservas de petróleo, oro y diamantes del mundo; en tanto que China, con inversiones a lo largo de todo el subcontinente, ya desembolsó más de 20.000 millones de dólares, según datos oficiales.

Lo señalado, por supuesto, también es de máximo interés para EE.UU, pero con la eleva carga adicional devenida de múltiples consideraciones geopolíticas. No es un conflicto más, de los muchos que libra en países de otros continentes, sino en una región a la que siempre consideró como su “patio trasero”.

La experiencia internacional nos “ilustra” sobradamente respecto a los altos costos que representan los enfrentamientos de estas potencias. Y, sobre todo, sabemos muy bien quiénes los pagan, que no son ellas.

Fernando Henrique tenía, pues, toda la razón. Preocupa, y mucho, que Estados Unidos haya vuelto a mirar hacia el sur, ésta vez, para colmo, en conjunto con Rusia y China, cuyas confrontaciones podrían resultar fatal no solo para Venezuela, sino para toda América Latina.