Justicia selectiva

Pasaron siete meses de “investigación” por parte del Ministerio Público, pero aún no se tiene idea del resultado o al menos de algún avance sobre las denuncias penales en contra del: senador Fernando Lugo, por usurpación de funciones; presidente de la Cámara de Diputados Miguel Cuevas, por enriquecimiento ilícito; presidenta de Petropar, Patricia Samudio, por lesión de confianza; ex gobernador de Guairá Roberto Friedmann, por enriquecimiento ilícito. Existe un hilo conductor en casi todos estos casos, los denunciados de una u otra manera están ligados al oficialismo, este es un indicio claro, casi un hecho, de que la aplicación de la justicia en Paraguay es selectiva, es decir, si estas bajo el paraguas del tendota de turno el largo brazo de la Ley jamás te alcanzará.

Cuelga de una flaca hilacha la afirmación de la fiscal General de la República, Sandra Quiñónez, quien aseguró que las investigaciones de los agentes fiscales a su cargo se aplican sin mirar el color partidario. Porque, en los casos citados la impunidad campea sobre ellos, los agentes fiscales aplican chicanas -trampas legales- para incumplir con su misión de aplicar justicia a todos por igual, y surge la pregunta, ¿pecan por orden superior?

Refresquemos la memoria. El viernes 6 de julio del 2018 Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos acusaron al senador del Frente Guasu de usurpar funciones al no haberles permitido jurar como senadores electos en la Cámara Alta el pasado sábado 30 de junio. Las denuncias sostienen que el ex obispo usurpó funciones de otros poderes, salto sobre la Constitución y se erige como Justicia Electoral y Corte Suprema. El resultado en este caso, es que a la fecha se realizará el sexto urgimiento al Ministerio Público, para que actúe con relación a la conducta de Fernando, que hizo jurar a Mirta Gusinky y Rodolfo Friedmann, como senadores a pesar de no haber sido electos ni proclamados como tales, favoreciendo directamente al Movimiento Añetete.

La última denuncia a Miguel Cuevas y por la que aún está “investigado” fue realizada el pasado lunes 10 de septiembre de 2018, por el edil de Ybycuí Esequiel Cáceres, por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito fraguado cuando administró la Gobernación de Cordillera, también acusó a la esposa del parlamentario, por cobro indebido de honorarios. A cinco meses de investigación la agente del Ministerio Público, Josefina Aghemo, dio lugar a ser recusada por no haber permitido a la defensa técnica el acceso a la carpeta fiscal. Es decir, Aghemo permitió que la inhabiliten a seguir investigando, favoreciendo de esa manera al retraso de la pesquisa y al esclarecimiento de verdad.

El miércoles 17 de octubre de 2018 la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, fue denunciada penalmente por lesión de confianza y tráfico de influencias, porque su gestión en la empresa estatal generó un daño patrimonial, tanto a la petrolera estatal como al Estado paraguayo. Dos meses le tomó al Ministerio Público designar un fiscal para que inicie la investigación. A la fecha el silencio es la respuesta a los avances de la pesquisa.

Otro caso que goza de la “incolora” inactividad fiscal es la del ex gobernador de Guairá Rodolfo Friedmann. El jueves 1 de noviembre de 2018, cerca de un centenar de ciudadanos autoconvocados de Villarrica denunciaron ante el Ministerio Público a Friedman, por la supuesta comisión de una serie de hechos punibles contra el Patrimonio Público. Recién el 17 de diciembre la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, confirmó que ya tiene en su poder la carpeta de la denuncia penal, de esa fecha al día de hoy el silencio se imponen sobre la investigación.

Cómo puede verse, los citados casos penales gozan de la inacción de la justicia, sin embargo, los casos de los referentes que no están ligados al poder gubernamental tienen una peculiar agilidad, sobre todo a la hora de poner en firme las imputaciones.

Entonces “basta unir con flecha” para darse cuenta que los cercanos al oficialismo y que sobrellevan denuncias penales gozan de la impunidad y de su protección. Por tanto, hay una vergonzosa aplicación de la justicia selectiva, el decir lo contrario es faltar a la verdad. Estos hechos tiran por tierra el discurso hipócrita del afianzamiento de las instituciones y de las rectas actitudes apegadas al derecho. Así no se construye patria.

¿Qué clase de médicos estamos lanzando al mercado?

El reciente escandaloso caso que involucra a la Universidad María Serrana, donde un grupo de estudiantes logró culminar sus carreras de Medicina de manera meteórica mediante certificados truchos, nos hace cuestionar el nivel de enseñanza de los futuros profesionales de un ámbito sumamente sensible como lo es la salud.  

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

 

Casi, casi, venden “La Patria”

No hay margen para la menor distracción. De no ser por alguien que alertó en las redes sociales lo que el Fondo Ganadero y no sabemos quiénes más estaban tramando, a las 11:00 horas de hoy, viernes, la “Estancia La Patria”, fundad por el coronel Rafael Franco a poco de finalizar la guerra del Chaco, hubiera dejado de ser de… la Patria, perdiéndose con ello todo el valor histórico y cultural que representa para el Paraguay y los paraguayos.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

¡Sanos y salvos!

Vivimos días oscuros, a nadie ya le cabe la menor duda. Una epidemia que se expande sin cesar, al igual que el desempleo y la pobreza, más escándalos de corrupción no resueltos, ya eran detonantes suficientes para desencadenar una crisis aguda, a los que ahora se incorporó otro factor que nunca nos abandonó pero que se hallaba en estado latente: La violencia.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.