¿La oposición paraguaya está de vacaciones?

La oposición al Gobierno, tal como la vivió el país en los últimos cinco años, parece que se fue de vacaciones desde pasado 15 de agosto. Cesaron las críticas y las acciones irracionales contra el gobernante, así como el desprestigio a los proyectos, entre otros sapos que disparaban diariamente. En los últimos seis meses esa “recia” oposición se volvió soft (blanda), con un discurso casi inexistente, que no ve errores en la gobernanza de la nueva administración.

Los detractores políticos y mediáticos de siempre, en los últimos seis meses tienen poca participación a pesar de la existencia de casos críticos suscitados en la gestión abdista como: la “seccionalización” de la función pública; el nombramiento de escombros y reciclados en altos cargos; la pérdida de las relaciones con Israel; la amistad del Gobierno con países acusados de favorecer al terrorismo; la presencia de menores en el Servicio Militar Obligatorio; las irregularidades en la gestión de varios entes gubernamentales, negociados en contratos con el Estado; los favores a los amigos privilegiados del entorno presidencial; las constantes críticas a la prensa nacional; la carcajada irónica del mandatario sobre la sangre de las víctimas de la dictadura, entre otros tantos desaciertos.

El silenció de los “recios” opositores no obedece a que toda va bien en el país, sino a acuerdos establecidos entre ellos y el poder coyuntural que ahora está en el Gobierno, obviamente nada es gratis.

El más claro ejemplo de los pactos de silencio se reveló el 22 de agosto del año pasado, la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP) en una entrevista con radio Ñanduti reconoció que hizo un pacto con Mario Abdo Benítez (ANR), luego de que resultase victorioso de las elecciones generales disputadas en abril del 2018. Le prometió que no iba a cuestionarlo en la designación de su gabinete, y por los hechos tampoco lo cuestiona en otras situaciones.

El pacto entre Desirée Masi y el actual mandatario, para no criticar a este último, puede haberse replicado con los restantes “recios” opositores del último quinquenio, esto puede evidenciarse en la casi nula crítica de ellos al actual Gobierno, por supuesto nada es gratis. Ahora se entiende por qué las voces de los opositores gubernamentales a Cartes parecen estar en modo “mute” con Mario Abdo: Desirée Masi y su esposo Rafael Filizzola (PDP), Efraín Alegre (PLRA), Salin Buzarquis, Katia González (PEN), Luis Alberto Wagner (PLRA), Guillermo Duarte (PDP), entre otros. A pesar de los abultados desaciertos y escándalos acumulados por el nuevo Gobierno en sus primeros seis meses de gestión, muy poco o nada, se les escucha reprochar al nuevo mandatario y su gestión.

Esa “recia” oposición que hoy guarda un silencio pactado, durante los últimos cinco años se enfocó en golpear al ex Gobierno en busca de dividendos políticos, fue una oposición enceguecida, irracional, “denuncióloga”. Nunca miraron la gestión que arrojó resultados positivos, tan buenos fueron que aún hoy el nuevo Gobierno sigue inaugurado obras heredadas obteniendo réditos mediáticos y políticos con los proyectos y programas establecidos durante el cartismo.

La famosa tregua de los 100 días para no oponerse a la gestión de un nuevo Gobierno, en el caso de la administración de Mario Abdo ya terminaron. La oposición política en democracia es sana para todo Gobierno, en tanto sea racional, objetiva.

La oposición política en democracia es sana para todo Gobierno, en tanto sea racional, objetiva. Terminaron los 100 días de tregua al Gobierno abdista, pero aún no se escucha con fuerza la necesaria voz disonante, equilibrada, como un servicio público que le prevenga a tiempo al mandatario antes de caer en la mala o ausente gestión o en las garras de la corrupción.

 

¿Por qué se incendian los buses?

El viernes pasado, solo en una mañana, dos unidades del transporte público fueron consumidas por las llamas.

Hace menos de dos semanas, una unidad de la empresa Automotores Guaraní SRL se había incendiado en pleno microcentro de Asunción.

A partir de este hecho, desde el Viceministerio del Transporte anunciaron controles, no solamente en las empresas que explotan el servicio, sino también a los talleres habilitados para realizar la inspección vehicular.

A estas alturas, es inadmisible que se aleguen situaciones fortuitas para justificar que se sigan incendiando los buses.

No basta solamente anuncios rimbombantes de sumarios y controles. Hasta que un empresario del transporte público no vaya preso por exposición al peligro y pague las consecuencias, seguiremos viendo este tipo de “espectáculos” bochornosos.

¿Qué esperan las autoridades para actuar? Esperemos que no aguarden alguna víctima que lamentar para reaccionar.

La “postal” de los buses incendiados es una pésima imagen para el país. Es el reflejo de la improvisación, del así nomás y en donde siempre el ciudadano común es el más perjudicado.

 

Galopante justicia selectiva

La venganza es tan vieja como el origen del hombre. En el último año, el país asiste casi a diario a acciones y discursos sustentados en la vendetta política, viene con sus efectos irracionales, aunque en este caso fue el ridículo. La justicia selectiva, como instrumento de punición política, volvió a actuar este jueves en las dos cámaras del Congreso Nacional, con la destitución del cargo a quien ya no lo tenía desde hace varios días atrás y con el desafuero a un senador sin que haya el respectivo pedido de un juez.

La ciudadanía asistió de nuevo al espectáculo de la falta de seriedad de un grupo de políticos paraguayos, que arrasaron a tambor batiente con la institucionalidad. Por un lado, una mayoría coyuntural en la Cámara de Diputados, en una sesión que no contaba con el cuórum correspondiente, procedió a destituir del cargo de intendenta de Ciudad del Este a Sandra McLeod.

El ridículo que hicieron los diputados en la destitución de McLeod radica en que la misma presentó su renuncia al cargo de intendenta la semana pasada, y este lunes concejales de la Junta Departamental de Ciudad del Este aceptaron su dimisión. Es decir, una mayoría coyuntural en la Cámara de Diputados, en una sesión ilegal -por falta de cuórum- destituyeron de su cargo a intendenta a quien hace varios días ya no lo era.

En otro evento la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de fueros del senador Javier Zacarias Irún, parapetada en una orgía mediática alimentada por el poder gubernamental, que viene empujando desde hace varios meses atrás tener en bandeja la cabeza de ciertos referentes del Movimiento Honor Colorado.

Lo suscitado en ambas cámaras del Congreso Nacional devalúan la democracia paraguaya, porque viola el estado de derecho y lesiona gravemente la institucionalidad de la República, por causa del actuar poco serio de mayorías coyunturales, que anteponen sus intereses revanchistas, por sobre el interés de la gente.

En los últimos meses vemos como la justicia no actúa bajo el principio de igualdad ante la ley, con descaro permiten acciones de sus partners, pero que en cabeza de sus enemigos se vuelven pecados capitales. Estos últimos eventos dejan nuevamente de manera diáfana la existencia de una justicia selectiva, que va erosionando peligrosamente la institucionalidad y la democracia en el país.

 

Senabico: más seguridad legal, rendición de cuentas y menos mediatización

En las últimas semanas sonaron varias alertas sobre el actuar de la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), dependiente de la Presidencia de la República, por su esmerado sensacionalismo y una cuestionada gestión en la administración de los bienes incautados y comisados provenientes de actividades ilícitas. Su proceder, alertan, conduce a un posible perjuicio patrimonial al Estado paraguayo, por la serie de demandas que pueden sobrevenir, y en caso de que estas prosperen ante la justicia habrá que pagar resarcimientos económicos a los demandantes y será con el dinero de los contribuyentes.

El primer escollo al funcionamiento de la Senabico se sustenta en la prelación de las leyes, la Constitución Nacional es la primera ley del Estado paraguayo, en su artículo 20, sobre el objeto de las penas, especifica de manera contundente y clara que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscritas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”. La Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados surge al amparo de la Ley N° 5.876 de administración de bienes incautados y comisados, y aquí empieza el argumento jurídico que impugna la existencia de la nueva secretaría de Estado, si la constitución está por encima de otras leyes la existencia de la Senabico es inconstitucional.

Se suma el incumplimiento constitucional de la presunción de inocencia. Puesto que muchos de los bienes de al menos dos procesados que están siendo investigados por presuntos ilícitos ya empezaron a ser vendidos, rematados, alquilados, sin que aún se haya probado por las instancias judiciales su culpabilidad.

A lo citado se adiciona el efecto bumerang de los golpes mediáticos que proporcionó esta Secretaría, dependiente de la Presidencia de la República, generando rechazo y suspicacia en la ciudadanía, por falta de rendición de cuentas de la venta de cientos de cabezas de ganado de un investigado por delitos ilícitos -entiéndase bien, es un procesado y no un sentenciado-, el intento de venta de autos de alta gama de otro investigado, entre otras acciones.

En las próximas horas, los procesados a través de sus abogados defensores iniciarán una serie de denuncias en contra del Estado impugnado la inconstitucionalidad de la Senabico, y la existencia de un permanente incumplimiento de sus garantías procesales.

La Senabico con sus acciones “graciosas”, genera un posible perjuicio patrimonial al Estado paraguayo, al disponer de los bienes de los investigados, sin control judicial. Pensemos en el escenario de ¿qué puede ocurrir? si los investigados terminan siendo sobreseídos, todos sus bienes deben ser restituidos, y si estos ya no existen porque fueron vendidos por debajo de su costo comercial, etc., pueden originar posibles perjuicios al Estado por la demanda que se pueden venir, finalmente será la gente la que debe responder con el pago de sus impuestos, para restituir el daño producido a los sobreseídos.

Corresponde a las autoridades de la Senabico bajarse de la nube mediática, apegarse al derecho, brindar certeza jurídica en sus acciones y sobre todo empezar a rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre el manejo de los bienes a su cargo, el efecto será el fortalecimiento institucional, que mucha falta le hace al país.