La “Tuticracia” asuncena

Existe un segmento de la clase media asuncena cuyas características son muy fáciles de reconocer. Es afecta a pregonar la moral, las buenas costumbres y el respeto a la ley, aunque no siempre lo practique, así como la solidaridad con los necesitados, con los que sufren, por quienes generalmente “pide” los domingos, en alguna coqueta parroquia del barrio. Hasta que estos últimos se le cruzan en la vida, en algún semáforo, con sus harapos y sus manos sucias. Entonces pierde su acostumbrada compostura, manifiesta su asco sin disimulo y es capaz de cualquier cosa, incluso convertir en semi Dios a “Lord Nenecho”, aguardando ansiosamente que cumpla pronto su promesa: Expulsar de las calles -valga la expresión- a todos los miserables que cometen la osadía de visibilizarse y causarle molestias. Es la “tuticracia”, término que de griego solo tiene el nombre de su autor, Euclides Acevedo.

Stroessner hizo algo parecido en ocasión de la gran inundación de 1982. Los daminificados habían ocupado los fondos de la Catedral de Asunción y veredas del Paraguayo Independiente. “Inaceptable”, gritaron los cortesanos de entonces , y ejecutaron una solución de inmediato. Ocultaron a los inundados detrás de chapas de 2 metros, color amarillo. Tema “resuelto”, afirmaron, y respiraron tranquilos ante la eventual visita del algún “ilustre personaje” de países vecinos u otras latitudes.

Pero “Nenecho” no es un dictador, aunque tal vez quisiera serlo. No tiene poder de coacción para imponer por la fuerza lo que promete, con el fin de conquistar los votos de los “tutis enojones”. Y más importante que eso, no tiene razón, ni desde el punto de vista jurídico, ni menos aún desde el humanitario.

Digamos las cosas como son. La mayoría de los que salen a mendigar a las calles no lo hacen por placer, ni por haraganes, ni porque su único deseo en la vida es sobrevivir en condiciones calamitosas. Salen a “changuear” para obtener algunos centavos que les permita llevar algo al estómago, o al de sus hermanitos, hijos o padres.

Probablemente no concluyeron sexto grado, lo que les inhabilita a acceder al mercado laboral, que de hecho no absorbe ni a los que cursaron los 12 años de estudio y a muchos de los que tiene título de grado.

Los que están en la calle deben ser objeto de políticas públicas para cambiar esa realidad e integrarlos al mundo del trabajo formal, no de otro castigo adicional del Estado, que hasta ahora no pudo o no quiso atender este problema.

Pero, ¿acaso no hay cuida coches y limpiavidrios violentos y ladrones? Por supuesto que sí, como los hay en todas las capas de la sociedad, incluyendo las más encumbradas y las altas esferas del poder. Y en todos estos casos debería actuar la fuerza pública y la fiscalía, para sacarlos de circulación. En todos los casos, sin omitir los más graves, que por lo visto no son “visualizados”, ni molestan a los hipócritas que apoyan jubilosos al intendente (por accidente) de Asunción.

 

Petta, mucho peor que “una piedra en el zapato”

Dicen que el instinto de conservación es el último que pierde el ser humano. La pelea por la subsistencia y auto preservación nos acompaña a lo largo de toda la vida, incluso en momentos por demás críticos, de enfermedades terribles, catástrofes naturales o de las ocasionadas por el hombre, como las guerras. Pero esto, que también puede aplicarse a la política y a los políticos, no siempre se da en la práctica, sea porque quienes deberían cuidar sus pellejos, en este caso sus cargos, muchas veces no son conscientes de los peligros que les acechan o por necios, al negarse a reconocer los errores que saltan a la vista. Y si no, veamos el “caso Petta”, cuya continuidad como ministro es un atentado a la razón.

En los últimos días había circulado el rumor de su posible renuncia o destitución. El fiasco de los libros con horrores ortográficos, el último de una larga lista, más la “solución” anunciada por el inestable secretario de Estado -“los chicos harán las correcciones”- parecían ser el epílogo de su penoso papel al frente de la cartera más importante del gabinete, junto a la de Salud. Pero cuando muchos se preparaban para gritar… ¡aleluya!, Juan Ernesto Villamayor les dio la razón a los incrédulos, recordando a todos que el sujeto en cuestión “goza de la confianza del presidente”.

La postura de Marito podía entenderse, y no tanto, el 15 de agosto del 2018, cuando nombró al ex fiscal en contra de la opinión de todos los estamentos del sistema educativo. Pero de entonces a esta parte transcurrieron 18 meses, a lo largo de los cuales demostró ser algo mucho peor a una simple “piedra en el zapato”, un perfecto inepto para tan importante función y una fuente inagotable de conflictos. Solo mostró alguna eficacia en el tema de los kits escolares, para lo cual no hace falta ser ministro, vice o director de algún departamento, sino un buen jefe de distribución.

Si el hombre no tiene la menor solvencia intelectual para manejar las riendas de la educación y si, además, es un factor de permanente discordia con los gremios docentes, los directores y estudiantes, así como con los políticos del oficialismo y sus aliados, la pregunta que todos nos hacemos es por qué motivo lo mantiene Abdo Benítez en el cargo, con tanta obstinación.

Tal vez, y solo tal vez, el presidente cree demostrar así su “liderazgo” y su “capacidad de mando”, que “él tiene la lapicera”, pero de estas características solo la última se ajustaría a la realidad, pues lo demás supondría escuchar al resto y dejar de lado tanta necedad, aunque más no sea por instinto de conservación, aplicado a la política.

 

IPS: ¿Trabajar más años para percibir aún menos?

El tema de la seguridad social es uno de los más sensibles y vapuleados en el planeta. En los países de la región, Chile fue el primero en destruirla, vía privatización, con resultados que hoy están a la vista de todos, y algo similar sucedió a lo largo y ancho de América Latina. Es absolutamente comprensible, pues, que a todos se nos pongan “los pelos de punta” cuando escuchamos decir al presidente del IPS, Andrés Gubetich, que el gobierno pretende modificar la Carta Orgánica de la institución, a fin de elevar la edad jubilatoria de 60 años a 65 y aumentar de 3 años a 10 el periodo para determinar el promedio del monto a cobrar al cabo de 3 décadas de trabajo, lo que implicaría su disminución.

El argumento esgrimido por el funcionario es que si no se toman esas medidas la previsional colapsaría en el 2050, según un cálculo actuario. Sin embargo, no es razonable concluir que la única fórmula para evitar ese desenlace sea que la gente deba trabajar más tiempo para percibir menos.

El propio Gubetich reconoce que solo 4 de cada 10 trabajadores recibe cobertura del IPS, lo cual significa que el 60% restante es víctima de la evasión en la que incurren sus respectivas patronales, quedando fuera de los servicios de salud y a la espera de una vejez paupérrima.

El Estado y el Instituto cuentan con los instrumentos necesarios para combatir este flagelo y reducir progresivamente el altísimo porcentaje de evasores, fortaleciendo significativamente el fondo de jubilaciones y pensiones. Pero no lo hace.

La Caja de Aporte Obrero Patronal, históricamente hizo “la vista gorda” y “transó” con los infractores a cambio de “coimas” para seguir operando de manera informal, violando con total impunidad las leyes laborales. Y tanta es la falta de voluntad política para cambiar esta realidad que la propia entidad, acción judicial mediante, impide que se divulguen datos de las empresas que no cumplen con sus obligaciones en esta materia.

Otro dato revelador de esta indisposición oficial a la búsqueda de alternativas que no castiguen al trabajador es la deuda que tiene el Estado con la previsional, por valor de 420 millones de dólares, según lo declarado por el propio Mario Abdo Benítez. ¿Acaso no variaría drásticamente el aludido “cálculo actuarial”, de manera positiva, si se ejecuta un plan para honrar dicho compromiso?

Nada de esto significa rechazar la necesidad de reformar una Carta Orgánica que tiene 50 años, adecuándola a las necesidades del presente y que garantice la sustentabilidad de la entidad en el futuro.

Lo que significa es que cualquier cambio debe ser para un mayor bienestar del trabajador y no para seguir profundizando la desigualdad social imperante, que nuestras autoridades, aunque sea por un sentido de auto preservación, deberían percatarse de los peligros que conlleva, como ya” avisaron” varios países de Sudamérica.

 

Crimen organizado: El Estado pierde por goleada

Es verdad que el Gobierno ha dado golpes importantes al crimen organizado en relación a los 205 delincuentes expulsados, las incautaciones importantes de cocaína y marihuana llevadas a cabo por la Senad, pero, siguiendo la analogía gubernamental son pequeñas "guerritas" las ganadas hasta ahora, mientras que sólo en cuanto a los eventos protagonizados en las penitenciarías acontecidos en un año y medio, confirman que la delincuencia lleva la delantera y nos gana por goleada.

Desde el cruel y terrible asesinato de una joven de 18 años protagonizado por Marcelo “Piloto” en noviembre de 2018 en su celda de la Agrupación Especializada, con la pretensión de evitar su extradición, seguido por la inédita decapitación de 10 reclusos, en junio del año pasado, a raíz de un enfrentamiento entre el PCC y el clan Rotela en la penitenciaría del San Pedro. La toma de rehén de un guardiacárcel por parte de tres miembros del PCC en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) en Cambyreta, luego la fuga del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio González, alias “Samura” en setiembre último, en plena Asunción y que le costó la vida a un comisario y ahora la liberación de los 76 reclusos en Pedro Juan Caballero, ponen al descubierto lo que toda la sociedad reconoce como el rotundo fracaso de nuestra política penitenciaria.

Lo relatado son acontecimientos que no se pueden minimizar, de lo contrario, no se podría asumir con seriedad el problema. No se trata del cambio de hombres, se trata de definir el modelo o la estrategia que se debe implementar para hacer frente al crimen organizado que hoy utiliza las penitenciarías como centros de reclutamiento.

Hasta ahora las autoridades están en el juego de buscar culpables y tirarse la pelota entre instituciones. Nadie habla de un plan a largo plazo. Ya se reconoció el error cometido, fruto de una mezquindad política, la de dejar a foja cero el proyecto que pretendía la construcción de nuevas cárceles y que incluso tenía financiación propia.

Hoy al retomarse se perdió tiempo y la habilitación de nuevas cárceles de máxima seguridad llevará su tiempo y en dónde se pretende arrancar con una estrategia de dignificar el trabajo del personal penitenciario con formación integral enfocada a la labor que desempeñarán.

Pero mientras tanto, las instituciones antes que culparse mutuamente deberían articular la manera que trabajarán en forma coordinada más allá del oportunismo para sacar alguna ventaja de la coyuntura, de lo contrario se seguirá cumpliendo al pie de la letra el libre de la organización criminal que a toda costa pretende erosionar las instituciones y secuestrar al Estado.