Los desafíos parlamentarios

Luego de unas largas vacaciones, por más de dos meses, en esta semana los parlamentarios retoman sus actividades. La agenda de temas pendientes va desde los de carácter político hasta los proyectos de ley urgentes para cubrir las necesidades del país y su gente. Es una agenda desafiante, económicamente porque el país empieza a sentir los efectos del complicado escenario de los países vecinos, y políticamente, porque están a las puertas las elecciones partidarias para renovar a su dirigencia, y los comicios para designar nuevas autoridades municipales.

Aquí el conflicto, el énfasis del trabajo parlamentario estará sobre las necesidades del país en materia económica y social -que en muchos casos son urgentes- o el foco estará centrado en sus necesidades políticas de poder. Un axioma en política es que, los espacios conquistados no se ceden, eso hace pensar que ante la proximidad de procesos electorales continuará la pugna entre partidos políticos y movimientos internos partidarios, que venimos viviendo en los últimos seis meses. Claro, siempre se alberga la ilusión que en esta vez ellos hagan la diferencia, lo ultimo que pierde un pueblo es su esperanza.

Los temas que deben resolver senadores y diputados al inicio mismo de sus gestiones son sumamente variados, van desde, pedidos de desafuero de diputados; leyes financieras para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; hasta una auditoría externa en la Cámara Baja por el excesivo “planillerismo” de sus funcionarios, entre otros tantos.

Pero también están aquellos altamente polémicos y que pueden tener serias consecuencias económicas o jurídicas. Funcionarios públicos decidirán esta semana si recurren o no a la justicia parque se mantengan los incrementos salariales de más de dos mil burócratas, aumento obtenido de forma irregular, y sobre el cual el Ejecutivo promulgó un decreto ordenando al Ministerio de Hacienda reglamente la situación para anularlos. Ante la amenaza judicial de los funcionarios públicos, la salida de la cartera de Estado es remitir al Congreso un proyecto de ley para que ellos decidan si mantiene o se modifica la Ley del PGN 2019.

Asimismo, poner punto final a la crisis que vive el presidente del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, a raíz de un tuit de respaldo al diputado con permiso, del movimiento oficialista Añetete, Ulises Quintana, recluido en la cárcel militar de Viñas Cue, acusado por supuestos hechos punibles relacionados con el narcotráfico. La fuerte presión de un grupo de ciudadanos, ciertos políticos y analistas para que el senador Bacchetta sea destituido se mantiene invariable, pero también son intensas las opiniones de legisladores que se oponen a una medida en su contra, especialmente porque el reemplazante sería un parlamentario del movimiento Honor Colorado, este tipo de reacciones refleja que la presencia política del ex presidente Horacio Cartes sigue pesando fuertemente entre sus opositores.

Además, están los discutidos incrementos a los impuestos de hasta un 30 por ciento para el tabaco, 50 por ciento para las bebidas con alcohol, y 20 por ciento para las bebidas azucaradas. Así como la creación de un impuesto del 15 por ciento a la exportación de soja, trigo, girasol, entre otros granos. Este paquete impositivo va desde la revancha política, como el del tabaco y bebidas azucaradas expresamente planteados para golpear a los negocios del ex presidente Horacio Cartes, pasando por el intento de aumentar los ingresos al fisco, pero también golpeado a la agroexportación, especialmente a la soja, permanentemente acusada de deforestación y mal uso de agroquímicos.

Paraguay vive un momento donde la estabilidad y la certidumbre son altamente prioritarios para dar un nuevo salto cualitativo, a pesar de las adversas circunstancias regionales y mundiales. Hay una carga heredada, el país debe alcanzar mayores niveles de modernización y desarrollo, los gobiernos pasados en su propia medida realizaron avances que nos permitieron hasta seis meses atrás gozar en la región de un nivel envidiable de estabilidad económica, transparencia, mejoramiento de la macro y micro economía, etc. Los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo, Judicial-, deben ponerse a la altura de las ventajas que hemos logrado, volver a caminar hacia adelante, alcanzado las metas de los desafíos que nos impone la realidad que nos circunda.

¿Qué clase de médicos estamos lanzando al mercado?

El reciente escandaloso caso que involucra a la Universidad María Serrana, donde un grupo de estudiantes logró culminar sus carreras de Medicina de manera meteórica mediante certificados truchos, nos hace cuestionar el nivel de enseñanza de los futuros profesionales de un ámbito sumamente sensible como lo es la salud.  

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

 

Casi, casi, venden “La Patria”

No hay margen para la menor distracción. De no ser por alguien que alertó en las redes sociales lo que el Fondo Ganadero y no sabemos quiénes más estaban tramando, a las 11:00 horas de hoy, viernes, la “Estancia La Patria”, fundad por el coronel Rafael Franco a poco de finalizar la guerra del Chaco, hubiera dejado de ser de… la Patria, perdiéndose con ello todo el valor histórico y cultural que representa para el Paraguay y los paraguayos.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

¡Sanos y salvos!

Vivimos días oscuros, a nadie ya le cabe la menor duda. Una epidemia que se expande sin cesar, al igual que el desempleo y la pobreza, más escándalos de corrupción no resueltos, ya eran detonantes suficientes para desencadenar una crisis aguda, a los que ahora se incorporó otro factor que nunca nos abandonó pero que se hallaba en estado latente: La violencia.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.