Según Giuzzio, ese cartel de la droga habría estado integrado por Freddy D’Ecclessiis, y el exdiputado Magdaleno Silva, como proveedor Enrique Giménez Noguera, como operador Mario Giménez y como piloto a Luis Rolón, entre otros. Enrique Noguera tenía fuertes conexiones con productores de la droga en Bolivia.

Durante su presentación en el Senado, hace cuatro años, Giuzzio dijo que, conforme a datos de la Senad, en las diferentes llamadas telefónicas grabadas y en poder del organismo, existiría una conexión directa de llamadas telefónicas de Freddy D’Ecclessis relacionadas a drogas, transferencias de propiedades, dinero en efectivo y compra de vehículos.

El pasado viernes 26 de octubre, tras el “Operativo Austral” realizado en cuatro lugares diferentes, la Senad liderada por Arnaldo Giuzzio y el Ministerio Público se incautaron de 400 kilos de cocaína; siete avionetas, en la propiedad de la cuñada de Freddy D’Ecclesiis, armas; y se capturó a cinco sospechosos.

Casi un mes antes del operativo, el 14 de setiembre de este año, el diputado D’Ecclesiis, solicitó a la jueza en lo Civil y Comercial de la capital, Karen González, un hábeas data, el ministro de la Senad Arnaldo Giuzzio, advirtió que ese recurso constitucional fue creado para beneficiar al ciudadano ante una injusticia procesal, pero que en nuestro país es utilizado por el crimen organizado y los corruptos para frenar toda investigación.

“Vamos a suponer que una persona esté siendo investigada injustamente o se pretenda involucrarla en un hecho que ella no sabe o no sabía que se estaba haciendo a sus espaldas e ilegalmente. Vamos a suponer que se estén escuchando las comunicaciones de esa persona en forma ilegal y en definitiva eso puede afectar su imagen. En el mismo momento que los órganos salen a decir que no existe, entonces toda información que pueda surgir, puede ser tachada de ilegal”, fue la cruda advertencia del ministro Giuzzio.

El “Informe Giuzzio” fue categórico y el Senado del 2014 lo aprobó, debían formular la denuncia y entregar los datos al Ministerio Público, pero cuatro años después ninguna de las instituciones del Estado cumplió con su obligación.

Hoy, coincidentemente en medio del pedido de habeas data y el “Operativo Austral”, D’Ecclesiis solicitó permiso sine die (indefinidas) en sus funciones, alegando supuestos motivos de salud, para someterse a un tratamiento cardiovascular en el Brasil.

Un dicho anglosajón dice, “Where there’s smoke, there’s fire” (donde hay humo, hay fuego), acá hay un fuego claro desde hace muchos años atrás que alumbraban con claridad los indicios sobre los vínculos de la política y el narcotráfico. El diputado y su clan familiar están nuevamente en el ojo de la tor­menta, y la ciudadanía espera que esta vez los organismos del Estado sofoquen estos focos de corrupción.

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.