No es solo Benítez, ni tampoco Detave

El apresamiento del director del Detave, general Ramón Benítez, es un hecho relevante y positivo. Su pertenencia a una gavilla de delincuentes, dedicada a permitir el ingreso de productos de contrabando a cambio de “coimas”, lo justifica plenamente. Sin embargo, presentarlo como “el jefe” y dando a entender que se ha cortado la cabeza de la serpiente, carece de toda seriedad, al igual que celebrar su caída e ignorar o minimizar el grave error cometido por el gobierno a la hora de nombrarlo, a pesar de los antecedentes del militar, quien fuera destituido como comandante de la FTC por las denuncias de extorsión a estancieros.

Benítez y otros 9 funcionarios, incluyendo 2 oficiales de policía, fueron imputados por los hechos punibles de contrabando, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, pero nadie con un mínimo conocimiento de la realidad, creería por un instante la versión de que estos delitos, tan graves y extendidos en nuestro país, se limiten a dicha repartición y tengan al general retirado como único cabecilla de la organización.

Como el Detave, otras instituciones son igual de corruptas, empezando por distintas dependencias de Aduanas, pasando por Puertos, la Marina y la policía, y alcanzando a la propia fiscalía, en las que existen varios equivalentes al general retirado. Son piezas de un engranaje que funciona con total impunidad, que pueden ser cambiadas, y en efecto lo son con cierta frecuencia, sin afectar con ello sus actividades criminales.

No sabemos si su apresamiento responde a disputas internas, si “pisó algún callo” que no debía o guardó para sí lo que tenía otro destinatario, pero que el hombre tiene responsabilidades muy claras en el ilícito, no quepa la menor duda. Sin embargo, esa es apenas una de las líneas de investigación del ministerio público. La otra, de mayor envergadura, es apuntar al engranaje, al sistema que hace posible el ingreso masivo de contrabando de los más variados productos, a plena luz del día, de lunes a domingo, privándole al Estado sumas multimillonarias en concepto de impuestos.

Hasta ahora escuchamos autoalabanzas del oficialismo por el “operativo brillante”, como se denominó el caso que derivó en el apresamiento de Benítez y otros funcionarios. Pero si se limita a ellos y unos pocos más, y la causa se restringe al Detave, todo habrá sido un fraude. Uno más de los varios que ya se produjo en los últimos tiempos, bajo el ropaje de mucho marketing y mucha publicidad sobre la supuesta lucha frontal contra la corrupción, que en la administración pública avanzó muy poco o nada.

Los fiscales René Fernández y Josefina Aguemo tienen mucho trabajo por delante, al menos de ser cierto que quieren combatir esta rosca mafiosa. Ellos son los responsables, no el jefe de la Senad (Arnaldo Giuzzio) u otro organismo de seguridad, cuyas labores son las de auxiliares del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Para esto ni siquiera precisan “pescar” a funcionarios con “las manos en la masa”, como lo hicieron con el militar retirado. Basta que pasen revista al personal jerárquico de las instituciones antes mencionadas e inicien una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Que les obliguen a justificar su patrimonio y, si no lo hacen, pues que se les aplique las penas que corresponda, incluyendo la de no volver a pisar una repartición pública.

¿Lucha anticorrupción o nueva fraude a la vista? A corto plazo lo sabremos.

 

¿Urnas o papeletas?

Primó la razón sobre la insensatez y ambas cámaras del Congreso, sin que registraran ni un solo voto en contra, aprobaron en general el desbloqueo de las listas para los cargos pluripersonales, remitiendo al archivo, en el caso del Senado, el disparatado proyecto de “listas abiertas”, inviable e irresponsable, al extremo de constar de un solo artículo. Y la mesura también se hizo presente al dimensionarse correctamente los alcances de dicha normativa, calificada como “un paso positivo” por el grueso de los legisladores y no como “un hecho histórico” que, al decir de algunos medios, sanaría todos los males del sistema electoral y hasta de la democracia misma.

Este es el hecho más relevante de la jornada de la víspera. Los senadores abortaron la pretensión de la bancada “llanista” del PLRA de embarrar la cancha mediante su adhesión a las “listas abiertas”, que no fue capaces de defender la propuesta con argumentos medianamente serios, y los diputados nos sorprendieron con una larga sesión, convocada a pedido de la bancada de Honor Colorado, adhiriendo en forma unánime al desbloqueo.

El otro elemento que cabe mencionar, aunque de manera secundaria, es la protesta realizada en las inmediaciones del Congreso, a la que no asistieron ni 25.000, ni 15.000, ni 5.000, ni 1.000 personas, a pesar de los anuncios hechos por el senador suspendido Paraguayo Cubas, quien a esta altura de los acontecimientos debería darse un baño de humildad y, sobre todo, de cordura. En el mejor de los casos, los manifestantes llegaron a los 700. Pero en lugar de admitir el fracaso y revisar su accionar político, el legislador y sus seguidores recurrieron a las actitudes provocadoras y violentas, así como a inaceptables cierres de ruta, en el afán de lograr cierta notoriedad, terminaron cosechando el repudio de amplios sectores ciudadanos.

¿Y AHORA QUÉ?

Una vez resuelto el tema del desbloqueo, tanto para las internas de los partidos como para las generales, el debate girará en torno al sistema que se utilizará para su implementación, si será el de urnas electrónicas, como sostiene la mayoría de la Cámara de Diputados, o las tradicionales papeletas, hasta ahora abordados solo superficialmente.

El tratamiento y definición de este tema debería basarse en consideraciones técnicas, en la experiencia internacional y en la nuestra, apelando a todos los conocimientos que existen en la materia. No tiene que encararse con otros criterios, a los que normalmente nos tienen acostumbrados los chapuceros de la política.

Los que defienden las urnas electrónicas tienen la responsabilidad de profundizar las explicaciones sobre cómo se garantizaría a los electores, por esta vía, la transparencia del acto comicial, desde que marca sus opciones hasta el escrutinio, lo que no debe entenderse como un rechazo al mecanismo, sino como un planteamiento destinado a disipar todas las dudas que existen al respecto.

Por ejemplo, necesitamos saber las razones por las cuales son tan pocos, cada vez menos, los países que recurren a esta metodología, entre los cuales no se incluyen los más avanzados en el terreno de la informática, como Corea del Sur, por qué los EE.UU apela a dicho procedimiento en apenas un puñado de distritos electorales y se suspendió su empleo en regiones de Suiza.

De igual manera, los que se oponen a incorporar el uso de las urnas electrónicas y defienden la continuidad de las papeletas, pero sin embargo propiciaron o apoyaron el desbloqueo de las listas, tienen ahora el deber de exponer ante la ciudadanía cual sería el método que haga posible su puesta en marcha, sin que eso le complique la vida a los electores, con innumerables boletines, ni largas horas destinadas al escrutinio.

Es probable que la discusión se contamine con argumentos políticos o de índole electoralista, pero así como se impuso la cordura sobre la irracionalidad de los que se aferraban a las “listas sábanas”, así también deben primar los argumentos técnicos, sobre los discursos que se apartan de estas consideraciones y, en consecuencia, carecen de seriedad alguna.

 

No pudieron salvarle, por eso renunció

Hasta pocas horas antes del juicio político al ahora ex Contralor General de la República, Enrique García, todo estaba dispuesto para que un sector del Senado impidiera su destitución. Incluso en la jornada del martes y durante los primeros tramos de la sesión de ayer, el alto funcionario se mostraba muy seguro de contar con la cantidad de votos necesarios para poder seguir en el ejercicio de sus funciones y los delitos que le imputan sigan impunes. Pero la maniobra fracasó. Los legisladores que la propiciaron no pudieron “salvarle” y, al constatar el hecho, García presentó renuncia para evitar la humillación de ser removido del cargo, Silvio Ovelar levantó rápidamente la sesión y Diputados completa el proceso hoy, con la aceptación de la dimisión y la designación del subcontralor como nuevo titular del organismo. Final de la historia.

El plan de “blanqueo” no se frustró por la presión ciudadana, como destacan algunos medios. Ésta, en lo que se refiere al caso en cuestión, nunca existió. Las deliberaciones del Senado fueron seguidas solo por algunas decenas de personas, apostadas en las inmediaciones del Congreso. Lo que en realidad terminó primando para que se logre la renuncia obligada de García fue la posición de sectores de la dirigencia política y el papel desempeñado por algunos medios de prensa.

Las “movidas” comenzaron el pasado martes. Entonces, el ex presidente Horacio Cartes se pronunció a favor de la revocatoria del mandato del contralor y la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta anunció que votaría en ese sentido. Después hizo lo propio el comité ejecutivo del radicalismo auténtico, y ayer, un par de horas antes que los senadores dictaran sentencia, el presidente Abdo Benítez pidió al bloque oficialista que acompañara la destitución.

De todas formas, los operadores a favor de “blindar” a García prosiguieron con sus planes, manteniendo las adhesiones de 2 o 3 legisladores colorados, suficientes para abortar la destitución, pero entonces intervinieron nuevamente los líderes de los principales movimientos internos de la ANR para “disuadirlos” de que abandonaran esa posición y se disciplinaran a sus respectivas bancadas.

La intervención de Enrique Riera en el pleno del Senado fue una confirmación de lo señalado, al increpar duramente, aunque sin dar nombres, a sus colegas que estaban en esa tesitura.

La renuncia, en vez de destitución, deja un sabor agridulce. El efecto es casi idéntico, salvo que no queda inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero el Senado procedió como corresponde: No se puede echar a quien ya no está o, como señala el dicho, “muerto el perro acabó la rabia”

Sin embargo, debemos recordar que la racional actitud no se materializó en otros casos. Varios de los que votaron para no continuar con la sesión para sancionarle a García, como propuso Riera, antes ignoraron las renuncias de González Daher y Oviedo Matto, para así resolver la pérdida de investidura de los dos. Y más recientemente, no dijeron una palabra cuando sus colegas de movimiento hicieron lo mismo con la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

Esperemos, pues, que lo actuado en el Senado refleje un cambio de actitud y no el método de proceder con racionalidad cuando se trata de un “amigo” o personaje cercano a “los amigos”, pero descarga toda la saña en los adversarios que, en la práctica, son tratados la mayorías de las veces como los peores enemigos.

Es impresionante el nivel de desconocimiento. Se instaló la idea, falsa por cierto, de que la gente va a elegir a los candidatos de su predilección e impedir que sean electos los llamados impresentables

Un diario titula hoy su editorial: Tema crucial para la democracia. Perfeccionamiento de la democracia, mediante una mayor y mejor representación.

 

Juicio al contralor, fin de una parodia

Mañana se baja el telón del mal llamado juicio político al Contralor General de la República, Enrique García, acusado por la Cámara de Diputados en julio del 2018 y juzgado por el Senado recién desde marzo del corriente año, cual si fuera un juicio penal u ordinario. No sabemos si los senadores optaron por este camino para dilatar al máximo el procedimiento, con el objeto de “enfriarlo” y hacer aceptable su eximición o, en el mejor de los casos, si lo hicieron como consecuencia del “trauma” ocasionado por el proceso “sumarísimo” al que fuera sometido en su momento Fernando Lugo, para dar pie a su destitución. En cualquiera de los casos, el resultado, más allá del hecho puntual que afecta al titular de la Contraloría, es la perversión de un instrumento constitucional concebido pura y exclusivamente para separar del cargo a ciertos funcionarios, siguiendo los pasos previstos en la Constitución.

La acusación a García se produjo hace nueve meses y desde que la Cámara Alta inició el juicio, el 18 de marzo, ya transcurrieron casi 36 días. Primero le otorgaron un plazo de 8 días a Diputados, para que presente las acusaciones (pobres por cierto) preparadas hace una eternidad, y luego de cumplida formalidad, establecieron un período de 4 semanas más para que García “tenga tiempo” de preparar su defensa, garantizando así “el debido proceso”, según dijeron.

Estamos, pues, ante una autentica PARODIA, con mayúscula, que contradice lo que establece la norma constitucional y toda la doctrina en la materia. En efecto, el artículo 225 de la CN dice que “el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político… Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos…”

El Senado no impone una condena de carácter penal. No los manda presos, ni nada por el estilo. No cumple las funciones de los órganos jurisdiccionales. Se convierte en juzgador, con la capacidad de fijar el castigo al funcionario en cuestión, que se limita a su la destitución.

Los más influyentes abogados constitucionalistas del Paraguay y de diversas regiones del planeta se han referido una y otra vez al juicio político. Y todos ellos arrancan diferenciándolo con claridad de un juicio ordinario. Por eso, cuando escuchamos a senadores o al propio Presidente hablar del “derecho sacrosanto” al debido proceso, del respeto a los plazos procesales, como los previstos para cualquier motochorro o asesino, solo podemos sentir que pretenden embaucarnos como si fuéramos unos perfectos ignorantes.

A decir verdad, este es un tema que no genera confusión ni a estudiantes de Ciencias Jurídicas de los primeros años.

Se podrá estar a favor o en contra del mecanismo, pero tal como figura en nuestra Constitución, la Cámara de Diputados, si reúne mayoría calificada de dos tercios, puede iniciar juicio político a los funcionarios que ella enumera, y si en el Senado ocurre lo mismo, este cuenta con la facultad de resolver su restitución, sin más trámite, de un plumazo.

Por lo demás, si los senadores obran en consecuencia con lo que ahora sostiene, deberían asumir que en el pasado muchos de ellos lo hicieron en sentido opuesto, violando la Constitución y las leyes. Que procedieron de manera ilícita al remover a Fernando Lugo, así como a varios ministros de la Corte, a través de juicios de breve duración. Y, todos los que procedieron de esa manera, deben ser juzgados y condenados, en algunos casos, por golpistas.

Esto, sin embargo, no tendría nada que ver con la realidad. Más allá de los cambios que efectivamente requiere el art. 225, para restarle discrecionalidad a los senadores y otorgar al soberano la capacidad de incidir en un tema de su máximo interés, como en otros países, no fue antes cuando actuaron de manera incorrecta, sino ahora, después de este absurdo simulacro de juicio político.

En lo que respecta a Enrique García, solo cabe señalar una cuestión: Los mismos sectores políticos que le acusaron hace 9 meses, son los que ahora probablemente “lo absuelvan de culpa y pena”, lo que no puede producir otra cosa más que un fuerte olor a podrido.