Pacto de impunidad en juicio político al contralor

La impunidad en Paraguay es un mal sin fin, es un verdadero cáncer para un país, carcome sin distinción poco a poco a instituciones y personas. Resultaba incomprensible que senadores de la oposición -con aura de impolutos- y oficialistas maullaban sórdidos argumentos, para evitar a toda costa la reanudación del juicio político al contralor General de la República, Enrique García. La explicación llegó cuando se conoció la lista de “recomendados” que copan la Contraloría General, la mayoría de ellos son directores o jefes de departamento, todos ligados a senadores o figuras de mucho poder, ahí se entendió que el “pacto de impunidad” consistía en volver a congelar el proceso en el Senado a cambio de nuevos “zoquetes” y mantener a “recomendados” en sus actuales cargos.

Nada no es extraño, cuando los politiqueros actúan para defender a familiares, amantes, leales, etc., colocados en cargos del sector público, en muchos casos están en lugares clave para acceder a información relevante para sus intereses o para cubrirse las espaldas en casos de emergencia.

Hay intereses creados en la decisión de volver a congelar el juicio político al “chino”, como dicen con cariño al contralor García, son intereses pluripartidarios que se mantendrán firmes en sus argumentos falaces hasta que no consigan una mayoría que garantice la “inocencia” total del titular de la Contraloría.

Eso de los intereses creados fue reconocido por el propio titular de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, el miércoles pasado señaló que priman los intereses políticos en el caso del juicio político al Contralor: “Aquí hay un juego de intereses”, confesó.

El manejo obscuro para frenar el juicio político al Contralor García, es el espejo de las habituales prácticas en el senado para bloquear o lograr beneficios políticos, como conformaciones de mesas directivas o conseguir mayorías en la Cámara.

La gravedad se ahonda cuando esas obscuras prácticas del senado se trasladan a otros poderes del Estado. El “chino” como dicen con cariño al contralor Enrique García, demuestra reiteradamente que es un hombre de muchos recursos a la hora de evadir responsabilidades, en febrero de este año logró que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspenda la imputación en su contra por el caso entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción. Por esta causa García fue acusado por la Cámara Baja, en marzo de 2018, por mal desempeño de funciones y por los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos de contenido falso, que habría cometido como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción

La resolución de la Corte fue dada a conocer recién en el segundo mes de este año, a pesar de que el fallo fue dado el 28 de diciembre de 2018, de esa forma el Poder Judicial paralizo el trámite de la causa hasta que se defina el juicio político al “chino”.

Enrique García también está siendo investigado por la fiscalía por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este hecho originó que la bancada de Honor Colorado logre que la Cámara de Diputados apruebe un proyecto de resolución que incluye estas nuevas acusaciones en el pendiente juicio político.

El Senado debe actuar correctamente y realizar el juicio político al contralor General de la República. El propio Enrique García, por dignidad debería renunciar al cargo y someterse a la justicia, la serie de acusaciones en su contra le hicieron perder toda autoridad moral para continuar ejerciendo su cargo.

 

Los recomendados de Cuevas nos salen caros

Volvió la era de los “recomendados” para copar los cargos públicos. Lejos quedó el sistema de concurso implementado en el Gobierno anterior, que con sus sombras y sus luces era democrático, y lo más importante servía para cubrir una necesidad real en el Estado y contaba con su respectivo presupuesto. En los últimos días la prensa revelaba que en menos de seis meses el titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, autorizó la contratación de 250 funcionarios, que se suman a los más de 2.000 mil ya existentes en el lugar; el mismo Cuevas también habría patrocinado el ingreso de otros 70 en La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), todos ellos con salarios de envidia, que son pagados con nuestros impuestos.

El ingreso indiscriminado de personas a la función pública afecta en primer lugar al presupuesto estatal, el Tesoro debe destinar mayores recursos para cubrir los salarios de los “recomendados”, cómo las necesidades del Estado son muchas y los ingresos siempre se quedan cortos, se deja de invertir en obras para mejorar la salud, la educación, vialidad, energía, entre otros de carácter social prioritario. En suma, el desarrollo del país en sus aspectos fundamentales queda permanentemente relegado, a costa de que ciertos personajes de la política cumplan con sus compromisos de campaña electoral y siembren una fuerza de operadores cuya cosecha dará frutos en la próxima elección.

En el caso de los enviados de Miguel Cuevas a la ANNP nos costará a los contribuyentes alrededor de 2.120 millones al año. Estos 70 incorporados en puertos se suman a otros, enviado por el mismo diputado, cuyos “honorarios” se liquidan a través de facturas, con lo cual el monto se dispara aún más. Puertos se convirtió en una verdadera cueva donde van a parar los operadores y amigos del titular de Diputados. El propio director, Ramón Catalino Retamozo, escaló en la institución precisamente de la mano de Miguel Cuevas.

Sobre esos 70 y más funcionarios que entraron a ocupar los cargos sin concurso de mérito, se desconoce el grado de preparación de los mismos, ya que no necesitaron de ningún currículum para acceder a los cargos. La mayoría sería de la zona del departamento de Paraguarí y localidades cercanas.

Sobre las habilidades y funciones que desempeñarán los más de 250 nuevos funcionarios de la cámara de Diputados, también es un misterio, pero formarán parte de ese ejército de privilegiados, que en muchos casos no tendrán una función específica, quizás acudan en contadas ocasiones a su puesto de trabajo, pero seguro a fin de mes van cobrar su salario con dinero público.

Parte de la crisis de los partidos políticos es la malversación de fondos públicos, para provecho particular en detrimento de los derechos y necesidades de todos. A medida que los ciudadanos asumimos conciencia de nuestra realidad, y buscamos transformarla, surgen nuevas figuras y organizaciones como alternativa al histórico plan de gobierno sustentado en el “zoquete”. Cierto que en nuestro país aún repetimos el voto a favor de los “candidatos chatarra”, pero también es cierto que surgen voces, figuras, acciones que buscan rescatar la política de las manos de los politiqueros.

Que lo de Cuevas y otros especímenes parecidos lo recordemos en las próximas elecciones. Finalmente “la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer”, recordemos que nosotros somos lo electores.

 

Los desafíos parlamentarios

Luego de unas largas vacaciones, por más de dos meses, en esta semana los parlamentarios retoman sus actividades. La agenda de temas pendientes va desde los de carácter político hasta los proyectos de ley urgentes para cubrir las necesidades del país y su gente. Es una agenda desafiante, económicamente porque el país empieza a sentir los efectos del complicado escenario de los países vecinos, y políticamente, porque están a las puertas las elecciones partidarias para renovar a su dirigencia, y los comicios para designar nuevas autoridades municipales.

Aquí el conflicto, el énfasis del trabajo parlamentario estará sobre las necesidades del país en materia económica y social -que en muchos casos son urgentes- o el foco estará centrado en sus necesidades políticas de poder. Un axioma en política es que, los espacios conquistados no se ceden, eso hace pensar que ante la proximidad de procesos electorales continuará la pugna entre partidos políticos y movimientos internos partidarios, que venimos viviendo en los últimos seis meses. Claro, siempre se alberga la ilusión que en esta vez ellos hagan la diferencia, lo ultimo que pierde un pueblo es su esperanza.

Los temas que deben resolver senadores y diputados al inicio mismo de sus gestiones son sumamente variados, van desde, pedidos de desafuero de diputados; leyes financieras para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; hasta una auditoría externa en la Cámara Baja por el excesivo “planillerismo” de sus funcionarios, entre otros tantos.

Pero también están aquellos altamente polémicos y que pueden tener serias consecuencias económicas o jurídicas. Funcionarios públicos decidirán esta semana si recurren o no a la justicia parque se mantengan los incrementos salariales de más de dos mil burócratas, aumento obtenido de forma irregular, y sobre el cual el Ejecutivo promulgó un decreto ordenando al Ministerio de Hacienda reglamente la situación para anularlos. Ante la amenaza judicial de los funcionarios públicos, la salida de la cartera de Estado es remitir al Congreso un proyecto de ley para que ellos decidan si mantiene o se modifica la Ley del PGN 2019.

Asimismo, poner punto final a la crisis que vive el presidente del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, a raíz de un tuit de respaldo al diputado con permiso, del movimiento oficialista Añetete, Ulises Quintana, recluido en la cárcel militar de Viñas Cue, acusado por supuestos hechos punibles relacionados con el narcotráfico. La fuerte presión de un grupo de ciudadanos, ciertos políticos y analistas para que el senador Bacchetta sea destituido se mantiene invariable, pero también son intensas las opiniones de legisladores que se oponen a una medida en su contra, especialmente porque el reemplazante sería un parlamentario del movimiento Honor Colorado, este tipo de reacciones refleja que la presencia política del ex presidente Horacio Cartes sigue pesando fuertemente entre sus opositores.

Además, están los discutidos incrementos a los impuestos de hasta un 30 por ciento para el tabaco, 50 por ciento para las bebidas con alcohol, y 20 por ciento para las bebidas azucaradas. Así como la creación de un impuesto del 15 por ciento a la exportación de soja, trigo, girasol, entre otros granos. Este paquete impositivo va desde la revancha política, como el del tabaco y bebidas azucaradas expresamente planteados para golpear a los negocios del ex presidente Horacio Cartes, pasando por el intento de aumentar los ingresos al fisco, pero también golpeado a la agroexportación, especialmente a la soja, permanentemente acusada de deforestación y mal uso de agroquímicos.

Paraguay vive un momento donde la estabilidad y la certidumbre son altamente prioritarios para dar un nuevo salto cualitativo, a pesar de las adversas circunstancias regionales y mundiales. Hay una carga heredada, el país debe alcanzar mayores niveles de modernización y desarrollo, los gobiernos pasados en su propia medida realizaron avances que nos permitieron hasta seis meses atrás gozar en la región de un nivel envidiable de estabilidad económica, transparencia, mejoramiento de la macro y micro economía, etc. Los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo, Judicial-, deben ponerse a la altura de las ventajas que hemos logrado, volver a caminar hacia adelante, alcanzado las metas de los desafíos que nos impone la realidad que nos circunda.

 

Golpe de timón a la economía

El dinamismo económico de Paraguay en los últimos años se está frenando, y se lo siente en las calles, en los comercios y empresas del país. Los últimos gobiernos lograron niveles de diversificación económica, que resultaron valiosos para no mantener una dependencia patológica, si se quiere, de la producción del sector primario. Sin embargo, la situación mundial y regional están afectando a la velocidad del crecimiento económico del país.

En los últimos días la voz de economistas, empresarios, productores y de la gente en las calles, hablan de una situación difícil para llegar a fin de mes o para cumplir con las metas previstas para comercializar. En los primeros meses del presente año fue aún más evidente la caída del consumo, que es uno de los elementos para medir el dinamismo económico, el efecto casi inmediato es la reducción de personal en el sector privado.

El sector comercial se ve afectado por la vinculación que tiene al diferencial de precios que sigue existiendo con relación a Argentina y Brasil. El sector industrial mira cómo aumenta el volumen del ingreso de productos manufactureros en el exterior, que vienen a competir con los locales. El sector agrícola estima una reducción en el crecimiento económico del 0,8%, de acuerdo a las proyecciones actuales para este año.

Estos signos de la ralentización de la economía paraguaya, se evidencian en la reducción de las expectativas sobre el crecimiento, en un primer momento se previa un cierre de año con un 4,5% de desarrollo, a finales del año pasado el propio Banco Central del Paraguay anuncio una revisión de la meta y lo reubico en un 4%. Analistas económicos, agentes del mercado, organismos internacionales entre otros hablan incluso de solo un 3% de crecimiento al cierre del 2019.

Es momento que el Gobierno tome decisiones urgentes, prácticas, realizables en el corto y mediano plazo para mantener un nivel aceptable de la estabilidad macroeconómica de los últimos años, así como el microeconómico que está directamente relacionada con la gente, con sus ingresos y su consumo, lo que ayuda a dinamizar la economía. Las políticas deben continuar buscando una mayor diversificación económica, apuntalando el aporte del sector de servicios y el manufacturero, garantizar la baja inflación, y un tipo de cambio estable. Este es el desafío del Gobierno para dar a tiempo un giro de timón a la economía nacional.