Con respecto a la primera de las interrogantes, solo alguien cegado por el fanatismo, o por sus broncas, puede justificar el proceder de “Payo”, salvo que se lo declare inimputable, en cuyo caso correspondería brindarle la asistencia clínica de rigor, por el bien de quienes le rodean y el suyo propio.

No es normal que alguien “ande por la vida” amenazando a todo el mundo con un cinto en la mano, o que defeque en la sala de audiencias de un juzgado, o que destruya vehículos de la patrulla caminera y del ministerio público (que pagamos todos) o, mucho más graves, que integre el grupo de quienes atropellaron la sede del Congreso y le prendió fuego.

No es normal que alguien obstruya el funcionamiento de un órgano del Estado, que pierda los estribos en casi todas las sesiones y las convierta en capítulos de una telenovela de bajo presupuesto, acusando a sus colegas mujeres de lesbianas y a las funcionarias del Poder Legislativo de prostitutas.

Y no es normal que la mayoría de los 42 senadores (los otros dos que usurpan bancas no cuentan) hayan dejado pasar por alto todo esto, a veces tomando los episodios de demencia como una broma, sonriendo y hasta dándole palmadas al hombro para tranquilizar al iracundo personaje.

Ocurre que al comienzo fue considerado un aliado del nuevo grupo de poder y un enemigo del que había abandonado el Palacio de López, por lo cual, en el cálculo perverso de no pocos legisladores, era mejor hacerse los sonsos y dejar pasar sus comportamientos vandálicos. Les convenía. El blanco era el enemigo cartista. Hasta que un buen día, ellos también pasaron a integrar la lista de los “elegidos” para ser atacados, con la agresividad que caracteriza a Cubas, por todos conocida.

Y entonces se escandalizaron. “¿Corrupto yo?”, se ofendió alguien que antes compró votos. Sus compañeros también se molestaron y, recién ahí, “comprendieron” que el descontrol de “Payo” también podía afectarlos, solicitando se le impongan las sanciones del caso. Habían alimentado al “monstruito” que ahora también a ellos muerde la mano.

Reconociendo que la repentina exigencia de respeto y de comportamiento civilizado está impregnado de hipocresía, eso no obsta que Paraguayo Cubas sea sancionado, ni que, si en verdad algunos le aprecian, lo sometan a un control médico de urgencia. Él es, efectivamente, la expresión más grosera de la decadencia del Senado. Pero acto seguido, se impone que sus juzgadores aborden las expresiones más graves del tremendo deterioro institucional que sufre la Cámara y de la cual ellos son corresponsables, al recurrir frecuentemente al famoso art. 23, que les da la mayoría necesaria para imponer su voluntad, muchas veces al margen de la Constitución y las leyes.

Mientras no encaren esa tarea de fondo, mientras Friedmann y Gusinky sean considerados “interpares” y, sobre todo, mientras no ajusten sus acciones al Estado de Derecho, esta u otras medidas contra “Payo” y quienes sigan su camino no tendrían otra finalidad más que protegerse a sí mismo, con el agravante de que no servirán para apaciguar a la fiera, ni acabar con sus “shows” recurrentes.

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.