Periodistas, medios y “coimas”

La presunta participación de periodistas en la “red de coimas” detectada en el Detave, que derivó en el apresamiento de su director y media docena de funcionarios de dicha repartición, es uno de los capítulos de esta trama de corrupción que corresponde analizar, despojados de toda actitud corporativa que se traduzca en la defensa a ciegas de los involucrados y sin distraer el fondo de la cuestión.

Un tema de por sí delicado, pues pone en entredicho la labor informativa, la veracidad de lo que se dice y siembra dudas sobre lo que se oculta, a lo cual el ministerio público se encargó de aportar mayor confusión con su accionar notoriamente irresponsable.

El anuncio lo hicieron los propios fiscales encargados de la investigación. “Hay periodistas involucrados en el caso”, quienes recibían pagos regulares a cambio de callar las irregularidades y exaltar el papel de la citada repartición, dijeron.

No divulgaron entonces sus identidades, alegando razones referidas al desarrollo de la investigación. Posteriormente volvieron sobre el tema, a fin de ”aclarar” que los periodistas no eran objeto de investigación y “asegurar”, sin dar ningún fundamento, que el dinero entregado a ellos no provenía de la recaudación de las “coimas”. Y después de todo esto, apenas transcurridas 24 horas, filtraron los nombres de los 6 trabajadores de la prensa al grupo Abc Color…

Nunca sabremos si recibieron sobornos o no, ni si tenían algún tipo de vínculo con la gavilla delictiva. El ministerio público, borrando con el codo lo que había escrito con la mano, decidió dar una vuelta de página y dejar que sus dichos tengan el destino de tantísimas denuncias: el olvido. En consecuencia, si los periodistas recibieron “coimas”, sus actos se mantendrán impunes, y si no lo hicieron, cargarán por siempre con el estigma de corruptos.

Lo que sí sabemos es que este asunto, de ser cierto, está lejos, lejísimos, de ser el primero y más grave en su género. El gremio de periodistas, como el de médicos, ingenieros, artistas o zapateros, está compuesto por personas de carne y hueso, algunas con más virtudes que vicios, otras a la inversa, talentosos y mediocres, solidarios y egoístas, honestos y… deshonestos.

No somos una cápsula aséptica en medio de una sociedad permeada por la corrupción. Somos parte de ella, con un agravante. Por la naturaleza del trabajo que realizamos, nos “codeamos” con el poder, en distintos niveles, para el cual repartir algunas migajas hace parte de su propia supervivencia.

Y no solo están los que aceptan migajas. También los hay quienes reciben más que eso, para frenar una investigación en desarrollo o que directamente no se publique, los que colocan a su parentela en la administración pública y los que obtienen contratos para sí, lógicamente a través de presta nombres, o para terceros, a cambio de un porcentaje del negocio.

Todo eso existe y es difícil de probar, salvo una investigación seria del ministerio público, que no tiene la menor intención de “alquilarse” un problema de este tipo, o que se indague el origen del patrimonio de unos cuantos, que ni por casualidad podrían poseer con sus ingresos lícitos.

Hasta que llegamos a la cima de la indecencia. Ahí están algunos propietarios de medios, que por años predicaron la rectitud y la trasparencia, pero solo de boca para afuera, o para poner contra la pared a sus enemigos. Son los que amasaron sus fortunas, de las que hoy disfrutan sus herederos, usando a los medios como garrotes para chantajear a los gobernantes de turno. Y lo siguen haciendo.

Hay que desnudar, pues, la hipocresía que rodea el tratamiento de esta materia. La prensa y los periodistas no somos modelos de moralidad, pero tampoco lo opuesto. Y sus componentes son como el resto de “los comunes”, a los que corresponde tratar como tales, sin ninguna excepción, de acuerdo a los mandatos de ley.

 

No es solo Benítez, ni tampoco Detave

El apresamiento del director del Detave, general Ramón Benítez, es un hecho relevante y positivo. Su pertenencia a una gavilla de delincuentes, dedicada a permitir el ingreso de productos de contrabando a cambio de “coimas”, lo justifica plenamente. Sin embargo, presentarlo como “el jefe” y dando a entender que se ha cortado la cabeza de la serpiente, carece de toda seriedad, al igual que celebrar su caída e ignorar o minimizar el grave error cometido por el gobierno a la hora de nombrarlo, a pesar de los antecedentes del militar, quien fuera destituido como comandante de la FTC por las denuncias de extorsión a estancieros.

Benítez y otros 9 funcionarios, incluyendo 2 oficiales de policía, fueron imputados por los hechos punibles de contrabando, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, pero nadie con un mínimo conocimiento de la realidad, creería por un instante la versión de que estos delitos, tan graves y extendidos en nuestro país, se limiten a dicha repartición y tengan al general retirado como único cabecilla de la organización.

Como el Detave, otras instituciones son igual de corruptas, empezando por distintas dependencias de Aduanas, pasando por Puertos, la Marina y la policía, y alcanzando a la propia fiscalía, en las que existen varios equivalentes al general retirado. Son piezas de un engranaje que funciona con total impunidad, que pueden ser cambiadas, y en efecto lo son con cierta frecuencia, sin afectar con ello sus actividades criminales.

No sabemos si su apresamiento responde a disputas internas, si “pisó algún callo” que no debía o guardó para sí lo que tenía otro destinatario, pero que el hombre tiene responsabilidades muy claras en el ilícito, no quepa la menor duda. Sin embargo, esa es apenas una de las líneas de investigación del ministerio público. La otra, de mayor envergadura, es apuntar al engranaje, al sistema que hace posible el ingreso masivo de contrabando de los más variados productos, a plena luz del día, de lunes a domingo, privándole al Estado sumas multimillonarias en concepto de impuestos.

Hasta ahora escuchamos autoalabanzas del oficialismo por el “operativo brillante”, como se denominó el caso que derivó en el apresamiento de Benítez y otros funcionarios. Pero si se limita a ellos y unos pocos más, y la causa se restringe al Detave, todo habrá sido un fraude. Uno más de los varios que ya se produjo en los últimos tiempos, bajo el ropaje de mucho marketing y mucha publicidad sobre la supuesta lucha frontal contra la corrupción, que en la administración pública avanzó muy poco o nada.

Los fiscales René Fernández y Josefina Aguemo tienen mucho trabajo por delante, al menos de ser cierto que quieren combatir esta rosca mafiosa. Ellos son los responsables, no el jefe de la Senad (Arnaldo Giuzzio) u otro organismo de seguridad, cuyas labores son las de auxiliares del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Para esto ni siquiera precisan “pescar” a funcionarios con “las manos en la masa”, como lo hicieron con el militar retirado. Basta que pasen revista al personal jerárquico de las instituciones antes mencionadas e inicien una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Que les obliguen a justificar su patrimonio y, si no lo hacen, pues que se les aplique las penas que corresponda, incluyendo la de no volver a pisar una repartición pública.

¿Lucha anticorrupción o nueva fraude a la vista? A corto plazo lo sabremos.

 

¿Urnas o papeletas?

Primó la razón sobre la insensatez y ambas cámaras del Congreso, sin que registraran ni un solo voto en contra, aprobaron en general el desbloqueo de las listas para los cargos pluripersonales, remitiendo al archivo, en el caso del Senado, el disparatado proyecto de “listas abiertas”, inviable e irresponsable, al extremo de constar de un solo artículo. Y la mesura también se hizo presente al dimensionarse correctamente los alcances de dicha normativa, calificada como “un paso positivo” por el grueso de los legisladores y no como “un hecho histórico” que, al decir de algunos medios, sanaría todos los males del sistema electoral y hasta de la democracia misma.

Este es el hecho más relevante de la jornada de la víspera. Los senadores abortaron la pretensión de la bancada “llanista” del PLRA de embarrar la cancha mediante su adhesión a las “listas abiertas”, que no fue capaces de defender la propuesta con argumentos medianamente serios, y los diputados nos sorprendieron con una larga sesión, convocada a pedido de la bancada de Honor Colorado, adhiriendo en forma unánime al desbloqueo.

El otro elemento que cabe mencionar, aunque de manera secundaria, es la protesta realizada en las inmediaciones del Congreso, a la que no asistieron ni 25.000, ni 15.000, ni 5.000, ni 1.000 personas, a pesar de los anuncios hechos por el senador suspendido Paraguayo Cubas, quien a esta altura de los acontecimientos debería darse un baño de humildad y, sobre todo, de cordura. En el mejor de los casos, los manifestantes llegaron a los 700. Pero en lugar de admitir el fracaso y revisar su accionar político, el legislador y sus seguidores recurrieron a las actitudes provocadoras y violentas, así como a inaceptables cierres de ruta, en el afán de lograr cierta notoriedad, terminaron cosechando el repudio de amplios sectores ciudadanos.

¿Y AHORA QUÉ?

Una vez resuelto el tema del desbloqueo, tanto para las internas de los partidos como para las generales, el debate girará en torno al sistema que se utilizará para su implementación, si será el de urnas electrónicas, como sostiene la mayoría de la Cámara de Diputados, o las tradicionales papeletas, hasta ahora abordados solo superficialmente.

El tratamiento y definición de este tema debería basarse en consideraciones técnicas, en la experiencia internacional y en la nuestra, apelando a todos los conocimientos que existen en la materia. No tiene que encararse con otros criterios, a los que normalmente nos tienen acostumbrados los chapuceros de la política.

Los que defienden las urnas electrónicas tienen la responsabilidad de profundizar las explicaciones sobre cómo se garantizaría a los electores, por esta vía, la transparencia del acto comicial, desde que marca sus opciones hasta el escrutinio, lo que no debe entenderse como un rechazo al mecanismo, sino como un planteamiento destinado a disipar todas las dudas que existen al respecto.

Por ejemplo, necesitamos saber las razones por las cuales son tan pocos, cada vez menos, los países que recurren a esta metodología, entre los cuales no se incluyen los más avanzados en el terreno de la informática, como Corea del Sur, por qué los EE.UU apela a dicho procedimiento en apenas un puñado de distritos electorales y se suspendió su empleo en regiones de Suiza.

De igual manera, los que se oponen a incorporar el uso de las urnas electrónicas y defienden la continuidad de las papeletas, pero sin embargo propiciaron o apoyaron el desbloqueo de las listas, tienen ahora el deber de exponer ante la ciudadanía cual sería el método que haga posible su puesta en marcha, sin que eso le complique la vida a los electores, con innumerables boletines, ni largas horas destinadas al escrutinio.

Es probable que la discusión se contamine con argumentos políticos o de índole electoralista, pero así como se impuso la cordura sobre la irracionalidad de los que se aferraban a las “listas sábanas”, así también deben primar los argumentos técnicos, sobre los discursos que se apartan de estas consideraciones y, en consecuencia, carecen de seriedad alguna.

 

No pudieron salvarle, por eso renunció

Hasta pocas horas antes del juicio político al ahora ex Contralor General de la República, Enrique García, todo estaba dispuesto para que un sector del Senado impidiera su destitución. Incluso en la jornada del martes y durante los primeros tramos de la sesión de ayer, el alto funcionario se mostraba muy seguro de contar con la cantidad de votos necesarios para poder seguir en el ejercicio de sus funciones y los delitos que le imputan sigan impunes. Pero la maniobra fracasó. Los legisladores que la propiciaron no pudieron “salvarle” y, al constatar el hecho, García presentó renuncia para evitar la humillación de ser removido del cargo, Silvio Ovelar levantó rápidamente la sesión y Diputados completa el proceso hoy, con la aceptación de la dimisión y la designación del subcontralor como nuevo titular del organismo. Final de la historia.

El plan de “blanqueo” no se frustró por la presión ciudadana, como destacan algunos medios. Ésta, en lo que se refiere al caso en cuestión, nunca existió. Las deliberaciones del Senado fueron seguidas solo por algunas decenas de personas, apostadas en las inmediaciones del Congreso. Lo que en realidad terminó primando para que se logre la renuncia obligada de García fue la posición de sectores de la dirigencia política y el papel desempeñado por algunos medios de prensa.

Las “movidas” comenzaron el pasado martes. Entonces, el ex presidente Horacio Cartes se pronunció a favor de la revocatoria del mandato del contralor y la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta anunció que votaría en ese sentido. Después hizo lo propio el comité ejecutivo del radicalismo auténtico, y ayer, un par de horas antes que los senadores dictaran sentencia, el presidente Abdo Benítez pidió al bloque oficialista que acompañara la destitución.

De todas formas, los operadores a favor de “blindar” a García prosiguieron con sus planes, manteniendo las adhesiones de 2 o 3 legisladores colorados, suficientes para abortar la destitución, pero entonces intervinieron nuevamente los líderes de los principales movimientos internos de la ANR para “disuadirlos” de que abandonaran esa posición y se disciplinaran a sus respectivas bancadas.

La intervención de Enrique Riera en el pleno del Senado fue una confirmación de lo señalado, al increpar duramente, aunque sin dar nombres, a sus colegas que estaban en esa tesitura.

La renuncia, en vez de destitución, deja un sabor agridulce. El efecto es casi idéntico, salvo que no queda inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero el Senado procedió como corresponde: No se puede echar a quien ya no está o, como señala el dicho, “muerto el perro acabó la rabia”

Sin embargo, debemos recordar que la racional actitud no se materializó en otros casos. Varios de los que votaron para no continuar con la sesión para sancionarle a García, como propuso Riera, antes ignoraron las renuncias de González Daher y Oviedo Matto, para así resolver la pérdida de investidura de los dos. Y más recientemente, no dijeron una palabra cuando sus colegas de movimiento hicieron lo mismo con la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

Esperemos, pues, que lo actuado en el Senado refleje un cambio de actitud y no el método de proceder con racionalidad cuando se trata de un “amigo” o personaje cercano a “los amigos”, pero descarga toda la saña en los adversarios que, en la práctica, son tratados la mayorías de las veces como los peores enemigos.

Es impresionante el nivel de desconocimiento. Se instaló la idea, falsa por cierto, de que la gente va a elegir a los candidatos de su predilección e impedir que sean electos los llamados impresentables

Un diario titula hoy su editorial: Tema crucial para la democracia. Perfeccionamiento de la democracia, mediante una mayor y mejor representación.