Periodistas, medios y “coimas”

La presunta participación de periodistas en la “red de coimas” detectada en el Detave, que derivó en el apresamiento de su director y media docena de funcionarios de dicha repartición, es uno de los capítulos de esta trama de corrupción que corresponde analizar, despojados de toda actitud corporativa que se traduzca en la defensa a ciegas de los involucrados y sin distraer el fondo de la cuestión.

Un tema de por sí delicado, pues pone en entredicho la labor informativa, la veracidad de lo que se dice y siembra dudas sobre lo que se oculta, a lo cual el ministerio público se encargó de aportar mayor confusión con su accionar notoriamente irresponsable.

El anuncio lo hicieron los propios fiscales encargados de la investigación. “Hay periodistas involucrados en el caso”, quienes recibían pagos regulares a cambio de callar las irregularidades y exaltar el papel de la citada repartición, dijeron.

No divulgaron entonces sus identidades, alegando razones referidas al desarrollo de la investigación. Posteriormente volvieron sobre el tema, a fin de ”aclarar” que los periodistas no eran objeto de investigación y “asegurar”, sin dar ningún fundamento, que el dinero entregado a ellos no provenía de la recaudación de las “coimas”. Y después de todo esto, apenas transcurridas 24 horas, filtraron los nombres de los 6 trabajadores de la prensa al grupo Abc Color…

Nunca sabremos si recibieron sobornos o no, ni si tenían algún tipo de vínculo con la gavilla delictiva. El ministerio público, borrando con el codo lo que había escrito con la mano, decidió dar una vuelta de página y dejar que sus dichos tengan el destino de tantísimas denuncias: el olvido. En consecuencia, si los periodistas recibieron “coimas”, sus actos se mantendrán impunes, y si no lo hicieron, cargarán por siempre con el estigma de corruptos.

Lo que sí sabemos es que este asunto, de ser cierto, está lejos, lejísimos, de ser el primero y más grave en su género. El gremio de periodistas, como el de médicos, ingenieros, artistas o zapateros, está compuesto por personas de carne y hueso, algunas con más virtudes que vicios, otras a la inversa, talentosos y mediocres, solidarios y egoístas, honestos y… deshonestos.

No somos una cápsula aséptica en medio de una sociedad permeada por la corrupción. Somos parte de ella, con un agravante. Por la naturaleza del trabajo que realizamos, nos “codeamos” con el poder, en distintos niveles, para el cual repartir algunas migajas hace parte de su propia supervivencia.

Y no solo están los que aceptan migajas. También los hay quienes reciben más que eso, para frenar una investigación en desarrollo o que directamente no se publique, los que colocan a su parentela en la administración pública y los que obtienen contratos para sí, lógicamente a través de presta nombres, o para terceros, a cambio de un porcentaje del negocio.

Todo eso existe y es difícil de probar, salvo una investigación seria del ministerio público, que no tiene la menor intención de “alquilarse” un problema de este tipo, o que se indague el origen del patrimonio de unos cuantos, que ni por casualidad podrían poseer con sus ingresos lícitos.

Hasta que llegamos a la cima de la indecencia. Ahí están algunos propietarios de medios, que por años predicaron la rectitud y la trasparencia, pero solo de boca para afuera, o para poner contra la pared a sus enemigos. Son los que amasaron sus fortunas, de las que hoy disfrutan sus herederos, usando a los medios como garrotes para chantajear a los gobernantes de turno. Y lo siguen haciendo.

Hay que desnudar, pues, la hipocresía que rodea el tratamiento de esta materia. La prensa y los periodistas no somos modelos de moralidad, pero tampoco lo opuesto. Y sus componentes son como el resto de “los comunes”, a los que corresponde tratar como tales, sin ninguna excepción, de acuerdo a los mandatos de ley.

¿Qué clase de médicos estamos lanzando al mercado?

El reciente escandaloso caso que involucra a la Universidad María Serrana, donde un grupo de estudiantes logró culminar sus carreras de Medicina de manera meteórica mediante certificados truchos, nos hace cuestionar el nivel de enseñanza de los futuros profesionales de un ámbito sumamente sensible como lo es la salud.  

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

 

Casi, casi, venden “La Patria”

No hay margen para la menor distracción. De no ser por alguien que alertó en las redes sociales lo que el Fondo Ganadero y no sabemos quiénes más estaban tramando, a las 11:00 horas de hoy, viernes, la “Estancia La Patria”, fundad por el coronel Rafael Franco a poco de finalizar la guerra del Chaco, hubiera dejado de ser de… la Patria, perdiéndose con ello todo el valor histórico y cultural que representa para el Paraguay y los paraguayos.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

¡Sanos y salvos!

Vivimos días oscuros, a nadie ya le cabe la menor duda. Una epidemia que se expande sin cesar, al igual que el desempleo y la pobreza, más escándalos de corrupción no resueltos, ya eran detonantes suficientes para desencadenar una crisis aguda, a los que ahora se incorporó otro factor que nunca nos abandonó pero que se hallaba en estado latente: La violencia.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.