Persecución y cortina de humo

Por qué ciertos políticos, formadores de opinión y medios de comunicación no están hablando de hechos reales como la pérdida de control del Gobierno ante el crimen organizado en el país; del silencio del Gobierno ante el reclamo que por varias semanas realizan indígenas en las cercanías del Palacio de López; de las demandas que realizan los médicos y pacientes por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos; de la rebaja, pero en serio, del precio del combustible ante el estrepitoso desplome del precio del petróleo; del conflicto sobre las tierras en el interior del país; entre otros hechos que son de interés de la gente. Por qué ellos hablan más de un tal Messer; de la Comisión Bicameral del Congreso; de la supuesta cancelación de la visa de Horacio Cartes para viajar a EEUU. Es que estamos ante una cortina de humo para tapar los serios errores del Gobierno y su falta de gestión, así de simple.

La inseguridad en la que vive la población volvió a ratificarse hace unas horas con el brutal ataque armado que enfrentó una familia de frontera, ubicada en el barrio Virgen del Rosario del distrito de Ypehû, Canindeyú, por parte de unas 30 personas. Los desconocidos llegaron pertrechados con armas largas y bombas, durante 30 minutos se dedicaron a volar tres viviendas, vehículos, y una estación de servicio. Así como llegaron se retiraron, sin ningún tipo de problema que ofusque su misión.

El fin de semana se fugó un líder y sicario del Primer Comando Capital (PCC) del lugar más custodiado del país, la agrupación Especializada de la Policía Nacional, horas más tarde otro soldado del PCC inició un incendio en su celda en busca de una oportunidad para fugarse, poniendo en riego cientos de presos del penal de Tacumbú.

Antes de los actos del PCC en Tacumbú y la Especializada, la joven Lidia Meza fue asesinada en una celda de la Agrupación, a manos del narcotraficante Marcelo Pinheiro, alías “Piloto”, ningún policía miró o escuchó la brutal pelea que la joven libró para intentar salvar su vida. Nunca más el Gobierno volvió hablar de las acciones para que se haga justicia en el crimen contra esta paraguaya.

Los hechos citados, en materia de seguridad ciudadana, son la muestra clara de que el Gobierno perdió el control ante el crimen organizado. No existe ninguna responsabilidad política por el hecho, los medios “amigos” solo atinan a reproducir el discurso obvio e inocuo del presidente. Ninguno cuestiona la inseguridad en que vive la gente, la cual se disparó en los últimos cuatro meses.

Hace más de un mes miembros de 10 comunidades indígenas se movilizan por las calles de la capital paraguaya pidiendo una audiencia al presidente Abdo, para exponer sus razones del por qué debe destituir a la titular del INDI, la recuperación de sus tierras ancestrales y el esclarecimiento de asesinatos a jóvenes en sus comunidades. Luego de más de 30 días de manifestaciones y privaciones sobreviviendo en las calles de Asunción el mandatario recibirá a una de esas comunidades, el resultado y cumplimiento son de pronóstico reservado. Pensar que el 15 de agosto Abdo juró que los indígenas serían una prioridad en su Gobierno.

Otro hecho es el retorno del control del cártel del combustible. A pesar que durante dos meses el precio del barril de petróleo se estabilizó alrededor de los 50 dólares, y lleva 78 días de desploma con una reducción del 40 por ciento del precio que tenía a hace dos meses atrás – 75 dólares por barril- ubicándose ahora el precio en los 46 dólares, el Gobierno solo bajó 100 guaraníes en el precio del litro del diésel tiene el menor consumo entre la población. Tras la presión de pocos medios de comunicación, ahora el Gobierno anuncia que “quizás” habría una nueva reducción en enero.

Los temas citados, entre otros de verdadero interés de la gente están invisibilizados en el análisis de ciertos formadores de opinión, periodistas, políticos y medios de comunicación. No llenan las tapas de los diarios o están en los micrófonos y pantallas de medios de comunicación “aliados”. Por el contrario, estos magnifican en las últimas tres semanas, con títulos catástrofe, lo relacionado con Darío Messer y el senador electo y proclamando Horacio Cartes, los cuales a su vez son cuestiones propias de la Bicameral del Congreso (CBI), la cual está dirigida por manifiestos enemigos del senador electo.

A la luz de los hechos, es fácil concluir que el Gobierno, a través de la CBI y el apoyo coyuntural de medios “aliados”, no solo cumplen el trabajo de inquisidores, sino que también actúan como una cortina distractora de la falta de gestión gubernamental y de los errores reiterados en los que se incurre. Claro, la gente ya no come ese vidrio.

¿Qué clase de médicos estamos lanzando al mercado?

El reciente escandaloso caso que involucra a la Universidad María Serrana, donde un grupo de estudiantes logró culminar sus carreras de Medicina de manera meteórica mediante certificados truchos, nos hace cuestionar el nivel de enseñanza de los futuros profesionales de un ámbito sumamente sensible como lo es la salud.  

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

 

Casi, casi, venden “La Patria”

No hay margen para la menor distracción. De no ser por alguien que alertó en las redes sociales lo que el Fondo Ganadero y no sabemos quiénes más estaban tramando, a las 11:00 horas de hoy, viernes, la “Estancia La Patria”, fundad por el coronel Rafael Franco a poco de finalizar la guerra del Chaco, hubiera dejado de ser de… la Patria, perdiéndose con ello todo el valor histórico y cultural que representa para el Paraguay y los paraguayos.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

¡Sanos y salvos!

Vivimos días oscuros, a nadie ya le cabe la menor duda. Una epidemia que se expande sin cesar, al igual que el desempleo y la pobreza, más escándalos de corrupción no resueltos, ya eran detonantes suficientes para desencadenar una crisis aguda, a los que ahora se incorporó otro factor que nunca nos abandonó pero que se hallaba en estado latente: La violencia.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.