Petropar crea nerviosismo en el mercado

Un nerviosismo anticipado surge en el mercado después de las últimas acciones y declaraciones de la titular de Petropar, Patricia Samudio, quien a pocos días de un cuestionado incremento del precio del combustible informó que para fin de año se viene otro aumento del importe de los derivados del petróleo. A la imprudente declaración se suman las denuncias periodísticas en su contra, de las mismas se desprende que en dos meses de gestión habría jugado a favor de los emblemas privados, dejando de lado su función de servicio público, es decir habría descuidado proteger el bolsillo de la gente.

El anuncio del nuevo incremento del precio de los combustibles para fin de año forja una especulación innecesaria, que finalmente impactará en el bolsillo de la gente, entorpece la dinámica del consumo, y frena los planes que preparan los diferentes actores económicos para el 2019. El mercado en general al ser anticipado de un magro escenario para finales de año, evidentemente se retracta en sus decisiones y evita invertir o adquirir.

El descuidado anuncio de Samudio puede tener un impacto directo en los indicadores de la economía paraguaya, toda vez que el precio del combustible tiene un efecto cascada que afecta a toda la dinámica económica del país. La cotización de los combustibles conmociona el precio de pasaje público de pasajeros, las tarifas del transporte de mercaderías, la prestación de servicios, entre otros que atraviesan toda la dinámica de un país.

Las autoridades designadas en puesto públicos por el actual gobierno, como es el caso de Patricia Samudio, no deben perder de vista que la función del Estado y el rol de sus empresas son diferentes a las del sector privado. Petropar no solo es una gestora de los derivados de petróleo, también es la reguladora del precio del combustible, su responsabilidad es precautelar el bien público; los índices de la inflación, el precio del transporte público, las tarifas de los fletes, entre otros que afectan al país y su gente.

Preocupa que la presidenta de Petropar -empresa del Estado- haga este tipo de anuncios. Escenarios como los señalados por Samudio en un ambiente de negocios se los maneja con reserva, cuanto más si estos los administra una autoridad estatal, para no espantar las buenas expectativas de los agentes económicos y de la gente, para no atentar al consumo de fin de año.

Es de esperarse que tanto la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, así como el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, asuman participación en el caso y rectifiquen lo que acontece en la estatal, puesto que las decisiones y declaraciones de la titular de Petropar también afecta a sus gestiones ministeriales.

 

Petropar está secuestrada por los emblemas privados

Como mínimo es abusivo, el accionar de Patricia Samudio, la nueva presidenta de Petróleos Paraguayos S.A. (Petropar). Benefició a la compañía Monte Alegre antes de la suba del precio del combustible, cuyo propietario es Conrado Hoeckle asesor “ad honorem” y amigo del presidente de la República, en tanto abandonaba a su suerte a los operadores de la estatal con el objetivo de obligarlos a desprenderse de sus bocas de expendio, revelan las fundadas investigaciones periodísticas.

Patricia Samudio fue ejecutiva de la empresa Puma Energy, es decir proviene del grupo de emblemas privados que se opusieron y atacaron el desarrollo comercial que logró Petropar en los últimos cinco años. La empresa estatal hace cinco años tenía alrededor de cuatro estaciones de servicio (operadores), a agosto de 2018 crecido a unas 150 estaciones de servicio, y captando un 15 por ciento del mercado de la venta de combustibles manteniendo siempre un precio más bajo que el sector privado, a fin de favorecer a la economía de los consumidores.

Con el aumento del precio internacional de los derivados del petróleo, Petropar también se vio obligado a subir los precios de los combustibles, y lo fija a un valor superior a la suba de los emblemas privados. La empresa del Estado tiene con principal fin el servicio a la población, luego obtener una ganancia aceptable que le permita seguir operando a favor de la ciudadanía. Este fue el inicio del reclamo de los operadores de Petropar, que vieron de la noche a la mañana perder lo que les diferenciaba de los emblemas privados, el eterno precio más barato que la competencia. Samudio si atinar a explicar, la desequilibrada decisión emprendió una carrera de acusaciones, que ter minaron poniendo al descubierto las podridas intenciones de la nueva titular de Peropar.

Pero no solo se descubrió el “favor” al asesor ad honorem del actual presidente de la República; la destrucción de los operadores de Petropar para beneficiar al grupo del sector privado del cual proviene; y a los cuales aparentemente debe favores. Sino que descubrió que Samudio uso el dinero de la empresa estatal para salvar deudas bancarias personales. José Costa Perdomo, es el esposo de la nueva titular de la petrolera estatal, él figura como propietario de la compañía de Triqueta SA, vinculada también a los combustibles del sector privado y adeudaría unos 7 millones de dólares al sistema financiero, y a varias distribuidoras de combustibles, entre ellas la del ad honorem Conrado Hoeckle.

A más de vender a precio regalado el combustible de la estatal a los privados, Patricia Samudio violó normas establecidas en un decreto al transferir el mes pasado al banco GNB unos dos mil millones de guaraníes de los fondos Petropar, que estaban depositados en el BNF -tal como impone la ley-, esta operación favoreció al banco privado con unos dos mil millones de guaraníes, por el servicio de la transferencia bancaria, ese monto coincide con una de las deudas de Patricia Samudio y su esposo.

Seguro que la investigación periodística continuará revelando otras perlas de cómo Patricia Samudio en un poco más de 30 días refinanció sus deudas, pagando favores a sus partners. Se impone urgente que actúe la justicia y que el mandatario ponga un freno al caos generado en la estatal en tan poco tiempo, salvo que los 415 millones de guaraníes aportados por los Samudio-Costa a la campaña según informes de la Justicia Electoral, le impida actuar con firmeza a favor de la gente.

 

Gobierno anterior dejó blindado al Paraguay ante crisis regionales

Este Gobierno recibió como herencia un blindaje macroeconómico muy sólido, para protegerlo ante las crisis regionales. Hace muchos años ya no se escucha que Paraguay se enferma cuando Argentina y Brasil estornudan. Nuestro país tendría un crecimiento económico entre el 4,4 y el 4,7 por ciento para el cierre de este año, mientras que los países de la región se mantienen en un ciclo recesivo, es decir estamos en una posición envidiable, fruto del excelente trabajo de lo últimos años en la aplicación de políticas económicas y monetarias. La ciudadanía del Paraguay espera que el actual gobierno, como mínimo, sostenga el nivel existente si no es capaz de mejorar la actual situación.

Hay algo muy importante que debe hacer el Gobierno para que todos los esfuerzos realizados en materia económica y los que prevea realizar se sostengan y sean efectivos, es una condición sine qua non, recomienda la economista Gloria Ayala Person, la nueva administración debe “tranquilizar el mercado”. “Evitar alimentar las especulaciones, no colaborar con el drama, debemos tranquilizar el mercado…los ajustes también deben ser mínimos para la clase asalariada que a su vez también tiene ajustes automáticos por efectos de la inflación”.

A muchos asusta que Paraguay pueda llegar a una situación económica difícil como la de Brasil, pero especialmente teme a la turbulenta situación argentina, en teoría Paraguay no llegaría a eso niveles, porque en los últimos años las autoridades gubernamentales trabajaron para mejorar el ambiente de inversión logrando una tremenda diversificación de las exportaciones, la presencia significativa de inversionistas extranjeros, tenemos un guaraní sólido y no sufrimos tipos de cambios y variables macroeconómicas abruptos por efectos externos al país.

La ciudadanía, que, si bien no tiene mayores expectativas en el actual gobierno, espera que éste asuma las decisiones adecuadas que impida que el país llegue a una situación similar de nuestros vecinos, más todavía teniendo tremendo colchón macroeconómico. El nuevo gobierno debe enfocarse en combatir el contrabando; fortalecer el negocio paraguayo en la zona de frontera, definir las políticas destinadas a minimizar los efectos de las economías regionales y mundiales, para evitar un impacto serio en nuestro país. Menos dramas, menos odio, menos pugnas viscerales, más trabajo pensando en el bienestar de la gente. El futuro de la población está en manos del actual gobierno, tiene por herencia un fuerte blindaje macroeconómico, esperemos que no desperdicie la oportunidad que tiene de engrandecer a la Nación.

 

Inaceptable actitud con el Grupo Lince

Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con datos proveídos por el Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional daban cuenta que al cierre de febrero del presente año las denuncias en Asunción referente a robos perpetrados por motociclistas, también conocidos como “motochorros”, fue de cero, sí, no leyó mal, fue cero denuncias. La presencia de los 150 miembros del Grupo especial “Lince”, de la Policía Nacional en las calles del área metropolitana evidentemente fue uno de los factores fundamentales para ese registro histórico.

Las excusas del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, ante el recrudecimiento de las acciones del crimen callejero generaba entre la ciudadanía sentimientos encontrados, no sabía si debía reír o llorar. El locuaz secretario de Estado con firmeza aseguraba que solo hay 150 Linces para el área metropolitana, porque el anterior gobierno envió a la otra mitad de la fuerza al interior del país. Resulta inentendible e inaceptable la excusa del ministro, puesto que con la misma fuerza operativa los Lince mantenían a raya a los “motochorros”.

La mentira tiene patas cortas, hoy finalmente se conoció que la Entidad Binacional Yacyretá había recortado el presupuesto del Grupo Lince, la fuerza policial que en tan solo un año de actividad se convirtió en el orgullo de su institución y de todos los paraguayos. Debieron recrudecer los asaltos, morir ciudadanos, y existir presión ciudadana para que el Gobierno Nacional rectifique el error y restituya el presupuesto para esa fuerza especial operativa. Este grupo policial motorizado estuvo sin dinero desde que asumió el nuevo Gobierno, lo cual fue aprovechado altamente por los delincuentes callejeros.

Luis Calderón, de la organización Socorro (que trabaja en conjunto con la Comandancia de la Policía Nacional), reveló la proterva maniobra del gobierno. En tanto aumentaban los saltos a los ciudadanos, y las autoridades argumentaban que los “Linces” seguían operando de la misma forma que siempre, pese a que la ciudadanía no lo percibía igual.

La pólvora de los fuegos pirotécnicos de algunos ministros del actual gobierno se está humedeciendo, con la presencia de la verdad. En enero-febrero de 2018 sobre las denuncias en Asunción contra “motochorros”, se observó una reducción del 85,7%, en comparación con el mismo periodo de 2017. En los primeros meses del año pasado las denuncias fueron 21, en tanto que en el mismo periodo del presente periodo estas tan solo fueron tres.

El lema del actual gobierno no se condice con sus hechos, inhabilitar por causas político-partidarias un logro efectivo realizado por la anterior administración a favor de la gente, sin que le importe el recrudecimiento de la delincuencia callejera azotando a la ciudadanía, solamente para bajar la vara alta que le dejaron y desprestigiar al antecesor es una actitud inaceptable e inexcusable. La gente está más demandante, de a poco la ciudadanía pasiva está siendo reemplazada por otra más proactiva y empoderada, las autoridades deben aguzar su lectura sobre los nuevos escenarios.