Petta, mucho peor que “una piedra en el zapato”

Dicen que el instinto de conservación es el último que pierde el ser humano. La pelea por la subsistencia y auto preservación nos acompaña a lo largo de toda la vida, incluso en momentos por demás críticos, de enfermedades terribles, catástrofes naturales o de las ocasionadas por el hombre, como las guerras. Pero esto, que también puede aplicarse a la política y a los políticos, no siempre se da en la práctica, sea porque quienes deberían cuidar sus pellejos, en este caso sus cargos, muchas veces no son conscientes de los peligros que les acechan o por necios, al negarse a reconocer los errores que saltan a la vista. Y si no, veamos el “caso Petta”, cuya continuidad como ministro es un atentado a la razón.

En los últimos días había circulado el rumor de su posible renuncia o destitución. El fiasco de los libros con horrores ortográficos, el último de una larga lista, más la “solución” anunciada por el inestable secretario de Estado -“los chicos harán las correcciones”- parecían ser el epílogo de su penoso papel al frente de la cartera más importante del gabinete, junto a la de Salud. Pero cuando muchos se preparaban para gritar… ¡aleluya!, Juan Ernesto Villamayor les dio la razón a los incrédulos, recordando a todos que el sujeto en cuestión “goza de la confianza del presidente”.

La postura de Marito podía entenderse, y no tanto, el 15 de agosto del 2018, cuando nombró al ex fiscal en contra de la opinión de todos los estamentos del sistema educativo. Pero de entonces a esta parte transcurrieron 18 meses, a lo largo de los cuales demostró ser algo mucho peor a una simple “piedra en el zapato”, un perfecto inepto para tan importante función y una fuente inagotable de conflictos. Solo mostró alguna eficacia en el tema de los kits escolares, para lo cual no hace falta ser ministro, vice o director de algún departamento, sino un buen jefe de distribución.

Si el hombre no tiene la menor solvencia intelectual para manejar las riendas de la educación y si, además, es un factor de permanente discordia con los gremios docentes, los directores y estudiantes, así como con los políticos del oficialismo y sus aliados, la pregunta que todos nos hacemos es por qué motivo lo mantiene Abdo Benítez en el cargo, con tanta obstinación.

Tal vez, y solo tal vez, el presidente cree demostrar así su “liderazgo” y su “capacidad de mando”, que “él tiene la lapicera”, pero de estas características solo la última se ajustaría a la realidad, pues lo demás supondría escuchar al resto y dejar de lado tanta necedad, aunque más no sea por instinto de conservación, aplicado a la política.

 

IPS: ¿Trabajar más años para percibir aún menos?

El tema de la seguridad social es uno de los más sensibles y vapuleados en el planeta. En los países de la región, Chile fue el primero en destruirla, vía privatización, con resultados que hoy están a la vista de todos, y algo similar sucedió a lo largo y ancho de América Latina. Es absolutamente comprensible, pues, que a todos se nos pongan “los pelos de punta” cuando escuchamos decir al presidente del IPS, Andrés Gubetich, que el gobierno pretende modificar la Carta Orgánica de la institución, a fin de elevar la edad jubilatoria de 60 años a 65 y aumentar de 3 años a 10 el periodo para determinar el promedio del monto a cobrar al cabo de 3 décadas de trabajo, lo que implicaría su disminución.

El argumento esgrimido por el funcionario es que si no se toman esas medidas la previsional colapsaría en el 2050, según un cálculo actuario. Sin embargo, no es razonable concluir que la única fórmula para evitar ese desenlace sea que la gente deba trabajar más tiempo para percibir menos.

El propio Gubetich reconoce que solo 4 de cada 10 trabajadores recibe cobertura del IPS, lo cual significa que el 60% restante es víctima de la evasión en la que incurren sus respectivas patronales, quedando fuera de los servicios de salud y a la espera de una vejez paupérrima.

El Estado y el Instituto cuentan con los instrumentos necesarios para combatir este flagelo y reducir progresivamente el altísimo porcentaje de evasores, fortaleciendo significativamente el fondo de jubilaciones y pensiones. Pero no lo hace.

La Caja de Aporte Obrero Patronal, históricamente hizo “la vista gorda” y “transó” con los infractores a cambio de “coimas” para seguir operando de manera informal, violando con total impunidad las leyes laborales. Y tanta es la falta de voluntad política para cambiar esta realidad que la propia entidad, acción judicial mediante, impide que se divulguen datos de las empresas que no cumplen con sus obligaciones en esta materia.

Otro dato revelador de esta indisposición oficial a la búsqueda de alternativas que no castiguen al trabajador es la deuda que tiene el Estado con la previsional, por valor de 420 millones de dólares, según lo declarado por el propio Mario Abdo Benítez. ¿Acaso no variaría drásticamente el aludido “cálculo actuarial”, de manera positiva, si se ejecuta un plan para honrar dicho compromiso?

Nada de esto significa rechazar la necesidad de reformar una Carta Orgánica que tiene 50 años, adecuándola a las necesidades del presente y que garantice la sustentabilidad de la entidad en el futuro.

Lo que significa es que cualquier cambio debe ser para un mayor bienestar del trabajador y no para seguir profundizando la desigualdad social imperante, que nuestras autoridades, aunque sea por un sentido de auto preservación, deberían percatarse de los peligros que conlleva, como ya” avisaron” varios países de Sudamérica.

 

Crimen organizado: El Estado pierde por goleada

Es verdad que el Gobierno ha dado golpes importantes al crimen organizado en relación a los 205 delincuentes expulsados, las incautaciones importantes de cocaína y marihuana llevadas a cabo por la Senad, pero, siguiendo la analogía gubernamental son pequeñas "guerritas" las ganadas hasta ahora, mientras que sólo en cuanto a los eventos protagonizados en las penitenciarías acontecidos en un año y medio, confirman que la delincuencia lleva la delantera y nos gana por goleada.

Desde el cruel y terrible asesinato de una joven de 18 años protagonizado por Marcelo “Piloto” en noviembre de 2018 en su celda de la Agrupación Especializada, con la pretensión de evitar su extradición, seguido por la inédita decapitación de 10 reclusos, en junio del año pasado, a raíz de un enfrentamiento entre el PCC y el clan Rotela en la penitenciaría del San Pedro. La toma de rehén de un guardiacárcel por parte de tres miembros del PCC en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) en Cambyreta, luego la fuga del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio González, alias “Samura” en setiembre último, en plena Asunción y que le costó la vida a un comisario y ahora la liberación de los 76 reclusos en Pedro Juan Caballero, ponen al descubierto lo que toda la sociedad reconoce como el rotundo fracaso de nuestra política penitenciaria.

Lo relatado son acontecimientos que no se pueden minimizar, de lo contrario, no se podría asumir con seriedad el problema. No se trata del cambio de hombres, se trata de definir el modelo o la estrategia que se debe implementar para hacer frente al crimen organizado que hoy utiliza las penitenciarías como centros de reclutamiento.

Hasta ahora las autoridades están en el juego de buscar culpables y tirarse la pelota entre instituciones. Nadie habla de un plan a largo plazo. Ya se reconoció el error cometido, fruto de una mezquindad política, la de dejar a foja cero el proyecto que pretendía la construcción de nuevas cárceles y que incluso tenía financiación propia.

Hoy al retomarse se perdió tiempo y la habilitación de nuevas cárceles de máxima seguridad llevará su tiempo y en dónde se pretende arrancar con una estrategia de dignificar el trabajo del personal penitenciario con formación integral enfocada a la labor que desempeñarán.

Pero mientras tanto, las instituciones antes que culparse mutuamente deberían articular la manera que trabajarán en forma coordinada más allá del oportunismo para sacar alguna ventaja de la coyuntura, de lo contrario se seguirá cumpliendo al pie de la letra el libre de la organización criminal que a toda costa pretende erosionar las instituciones y secuestrar al Estado.

 

Las “otras” epidemias de las que nadie habla

La sicosis está por las nubes. Todos corremos a las farmacias en busca de repelentes en sus más variados formatos. Gastamos lo que tenemos y no tenemos para alegría de los que producen y o representan dichos productos. Y como cuando las candidatas a miss universo concluyen sus presentaciones llamando a “la paz mundial”, nuestras autoridades terminan cualquier declaración, sobre el tema que fuere, instando a “eliminar los criaderos de mosquitos”. Este es el enemigo público número 1, el culpable de todos los males que, para colmo, revolotea impune a nuestro alrededor infectando a quien sea con el virus del dengue, sin respetar clases sociales, género, ideologías, ni religiones.

Declarada la epidemia, la reacción social es la misma de siempre, como también los discursos de los responsables de la salud pública. Histeria colectiva, por un lado, y catarata de recomendaciones idénticas a las que venimos escuchando desde hace 20 años, por el otro, incorporándose en esta oportunidad el ofrecimiento de vacunas “milagrosas”, listas para “desplumar” a los incautos.

Se habla de 10 fallecimientos atribuidos a esta enfermedad y existen3.000 notificaciones por semana, mayoritariamente en Asunción y Central, despejando cualquier duda sobre la importancia de combatirla

Ahora bien, las estadísticas demuestran que las defunciones asociadas al dengue están muy lejos, hacia abajo, de las que se producen por otras afecciones absolutamente prevenibles. Solo por gastroenteritis (diarrea) murieron 77 personas en el 2018, la mayoría de ellas criaturas, según registros oficiales. Otro dato, de cada 1.000 nacidos vivos, 18 no llegan al primer año. La mortandad materna sigue siendo alarmante, sobre todo entre las madres que forman parte de los sectores más “vulnerables”, como se denomina finamente a los miserables.

En efecto, la peor de las epidemias, “la madre” de todas ellas, se llama pobreza. Esa que castiga en forma dramática a 700.000 personas que sobreviven en condiciones inhumanas, con ingresos inferiores a 10.000 guaraníes por día (pobres extremos) y que también impacta sobre los pobres “a secas”, alrededor de 2.000.000, que perciben hasta G. 20.000.

Los niños que pertenecen al primer grupo, el de los indigentes, ya sufren las secuelas de la desnutrición desde el vientre materno y, los que tuvieron la “suerte” de no perecer de recién nacidos o en sus primeros años, padecerán de cretinismo hasta el fin de sus días.

Así, las enfermedades no se previenen ni se tratan una vez declaradas, y se “alimentan”, valga la ironía, de suprema ignorancia.

El problema no se limita a los pobres extremos. Los que están un escaloncito más arriba se inscriben en las generales de la ley, aunque disponen de algunas herramientas más que los anteriores, e incluso los que no son considerados pobres por el solo hecho de contar con ingresos superiores a los 100 dólares (¡ridículo!) y hasta tienen el privilegio de ser asegurados del IPS, pero no tiene para remedios, ni para estudios, que le son diferidos para 3 o 4 meses después, cuando el mal ya puede ser incluso irreversible.

Que no se mal interprete lo antedicho. No está mal que como sociedad nos escandalicemos, aunque tardíamente, por la epidemia del dengue, ni que las autoridades, con notorio retraso, ahora se pongan las pilas. Lo que está mal, muy mal, es que no lo hagamos por otras epidemias con las que convivimos todos los días, que están ahí, en nuestras narices, pero se hace poco o nada al respecto, a pesar de sus costos infinitamente más graves.