Por sus frutos los conoceréis

La frase que titula este texto bien puede aplicarse a la destacada actitud del Ministerio de Hacienda. En la noche del martes la ministra Lea Giménez anunciaba la conclusión de la primera etapa de una investigación interna, iniciada tres meses atrás, sobre un presunto hecho punible de cohecho pasivo relacionado con un supuesto cobro de coima para agilizar trámites en la Coordinación de Recursos Administrativos, lugar donde se ejecutan los contratos de bienes y servicios de esta institución.

La ministra Giménez sin dejarse paralizar por el miedo a las críticas, desnudo la componenda de un funcionario de la institución a su cargo, con un empresario local para el cometimiento de un presunto acto de corrupción. El operativo coima, desnudo el intento de acelerar el cobro de ₲ 207 millones por un supuesto servicio de fumigación en diversas reparticiones del Ministerio de Hacienda.

La denuncia es el fruto de una actitud ajena a apañar un hecho de corrupción, además propugna la transparencia en todos sus actos, como garante del bien público, a fin de que los recursos financieros no sean desviados ni utilizados en detrimento de los más altos intereses de la Nación y de la ciudadanía toda.

El paquete es completo, porque el Ministerio de Hacienda no se aprovecha gratuitamente del efecto mediático para ganar unos puntos, sino que asumió la responsabilidad de sus actos formulando la denuncia penal correspondiente ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

Este tipo de actitudes son los frutos de la fortaleza de valores, integridad y valentía de una funcionaria pública de alto rango, que se convierte en el reflejo institucional de la identidad de transparencia gubernamental. La denuncia fundada y valiente es la ecuación para que el país supere etapas de un pasado bochornoso, al que no se debe volver.

 

Una red robusta ayuda al crecimiento del país

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 2012, sobre el impacto socioeconómico del ancho de banda de internet en Latinoamérica, indica que por cada 10 por ciento de incremento de la penetración de la banda ancha se detectó un aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) del 1,34% en el 2005; del 2,29% en el 2007; y del 3,19% en el 2009. Estas cifras crecieron exponencialmente al 2018.

Paraguay está a un paso de resolver la “mediterraneidad digital”, y conquistar la conectividad con el mundo exterior. En otras palabras, el país está muy cerca de acceder a internet por fibra óptica, más veloz y más barato. Es prioritario para el país alcanzar este objetivo, a fin de incrementar la atracción ante las empresas multinacionales, mejorar la productividad de las empresas instaladas, del conocimiento o del entretenimiento.

La solución para vencer la “mediterraneidad digital” es utilizar el tendido del sistema eléctrico, para traer internet por fibra óptica, este método reducirá el costo del transporte de internet desde los proveedores mayoristas de São Paulo o Buenos Aires. En la actualidad el costo del transporte de internet hasta Asunción quintuplica el precio final del servicio para los consumidores locales.

“Banda Ancha Paraguay” se denomina el proyecto que posibilitará un internet más veloz y barato. El plan ya tiene dos años de trabajo, está impulsado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con el apoyo de la Itaipú Binacional, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y con el concurso de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics), entre otras instituciones del Estado. Solo falta que los directores generales de Itaipú, James Spalding (Paraguay) y Marcos Stamm (Brasil), firmen el documento para aprobar el proyecto.

Entonces, altas velocidades de internet a bajo costo permite que empresas y hogares usen de manera efectiva las nuevas tecnologías de comunicación, como las que están en la nube, el internet de las cosas o la automatización de los servicios. Una vez más los recursos de la Itaipu Binacional estarán al servicio de la gente, invirtiendo unos US$ 3.500.000 en equipos de iluminación de fibra óptica, para hacer realidad en seis meses el mejoramiento de la conectividad de Paraguay con el mundo.

Este tipo de proyectos nos hace comprender la importancia de haber fortalecido en el último quinquenio el sistema eléctrico nacional, hoy cubre al 99,92 por ciento de la población, lo que demandó una inversión en infraestructura de USD 1.150 millones. Se construyó 1.195 km de líneas de transmisión y 483 km que están en construcción entrarán en servicio en el transcurso del presente año.

“Banda Ancha Paraguay” es el claro reflejo de como una red robusta de intenciones, con proyectos innovadores y claros, con la infraestructura adecuada, posibilitan la ejecución de más políticas públicas que construyen un Paraguay mejor, un país que responde a sus necesidades estratégicas ante el mundo, que posibilita el desarrollo de sus habitantes en todos los ámbitos.

Aboguemos por más redes robustas que ayuden al crecimiento del país.

 

Tibios intentos de descongestionar tráfico en Asunción

El problema del tráfico en la ciudad de Asunción tiene tantos orígenes, que remontarse a cada uno de ellos no significaría un aporte a descongestionarlo. Miles de personas pasan horas atascadas en calles principales y alternativas mientras que el hartazgo ciudadano ya adquiere ribetes de desesperación.

Es fácil hacer un mapeo de la situación del tráfico. Basta con abrir la aplicación de Google Maps en el celular y obtener la información del tráfico. Asunción, que en teoría tiene cinco calles de salida: Mariscal López, Eusebio Ayala, Fernando de la Mora, Artigas y España, es una maraña de lazos rojos que indican retrasos en el tránsito.

Atribuyamos el problema a la excesiva cantidad de vehículos, a la falta de calles alternativas o al pésimo estado de las mismas, a la escasez de educación vial y al deficitario sistema de transporte público pero en el punto neurálgico de todos estos dramas se encuentra la institución matriz que en teoría, debería velar por el ordenamiento del tráfico: la Municipalidad de Asunción.

Con el pasar de los años Asunción creció en forma horizontal y desordenada. Se otorgaron permisos de construcción a cualquiera para que pueda levantar estructuras donde más lo desee pero nunca se pensó en la interconexión entre zonas que hoy están disociadas como el microcentro capitalino y el eje corporativo de la ciudad.

El crecimiento intentó ser ordenado por la Municipalidad de Asunción que lo único que hizo en los últimos 10 ó 15 años fue parchar una ordenanza que establece el plan regulador con soluciones provisorias que terminaron siendo una bomba de tiempo. La conexión entre barrios aún depende de calles vetustas y angostas que no soportan el tráfico, de semáforos que trabajan en forma des coordinada y un marcado desorden de las zonas comerciales populares como los mercados.

La administración de Mario Ferreiro intentó combatir con cierres de giros a la izquierda, cambios de sentidos e instaló nuevos cruces semafóricos en distintos puntos de la ciudad. Lo que se generó a partir de esto es que los atascos, en lugar de producirse en un solo cruce, se dispersen a varias intersecciones. Un claro ejemplo es la avenida Mariscal López que de ser medianamente fluida ahora es insoportable ya desde Brasilia hasta las inmediaciones de la Municipalidad de Asunción.

Para que el ciudadano no esté sujeto a viajes extensos, la burbuja inmobiliaria debe ser más penetrable. Sin embargo, el alto costo de vivir en Asunción no reditúa en ningún beneficio para el ciudadano porque en lugar de recibir incentivos, es víctima de golpes al bolsillo como el alto costo de la patente, de los registros, de las tasas inmobiliarias y de las tasas especiales.

La suma de todos estos problemas confluye en el conductor que debe contentarse con los tibios intentos por hacer que el tráfico sea más fluido. El pobre ciudadano que soporta bocinazos, baches, largas esperas y ausencias de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) no tiene otra alternativa que soñar con que alguna autoridad futura se dedique realmente a darle un corte -o por lo menos a mitigar con más fuerza- a la insoportable peripecia de desplazarse por la “Madre de Ciudades”.

 

La senaduría vitalicia es un título honorífico

Está más que agotado el debate acerca de la senaduría vitalicia. Al punto que la única institución que tiene la atribución de interpretar los alcances de los artículos constitucionales como es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya la hizo, se siguen tejiendo especulaciones al respecto, con el único propósito de cercenar derechos a ciudadanos que están plenamente habilitados.

Las campañas mediáticas insistentes acerca de impedir el juramento a la senaduría activa de expresidentes obedecen solo a caprichos, odios, pases de factura de quienes ven rentable el negocio de la manipulación de la información, sin importarles las consecuencias. Alientan el desacato de las disposiciones judiciales y la rebelión ciudadana sin el mayor rigor del sustento legal. Ese supuesto apego a la norma constitucional que promueven se desvanece cuando honorables juristas desarrollan sus interpretaciones sobre el punto, pero insisten con una tremenda terquedad desafiando al sentido común.

La exposición del exministro de la Corte Suprema de Justicia, José Altamirano sobre la senaduría vitalicia (art.189 CN) merece este espacio para resaltarlo. Según Altamirano la Senaduría Vitalicia (SV) es una investidura (art.14 Disp. Finales y Transitorias CN.). “Investir”, en castellano, significa conferir a alguien una dignidad o un cargo. La SV no es un cargo porque no tiene funciones, deberes y atribuciones; la presencia del investido de la SV no cuenta para establecer quórum; no tiene voto en el seno del Senado; no tiene despacho, no posee fueros y no tiene remuneración presupuestaria. Es una dignidad, es un título honorífico.

Explica, el exministro de la Corte, que en este tópico, aunque nadie quiere aún hablar, el aspecto central gira en torno a si la SV otorga o no “fueros” al titular. “Yo sostengo que no otorga, pues ningún privilegio excepcional puede presumirse o creerse que si por analogía”, señala.

También indica que quienes lleguen a cumplir las exigencias establecidas en el art.189 de la CN, obviamente y sin discusión posible, pasan a ser senadores vitalicios. “Claro que serán y llegarán a ser senadores vitalicios. Sí, serán, y son. Reitero, serán y son SV. Y qué?. El caso es que el tema de discusión no está en este punto”, afirma.

Altamirano sostiene que el punto medular está en establecer, en determinar si esta investidura restringe, limita, anula o genera alguna inhabilidad o alguna incompatibilidad con alguno de los derechos políticos de que son titulares (arts.117/120 CN.) los ciudadanos afectados, especialmente con el derecho del sufragio, en sus dos fases de ser electores y de ser elegibles.

Según el jurista, la Constitución Nacional, cuando ordena una restricción, cuando dispone una limitación lo declara expresamente como lo hace al establecer la no reelección (art.229 C.), las incompatibilidades puntuales y las inhabilidades específicas.

De ahí que mientras el derecho del sufragio del que somos titulares legítimos todos los ciudadanos, no aparezca expresamente limitado, restringido o anulado estará vigente; y por tanto deviene exigible su resguardo.

El hecho de la investidura de la SV no tiene la virtualidad de inhabilitar, impedir o limitar ningún derecho, ninguna garantía constitucional; y especialmente el derecho del sufragio del ciudadano titular. “Si los señores constituyentes opinaron, entendieron o creyeron que con esta figura alcanzaban este propósito y cortaban definitivamente la carrera política de quienes accedían a la primera magistratura, quedaron en la intención ( “voluntas in mente retenta voluntas no est”); y menos mal porque hubiese constituido una afrenta a un presupuesto fundamental de la democracia; si por el contrario la establecieron como una investidura honorífica, como definitivamente es, debieron asignarle funciones básicas, fueros y una asignación presupuestaria”, explica.

Agrega que hoy, tal como está diseñada la investidura de la SV en nuestra CN, ella no impide, ella no cercena, ella no inhabilita a ningún ciudadano paraguayo el legítimo derecho de poder resultar “elegible” para funciones públicas.

“En la casuística local y actual, el caso ya quedó dirimido y resuelto, en la misma línea precedentemente expresada, por las autoridades pertinentes: el Superior Tribunal de Justicia Electoral (STJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ); por lo que el caso está cerrado y solo resta acatar sus disposiciones”, puntualiza.

Y finalmente, sostiene que los hechos y los actos políticos de todo y cualquier ciudadano, más de los que invisten representación, precisan de soportes racionales, legales y éticos para hacerlos aparecer ante la sociedad como correctos y normales. “Esta necesidad, sin embargo, no nos autoriza a acomodar, a ajustar o a adecuar éstos a aquéllos, al punto de desnaturalizar a ambos, sin asunción de responsabilidad”, concluye.

Si con esta clara y contundente lectura del alcance del artículo constitucional en cuestión no queda claro, es simplemente un problema de falta de sentido común, quizás, el menos común de los sentidos para algunos.