Las falsas verdades de Eduardo Petta lograron unificar en su contra a moros y cristianos, hasta sus propios coidearios hablan de un juicio político en su contra, y todos piden al presidente Mario Abdo que lo destituya del cargo.

El ministro conocía perfectamente que se avecinaban las jubilaciones de maestros, como pasa cada año; un estudio de su viceministro, Robert Cano, daba cuenta de la proyección de estos trámites -que no se realizan de la noche a la mañana- desde el 2017.

Registros oficiales del ministerio indican que solo en los primeros meses el año pasado, durante el Gobierno de Horacio Cartes, solicitaron acceder a este beneficio 2.113 educadores, una cantidad similar a la que se anunció en los últimos seis meses. Pero no se tuvo el actual problema de la falta de educadores en las escuelas y colegios del país. Por que el ministro de la época aplicó Ley 1725/01, que establece el estatuto del educador, por la cual las vacantes pueden cubrirse con profesores interinos -que están en la base de datos de la institución y a la espera de ser convocados- hasta que se cumpla el llamado a concurso.

El ministro y su viceministro, después de seis meses de gestión, recién acaban de descubrir la existencia de la Ley 1725/01. Pero como ya hicieron el llamado a concurso, los estudiantes continuarán sin clases y deambulado por los pasillos de sus instituciones hasta que concluya el proceso y vuelvan a tener un profesor, que se espera sea a fin de mes.

Otro conflicto en puertas es que desde hoy se aplica la doble escolaridad, pero sin almuerzo y merienda para los estudiantes, y es que el ministro Eduardo Petta decidió en solitario aplicar la jornada doble escolar, a primera vista una decisión fantástica, pero no hubo una coordinación y planificación previa con los alcaldes y gobernadores, quienes son los responsables de entregar el almuerzo y la merienda escolar, con recursos del Fonacide, que les pone un tope en el gasto, solamente el 30% de los recursos pueden ser destinados a este rubro.

El “despiste” genera reclamos desde las autoridades departamentales, y hasta empezó el cierre de calles y rutas por parte de padres y alumnos, que no saben como enfrentar que sus hijos estén todo el día en la escuela sin comer, porque la situación económica a duras penas permite unas monedas para una humilde colación. Mientras los alcaldes y Gobernadores solo podrán cubrir esta necesidad por un par de meses.

Al reclamo de los parlamentarios que acusaron de emperador a Petta, por no escuchar a la gente que pide hablar con él, ahora se suma el reclamo de los directores escolares. Quienes amenazan con un pedido de interpelación parlamentaria, si insiste por cuarta vez en guardar silencio al pedido de audiencia.

Los directores quieren saber ¿por qué el Ministro de Educación no nombró en 500 instituciones, más de 500 rubros categorizados y 10.000 horas cátedra”, ¿por qué solicitó US$ 2 millones extras para la compra de kits escolares y no llegan aun a todas las instituciones del país o en mala calidad e incompletos, ¿por qué usó ₲ 15.000 millones para comprar 200 aulas móviles para zonas frías, sin la participación de la Dirección de Infraestructura Escolar, entre otras inquietudes.

Para la ex viceministra de Educación, Nancy Ovelar, existe una verdadera crisis en la educación paraguaya por la desidia e improvisación que impera en el Ministerio de Educación, liderado por el exfiscal, Eduardo Petta, quien pretender administrar la cartera de Estado en solitario, con Twitter en mano y lanzando declaraciones para conseguir titulares de prensa enlatados y a su favor.

“El ministro Petta ingresó al área de educación con una lógica policiaca. Allí se debe trabajar con inteligencia; el ministerio no es una bomba que hay que desactivar, tiene información y equipos que están trabajando. Es cuestión de respetar a la gente. Hay muchas personas con mucha experiencia y que hoy están en los pasillos, están profanando la dignidad”, esta frase Nancy Ovelar revela de cuerpo entero el caos y atropello sistemático en esa cartera de Estado.

La culpa de todo este retroceso en la educación nacional no es de Eduardo Petta, sino de los políticos, dice el resistido exfiscal, es decir la falta de docentes, de infraestructura, los kits ausentes o incompletos, de mala calidad o ausentes, así como y la toma de colegios por padres y estudiantes inconformes con la gestión educativa, es culpa de los políticos.

Antes de ser designado ministro de Educación, el ex fiscal, salió a los medios de comunicación a afirmar que él sería el asesor político del presidente Mario Abdo, nunca fue confirmado en ese cargo, y es que los rumores dicen que el mandatario no sabía cómo sacárselo de encima, por eso le envió al Ministerio de Educación. La continuidad de Petta en la cartera de Estado, causando una crisis tras otra, lo convierten en una bomba a punto de estallarle al mandatario. Las mentiras que pretende hacerlas pasar por verdaderas ya no surten efecto, están desgastadas, y pueden terminar arrastrando al jefe de Estado si persiste en sostenerlo en un cargo para el que no esta capacitado.

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.