Este es el hecho más relevante de la jornada de la víspera. Los senadores abortaron la pretensión de la bancada “llanista” del PLRA de embarrar la cancha mediante su adhesión a las “listas abiertas”, que no fue capaces de defender la propuesta con argumentos medianamente serios, y los diputados nos sorprendieron con una larga sesión, convocada a pedido de la bancada de Honor Colorado, adhiriendo en forma unánime al desbloqueo.

El otro elemento que cabe mencionar, aunque de manera secundaria, es la protesta realizada en las inmediaciones del Congreso, a la que no asistieron ni 25.000, ni 15.000, ni 5.000, ni 1.000 personas, a pesar de los anuncios hechos por el senador suspendido Paraguayo Cubas, quien a esta altura de los acontecimientos debería darse un baño de humildad y, sobre todo, de cordura. En el mejor de los casos, los manifestantes llegaron a los 700. Pero en lugar de admitir el fracaso y revisar su accionar político, el legislador y sus seguidores recurrieron a las actitudes provocadoras y violentas, así como a inaceptables cierres de ruta, en el afán de lograr cierta notoriedad, terminaron cosechando el repudio de amplios sectores ciudadanos.

¿Y AHORA QUÉ?

Una vez resuelto el tema del desbloqueo, tanto para las internas de los partidos como para las generales, el debate girará en torno al sistema que se utilizará para su implementación, si será el de urnas electrónicas, como sostiene la mayoría de la Cámara de Diputados, o las tradicionales papeletas, hasta ahora abordados solo superficialmente.

El tratamiento y definición de este tema debería basarse en consideraciones técnicas, en la experiencia internacional y en la nuestra, apelando a todos los conocimientos que existen en la materia. No tiene que encararse con otros criterios, a los que normalmente nos tienen acostumbrados los chapuceros de la política.

Los que defienden las urnas electrónicas tienen la responsabilidad de profundizar las explicaciones sobre cómo se garantizaría a los electores, por esta vía, la transparencia del acto comicial, desde que marca sus opciones hasta el escrutinio, lo que no debe entenderse como un rechazo al mecanismo, sino como un planteamiento destinado a disipar todas las dudas que existen al respecto.

Por ejemplo, necesitamos saber las razones por las cuales son tan pocos, cada vez menos, los países que recurren a esta metodología, entre los cuales no se incluyen los más avanzados en el terreno de la informática, como Corea del Sur, por qué los EE.UU apela a dicho procedimiento en apenas un puñado de distritos electorales y se suspendió su empleo en regiones de Suiza.

De igual manera, los que se oponen a incorporar el uso de las urnas electrónicas y defienden la continuidad de las papeletas, pero sin embargo propiciaron o apoyaron el desbloqueo de las listas, tienen ahora el deber de exponer ante la ciudadanía cual sería el método que haga posible su puesta en marcha, sin que eso le complique la vida a los electores, con innumerables boletines, ni largas horas destinadas al escrutinio.

Es probable que la discusión se contamine con argumentos políticos o de índole electoralista, pero así como se impuso la cordura sobre la irracionalidad de los que se aferraban a las “listas sábanas”, así también deben primar los argumentos técnicos, sobre los discursos que se apartan de estas consideraciones y, en consecuencia, carecen de seriedad alguna.

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.