Por Silvia Aguilar - @aguilar_silvii

Este mal hábito lleva años siendo un problema para los usuarios de Internet hogar, televisión por cable e, incluso, planes móviles que contratan un servicio por un cierto monto mensual, pero de manera repentina reciben facturas con números más altos que lo establecido inicialmente.

Para la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) no corresponde, y considera una práctica abusiva dentro del derecho del consumidor, sin embargo, no puede intervenir en las cientas de denuncias que reciben porque no es su área de competencia.

“Hay una autoridad de aplicación que es la Conatel, hay un decreto que le autoriza a las telefonías modificar o variar los precios 72 a 73 horas antes, publicando en un diario de gran publicación. Es una normativa que ya no me corresponde, para mí es una práctica incorrecta”, expresó la ministra de la Sedeco, Sara Irún, en una entrevista con la radio Universo 970 AM/Nación Media.

El decreto al que hizo mención la ministra es el 6999 que, efectivamente, dispone que las empresas de telefonía deberán comunicar, en un periódico de gran circulación, cualquier cambio en precio de sus servicios hasta 72 horas antes de la entrada en vigencia del nuevo costo . Esa normativa fue ampliada en el 2022 con el decreto 796 e incluyó a las redes sociales como medios para informar los ajustes en las tarifas.

NO AL AUMENTO DE TARIFAS SIN AVISO

Las empresas telefónicas al ser instituciones privadas podrán ajustar sus precios cuando lo consideren, pero antes están obligadas a cumplir con esa disposición.

La Abg. Tatiana Duarte, jefa de División de Quejas y Reclamos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), manifestó que las telefonías no pueden ampliar el costo de servicio sin un consentimiento por parte del cliente o una comunicación, como dice la normativa.

“No se puede atribuir de oficio la operadora el hecho de ampliar así como así nomás la tarifa. Tiene que haber un consentimiento por parte del usuario sí o sí, y una comunicación sí o sí”, expresó en conversación con el Diario HOY/Nación Media.

Indicó que son conscientes de que eso no ocurre con todas las operadoras, pero como ente regulador no pueden accionar si los afectados no realizan la denuncia formal ante la Conatel.

El proceso para abrir una causa administrativa contra la operadora es que el usuario debe denunciar ya sea de manera presencial en la Conatel por mesa de entrada, en la web de la institución o a través del correo reclamos@conatel.gov.py o al cccenter@conatel.gov.py.

“Se inicia un proceso administrativo, se notifica a la operadora y se trata de compensar al usuario por el servicio. Sí o sí eso tiene que cumplir”, agregó.

De acuerdo a la funcionaria, el decreto 769/2022 se estableció justamente para que la comunicación que deben hacer las operadoras llegue a todos los usuarios por cualquier medio, sin excusas.

Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

El pasado 8 de abril se recordaron 50 años de la intervención policial al Colegio Cristo Rey, en el contexto de la llamada “Pascua Dolorosa”, una de las oleadas represivas más violentas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner.

Aquel día como cualquier otro, los estudiantes de la reconocida institución educativa jesuita se disponían a desarrollar sus clases con normalidad, viéndose sorprendidos con la inusual presencia de móviles y agentes de la Policía Nacional.

En cuestión de minutos, la tranquilidad que reinaba en los pasillos de aquel centro de formación católica se vio interrumpida abruptamente por efectivos armados que buscaban evidencias de supuestos “elementos subversivos”. En ese menester, procedieron a registrar las aulas y habitaciones de los sacerdotes jesuitas.

Imponiendo a costa del uso de la fuerza el característico temor del régimen stronista, los policías trataron de localizar al padre Miguel Sanmartí, a quien acusaban de ser supuesto cabecilla de un “movimiento subversivo” nacido en el Cristo Rey.

Esta suposición de las autoridades de turno estaba fundamentada en el estilo de formación poco convencional para la época, donde cualquier intento de fomentar el pensamiento crítico o la conciencia social, como lo hacían en el colegio jesuita, era mal visto, al punto de considerarse “revolucionario” o hasta “comunista”, en ciertos casos.

Un 13 de enero de aquel mismo año, la institución también había sido objeto de una intervención previa por parte del entonces Ministerio de Educación y Culto. Durante el transcurso de un año, el Cristo Rey había quedado bajo control estatal, a cargo de una “comisión interventora”.

Ambos episodios se dieron en un contexto histórico y sociopolítico marcado por la persecución a propuestas educativas críticas y comprometidas con la formación integral, expresó el colegio en una publicación realizada tiempo atrás.

Dentro de aquella camada que vivió en carne propia la intervención policial en el Cristo Rey se encuentran reconocidos personajes de la escena local, como los periodistas Carlos Martini y Mario Ferreiro, así como el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, entre otros.

En un posteo realizado a través de Facebook, Carlos Martini rememoró lo sucedido en aquellos días cuando se encontraba en plena transición entre estudiante de los últimos años del bachillerato y egresado. En 1974, dos años antes de la intervención policial, él había formado junto a otros tres compañeros un grupo de lectura con el respaldo del padre Sanmartí, a quien posteriormente acusarían de implantar “ideas subversivas”.

Una noche de diciembre de 1975, Mario fue detenido en la Plaza Italia y torturado en la División de Asuntos Técnicos. Supuestamente llevaba en su poder una hoja que decía ‘Carlos Martini. Operación Chapa’. Nochebuena de 1975 . Se trataba de un entrenamiento guerrillero”, reza la publicación.

Semanas después, ya en enero de 1976, Martini fue detenido por militares y entregado al Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor. “Comenzaron los interrogatorios a cargo de su jefe, el entonces coronel Benito Guanes Serrano. Me acusaba de haber sido entrenado por el movimiento guerrillero Tupamaros de Uruguay”, expresó el comunicador en sus redes.

Otro de los que vivió un episodio similar, aún siendo menor de edad, fue el Ing. Diógenes “Cacho” Sartorio. En un panel debate celebrado días atrás para conmemorar los 50 años de la toma del Cristo Rey, este exalumno de la Promo ‘76 recordó la ocasión en que fue llevado por agentes policiales al Departamento de Investigaciones, a fin de ser sometido a un riguroso interrogatorio para descartar cualquier posible complicidad.

Aquellas experiencias marcaron profundamente la historia del Cristo Rey, institución que, con el paso de los años, ha logrado consolidarse como una formadora de ciudadanos con conciencia cívica y pensamiento crítico, basados en valores morales y espirituales.

A partir de ahora, cada 8 de abril la comunidad educativa celebra el “Día del Compromiso Social”, con la intención de convertir aquel penoso acontecimiento en una enseñanza. “Hacer memoria no es mirar sólo al pasado. Es reconocer nuestra historia para seguir construyendo identidad, compromiso y esperanza”, afirma el colegio en una publicación para conmemorar los 50 años de la intervención.

Por Juan Riveros (@JuancitoRiveros)

El reciente ataque de un perro de la raza pitbull a su dueña, que la dejó con graves heridas en el rostro, volvió a poner en agenda un tema que genera preocupación recurrente: los episodios de agresión de mascotas hacia personas.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, en los últimos años se registraron casos similares, lo que alimenta la percepción de que ciertas razas son más peligrosas. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal sostienen que el problema va mucho más allá del tipo de perro.

El adiestrador canino Mauricio Ibáñez afirma que la agresividad no es una condición natural del animal. “El perro por naturaleza no nace agresivo. La raza no determina el carácter del perro, siempre depende de la crianza”, explicó.

En ese sentido, durante una entrevista con el programa “Aire de Todos” del canal GEN y Radio Montecarlo, aclaró que existe una confusión frecuente entre agresividad y características físicas. “Se habla de perros potencialmente peligrosos por su fuerza o contextura, pero eso no significa que sean agresivos por naturaleza”, indicó.

Sobre el estigma que pesa sobre los pitbulls, Ibáñez considera que existe una sobredimensión mediática. “Hay muchas razas que han atacado o incluso matado personas, pero no tienen la misma ‘publicidad’. En el caso del pitbull, se generó una especie de cacería de brujas”, sostuvo.

Para el especialista, el eje central está en el rol del dueño. “Un perro con ciertas condiciones, como los de gran tamaño, necesita un dueño acorde, que lo sepa manejar, que tenga reglas, límites y lineamientos claros. Se puede lograr un buen comportamiento independientemente de la raza”, afirmó.

Uno de los errores más comunes es humanizar a las mascotas. “El perro no interpreta lo que uno dice, sino el tono de voz y el lenguaje corporal. Es acción-reacción. Si se siente acorralado, va a reaccionar”, advirtió.

Además, subrayó la importancia de cubrir las necesidades físicas del animal. “Hay perros que requieren mucho desgaste energético. Si no lo tienen, se frustran, y eso puede derivar en problemas de conducta. El entorno y la rutina son claves”, explicó.

En cuanto a la disciplina, desaconsejó el castigo como método de corrección. “Es totalmente contraproducente, porque el perro trabaja con memoria a corto plazo. Lo importante es establecer límites claros y consistentes”, concluyó.

La experta en educación, Sofía Sheid, sostuvo, durante una entrevista en el programa “Así son las cosas”, que, en medio del auge de la IA, la falta de una política pública adecuada en la educación llevó a que la incorporación de la tecnología sea fragmentada y dependa de decisiones gubernamentales.

“La IA ya está en sala de clase, es necesario el diseño de una política de incorporación de tecnología e IA. La incorporación en el sistema público responde a una decisión del gobierno y no a una sistémica en donde, de una forma escalable se llega a todas las instituciones públicas”, expresó la profesional.

Para ella es urgente ordenar todo lo que se está haciendo bajo un marco de políticas públicas, y cortar brechas con el sector privado, donde la IA ya no es solo una tecnología imposible o difícil de entender e implementar, sino una realidad.

En ese sentido, la Dra. Sheid mencionó la importancia de la formación de los maestros en alfabetización digital e IA, y destacó que el debate no es tecnológico, sino pedagógico y de política.

EL CONTENDIO EN LA IA

La doctora Sheid sostuvo que actualmente el contenido educativo no es el principal problema a la hora de implementar la tecnología, sino la forma en que los estudiantes y docentes puedan aprovechar la IA para mejorar el aprendizaje.

“La IA cambió mi consigna como maestra, la instrucción que yo te doy para que aprenda a partir de este contenido, pero hoy día no es un contenido único. La máquina ya aprendió, y el teléfono a partir de una pregunta te responde en milésimas de segundos, ahí no aprendió el alumno”, refirió.

Según Sheid, el maestro debe ser consciente de que existe esa posibilidad de que el alumno elabore un ensayo de 10 líneas en microsegundos con la IA, entonces se busca otra consigna en donde la tecnología no sea descartada, sino aprovechada por todos para aprender.