El 16 de agosto del 2022, los fiscales Alicia Sapriza, Federico Delfino y Verónica Valdez formulaban imputación contra Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez por cohecho pasivo agravado. Un año después, el procesado pasó a ser acusado.

Luego de un sinnúmero de chicanas del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, finalmente el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos, finalmente fijó fecha de juicio oral para los días 21, 22y 23 de octubre. ¿De qué se lo acusa el exministro Arnaldo Giuzzio? Repasemos el caso.

Uno de los cargos de Giuzzio en el Gobierno de Mario Abdo Benítez fue el de ministro del Interior, función en la que se desempeñó desde el 22 de enero del 2021 al 22 de febrero del 2022. Como todo ministro, una de sus competencias es la de ser el ordenador de gastos, lo que le da la potestad de: autorizar los llamados a licitaciones para compra de bienes o servicios de su cartera, adjudicar a los proveedores, lo que, indefectiblemente implica firmar los contratos, y, por supuesto, administrar y disponer de los gastos reservados.

Según la investigación, desde julio del 2021 a febrero del 2022, el entonces ministro del Interior mantuvo contacto y comunicación con el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua (objetivo del operativo Turf y detenido en Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos).

Cuando Giuzzio mantenía un estrecho nexo con el brasileño, este hombre administraba y dirigía las empresas Black Eagle Grupo SA y Ombu SA, firmas dedicadas al blindaje de vehículos, mantenimiento de blindados, antivandalismo, alquiler de vehículos blindados, venta de materiales de seguridad, entre otras actividades comerciales.

Los fiscales del caso sostienen que la intención de Vinicius era conservar este relacionamiento directo, personal y cercano con Giuzzio para convertirse en proveedor del Estado, mediante la entrega de chalecos antibalas y vehículos blindados.

A partir de aquí, se registran los primeros “regalos” aceptados por Giuzzio. Primero, el blindaje de un móvil de la Policía en concepto de “cortesía” y segundo, el préstamo, a título gratuito, de un vehículo para el uso personal de Giuzzio, durante un viaje familiar y privado, específicamente, unas vacaciones en Brasil.

Giuzzio se comunicaba con Vinicius a través de Whatsapp, al número personal del brasileño y también al número registrado a nombre de la empresa Black Eagle. Tuvo encuentros personales con él, tanto en las oficinas del presunto narco, como en el campo de tiro de la FOPE (Fuerza de Operaciones Especiales).

El exministro del Interior y extitular de la Senad Arnaldo Giuzzio fue acusado por supuesto cohecho pasivo agravado.FOTO:ARCHIVO

Los primeros mensajes comienzan en julio del 2021, con el envío de unos links sobre inversiones empresariales, que, según menciona Vinicius, “ya le había comentado”. Además, Marcus le pidió a Giuzzio la camioneta Hyundai Santa Fe para hacerle unos retoques, a lo que el ministro le respondió, “veo”.

En octubre, como si de un informante se tratarse, Vinicius le envía a Giuzzio vía Whatsapp, unos links y capturas de pantallas sobre el caso Lava Jato y un operativo en el domicilio de Antonio Joaquim Da Mota. “Gracias Marcus”, le respondió Giuzzio. Fue se mismo mes que Vinicius habría hecho el blindaje y la reparación de una camioneta de la Policía.

En noviembre de ese año, Marcus le dijo a Giuzzio que se encontraba en Asunción y que tenía consigo las muestras para hacer las pruebas de balísticas de los materiales para los famosos chalecos.

En diciembre, Espíndola le escribió nuevamente a Giuzzio para hablarle de tres vehículos de la FOPE. También le pidió al ministro que envíe el vehículo descompuesto para ver si es posible hacerle un cambio de motor y hasta le ofrece otro en concepto de “cortesía”.

Ya en diciembre del 2022, Marqués de Padua le dice a Giuzzio que tiene consigo a uno de los blindados, a lo que Giuzzio le pregunta si podrá arreglarlo y si costará caro. El brasileño contestó que uno de ellos se lo daría de “cortesía”, a lo que Giuzzio respondió contento: “Excelente” y más tarde pidió fotografías.

Vinicius envió varios videos y fotografías de vehículos de la Policía Nacional. En los intercambios de Whatsapp hablan de los arreglos que requieren los móviles. En uno de los archivos se ve a un oficial vestido con ropa camuflada, tipo militar, vistiendo un chaleco, armas y cargadores.

A partir de estas y otras conversaciones, para los fiscales surge la sospecha razonable de que Marcus, no solamente proveyó servicios de reparación y blindaje a vehículos del Ministerio del Interior y de la Policía, sino que también hizo tratativas con Giuzzio para proveer materiales al Ministerio del Interior y a la Policía.

Marques de Padua también conversa con el viceministro de Seguridad, Pablo Ríos, a quien, el brasileño le consulta si lograrían hacer negocios en Paraguay, además de expresarle su deseo de hablar con representantes del poder y hacer inversiones detrás de una plata segura y con respaldo jurídico.

En otros mensajes, Vinicius le agradece a Giuzzio por visitar Black Eagle para la prueba de chalecos antibalas y le dice que ese evento fue “demasiado importante” para él como representante de dicha firma comercial.

La visita de Giuzzio a la empresa Black Eagle.

Otra demostración de materiales de Black Eagle se realizó en el campo de tiros de la Fope, en diciembre del 2021. Aquí hicieron pruebas balísticas de resistencia en metales con distintos calibres.

Para los investigadores, estas evidencias muestran que Arnaldo Giuzzio estaba en pleno conocimiento de las intenciones de Vinicius: ser proveedor del Estado y quedarse con futuras adjudicaciones del Ministerio del Interior, al cual, para entonces, ya ofreció varias cortesías.

A sabiendas de todo esto, en los últimos días de diciembre del 2021, Giuzzio recurrió a Vinicius para pedirle prestado un vehículo para su uso personal, no del Ministerio, para sus vacaciones en Brasil, ya que su móvil particular se había descompuesto por el camino.

Vinicius le hizo el favor a Giuzzio y le envió hasta Ciudad del Este una camioneta Kia Carnival, color gris, de uso personal de su esposa.

En enero del 2022, previa comunicación de Giuzzio, Marcus va hasta el domicilio particular del entonces ministro para retirar el vehículo prestado y utilizado durante sus vacaciones en Brasil.

A juzgar por las evidencias, los fiscales sostienen que Giuzzio no hizo ninguna contraprestación por el vehículo, el cual fue simplemente prestado y no arrendado, como llegó a alegar el procesado cuando el caso salió a la luz.

Entre las últimas conversaciones de ambos aparecen las de febrero del 2022, cuando Giuzzio le pide a Marcus que envíe a su gente para pasar a cobrar un saldo a su favor por la reparación de una camioneta Dogge.

Giuzzio y Marcus intercambiaron ese último mensaje el 14 de febrero por la noche. Ya para el día 15, se realizó el operativo Turf de forma simultánea en Paraguay y en Brasil. En ese marco, Vinicius fue capturado en su país.

LAS GENTILEZAS Y LAS CONEXIONES

Marcus otorgó la “cortesía” de arreglar un vehículo blindado de la Policía Nacional

Accedió al pedido de Arnaldo Giuzzio de prestarle, sin recibir nada a cambio, un vehículo particular para sus vacaciones en Brasil, en agradecimiento a las reparaciones que ya había hecho a otros vehículos del Ministerio. Con esas “gentilezas” buscaba ser adjudicado en futuras licitaciones.

Para los pagos de los servicios por los que Eagle sí cobró, Arnaldo Giuzzio, como ordenador de gastos, habría utilizado otros rubros y no los destinados al mantenimiento de vehículos, ya que el uso de estos recursos, necesariamente se debe llamar a licitación, algo el Ministerio no hizo, pues benefició directamente a la firma de Vinicius.

De no existir otra medida dilatoria, Giuzzio se sentará en el banquillo de los acusados la próxima semana, para ser juzgado por el cohecho pasivo agravado.

El experto Miguel Ángel Gaspar es padre de un niño de dos años y medio criado sin pantallas. “En casa no hay televisión ni celulares. Prefiero que me pinte las paredes antes que verlo secuestrado mentalmente por una pantalla”, contó durante su visita al programa Residentas (GEN). Según su experiencia, la diferencia en el desarrollo del lenguaje de su pequeño hijo frente a otros niños expuestos a dispositivos es notoria.

“El celular no es una herramienta pedagógica. Es un modelo de negocios diseñado para adultos”, advierte. Y agrega que las propias condiciones de uso de los dispositivos y plataformas digitales están dirigidas a personas mayores de edad, pese a que en la práctica millones de niños los utilicen a diario.

El especialista señala que el debate actual ya no discute más si las plataformas son perjudiciales para los niños, sino que se centra en cuestionar el diseño deliberado de los algoritmos para recolectar datos comportamentales, además de sobreestimular a los usuarios. En ese contexto menciona el proceso judicial que enfrenta la empresa Meta en Estados Unidos, donde se analizan posibles responsabilidades por el diseño adictivo de sus sistemas.

“Nos convirtieron en materia prima. Nuestros datos son el producto”, resume.

Gaspar reconoce que durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 los celulares “salvaron las papas” al permitir la enseñanza a distancia, pero advierte que eso no puede convertirse en modelo educativo permanente. “Prohibir también es una herramienta académica”, sostiene.

Varios países ya avanzaron en esa línea. Entre ellos, Dinamarca, Francia, España, Australia, Finlandia, Chile y Brasil, donde el bullying y el ciberbullying se redujeron hasta en un 80% en pocos meses tras retirar los dispositivos de las aulas, según remarcó.

A su criterio, Paraguay debe avanzar en una legislación integral que no se limite a prohibir, sino que incluya contención para víctimas y responsabilidades claras.

El experto plantea que, como los menores no pueden contratar servicios digitales, sean los padres quienes asuman la responsabilidad penal por el uso irrestricto de dispositivos por parte de sus hijos.

En ese sentido, recordó un caso que ocurrió el año pasado en un colegio, donde una niña de 10 años fue humillada al crearse con su rostro un video sexualizado mediante inteligencia artificial. Su recomendación para los padres de la menor afectada fue que denuncien por falta al deber de cuidado a los otros padres de los niños agresores. “Con eso terminó el problema”, asegura.

Para Gaspar, las ciberadicciones deben ser declaradas un problema de salud pública. Esto, teniendo en cuenta el aumento de casos de ansiedad, depresión y medicación en los menores de edad.

“El scroll infinito está diseñado para no parar. Eso genera ansiedad permanente”, explica. A diario, al llevar a su hijo a clases, ve a otros niños consumiendo contenido antes de entrar al aula, por lo que se preguntó qué tan necesario y urgente es que un niño esté mirando el celular a las 6 de la mañana.

Advierte además que el uso desmedido de los celulares ocasiona la ludopatía digital en los menores y la normalización de apuestas online en los entornos escolares.

Por todo ello, el especialista recomienda que no se den celulares durante la niñez, nada de smartphones antes de los 13 años, y sin redes sociales antes de los 16. Además, insta a implementar el control parental obligatorio, y que se disponga de una responsabilidad legal de los padres. Si la comunicación es necesaria con los niños, propone alternativas básicas, como teléfonos sencillos que no requieran acceso a Internet.

Gaspar señaló que, por muchos años, la Fundación Paraguay Ciberseguro llevó adelante su campaña “¿Qué tenés para darle a tus hijos que sea más fuerte que Internet?”. Hoy su consigna cambió a “Tus hijos no son contenido”, con lo cual deja a cargo de los padres decidir sobre qué hacer con los chicos y el uso de los celulares.

En el 2014, Asunción fue declarada como la primera capital verde de Iberoamérica, y ese título ostenta con orgullo debido a la inmensa cantidad de árboles en diferentes avenidas, paseos, parques, entre otros puntos de la capital.

Sin embargo, existe una realidad que pone en jaque a la ciudadanía y al municipio: el estado sanitario del arbolado urbano.

El pasado 3 de marzo, una breve, pero intensa tormenta derribó más de 20 árboles en varios puntos, muchos de ellos, de gran porte, pero ya comprometidos estructuralmente, lo cual fue propicio para caigan y causen destrozos, y otros serios problemas.

En esta misma situación se encuentran aproximadamente otros 70 árboles en toda la ciudad.

Según informó el director de Servicios Urbanos de la Comuna Capitalina, Ing. Armando Becvort, muchos árboles aparentan ser fuertes y resistentes a todo, pero en realidad presentan afecciones por hormigas cortadoras, termitas, hongos o bacterias, mientras que otros evidencian debilitamiento estructural, especialmente en su sistema radicular.

Para determinar cuáles son aquellos que están en estas condiciones, se promoverá un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Asunción, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de manera a identificar cuáles son y ejecutar los trabajos de manera planificada antes de que se registre otra caída.

Una de las acciones que se tomarán a partir de ahora, de acuerdo a Becvort, será establecer una planificación técnica adecuada al momento de arborizar, con criterios según el ancho de veredas, presencia de tendidos eléctricos y características del entorno.

Bajo líneas eléctricas deben priorizarse especies de bajo porte, preferentemente frutales nativos, que además contribuyan a la alimentación de aves.

Los antecedentes nos transportan a la década de los 90, específicamente a 1996, cuando la oposición de aquel entonces recurrió por primera vez a las encuestas para elegir quién sería el candidato con más chances de vencer en las elecciones municipales.

Por el PLRA se presentó Martín Burt y por el Encuentro Nacional, Alfredo Boccia. En aquella ocasión, el liberal venció con el 40 % de los votos contra el 24 % obtenido por Boccia y se convirtió en el candidato de la oposición para las municipales.

En aquel entonces, para sorpresa de muchos, Martín Burt venció al candidato colorado Ángel Ramón Barchini. El candidato liberal obtuvo 120.518 votos que dejaron en segundo lugar al colorado con 105.078.

Un mecanismo similar, pero técnicamente distinto se utilizó en el año 2010, también para las municipales. Como no lograban ponerse de acuerdo y tampoco deseaban dispersar los votos con varias candidaturas, la oposición realizó una consulta popular, en su momento bautizadas como urnas delivery.

Los capitalinos recibieron en sus casas a los encuestadores y respondieron a quién preferían entre Miguel Carrizosa de Patria Querida y Franklin Boccia del PLRA. El patriaqueridista se convirtió en el candidato al conseguir 9.472 votos versus los 8.095 de Boccia.

Pese a ello, como el TSJE ya había elaborado los boletines de voto con los candidatos inscriptos, Boccia apareció en las papeletas y obtuvo 4.573 votos que se convirtieron en nulos, ya que Anki había descabalgado para entonces. Al margen de este dato anecdótico, lo concreto es que Carrizosa perdió las municipales ante Samaniego, aunque por un margen escaso.

Arnaldo Samaniego de la lista 1 (ANR) obtuvo 90.745 votos (45,69 % del total), mientras que Miguel Carrizosa de la lista 8 consiguió 88.298 (44,46 %).

Tuvieron que pasar 16 años para que la oposición vuelva a utilizar las encuestas en la antesala a unas municipales. Esta vez, la puja estuvo entre dos mujeres: Soledad Núñez y la diputada Johana Ortega.

De 979 encuestados, 442 contestaron que eligirían a Soledad Núñez como candidata de la oposición y 301 dijeron que optarían por Johana Ortega. Además, 214 personas respondieron que no votarían por ninguna de ellas. Igualmente, 22 no contestaron.

De las tres veces que la oposición utilizó la encuesta, hasta el momento solo conocemos el final de dos de ellas. La primera (1996), con victoria opositora y la segunda (2010) con derrota. Habrá que esperar lo que suceda en octubre para un desempate entre estas tres ocasiones. Sin embargo, esta última podría llevarse el rótulo de la menos representativa entre las tres, ya que las muestras no llegaron ni a mil.

En cuanto a la discusión de qué tan democrático es elegir una candidatura única por esta vía, se podría debatir cuántos asuncenos realmente eligieron que la exministra de la candidata de la oposición, teniendo en cuenta que más de 400.000 personas votan en la capital, pero el tiempo dirá a quién terminan votando.

Sin embargo, volviendo a lo democrático, no se pueden olvidar otros antecedentes en los que la oposición ni siquiera recurrió a un sondeo de barrio, sino que directamente resolvió candidaturas a través de acuerdos, sin participación ciudadana, o bien podría decirse, en el escritorio como en el 2015, cuando los partidos pequeños decidieron apoyar la candidatura de Mario Ferreiro.

En este y en todos los casos, el objetivo es unir fuerzas y evitar la división y dispersión de votos que faciliten la victoria al partido tradicional, que es el que tiene el electorado más sólido y la fortaleza del voto duro.

Sea con victoria o derrota, la coincidencia de estos casos es que, en todos, la mayoría recuerda que la meta primera era vencer, pero pocos recuerdan qué propuestas concretas hubo., lo que da la pauta que prevaleció un objetivo: derrotar a la ANR.