El pasado lunes 18 de diciembre, las noticias madrugaron. Los reportes iniciales referían de un intenso movimiento policial y militar en la zona de la Penitenciaría de Tacumbú. Con el correr de las horas se supo oficialmente que se trataba del Operativo Veneratio, que pretendía lograr el traslado de casi 1.000 internos a otras cárceles del país. Entre los objetivos estaba Armando Javier Rotela, líder del Clan Rotela.

Para conocer la historia de Armando Javier Rotela hay que remontarse a antes de los años 2000, cuando inició sus primeros pasos en el mundo delictivo. Inicialmente se desenvolvió en su ciudad natal de Tobatí, en el departamento de Cordillera, donde logró perpetrar varios hechos de asaltos que también rápidamente hicieron que tuviera sus primeras detenciones y antecedentes ante la Justicia.

Con el correr de los años, a su prontuario le fue sumando hechos de robo agravado, lesiones graves y su incursión al microtráfico de drogas, cuando de Tobatí se trasladó hasta la zona del Bañado Tacumbú, donde logró reclutar a sus “primeros soldados”.

Su astucia para enrolar jóvenes y tenerlos a su servicio para el tráfico de drogas, le llevó a colocarse el mote del “zar del crack”, debido a que era el producto “estrella” que se encargaba (o se encarga) de comercializar.

Su captura en el 2016 marcó un antes y un después. Lejos de terminar con sus actividades ilícitas, la situación de privación de libertad potenció su red de microtráfico, hasta convertirlo en lo que hoy es conocido como el “Clan Rotela”, siendo su mayor potencial el manejo criminal desde las penitenciarías del país, especialmente desde Tacumbú, donde, hasta hace apenas unos días estuvo recluido.

El portal especializado en crimen organizado y narcotráfico InSight Crime señala que, esta organización podría tener hoy entre 1.000 y 4.000 integrantes, siendo la mayor banda criminal del país.

Sin embargo, cuando el Clan Rotela parecía intocable, porque así lo permitieron autoridades anteriores, el lunes pasado se vio sucumbido ante el despliegue militar y policial en Tacumbú. Las imágenes que empezaron a recorrer mostraban que los uniformados lograron llegar hasta la zona denominada como “La Jungla”, feudo de Armando Javier Rotela y hasta donde ninguna autoridad podía acercarse. Minutos después, una imagen que quedará la historia: el líder del microtráfico en el país, siendo sacado en calzoncillos de la penitenciaría para su traslado hasta un centro de mayor seguridad.

Un día después, prácticamente a la misma hora del operativo Veneratio, las autoridades informaban sobre la Operación IGNIS en el departamento de Ñeembucú, donde se logró abatir a 10 temidos delincuentes, pertenecientes a la banda criminal de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho.

El operativo permitió desbaratar el brazo armado del grupo, atendiendo a la importante cantidad de armas, herramientas y dispositivos incautados en el poder de los abatidos y también casi una decena de detenidos.

Al igual que Rotela, alias “Macho” tiene sus orígenes en los 2000, cuando fue detenido por el crimen del estanciero japonés, Hiroyuki Arai, en la localidad de Tavapy, departamento de Caazapá. Él mismo confesó dónde había enterrado al ciudadano oriental. Por ese hecho fue condenado a 25 años de cárcel. Su permanencia en la Penitenciaría de Ciudad del Este fue de 6 años, hasta que logró fugarse el 19 de mayo de 2011, cuando burló la seguridad que lo trasladaba hasta un sanatorio para una supuesta revisión privada.

Cuatro años después fue recapturado en la zona de Salto de Guairá, departamento de Canindeyú, pero recluido en la Penitenciaría de San Pedro, donde estuvo apenas unos meses hasta que obtuvo un “permiso especial” para ir a prisión domiciliaria.

El permiso especial era por apenas unos días, hasta que debía volver a prisión. Sin embargo, “Macho”, fiel a su estilo, decidió permanecer en la clandestinidad.

En los últimos meses, “Macho” fue involucrado en varios hechos delictivos, entre ellos, el sonado caso de una emboscada a agentes del Departamento de Investigación de Delitos de Canindeyú. Tras dicho suceso, Acosta Riveros apareció brindando unas declaraciones a Telefuturo, negando su participación. Sin embargo, por el actuar y la cantidad de armas utilizadas, todo apuntaba que se trataba de su estructura criminal que se instaló en la zona en base al sicariato y narcotráfico.

Actualmente “Macho” es el criminal más buscado del país. A pesar del Operativo IGNIS, las autoridades no pudieron confirmar su paradero, sin embargo, al quedar desbaratado su brazo armado, le podría dar una chance a que las fuerzas del orden lo capturen.

El experto Miguel Ángel Gaspar es padre de un niño de dos años y medio criado sin pantallas. “En casa no hay televisión ni celulares. Prefiero que me pinte las paredes antes que verlo secuestrado mentalmente por una pantalla”, contó durante su visita al programa Residentas (GEN). Según su experiencia, la diferencia en el desarrollo del lenguaje de su pequeño hijo frente a otros niños expuestos a dispositivos es notoria.

“El celular no es una herramienta pedagógica. Es un modelo de negocios diseñado para adultos”, advierte. Y agrega que las propias condiciones de uso de los dispositivos y plataformas digitales están dirigidas a personas mayores de edad, pese a que en la práctica millones de niños los utilicen a diario.

El especialista señala que el debate actual ya no discute más si las plataformas son perjudiciales para los niños, sino que se centra en cuestionar el diseño deliberado de los algoritmos para recolectar datos comportamentales, además de sobreestimular a los usuarios. En ese contexto menciona el proceso judicial que enfrenta la empresa Meta en Estados Unidos, donde se analizan posibles responsabilidades por el diseño adictivo de sus sistemas.

“Nos convirtieron en materia prima. Nuestros datos son el producto”, resume.

Gaspar reconoce que durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 los celulares “salvaron las papas” al permitir la enseñanza a distancia, pero advierte que eso no puede convertirse en modelo educativo permanente. “Prohibir también es una herramienta académica”, sostiene.

Varios países ya avanzaron en esa línea. Entre ellos, Dinamarca, Francia, España, Australia, Finlandia, Chile y Brasil, donde el bullying y el ciberbullying se redujeron hasta en un 80% en pocos meses tras retirar los dispositivos de las aulas, según remarcó.

A su criterio, Paraguay debe avanzar en una legislación integral que no se limite a prohibir, sino que incluya contención para víctimas y responsabilidades claras.

El experto plantea que, como los menores no pueden contratar servicios digitales, sean los padres quienes asuman la responsabilidad penal por el uso irrestricto de dispositivos por parte de sus hijos.

En ese sentido, recordó un caso que ocurrió el año pasado en un colegio, donde una niña de 10 años fue humillada al crearse con su rostro un video sexualizado mediante inteligencia artificial. Su recomendación para los padres de la menor afectada fue que denuncien por falta al deber de cuidado a los otros padres de los niños agresores. “Con eso terminó el problema”, asegura.

Para Gaspar, las ciberadicciones deben ser declaradas un problema de salud pública. Esto, teniendo en cuenta el aumento de casos de ansiedad, depresión y medicación en los menores de edad.

“El scroll infinito está diseñado para no parar. Eso genera ansiedad permanente”, explica. A diario, al llevar a su hijo a clases, ve a otros niños consumiendo contenido antes de entrar al aula, por lo que se preguntó qué tan necesario y urgente es que un niño esté mirando el celular a las 6 de la mañana.

Advierte además que el uso desmedido de los celulares ocasiona la ludopatía digital en los menores y la normalización de apuestas online en los entornos escolares.

Por todo ello, el especialista recomienda que no se den celulares durante la niñez, nada de smartphones antes de los 13 años, y sin redes sociales antes de los 16. Además, insta a implementar el control parental obligatorio, y que se disponga de una responsabilidad legal de los padres. Si la comunicación es necesaria con los niños, propone alternativas básicas, como teléfonos sencillos que no requieran acceso a Internet.

Gaspar señaló que, por muchos años, la Fundación Paraguay Ciberseguro llevó adelante su campaña “¿Qué tenés para darle a tus hijos que sea más fuerte que Internet?”. Hoy su consigna cambió a “Tus hijos no son contenido”, con lo cual deja a cargo de los padres decidir sobre qué hacer con los chicos y el uso de los celulares.

En el 2014, Asunción fue declarada como la primera capital verde de Iberoamérica, y ese título ostenta con orgullo debido a la inmensa cantidad de árboles en diferentes avenidas, paseos, parques, entre otros puntos de la capital.

Sin embargo, existe una realidad que pone en jaque a la ciudadanía y al municipio: el estado sanitario del arbolado urbano.

El pasado 3 de marzo, una breve, pero intensa tormenta derribó más de 20 árboles en varios puntos, muchos de ellos, de gran porte, pero ya comprometidos estructuralmente, lo cual fue propicio para caigan y causen destrozos, y otros serios problemas.

En esta misma situación se encuentran aproximadamente otros 70 árboles en toda la ciudad.

Según informó el director de Servicios Urbanos de la Comuna Capitalina, Ing. Armando Becvort, muchos árboles aparentan ser fuertes y resistentes a todo, pero en realidad presentan afecciones por hormigas cortadoras, termitas, hongos o bacterias, mientras que otros evidencian debilitamiento estructural, especialmente en su sistema radicular.

Para determinar cuáles son aquellos que están en estas condiciones, se promoverá un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Asunción, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de manera a identificar cuáles son y ejecutar los trabajos de manera planificada antes de que se registre otra caída.

Una de las acciones que se tomarán a partir de ahora, de acuerdo a Becvort, será establecer una planificación técnica adecuada al momento de arborizar, con criterios según el ancho de veredas, presencia de tendidos eléctricos y características del entorno.

Bajo líneas eléctricas deben priorizarse especies de bajo porte, preferentemente frutales nativos, que además contribuyan a la alimentación de aves.

Los antecedentes nos transportan a la década de los 90, específicamente a 1996, cuando la oposición de aquel entonces recurrió por primera vez a las encuestas para elegir quién sería el candidato con más chances de vencer en las elecciones municipales.

Por el PLRA se presentó Martín Burt y por el Encuentro Nacional, Alfredo Boccia. En aquella ocasión, el liberal venció con el 40 % de los votos contra el 24 % obtenido por Boccia y se convirtió en el candidato de la oposición para las municipales.

En aquel entonces, para sorpresa de muchos, Martín Burt venció al candidato colorado Ángel Ramón Barchini. El candidato liberal obtuvo 120.518 votos que dejaron en segundo lugar al colorado con 105.078.

Un mecanismo similar, pero técnicamente distinto se utilizó en el año 2010, también para las municipales. Como no lograban ponerse de acuerdo y tampoco deseaban dispersar los votos con varias candidaturas, la oposición realizó una consulta popular, en su momento bautizadas como urnas delivery.

Los capitalinos recibieron en sus casas a los encuestadores y respondieron a quién preferían entre Miguel Carrizosa de Patria Querida y Franklin Boccia del PLRA. El patriaqueridista se convirtió en el candidato al conseguir 9.472 votos versus los 8.095 de Boccia.

Pese a ello, como el TSJE ya había elaborado los boletines de voto con los candidatos inscriptos, Boccia apareció en las papeletas y obtuvo 4.573 votos que se convirtieron en nulos, ya que Anki había descabalgado para entonces. Al margen de este dato anecdótico, lo concreto es que Carrizosa perdió las municipales ante Samaniego, aunque por un margen escaso.

Arnaldo Samaniego de la lista 1 (ANR) obtuvo 90.745 votos (45,69 % del total), mientras que Miguel Carrizosa de la lista 8 consiguió 88.298 (44,46 %).

Tuvieron que pasar 16 años para que la oposición vuelva a utilizar las encuestas en la antesala a unas municipales. Esta vez, la puja estuvo entre dos mujeres: Soledad Núñez y la diputada Johana Ortega.

De 979 encuestados, 442 contestaron que eligirían a Soledad Núñez como candidata de la oposición y 301 dijeron que optarían por Johana Ortega. Además, 214 personas respondieron que no votarían por ninguna de ellas. Igualmente, 22 no contestaron.

De las tres veces que la oposición utilizó la encuesta, hasta el momento solo conocemos el final de dos de ellas. La primera (1996), con victoria opositora y la segunda (2010) con derrota. Habrá que esperar lo que suceda en octubre para un desempate entre estas tres ocasiones. Sin embargo, esta última podría llevarse el rótulo de la menos representativa entre las tres, ya que las muestras no llegaron ni a mil.

En cuanto a la discusión de qué tan democrático es elegir una candidatura única por esta vía, se podría debatir cuántos asuncenos realmente eligieron que la exministra de la candidata de la oposición, teniendo en cuenta que más de 400.000 personas votan en la capital, pero el tiempo dirá a quién terminan votando.

Sin embargo, volviendo a lo democrático, no se pueden olvidar otros antecedentes en los que la oposición ni siquiera recurrió a un sondeo de barrio, sino que directamente resolvió candidaturas a través de acuerdos, sin participación ciudadana, o bien podría decirse, en el escritorio como en el 2015, cuando los partidos pequeños decidieron apoyar la candidatura de Mario Ferreiro.

En este y en todos los casos, el objetivo es unir fuerzas y evitar la división y dispersión de votos que faciliten la victoria al partido tradicional, que es el que tiene el electorado más sólido y la fortaleza del voto duro.

Sea con victoria o derrota, la coincidencia de estos casos es que, en todos, la mayoría recuerda que la meta primera era vencer, pero pocos recuerdan qué propuestas concretas hubo., lo que da la pauta que prevaleció un objetivo: derrotar a la ANR.