Mutilan acusación contra Florencia Romero quien ebria atropelló y mató a una madre

El viernes se llevó a cabo la audiencia preliminar para Florencia Romero, quien en la mañana del 4 de octubre del año pasado en estado de ebriedad, al mando de su camioneta atropelló y mató a Natalia Godoy, pero el juez penal de Garantías de Fernando de la Mora Miguel Ruiz excluyó una prueba fundamental, cambió la carátula del expediente, favoreció a la acusada y elevó el caso a juicio oral y público.

Florencia Romero ebria al volante de su camioneta y a gran velocidad mató a Natalia Godoy quien estaba sobre Mariscal López casi Santa Teresa esperando colectivo para ir a su trabajo. Desde ese mismo momento comenzaron a darse una serie de incidentes que fueron favoreciendo a la imputada. Trataron en momento trataron de evitar que vaya presa.

Tras el accidente la joven quedó internada en un sanatorio, luego de la audiencia de imposición de medidas, se dispuso que pase una semana en la Comisaría de Mujeres, después tenía que ir a la cárcel del Buen Pastor, pero inexplicablemente la iban a trasladar a la cárcel de San Pedro, pero la familia de la víctima fatal se manifestó y reclamó el hecho. Alegaron que trataban de llevar a Romero lejos de la capital para evitar un control de su prisión. Finalmente Florencia fue a la cárcel del Buen Pastor.

La presión mediática que realizó la familia de Natalia Godoy fue la que hizo que este caso no sea “cocinado” hace tiempo, ya que le hicieron un seguimiento día a día. Sin embargo en la audiencia preliminar el juez Miguel Ruiz excluyó de la acusación fiscal la prueba de toxicología que presentó el Ministerio Público donde se demostraba que Florencia Romero, no solo estaba conduciendo ebria, sino que también consumió un medicamento cuyo consumo no tiene que ser mezclado con bebidas alcohólicas, según la conclusión del fiscal del caso Itálico Rienzi.

El magistrado Ruiz, alegó que la defensa de la acusada no tuvo peritos al momento de hacerse la prueba de toxicología, por lo que decidió no admitir como prueba y de esa manera cambió la carátula del expediente que era por homicidio doloso eventual, que tenía una expectativa de pena de hasta 25 años, por la de homicidio culposo, que tiene una expectativa de pena máxima de hasta 5 años de cárcel o multa. Con esta nueva calificación Florencia no iría presa y hasta podría pagar una multa para quedar libre de culpa y pena.

“El juez dijo que los peritos de la defensa no participaron de la prueba de toxicología por lo que no era válida y la excluyó, con la sola intención de cambiar la carátula del expediente y ayudar a la que mató a mi hija” dijo muy dolida Lucía Godoy madre de la fallecida Natalia.

“Ahora el caso ha pasado de ser doloso a culposo, pero nuestra abogada (Carolina Arias) va a apelar esta decisión. No es culpa nuestra que ellos al momento de hacerse la prueba no hayan presentado sus peritos, pero eso fue una trampa para ayudarle a esta mujer y ahora nos encontramos con esta sorpresa”, señaló Lucía Godoy.

“Acá se quiere ayudar a una persona que borracha mató a una madre y dejó huérfano a un niño” sentenció Lucia Godoy al recordar que Natalia salió bien temprano ese domingo 4 de octubre para ir a trabajar, para poder mantener a su hijo, mientras que Florencia venía de una noche de fiesta y tragos que coronó con un mortal accidente.

La dolorida madre de Natalia relató que desde el inicio de este proceso se trató de beneficiar a Florencia Romero, recordó que en marzo pasado la jueza Nancy Duarte le dio el arresto domiciliario, pero que la medida fue apelada y rectificada por la Cámara de Apelación que en abril ordenó que la joven vuelva a prisión.

Pero un recurso de la defensa envió el incidente a la Sala Penal de la Corte que el 19 de julio pasado resolvió que Florencia Romero debía volver a la cárcel, pero hasta el momento según ellos tienen entendido sigue con medidas.

Ahora con el cambio de carátula del expediente Florencia Romero podría seguir con medidas alternativas a la prisión hasta el día del juicio oral y público.

 

Sputnik V, la campaña de marketing (y política) de Rusia que no salió como esperaban

Rusia se puso al frente de la carrera por la vacuna contra el COVID-19 al anunciar con bombos y platillos la Sputnik V. Lo que empezó como una buena campaña de marketing (y política) del régimen de Vladimir Putin terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para muchos países que actualmente sufren demoras para recibir las dosis del segundo componente.

Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

En agosto del año pasado, todas las miradas se centraban en Rusia tras haber hecho oficial el anuncio de la Sputnik V, registrada como “la primera vacuna contra el COVID-19” en el mundo.

La noticia fue recibida con sorpresa y escepticismo, considerando que la mayoría de los laboratorios seguían en ese momento en fase de ensayos clínicos para tener listas sus propias vacunas.

De esta manera, Rusia se ponía al frente de la llamada “carrera por la vacuna” que tenía a grandes competidores en la lista, entre ellos farmacéuticas de prestigio mundial como AstraZeneca, Pfizer o Moderna, sin mencionar a las empresas chinas que seguían en la misma senda aunque de manera más discreta.

La Sputnik V (bautizada así en honor al primer satélite soviético que fue capaz de orbitar alrededor de la Tierra) contaba con una eficacia de más del 90%, según el informe del Instituto Gamaleya, centro que tuvo a su cargo el desarrollo. Este dato despertó interés en el ámbito científico, que inicialmente tuvo ciertas dudas y miraba con recelo a la vacuna rusa debido a la poca información existente sobre su fabricación y, sobre todo, a la falta de publicaciones en revistas científicas para que sean avaladas por pares.

Luego de varios meses, finalmente se habían publicado los esperados ‘papers’ en la revista The Lancet, una de las más importantes en el mundo médico, y los resultados dejaron sorprendidos a varios: la vacuna había logrado la producción de anticuerpos y no provocó efectos secundarios, demostrando con ello ser “segura y eficaz”.

A partir de allí, el gobierno ruso se encargó de hacer lobby en el mundo con la Sputnik V, logrando sellar acuerdos con varios gobiernos, al punto de lograr que la plataforma sea registrada y aprobada en más de 50 países, entre ellos Paraguay.

En Latinoamérica fueron 9 los países que sellaron contratos con Rusia para asegurar la provisión de millones de vacunas, cada una en diferentes cantidades. En el caso de nuestro país, el acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa fue por un total de 1.000.000 de dosis, de las cuales apenas se han recibido hasta el momento 380.000.

Lo que empezó como una buena campaña de marketing del gobierno de Vladimir Putin para congraciarse con el mundo terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza, en vista a la falta de cumplimiento de los plazos de entrega. En este caso, el principal problema radica en la demora para la entrega de lotes del Componente 2.

Cabe recordar que la Sputnik V es la única vacuna antiCOVID en el mundo que utiliza dos componentes diferentes para su aplicación: El Componente 1 (con el vector viral Ad26) y el Componente 2 (Ad5). En el resto de las plataformas, se utiliza la misma vacuna para la segunda dosis, por lo que no existen inconvenientes.

En un artículo publicado recientemente, Infobae relata de manera detallada la gravedad del asunto y menciona que seis países han alzado su voz con quejas por las demoras de Rusia, otros dos también recibieron tarde y menos de las dosis prometidas, pero prefieren mantener el bajo perfil para no dañar su relación política con Moscú (Venezuela y Nicaragua). Por todos estos problemas, Panamá decidió cancelar el contrato que estaba por firmar cuando se dio cuenta de que los rusos no podrían cumplirlo.

Uno de los que se encuentra “en figurillas” es Argentina, considerando que alrededor de 6 millones de habitantes que ya recibieron su primera dosis hace varios meses ahora se encuentran a la espera de recibir la segunda, aunque con pocas esperanzas de que eso ocurra en poco tiempo.

En el caso de Paraguay, la situación pinta un poco mejor en comparación a nuestros vecinos pero no deja de ser preocupante. De las 380.000 dosis recibidas, todas ya fueron administradas a la población, sobre todo entre el personal de blanco y los adultos mayores que fueron los primeros en ser inmunizados como parte el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Ante la falta de respuestas por parte de Rusia, las autoridades sanitarias ya analizan la posibilidad de una intercambiabilidad con otras plataformas, aunque la falta de estudios que avalen esta alternativa hacen que sea complicado. Otra opción barajada es la de “revacunar” a todas las personas que fueron inoculadas con la Sputnik V, lo cual a su vez acarrea posibles riesgos y la necesidad de gastar más dosis de las previstas.

Por todo lo mencionado anteriormente, el régimen de Vladimir Putin se encuentra entre la espada y la pared, con una imperiosa necesidad de cumplir los acuerdos suscritos con otros gobiernos en la brevedad posible, aunque teniendo que resignarse a haber perdido la credibilidad que logró construir con su campaña de “la primera vacuna contra el COVID-19”.

 

#1MédulaParaTami: joven necesita ayuda para salvar su vida

Hace poco más de un año, la vida de la joven Liz Tamara Maldonado (32), más conocida como Tami, dio un giro de 180 grados, tras ser diagnosticada con el síndrome Mielodisplásico, un cáncer en la sangre poco común. Ahora está en plena campaña de recolección de fondos para hacerse un trasplante de médula en México.

Liz Tamara Maldonado tiene 32 años y antes de la pandemia trabajaba en un local de eventos en Capiatá que pertenece a su familia pero que tuvo que cerrar por las restricciones sanitarias. Es así que ingresó a trabajar a un call center pero al poco tiempo su vida cambió totalmente cuando le diagnosticaron el síndrome Mielodisplásico y se vio obligada a quedar en su vivienda. Hace tres meses consiguió un trabajo a distancia en un estudio contable, por lo que no sale de su casa para no arriesgarse.

Muy feliz cuenta que su hermana Melody (23) será quien le donará su médula y que tiene previsto viajar con ella, otra hermana y su madre al hospital de Nuevo León de México. Para ello ya puso en campaña para juntar la suma de 300 millones de guaraníes, monto que necesita para viajar a realizarse el tan ansiado trasplante, ya que en países vecinos el costo es mayor. Hasta el momento logró juntar 71 millones de guaraníes.

“Seguimos gestionando ayuda en las binacionales, entregando papeles y además con los amigos y familiares hacemos actividades para recaudar fondos, como venta de pizzas en los semáforos, y otras que van surgiendo sobre la marcha, mi familia hace rifa, vende comidas, todo sea por lograr la meta”, dice sin perder la esperanza de conseguir el dinero, ya que su principal necesidad es esa actualmente.

Tami refiere que por el momento se hace transfusiones de sangre y que el temor es que estos procedimientos le modifiquen y haga incompatible con su donante, y es por eso que desea viajar ya a mediados de agosto. “Si dejo pasar el tiempo corro el riesgo de ser incompatible y que todo el plan se vaya al garete, será muy difícil conseguir otra donación. Entonces, si queremos seguir con el plan, lo antes posible debemos viajar. Estamos llegando a la fecha y tenemos una cierta cantidad de dinero, seguimos apretando y tenemos fe de que llegaremos”, agrega.

Respecto al monto que necesita, la joven explica que ese dinero ya incluye el pasaje aéreo, la cirugía y la estadía en el sitio, ya que si todo sale bien y no hay complicaciones luego de la cirugía, recién luego de dos meses podrá retornar al Paraguay.

“Entiendo que estamos pasando por tiempos difíciles, mucha gente está pasando mal, nadie quiere llegar a este punto de tener que pedir, pero cuando la vida corre en riesgo, uno busca las formas de seguir viviendo, quiero hacer muchas cosas en mi vida, quiero luchar hasta el último respiro, yo estoy agradecida con que comparta y comente mis publicaciones para llegar a más personas”, dice por último.

En su cuenta de Instagram, la joven lanzó una campaña de donación de 30.000 guaraníes, al resaltar que si 10 mil personas donaran ese monto, superará la meta.

Las personas interesadas en ayudar a Tami pueden contactarla al (0984) 584-500.



 

Entidades abrigo acogen a unos mil niños y corren riesgo de cierre

Unas 41 entidades denominadas “abrigo” están al borde del cierre debido al vencimiento del plazo de la ley de adopciones, que exige una readecuación de infraestructura y un cambio de modalidad antes del 5 de agosto. La Cámara de Diputados ya aprobó una prórroga de dos años, pero el estudio está pendiente en Senadores. ¿Qué deberán hacer estos hogares para seguir al cuidado de los chicos?

El 5 de agosto próximo debían quedar inhabilitadas unas 41 entidades que funcionan bajo la modalidad “abrigo institucional” (las últimas en el orden de prelación de la ley de adopciones) y que en conjunto son el techo de unos 1.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Para esa fecha, todos estos hogares deben readecuar su infraestructura y cambiar su modalidad de atención a la de “acogimiento familiar” o “abrigo residencial” según el artículo 116 de la ley de adopciones. En tal sentido, dicha normativa define estos conceptos de acuerdo con la capacidad edilicia, de la siguiente manera:

Abrigo residencial: Es la modalidad de cuidado alternativo asumido por una unidad ejecutora, encargada de la protección de un grupo reducido de hasta 6 (seis) niños, niñas y adolescentes, en un modelo de similar al de una familia en cuanto a su dinámica e infraestructura, debidamente habilitadas, autorizadas para funcionar y registradas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Abrigo institucional: Es el cuidado alternativo ejercido por una persona jurídica que albergan 7 (siete) o más niños, niñas o adolescentes en un espacio físico de gran capacidad debidamente registradas, habilitadas y autorizadas para funcionar y registradas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Además, los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia que hubieran ordenado el abrigo de niños en estas entidades de abrigo de tipo institucional, debem, dentro del plazo de 60 días de entrada en vigencia de la Ley, iniciar las acciones que fueran requeridas para sacar a los niños de esos hogares o disponer otra modalidad de cuidado alternativo.

Sin embargo, esto tampoco ocurrió, dado que los juzgados de la Niñez y la Adolescencia limitaron su actuar a los casos urgentes, por lo que los procesos de mantenimiento de vínculo y de reinserciones, tanto a las familias nucleares o ampliadas, se vieron afectados.

No obstante, una modificación planteada por la diputada Rocío Vallejo y que ya prosperó en Cámara Baja, permite que este plazo de readecuación pase al 5 de agosto del 2023. Para que este nuevo plazo quede firme, se deberá aprobar también en Cámara de Senadores antes del próximo 5 de agosto.

“La ley es muy buena, lo que nosotros queremos es solamente plantear la extensión para que se adecuen, de lo contrario, en un mes, ¿a dónde enviaremos a esos niños?”,dijo la legisladora Vallejo sobre lo que hubiera significado la clausura de estos hogares de abrigo institucional.

Según la normativa que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción, se deben agotar todos los esfuerzos para que el niño o adolescente permanezca en su familia nuclear. Sin embargo, cuando esto no sea posible, se establece un orden de prioridad para conceder un cuidado alternativo y se distribuye de la siguiente manera:

a) Integrantes de la familia ampliada.

b) Integrantes del entorno afectivo cercano.

c) Terceras personas no parientes acreditadas en la modalidad de acogimiento familiar.

d) Abrigo residencial.

e) Abrigo institucional, excepcionalmente, en entidades debidamente habilitadas, registradas y con autorización de funcionamiento vigente

Esta transformación que exige la ley de adopciones a los hogares “abrigo institucional”, solamente podrá ser una realidad si es que se trabaja de manera articulada con los defensores, jueces y el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, a criterio de la legisladora.