Las jornadas de clasificación por esos años empezaban cerca del mediodía y finalizaban ya entrada la tarde, el 24 de setiembre no fue la excepción, entre la gran cantidad de fanáticos estaban Víctor Raúl Espínola Mendoza, quien ese día fue con su hijo Víctor Daniel y su primo Mauro Aguilera, vibraron con cada pasada de los bólidos y a eso de las 17:30 salieron del autódromo, para volver a su casa.

Desde el predio del Aratirí hasta llegar a la ruta, hay como 15 cuadras y cuando todos comenzaron a salir se dio una larga cola de vehículos. Víctor Raúl al volante de su Mercedes Benz, tenía a su lado a su primo Mauro y atrás iba el pequeño Víctor Daniel, los tres iban comentando todo lo vivido ese día mientras esperaban progresar en la cola de rodados, pero a pocos metros antes de ganar la ruta, Víctor Raúl sintió que un automóvil le chocó.

Espínola bajó a ver lo ocurrido y ahí se encontró con Rosalino Solis Aranda, suboficial militar, quien también bajó de su móvil, entonces se generó una discusión entre ambos conductores. El “tuque” no fue grande, apenas un raspón, pero ambos varones se culparon del hecho. El militar le dijo que frenó de golpe y el otro reclamó que estaban en embotellamiento y cuál era la prisa.

Gritos y más gritos, pero todo pareció terminar cuando ambos hombres regresaron a su respectivos automóviles, pero la discusión estaba lejos de terminar, es más recién se iniciaba ya que Solís Aranda subió a su rodado, con la sola intención de buscar su arma reglamentaria, una pistola 9 mm y abrió fuego contra el Mercedes Benz de Espínola.

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Cuatro disparos retumbaron ante la mirada de todas las otras personas que estaban en el sitio, luego cobardemente el suboficial subió a su vehículo y huyó del lugar. Dentro del otro auto Mauro Aguilera recibió una herida de bala en el brazo, su primo lo miró con asombro, pero el terror se apoderó de él cuando se fijó en el asiento trasero donde estaba su hijo Víctor Daniel totalmente ensangrentado.

El padre desesperado paso a la parte trasera del móvil tomó a su hijo para socorrerlo, pero el niño no aguantó murió desangrado en los brazos de su padre. Víctor Daniel recibió un balazo que ingresó por la espalda y le atravesó el tórax, lo que le produjo una mortal hemorragia.

Horas después en los diferentes canales de televisión aparecía Víctor Raúl Espínola Mendoza, llorando contó que cuando alzó a su hijo en brazos éste le dijo: “Papá, me duele mucho…” luego falleció, esa frase también fue un balazo al corazón de todos los que la escucharon.

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El crimen se dio en medio de una gran cantidad de personas que fueron testigos de todo lo que ocurrió y por esa razón tal vez sabiendo que lo iban a identificar Rosalino Solís Aranda, se dio por detenido en su unidad Militar, entregó su arma y dijo que fue el autor de los disparos que terminaron con la vida del pequeño Víctor Daniel, pero que fue un accidente.

Tras la intervención de la fiscala Elsa Idoyaga el uniformado fue sometido a la prueba de parafina y de alcotest, ambas le dieron positivo, se pidió su detención y fue a guardar reclusión en el Cuartel Escolta Presidencial.

El 30 de julio de 2007 en el juicio antes que el Tribunal de Sentencia integrado por Elio Rubén Ovelar, Lourdes Cardozo y María Esther Fleitas, Solís Aranda declaró y se dirigió a la familia del menor fallecido pidió perdón a la familia por el hecho, pero tal como lo hizo desde que fue detenido dijo que se trató de un accidente, que nunca tuvo la intención de matar a nadie, que solo hizo disparos intimidatorios.

El Tribunal de Sentencia encontró culpable al militar y lo condenó. FOTO CSJ

En su acusación la fiscalía demostró claramente que la escena del crimen demostró que la versión dada por el militar que quiso hacer creer que el suceso fue un accidente caía por su propio peso. Primero, ningún disparo intimidatorio puede hacerse en línea recta, en todo caso se hace apuntando al aire. La trayectoria de las balas que dieron en el automóvil de Espínola demostraba que ingresaron de arriba hacía abajo. También la autopsia realizada al menor demostró que la bala que lo mató se disparó en forma directa, no se desvió en nada.

Es por esa razón que el Tribunal de Sentencia encontró a Rosalino Solís Aranda culpable del hecho de homicidio doloso y lo condenó a 18 años de cárcel, pena que la tendrá compurgada el 24 de septiembre de 2024. Esta sentencia fue ratificada en todos sus términos en todas las instancias.

La familia de Víctor Daniel, por su parte, quedó condenada al dolor perpetuo de haber perdido a un niño a manos de un prepotente, borracho y criminal militar que nunca reconoció su culpa.

En el 2014, Asunción fue declarada como la primera capital verde de Iberoamérica, y ese título ostenta con orgullo debido a la inmensa cantidad de árboles en diferentes avenidas, paseos, parques, entre otros puntos de la capital.

Sin embargo, existe una realidad que pone en jaque a la ciudadanía y al municipio: el estado sanitario del arbolado urbano.

El pasado 3 de marzo, una breve, pero intensa tormenta derribó más de 20 árboles en varios puntos, muchos de ellos, de gran porte, pero ya comprometidos estructuralmente, lo cual fue propicio para caigan y causen destrozos, y otros serios problemas.

En esta misma situación se encuentran aproximadamente otros 70 árboles en toda la ciudad.

Según informó el director de Servicios Urbanos de la Comuna Capitalina, Ing. Armando Becvort, muchos árboles aparentan ser fuertes y resistentes a todo, pero en realidad presentan afecciones por hormigas cortadoras, termitas, hongos o bacterias, mientras que otros evidencian debilitamiento estructural, especialmente en su sistema radicular.

Para determinar cuáles son aquellos que están en estas condiciones, se promoverá un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Asunción, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de manera a identificar cuáles son y ejecutar los trabajos de manera planificada antes de que se registre otra caída.

Una de las acciones que se tomarán a partir de ahora, de acuerdo a Becvort, será establecer una planificación técnica adecuada al momento de arborizar, con criterios según el ancho de veredas, presencia de tendidos eléctricos y características del entorno.

Bajo líneas eléctricas deben priorizarse especies de bajo porte, preferentemente frutales nativos, que además contribuyan a la alimentación de aves.

Los antecedentes nos transportan a la década de los 90, específicamente a 1996, cuando la oposición de aquel entonces recurrió por primera vez a las encuestas para elegir quién sería el candidato con más chances de vencer en las elecciones municipales.

Por el PLRA se presentó Martín Burt y por el Encuentro Nacional, Alfredo Boccia. En aquella ocasión, el liberal venció con el 40 % de los votos contra el 24 % obtenido por Boccia y se convirtió en el candidato de la oposición para las municipales.

En aquel entonces, para sorpresa de muchos, Martín Burt venció al candidato colorado Ángel Ramón Barchini. El candidato liberal obtuvo 120.518 votos que dejaron en segundo lugar al colorado con 105.078.

Un mecanismo similar, pero técnicamente distinto se utilizó en el año 2010, también para las municipales. Como no lograban ponerse de acuerdo y tampoco deseaban dispersar los votos con varias candidaturas, la oposición realizó una consulta popular, en su momento bautizadas como urnas delivery.

Los capitalinos recibieron en sus casas a los encuestadores y respondieron a quién preferían entre Miguel Carrizosa de Patria Querida y Franklin Boccia del PLRA. El patriaqueridista se convirtió en el candidato al conseguir 9.472 votos versus los 8.095 de Boccia.

Pese a ello, como el TSJE ya había elaborado los boletines de voto con los candidatos inscriptos, Boccia apareció en las papeletas y obtuvo 4.573 votos que se convirtieron en nulos, ya que Anki había descabalgado para entonces. Al margen de este dato anecdótico, lo concreto es que Carrizosa perdió las municipales ante Samaniego, aunque por un margen escaso.

Arnaldo Samaniego de la lista 1 (ANR) obtuvo 90.745 votos (45,69 % del total), mientras que Miguel Carrizosa de la lista 8 consiguió 88.298 (44,46 %).

Tuvieron que pasar 16 años para que la oposición vuelva a utilizar las encuestas en la antesala a unas municipales. Esta vez, la puja estuvo entre dos mujeres: Soledad Núñez y la diputada Johana Ortega.

De 979 encuestados, 442 contestaron que eligirían a Soledad Núñez como candidata de la oposición y 301 dijeron que optarían por Johana Ortega. Además, 214 personas respondieron que no votarían por ninguna de ellas. Igualmente, 22 no contestaron.

De las tres veces que la oposición utilizó la encuesta, hasta el momento solo conocemos el final de dos de ellas. La primera (1996), con victoria opositora y la segunda (2010) con derrota. Habrá que esperar lo que suceda en octubre para un desempate entre estas tres ocasiones. Sin embargo, esta última podría llevarse el rótulo de la menos representativa entre las tres, ya que las muestras no llegaron ni a mil.

En cuanto a la discusión de qué tan democrático es elegir una candidatura única por esta vía, se podría debatir cuántos asuncenos realmente eligieron que la exministra de la candidata de la oposición, teniendo en cuenta que más de 400.000 personas votan en la capital, pero el tiempo dirá a quién terminan votando.

Sin embargo, volviendo a lo democrático, no se pueden olvidar otros antecedentes en los que la oposición ni siquiera recurrió a un sondeo de barrio, sino que directamente resolvió candidaturas a través de acuerdos, sin participación ciudadana, o bien podría decirse, en el escritorio como en el 2015, cuando los partidos pequeños decidieron apoyar la candidatura de Mario Ferreiro.

En este y en todos los casos, el objetivo es unir fuerzas y evitar la división y dispersión de votos que faciliten la victoria al partido tradicional, que es el que tiene el electorado más sólido y la fortaleza del voto duro.

Sea con victoria o derrota, la coincidencia de estos casos es que, en todos, la mayoría recuerda que la meta primera era vencer, pero pocos recuerdan qué propuestas concretas hubo., lo que da la pauta que prevaleció un objetivo: derrotar a la ANR.

Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

Recientemente cobró notoriedad un singular episodio que tuvo lugar en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Amambay, y en el que fue protagonista nada más y nada menos que una representante del Ministerio Público.

La fiscal María Irene Álvarez, en pleno desarrollo de un juicio oral y público, debió recurrir a la asistencia de un intérprete debido a su limitada comprensión del idioma guaraní, el cual fue utilizado en parte de la exposición de uno de los testigos.

Este episodio, además de llamar la atención y generar mucha controversia, encendió el debate sobre un aspecto que no siempre es analizado con el rigor que se merece: ¿Realmente es aplicada la Ley de Lenguas en Paraguay?

Desde al año 2010 rige la Ley 4251/10 de Lenguas, que establece el guaraní y el castellano como lenguas oficiales en Paraguay. Esta normativa regula su uso, protección y los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los habitantes.

Entre los aspectos claves de esta ley se encuentran la garantía de la atención en cualquiera de estas lenguas en instituciones públicas, ya sean municipios, gobernaciones u otros poderes del Estado. Así también, se promueve la no discriminación a cualquier persona por el idioma que utiliza.

Remitiéndonos nuevamente al polémico juicio oral en el que la agente fiscal recurrió a un traductor, la Ley de Lenguas estipula que todos los habitantes tienen derecho a expresarse y ser asistidos en juicio en cualquiera de las dos lenguas oficiales de nuestro país, sin excepción.

En otro apartado, incluso habla de la “competencia oral y escrita en ambas lenguas oficiales” para ocupar cargos públicos, lo cual lleva a la siguiente interrogante: ¿Cuántas autoridades y funcionarios podrían caer en el mismo error que María Irene Álvarez?

La competencia lingüística en guaraní no es un simple capricho. Hoy día, es una legislación vigente, pero más aún, una revalidación de nuestra identidad cultural que no puede quedar ajena a ningún ciudadano de la nación.

Durante muchos años, sobre todo en la época de la dictadura stronista, el idioma heredado de nuestros ancestros fue relegado a un segundo plano por razones de discriminación (cuando el término “guarango” era popularizado de manera despectiva con los guaraní hablantes). Esa carga pesada aún sigue generando consecuencias en muchas familias.

La falta de instrucción y utilización del guaraní en el entorno familiar deriva, en la mayoría de los casos, en su reducida o incluso nula comprensión en la edad adulta. Aquellos niños que crecen en un hogar donde sus padres o abuelos no les inculcan el idioma crecen sin saber hablarlo, y lo que es peor, odiándolo al tratar de aprenderlo.

El caso de la fiscal Álvarez nos debe interpelar como sociedad paraguaya sobre las razones por las que aún hoy, en pleno 2026 y a más de 10 años de la sanción de la Ley de Lenguas, sumado a los más de 30 años de la vigencia de la Constitución Nacional, aún el guaraní sigue siendo mirado con recelo o hasta si se quiere “ninguneo”.