Así era la modesta casita que tenía el ahora potentado Cuevas

Cuando arrancó en 1996 como inten­dente municipal de Sapucai, Miguel Cue­vas estaba lejos de ser el potentado político colo­rado que es hoy. Ya en los primeros 10 años de ingre­sar a la función pública, su vida y la de su familia cam­biaron totalmente y hoy día es un poten­tado. La pequeña vivienda que tenía en la zona céntrica de Sapu­cai en los 90 se convirtió en una lujosa mansión con piscinas, murallas alrede­dor y un estacionamiento importante, acorde a la flota de vehículos en los que se desplaza el clan.


Fuente: La Nación

En Sapucai mucha gente recuerda al Cuevas “zapa­tero de barrio”. Era cono­cido así, pero ya mostraba a finales de los 80 ganas de ingresar a la política local. Sus primeros pasos le sir­vieron para alzarse con la intendencia de Sapucai en 1996 y desde entonces no ocupó ninguna otra función laboral importante que no sea la pública. Hoy día, don Miguel Cuevas disfruta sus días con su familia lejos de la angustia económica.

Cuevas es amigo de Nica­nor Duarte Frutos y muchos vecinos recuerdan cuando el entonces candidato y pos­terior presidente de la Repú­blica lo visitaba en Sapucai. De hecho el ex mandatario fue el que le premió con un cargo de “oro” en Puertos.

Tras dejar la intendencia en el 2000, un tiempo des­pués Cuevas consiguió ser subadministrador y luego adminis­trador de la Administra­ción de Puer­tos de Para­naguá, un lugar con­siderado clave para “recaudar”.

En efecto, según la propia declaración jurada de Cue­vas que figura en la Contra­loría General de la Repú­blica, hasta antes del 2005 Cuevas solamente tenía un inmueble a su nombre que había adquirido en 1987 en Sapucai donde estaba la humilde vivienda, hoy convertida en una man­sión para lo que representa la zona. Después del 2005 y ya estando en la función pública, específicamente en Paranaguá y con un sueldo mensual de G. 4.600.000, es que empieza a crecer su patrimonio.

Desde dicho año y hasta el 2006, es decir en un período de 12 meses, Cuevas adqui­rió 5 propiedades más, todas ubicadas en Sapucai, depar­tamento de Paraguarí. El valor de estos inmuebles alcanzó la suma de G. 2.731 millones, monto que no incluye la cotización de su residencia.

En el 2010, Cuevas volvió a ser elegido intendente de Sapucai. Sin embargo, este período ya no completó porque peleó para gober­nador de Paraguarí, cargo al que accedió en el 2013. Como gobernador, Cuevas ya dejó de ser aquel zapa­tero de barrio. Se movili­zaba en camionetas lujo­sas y su gestión empezaba a tener denuncias de diversas índoles, pero su patrimonio seguía aumentando.

En su declaración jurada del 2014, el patrimonio neto que figura en los documentos llega a los G. 9.727 millones. Además de los seis inmue­bles, se le sumaron tres vehículos y Cuevas tam­bién apostó por el negocio ganadero; ya tenía cabezas de ganado de la raza bran­gus. Solamente en la acti­vidad agropecuaria, el valor de sus animales llega a los G. 1.675 millones, según el documento de marras.

Varios de los inmuebles hizo desaparecer Cuevas de su última declaración jurada luego de que le entablaran demandas por no pagar sus deudas. El ex gobernador estaba acogotado de deudas entre el 2013/2014; junto con su mujer Nancy Florentín fueron inhabilitados para fir­mar cheques y tenían cuenta cancelada. Según registros comerciales, el ahora dipu­tado era moroso hasta en el pago del servicio de telefonía.

Para el 2016, Cuevas sumó tres inmuebles a su patri­monio por valor de G. 954 millones.

La gobernación también le sirvió para nombrar a su hijo Enzo como “coordinador de la entrega de merienda esco­lar” del 2016.

Además de este cargo, Enzo logró que su suegra se quede con un buen negocio con la Gobernación de Paraguarí. En el 2016, la firma Albicar SRL, propiedad de Marina Cañete de Montiel, mamá de Alba Montiel Cañete, esposa de Enzo Miguel Cuevas, se quedó con dos licitaciones de la gobernación por valor de G. 283 millones.

A estos casos se suman otras situaciones como el sistema de engaño que utilizaron en la gobernación a través de facturas falsas para justi­ficar gastos. La compra de combustible por G. 1.300 millones para tractores y camiones que ya estaban inutilizados. Las denuncias de creación de comisiones u organizaciones vecina­les fantasma para justificar gasto, entre otras denuncias.

Escrachadores exigen imputación

Desde el pasado martes y al menos durante toda esta semana, los ciuda­danos autoconvocados se instalarán frente a la Fiscalía de Delitos Eco­nómicos del Ministe­rio Público para exigir la imputación del inves­tigado por enriqueci­miento ilícito y decla­ración jurada falsa, el diputado Miguel Cuevas.

Los “escrachadores” soli­citaron hablar con los nue­vos fiscales de la causa, René Fernández y Liliana Alcaraz, quienes asumie­ron de manera interina en reemplazo de Irma Llano en un momento clave de la investigación, pero no fue­ron recibidos.

“Desde el martes nos movi­lizamos con el objetivo de interiorizarnos sobre los trabajos que lleva adelante la Fiscalía, pero hasta ahora no tenemos retorno de René Fernández ni Liliana Alca­raz, es por eso que decidi­mos que las movilizaciones continuarán durante toda la semana”, expresó Aide Vera, una de las manifes­tantes.

La denuncia contra Miguel Cuevas, y que ahora pone bajo la lupa a toda su fami­lia, se presentó en los pri­meros días de setiembre del año pasado por el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáce­res. Varios elementos con­tundentes que van desde las 14 fincas, la mansión y cuentas a cobrar que no son reales saltaron hasta ahora, pero la Fiscalía no avanza en su imputación.

 

Ataques contra Banco Basa, cómo operan en Brasil y el interés de Banco Atlas de "rapiñar" el negocio

En la acusación formu­lada por el Ministerio Público brasileño ante la jueza federal Gabriela Hardt, quien quedó a cargo de la causa Lava Jato en sustitución del juez Sergio Moro, no aparece ni se menciona ninguna vin­culación de los procesados con alguna entidad bancaria del Paraguay ni mucho menos que se haya abierto alguna investi­gación al respecto.


Fuente: La Nación

  • POR JORGE TORRES ROMERO
  • Periodista

Las facturas ficticias que men­ciona la acusación son las uti­lizadas por consultoras brasi­leñas (empresas de maletín), vinculadas a Odebrecht y que operaban con el Banco Pau­lista SA y que supuestamente asesoraban a la entidad banca­ria en la importación de divi­sas. La transferencia de dinero entre el Banco Paulista y estas consultoras ronda los US$ 15 millones.

El documento arrimado al Juzgado Federal de Curi­tiba por la fiscalía del vecino país cuenta con 60 fojas y en la misma aparecen acusados, con pedido de prisión preven­tiva, los ejecutivos Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tar­císio Rodrigues Joaquim y Gerson Luiz Mendes de Brito, todos ellos vinculados al Banco Paulista SA e investigados en el ámbito de la denominada Ope­ración Lava Jato.

En el expediente figura ade­más un listado de empresas fantasmas que fueron creadas por los acusados para realizar las transferencias y pagos ile­gales en diferentes conceptos, desde paraísos fiscales.

Según el escrito, grandes empresas contratistas del Brasil, entre ellas OAS, UTC, Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Enge­vix, SETAL, Galvão Engenha­ria, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK habrían formado un cartel a través del cual se distribuían las licita­ciones de la empresa estatal Petrobras para la contrata­ción de grandes obras públicas.

CÓMO OPERABA EL ESQUEMA

En la evolución de las investi­gaciones relacionadas al Grupo Odebrecht, en el ámbito de la Operación Lava Jato, fue reve­lada la existencia de un sector específico destinado a la reali­zación de pagos encubiertos y que fue denominado Sector de Operaciones Estructuradas. A través de dicha oficina, los eje­cutivos del Grupo Odebrecht, inclusive su presidente, efec­tuaban los pagos a los altos fun­cionarios y políticos involucra­dos en el esquema criminal.

Dicho sector de la empresa era dirigido por los ejecutivos Hil­berto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Fernando Migliac­cio da Silva y Luiz Eduardo da Rocha Soares, que contaban con el apoyo de terceros para la apertura y el movimiento de cuentas offshore en el exterior y para la realización de los pagos encubiertos a través de ellos.

En ninguna de estas operacio­nes efectuadas a través de ter­ceros aparece alguna vincula­ción, ya sea con el Banco Basa o cualquier otra entidad ban­caria de nuestro país.

Según los elementos de prueba reunidos, los recursos finan­cieros utilizados para estas operaciones eran recogidos primordialmente del mercado negro de cambios, por medio del cual se accedían a dólares que posteriormente ponían a disposición del Banco Pau­lista para que esta institución efectuase los pagos a los bene­ficiarios finales por medio de transferencias electrónicas en favor de empresas de fachada montadas por las personas que recibían el dinero de las coimas. Algunas de estas empresas fantasma se deno­minaban: BBF, JR GRACO, VVB, Lafrano, MIG, Crystal y Bilinski.

En síntesis, conforme se cons­tató en la investigación del Ministerio Público brasileño, el Banco Paulista habría sido utilizado por ejecutivos vincu­lados al Sector de Operaciones Estructuradas de la Odebre­cht y también por representan­tes de Meinl Bank en Antigua, para el lavado de activos de ori­gen ilícito.

JUSTIFICABAN PAGOS CON FACTURAS FRAUDULENTAS

A partir de las noticias divulga­das en los medios de prensa –refiere el escrito de los fiscales– se obtuvo la declaración de los ejecutivos del Grupo Odebre­cht, bajo la figura de la delación premiada, específicamente la de Fernando Migliaccio da Silva, quien declaró que se uti­lizaban contratos ficticios for­malizados entre su empresa, MIG Consultoría Económica, con el Banco Paulista, para dar sustento a las remesas realiza­das en contraprestación por la entrega de dinero.

Con esta evidencia, el Banco Central del Brasil procedió a la fiscalización de la actuación del Banco Paulista en el esquema, que luego de ser notificado pro­veyó las documentaciones en las que consta que MIG Con­sultoría Económica recibió pagos referidos a supuestas prestaciones de servicios por un monto de 7.998.045 reales y que igualmente otras seis empresas vinculadas a cola­boradores del Grupo Ode­brecht recibieron pagos en el mismo concepto por un total de 48.439.315,11 reales.

Agrega el escrito que el Banco Paulista justificó los pagos alegando que se trataban de remuneraciones por “importa­ción de moneda nacional”, que figuraban como una comisión sobre los valores importados.

Sin embargo, al ser requerido por las documentaciones que avalaban dichas operaciones, el Banco Paulista presentó notas fiscales electrónicas emitidas por las empresas de los colaboradores que fueron emitidas en forma consecu­tiva, lo que hace sospechar que eran de origen fraudulento.

A raíz de ello están procesa­dos los funcionarios del banco Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Vinicius Veiga Borin y Fernando Migliaccio da Silva, quienes tenían a su cargo las operaciones cambiarias del Banco Paulista.

Concluye el escrito de acu­sación que existen suficien­tes indicios de que el mismo esquema de celebración de contratos ficticios con empre­sas de fachada era utilizado para obtener dinero en efec­tivo que era utilizado entre el Banco Paulista y las siguientes empresas:

a) Poletti Joias Turismo e Transportadora Ltda

b) Qmk Marketing e Qualidade s/c ltda

c) Fer & Ros Consultoria fin. e apoio adm. ltda.

d) Dial Assessoria e Consulto­ria Empresarial ltda

e) Zera Promotora de Negó­cios ltda

f) S.G. Consultoria financeira ltda

g) Jehkf Consultoria e Parti­cipações Ltda

h) Sercor Consultoria Adm. e FinanceiraLtda

i) Coficam Assessoria de Comercio Exterior ltda

j) Cimo Consultoria e Asses­soria fin. e com. Exterior Ltda

El resumen de las operaciones entre el Banco Paulista y estas empresas de fachada, solo en el ejercicio 2017, arrojó una suma total de 286 millones de reales, según el requerimiento fiscal.

LA ESPECULACIÓN DE O GLOBO

El periodista Thiago Herdy, del periódico O Globo, accedió al documento del Ministerio Público del Brasil y al obser­var que los representantes del Banco Paulista, en su decla­ración, alegan que la transfe­rencia de US$ 15 millones a las empresas consultoras de male­tín, vinculadas a Odebrecht, fueron por asesorías para la “importación de divisas”, recu­rre al Banco Central de Bra­sil para obtener todo lo que el banco mencionado hizo en concepto de “importación de divisas”. Es aquí donde aparece que el Banco Paulista remesó entre el 2017 y el 2018, solo de Paraguay, unos US$ 1.700 millones y figura que el banco que más reales reexportó fue el Banco Basa, pero obvió mencionar a los otros bancos para­guayos que también operan en este rubro de manera legal con las autorizaciones correspon­dientes.

Los tres bancos paraguayos habilitados y controlados por el BCP y el Banco Central del Brasil reexportaron reales al Brasil entre el 2017 y el 2018 cerca de US$ 3 mil millones, cifra que llamó la atención del periodista de O Globo. Esta cantidad de dinero es lo que dejaron cerca de 16 millones de brasileños, que pasaron por las ciudades fronterizas a rea­lizar sus compras.

Los brasileños compran en reales y los comercios para­guayos deben pagar a sus pro­veedores en dólares. Por eso trabajan con bancos paragua­yos para realizar la operación cambiaria y pagar a sus pro­veedores. Estas operaciones, es decir, los depósitos de los comercios paraguayos, tienen una trazabilidad, y están ava­ladas por facturas de compra y venta que permanentemente son controladas por siete orga­nismos para la reexportación de reales.

EL PAULISTA TAMBIÉN OPERA CON BANCO ATLAS

El superintendente de bancos, Hernán Colmán, aseguró que el Banco Paulista (entidad que está siendo investigada por el caso Lava Jato) aparte de ope­rar con el Banco Basa, tam­bién realiza transacciones con otras entidades paraguayas como el Banco Atlas.

“Tenemos al Banco Basa, Atlas; en algún momento también el Banco Continen­tal operó con ellos; y también hay otros bancos como Ren­dimiento, Banco Do Suceso, Banco Continental de Bra­sil que decidieron, en algún momento, satisfacer esa nece­sidad de remesar reales al Brasil, como también lo hacen en euros hacia Europa o en dólares hacia Estados Unidos”, manifestó el titular del orga­nismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP).

Remarcó que las estadísticas económicas demuestran que el régimen de turismo mueve entre los US$ 3.000 a 3.500 millones por año. “En remesas físicas de reales hay como el equivalente a 2.500 a 3.000 millones de dólares en algu­nos años.

 

Miguel Cuevas siempre fue un modesto asalariado del Estado

El actual presidente de Diputados, Miguel Cuevas, percibía G. 1.500.000 de sueldo como intendente, unos años antes de ser gobernador de Paraguarí.


Fuente: La Nación

Si todo el salario que perci­bió el diputado Miguel Cue­vas durante sus 5 años de gobernador de Paraguarí no le alcanza para justificar la mansión que inauguró en Sapucai al año de conver­tirse en jefe departamental, sus ingresos en los cargos anteriores como intendente y funcionario portuario menos aún alcanzan para la colec­ción de estancias que posee.

La residencia de 2.500 m2 que inauguró Cuevas en el 2014 está valuada en aproximadamente G. 1.000 a G. 1.200 millones. Durante todo su período de gobernador perci­bió G. 1.250 millones.

Cabe recordar que antes de ser gobernador en el período 2013/2018, Cuevas fue dos veces intendente de Sapucai (1996 y 2010).

Salario de intendente de Miguel Cuevas, diciembre 2011.


Según la planilla de pagos de la Municipalidad de Sapucai, el sueldo del jefe comunal en el 2011 era de G. 1.500.000, más unos G. 800 mil en concepto de gastos de representación. Con este ingreso, Cuevas registró compra de un automóvil cero km por G. 150 millones en el 2012, según consignó en su declaración de bienes.

Cuevas renunció a la intenden­cia de Sapucai en setiembre del 2012 y al parecer hizo mila­grosos ahorros con su sueldo de jefe comunal, ya que en el 2013 ya estaba estrenando otra camioneta de G. 250 millones.

Cuando el salario de Cuevas era de G. 4.600.000 como fun­cionario del Puerto de Para­naguá (2005/2006) regis­tró millonarias compras de inmuebles. Según lo declarado por el mismo, en esos tiempos compró 5 granjas por unos G. 2 mil millones, además cotizó su residencia en G. 760 millones alcanzando así inmuebles por G. 2.807 millones. Estos inmuebles son los que ahora figuran a nombre de su hijo Enzo Cuevas Florentín.

Cuevas declaró G. 9.727 millo­nes de patrimonio al asumir como gobernador de Para­guarí, cifra que luego se redujo cuando hizo desaparecer una cuenta a cobrar inexistente por G. 4.460 millones al ex gremia­lista Silvio Riveros.­

 

Ni su casa justifica Cuevas con 5 años de sueldo como gobernador

Los números no cierran para que el presidente de Diputados Miguel Cuevas justifique la fortuna que amasó estando en la fun­ción pública. Los G. 1.250 millones que percibió en con­cepto de salarios durante sus cinco años como gobernador de Paraguarí no rinden ni para cubrir las millonarias inver­siones que realizó en su fas­tuosa residencia inaugurada en el 2014, primer período de su jefatura departamen­tal. Entendidos dicen que la casa del parlamentario está valuada entre G. 1.000 millo­nes a G. 1.200 millones.


Fuente: La Nación

Para más, al momento de asu­mir como gobernador, Cuevas estaba acogotado con deudas, era un moroso, tenía cuenta corriente cancelada y hasta fue inhabilitado para firmar cheques por tres años junto a su esposa Nancy Florentín en enero del 2013, según media­tizó una entidad bancaria.

Según la publicación realizada por el Banco Familiar, la inha­bilitación corresponde a la causal del artículo 13 de la Ley de Cheques: “la persona que libre un cheque bancario, propio o en representación de una per­sona física o jurídica, contra una cuenta corriente cance­lada o en talonario de cheque bancario ajeno o adulterado, será inhabilitada por tres años para operar en cuentas corrientes bancarias”. La san­ción se extendía hasta el 2016.

Registros comerciales y publicaciones periodísticas del 2014, primer año de man­dato de Cuevas como gober­nador de Paraguarí, dejaban al descubierto demandas por mora en su contra, dos de ellas ascendía a G. 658 millo­nes, según trascendió. Sin embargo, su deuda más cono­cida es la contraída con Juan Domingo Delgado, quien com­pró 26 pagarés de G. 25 millo­nes cada uno, firmados por el político y que totalizan G. 625 millones.

Delgado le entabló una demanda a Cuevas, luego de que este último se desenten­diera de pagar su deuda, según nos confirmó el demandante. Cinco años después, la denun­cia sigue cajoneada en los escri­torios de los jueces de Paraguarí, sostuvo Delgado.

Otros dos nombres de deman­dantes contra Cuevas por mora que saltaron en el 2014 son Fran­cisco Brítez Giménez y Blanca Sosa de Rolón, esta última en ese momento era directora de una escuela de Yaguarón.

TRANSFERENCIA

Sus deudas y las primeras sospechas sobre el origen de su prosperidad en su ciudad Sapucai, lo llevaron en el 2014 a realizar la jugada de trans­ferir parte de sus bienes a nombre de sus hijos. Enzo Cuevas Florentín se volvió heredero de las tierras que el papá declaró como compra­das durante sus años de fun­cionario portuario. Mientras que Raúl Adilson Cuevas Flo­rentín surgió como próspero ganadero con lote de 200 cabezas de vacuno.

Hasta la majestuosa residencia familiar, inaugurada después de ser gobernador, transfirió a nombre de su hijo Enzo. Seis propiedades traspasó Cuevas a nombre de su retoño para blindar sus bienes ante la ola de demandas por mora.

Cabe remarcar que ninguna de estas deudas consignó Cue­vas en su Declaración Jurada de Bienes presentada ante la Contraloría de la República. Al contrario, el ex gobernador de Paraguarí declaró una cuenta a cobrar por G. 4.460 millones al ex gremialista de la produc­ción, Silvio Riveros.

Riveros ya declaró ante la Fis­calía que nunca prestó un solo guaraní de Cuevas y que no le debe absolutamente nada. El testimonio del ex gremialista evidencia una declaración jurada falsa por parte del par­lamentario.

En el 2016 Cuevas comenzó de vuelta a registrar propie­dades a su nombre. En ese año declaró compra de granjas por G. 954 millones, suscribió G. 1.920 millones como actividad agropecuaria.

Considerando solo el valor de la casa que inauguró, las estancias que registró en el 2016 y la cotización de vehícu­los, las inversiones de Cuevas fueron el doble de todo lo que percibió como gobernador. Esto sin contar los gastos en el alto nivel de vida que lleva la familia, el costo de man­tener al menos 8 peones que cuidan los establecimientos, empleadas domésticas, hijos sin trabajar y una esposa con modesto salario que actual­mente es de G. 2,5 millones en el MEC, etc.

De G. 9.727 millones de patri­monio que declaró Cuevas en el 2014, hizo desaparecer la deuda de los G. 4.460 millones con Riveros y redujo el valor de sus bienes en el 2018 a G. 3.509 millones.

Alistan movilización para pedir celeridad en investigación fiscal

Escrachadores, comisiones vecinales perjudicadas durante su mandato como gobernador y pobladores del departamento de Paraguarí estarán presentes.

Ciudadanos autoconvocados de Asunción y del departa­mento de Paraguarí se movi­lizarán hoy al medio día en el microcentro capitalino hasta inmediaciones de la sede de la unidad especializada de Delitos Informáticos, ubi­cada sobre la calle Humaitá, para pedir celeridad a la fis­cala Irma Llano, en la inves­tigación que pesa sobre el pre­sidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas.

De acuerdo con el denun­ciante y uno de los impulsores de la movilización, el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáce­res existen todas las pruebas concretas para que Cuevas sea imputado, sin embargo, afirma que la fiscala de la causa está perdiendo credi­bilidad y su trabajo apunta al blanqueo.

“Ya presentamos todas las pruebas, las fiscala ya tiene en su poder todo para que le pueda imputar, no es fácil movilizar a las personas que fueron estafadas para que puedan declarar y los documentos pertinentes, sin embargo, la fiscala no le imputa y ya va perdiendo credibilidad”, manifestó el concejal, quien denunció a Cuevas, por supuesto enri­quecimiento ilícito y decla­ración jurada falsa.

Sostuvo también que repre­sentantes de las comisiones vecinales que fueron perju­rados durante la administra­ción de Cuevas en la gober­nación participarán de la marcha.

Por su parte, María Esther Roa, de la comisión escrache, dijo que “la prueba de fuego está en las manos de la Fis­calía y de concretarse el con­tubernio político-fiscal que tanto detestamos, la sociedad civil sabrá qué hacer para fre­nar este despropósito que nos condena a la miseria”, indicó.­